En un período de hiperinflación y destrucción institucional, los cambios en el entorno de seguridad para Venezuela también afectan a los países de la subregión, en múltiples formas
@javiermayorca
DURANTE EL AÑO QUE ESTÁ POR FINALIZAR, el país cambió de forma acelerada. Las alteraciones ocurrieron en todos los ámbitos de la vida, tanto pública como privada, en sentidos y con magnitudes que quizá no conocemos todavía de manera racional, pero que ya sentimos a diario como una profunda angustia.
Estos cambios también se han manifestado en el plano de la seguridad ciudadana. La descripción detallada de cada uno de los aspectos tomaría mucho tiempo. Además, se correría el riesgo de incurrir en imprecisiones, en virtud de la violencia con la que suceden una tras otra las nuevas realidades.
En esta entrega, se plantean cuatro grandes tendencias que, debido a sus características de inevitabilidad en el actual estado de cosas, probablemente veremos con mayor fuerza en los meses por venir.
1) El costo de la seguridad excedió la capacidad del Estado. En un contexto de incremento acelerado de todos los precios, un gobierno manejado en términos más o menos racionales se concentraría en sus labores básicas, y dejaría lo demás a la iniciativa privada. En Venezuela, esto no es así. En consecuencia, estamos ante un régimen que incumple con sus deberes mínimos, entre ellos el de proveer seguridad a sus ciudadanos. Antes, podía ocultar esta deficiencia con una propaganda que destacaba las adquisiciones y gastos en asuntos meramente accesorios, pero que servían para dar la impresión de que algo se hacía. Cámaras por aquí, patrullas por allá, globos aerostáticos que nunca sirvieron, tecnología chatarra… Ahora, el costo de la seguridad es trasladado como nunca a los ciudadanos y lo que resta de empresariado, lo que representa un fenómeno de doble y hasta triple tributación. En Falcón, por ejemplo, el departamento de seguridad de un hotel costeó la reparación completa de dos motos para que la Policía Nacional pueda cumplir con la ficción de los circuitos de patrullaje, pero especialmente para que acuda al hotel cuando se le llama. En Caracas y Nueva Esparta, se puede ver a los policías “preventivos” metidos en panaderías y joyerías durante las horas de cierre, haciendo el trabajo de “parceleros” de manera totalmente ostensiva. Esto no es gratis, ni se paga solo con los impuestos.
2) El Gobierno se consolidó como factor de violencia. Cuando se analiza las cifras de homicidios, conocidas de manera extraoficial, el eufemismo de los “ajustes de cuentas” sigue siendo el principal móvil. No existe un protocolo para definir esta expresión. Sin embargo, uno supone que la mayoría de estas muertes obedece a disputas por el control de los territorios donde se lleva a cabo algún comercio ilegal, ya sea de drogas, algún mineral precioso o mercancías subsidiadas por el Gobierno.
Inmediatamente después de los “ajustes de cuentas”, encontramos que la segunda causa de homicidios en el país ocurre en contextos de supuestos enfrentamientos con agentes policiales o militares, llamados “resistencia a la autoridad”. Si se revisa los registros sobre este tipo de muertes durante los últimos tres años, encontraremos que el número de fallecidos por cada expediente es cada vez mayor. En 2018 hubo prácticamente un fallecido por cada caso de “resistencia a la autoridad” reportado en el país. Esto podría definirse como letalidad policial.
Esto tiene implicaciones en cuestiones que van más allá del tema de seguridad ciudadana. Una de las razones para la instauración del “nuevo modelo policial” fue precisamente la percepción de que los cuerpos policiales tenían una alta propensión a resolver los conflictos mediante la fuerza letal, lo cual de hecho los convertía en un combustible para esos conflictos. Ocho años después de instaurado ese nuevo modelo, la situación ha empeorado, lo que sugiere la existencia de un estamento político que utiliza a estas instituciones como herramienta para consolidarse en el poder. De allí que la mayoría de estos casos quede impune.
3) Delincuencia desplazada. Las tácticas de “mano dura” aplicadas desde el Gobierno, en un ambiente de escasa o nula institucionalidad unido a la crisis económica, han estimulado desplazamientos también entre los delincuentes. Los primeros destellos de lo que se vive en la actualidad fueron advertidos en este mismo espacio en abril de 2016. Solo que ahora esto ha adquirido dimensiones mucho más preocupantes.
La llamada “diáspora” no es solo de personas de bien. Este año vimos a elementos de la megabanda Tren de Aragua capturados en Lima, luego de participar en robos a comercios. Cuando se le preguntó a uno de estos detenidos por qué había viajado hasta la capital peruana, él afirmó que fue una reacción a las amenazas de muerte por parte de elementos de la Policía Nacional. Esto podría ser una simple justificación. Pero se han visto fenómenos similares en otros países. En Cúcuta, por ejemplo, hay sectores donde bandas venezolanas han desplazado a las locales con la finalidad de traficar drogas. En Barranquilla, han detectado a venezolanos incorporados a bandas de extorsionadores. En Panamá, México y Costa Rica las redes de prostitución y trata de personas cuentan con la participación de venezolanos.
El fenómeno de desplazamiento de la delincuencia no solo ocurre hacia el exterior. También sucede en distintos lugares del territorio nacional. Y esto se puede apreciar en los incrementos de ciertos delitos como homicidios y robos de vehículos en determinadas localidades. Una de ellas, ubicada al sur del país, amerita especial atención.
4) Bolívar, panal de miel. Para la primera semana de diciembre, los homicidios en Tumeremo tenían un incremento de 8% con respecto a 2017, año en el que también hubo aumentos en esa parroquia del municipio Sifontes del estado Bolívar, epicentro de una intensa actividad minera. El robo y el hurto de vehículos también aumentaron 17%. Este dato es muy significativo, pues va en contra de la tendencia nacional, que es consecuencia de una dramática disminución del parque automotor -y no de una mayor efectividad policial-. Estos son apenas indicadores de un deterioro profundo del entorno de seguridad, que ha sido advertido por operadores políticos y por la prensa independiente. Al momento de escribir estas líneas, Bolívar es el estado con la tasa de homicidios más elevada (48 casos por cada 100.000 habitantes, según los cálculos gubernamentales). Supera incluso a Aragua. Esto sin contar con más de 300 muertes a manos de funcionarios de cuerpos de seguridad, muchas de las cuales no son consignadas en los registros oficiales, pero sí son reportadas por los medios no oficialistas.
La presencia documentada de grupos armados como el ELN es otro indicador de que la violencia en esa región del país continuará aumentando.
Finalmente, se debe reflexionar sobre la incorporación cada vez más activa de Venezuela (y de los venezolanos) y elementos de otros países en las redes de producción y tráfico de drogas, en conjunción con la explotación minera en el sur del país. Estos son factores que podrían estimular el escalamiento de los conflictos ya existentes. Los ingresos que generan son de tal magnitud que difícilmente pueden ser abandonados por tales estructuras. La literatura sobre las guerras civiles luego de la caída del Muro de Berlín indica que el control sobre los recursos naturales ha sido un objetivo fundamental de los bandos en pugna, desde Sierra Leona hasta Irak. La fragilidad del Estado y sus instituciones, y la voracidad de la élite gobernante, solo estimulará la violencia en un contexto de cambios acelerados como el que se vive en Venezuela.
Breves
-Por segunda vez en este lustro, estamos ante un año que cerrará con más de cien casos de homicidios bajo la modalidad de sicariato, es decir, muerte por encargo. El récord fue reportado en 2017, cuando hubo por lo menos un caso todos los días. A juzgar por las cifras recogidas hasta el mes de septiembre, 2018 finalizaría con al menos 120 víctimas. Suman más de 550 casos durante los últimos tres años. Esto sugiere la existencia de una industria, cuyo propósito sería matar personas a cambio de dinero. El asunto ha llegado hasta el punto en que agentes de la policía judicial se ven involucrados en crímenes de este tipo, en calidad de coautores o cómplices. Tal fue el asesinato del comerciante Juan Carlos Urdaneta, acribillado en el sector Caño Muerto del estado Zulia el 14 de diciembre. Las investigaciones determinaron que tres agentes de investigaciones de Homicidios de la subdelegación San Carlos de ese estado supuestamente aportaron a través de una cuenta Instagram los datos sobre la ubicación precisa de la víctima, para que fuese ejecutada de inmediato por miembros de la megabanda de los Meleán. Zulia es, por cierto, el estado del país donde más personas son ultimadas por contrato de terceros.
-¿Se prepara la Milicia para asumir de lleno labores de auxiliar de policía? Este parece ser uno de los mensajes que se pueden extraer del más reciente ejercicio militar Venezuela Libre y Soberana. El único aspecto público de esta movilización fue el ofrecimiento del presidente Maduro a los milicianos en cuanto a la entrega de un bono, durante una parada llevada a cabo en el patio de las academias militares en Fuerte Tiuna. Sin embargo, los documentos distribuidos en unidades militares del país con detalles de esta actividad indican que, durante un conflicto interno o externo, estos señores uniformados de caqui y con vetustos fusiles FAL calibre 7.62 mm serían emplazados en todo el país para complementar las labores de las policías leales al Gobierno, en combinación con lo que llaman “organizaciones sociales y populares”, es decir, colectivos y miembros de algunos consejos comunales. Además, los milicianos ya comenzaron a recibir algún entrenamiento en este sentido, cuando les han asignado ocasionalmente la vigilancia de instalaciones gubernamentales y recreativas, como son el Metro de Caracas y el parque del Este. También hacen lo propio alrededor de Miraflores, en un particular circuito de patrullaje punto a pie.
