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Este viernes, 1 de marzo, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) analizó junto a varios defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones internacionales la sentencia de la Sala de Apelaciones sobre la situación del Caso Venezuela I ante la Corte Penal Internacional (CPI).

La Sala de Apelaciones de la CPI desestimó, de manera unánime, la apelación que había hecho el gobierno de Nicolás Maduro contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, que había autorizado antes continuar la investigación por casos de asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza en el contexto de las manifestaciones de 2017 y 2019, los cuales constituyen crímenes de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma. 

Ante la importancia de este suceso, Valentina Ballesta, de Amnistía Internacional (AI), Laura Dib, de la organización The Washington Office on Latin America (Wola), Michelle Reyes de Human Right Watch (HRW) y Calixto Ávila, de Provea, analizaron varios aspectos sobre la decisión que se detallan a continuación: 

CPI Caso Venezuela: qué ocurrió este 1 de marzo

Sobre la sentencia dictada por la Sala de Apelaciones, el abogado e investigador especialista en derechos humanos, Calixto Ávila, señaló que “es un hecho de especial importancia para el tema de la lucha por la justicia y la lucha contra la impunidad de graves violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes de esta humanidad”.

Ávila destacó que la decisión tomada el 27 de junio de 2023, mediante la cual se autorizaba al fiscal Karim Khan a reanudar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, fue objeto de apelación por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, pero este 1 de marzo esa solicitud de apelación fue desestimada de manera unánime, lo que calificó como “muy importante”,  porque “no hubo diferencias entre los jueces, ni en los contenidos, ni en la decisión final de la Sala de Apelaciones, por lo tanto esto significa que es una decisión definitiva”, Es decir, la CPI va a llevar a cabo su investigación sobre el caso Venezuela I. 

Calixto Ávila aclaró que de aquí en adelante se abre un proceso de investigación consolidado que no se sabe cuándo será porque no existe un plazo establecido, pero determinará responsables y estas personas podrían recibir órdenes de comparecencia o órdenes de arresto emitidas por los jueces.

Sobre la importancia de este hecho, Michelle Reyes, asesora legal de Human Right Watch (HRW), agregó que con la decisión que se informó hoy se reanudó y se devolvió la esperanza de que los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Venezuela sean juzgados. 

“Es un camino de esperanza para quienes no han podido encontrar una respuesta judicial en el propio ordenamiento interno de Venezuela”, enfatizó Reyes. 

¿Puede el gobierno venezolano seguir retrasando la investigación de la CPI?

La asesora de HRW destacó que los seis puntos presentados por el gobierno de Maduro en la apelación fueron desestimados por parte de la Sala de Apelaciones. “En esta etapa no solo se refiere a tener resultados concretos o tangibles, sino también que no se trate solo de promesas de que se van a llevar a cabo las investigaciones”, dijo.

Reyes coincidió con Ávila en que la unanimidad en la decisión no se puede revertir porque todos los elementos fundamentados por el gobierno fueron rechazados. 

Al respecto, la directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, explicó que con la decisión de hoy quedó confirmado que Venezuela no tiene más recursos para seguir deteniendo y dilatando la investigación de la CPI.

“Hay unos aspectos técnicos súper importantes en la lucha contra la impunidad en Venezuela, pero tengo una certeza de que el proceso ya no puede ser detenido. El proceso va a avanzar, pero no sabemos cuándo y cuánto exactamente va a demorar porque no hay un límite de tiempo particular o establecido en el Estatuto de Roma, pero sí sabemos que ya hoy se le acaban a Venezuela los recursos para tratar de detener la investigación”, dijo.

Sin embargo, Michelle Reyes, asesora de HRW, afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro podría utilizar el principio de complementariedad, lo que significa que la justicia internacional no desplaza a la justicia nacional sino que se complementan.

Esto se traduce en que si el gobierno llegara a abrir o considerar abrir los casos específicos considerados como crímenes de lesa humanidad, puede también utilizar herramientas concretas que le brinda el Instituto Roma como es el artículo 19 para cuestionar la visibilidad de los casos concretos.

“Como en el caso de Libia, estamos viendo un fiscal que ha anunciado el cierre de varias investigaciones y está tratando de cerrar algunas que han llevado muchos años por falta de incorporación de perspectivas la sociedad civil otras porque no hay muchos casos”, explicó Reyes.

¿Está sola Venezuela, cuál es el rol de la Comunidad Internacional?

El rol de la comunidad internacional y de organismos defensores de derechos humanos que a diario tienen sus ojos posados sobre Venezuela, han sido de gran importancia para que la CPI haya decidido investigar crímenes de lesa humanidad. 

A juicio de Michelle Reyes y Calixto Ávila, la interacción entre el Consejo de Derechos Humanos, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y demás organismos, que en general pueden tener mandatos distintos, tienen un punto en común que es la lucha contra la impunidad.

“Venezuela no está sola, hay muchos mecanismos trabajando y es necesario que la sociedad civil y en especial las víctimas, sigan de cerca el trabajo que estas organizaciones internacionales han venido realizando y que puedan participar de manera eficiente con el apoyo técnico”, explicó Ávila. 

Para Michelle Reyes, la CPI tiene una tarea muy importante de seguir buscando ese balance en comunicar debidamente tratar de ser lo más transparente posible en un contexto donde también hay exigencias de seguridad y confidencialidad con la sociedad civil.

Agregó que la comunidad internacional va a jugar un papel importante en contribuir a la protección de las personas que están en riesgo, en buscar medidas para garantizar que quienes están trabajando en estos casos no sufran represalias y que si la sufren que puedan recibir protección en otros países.

El rol de la sociedad civil será fundamental 

Michelle Reyes resaltó la intervención de la sociedad civil en todo este largo camino que ha sido el caso Venezuela I. “Realmente es para sacarse el sombrero por el trabajo incesante e incansable que ha hecho la sociedad civil en Venezuela y fuera de ella”.

Reyes agregó que por ser este un año electoral es importante que la sociedad civil cuente con estrategias y mecanismos para que pueda tener una interacción segura. 

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Carlos Camargo instó a los países involucrados a fortalecer la cooperación regional y a garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes, especialmente de los niños, las mujeres, las personas LGBTI y las personas con discapacidad

El Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, propuso el jueves 21 de septiembre, implementar un sistema de caracterización para los migrantes que cruzan la selva del Darién, la zona fronteriza entre Colombia y Panamá, considerada una de las más peligrosas del mundo.

En una reunión virtual con autoridades de Panamá, Costa Rica, Ecuador y Perú, Camargo expresó su preocupación por la situación humanitaria de los miles de migrantes que atraviesan el Darién en busca de llegar a Estados Unidos o Canadá.

Según datos oficiales, en lo que va de año más de 385.000 migrantes han cruzado el Darién, una cifra récord que supera los 250.000 que lo hicieron en todo 2022. La mayoría son venezolanos, seguidos de ecuatorianos, haitianos, colombianos e indios.

Camargo señaló que es necesario establecer un sistema de caracterización que permita identificar las necesidades específicas de cada migrante, así como brindarles información sobre los riesgos y alternativas que existen en su ruta.

Asimismo, el Defensor del Pueblo de Colombia instó a los países involucrados a fortalecer la cooperación regional y a garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes, especialmente de los niños, las mujeres, las personas LGBTI y las personas con discapacidad.

La reunión virtual fue convocada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que ha alertado sobre los múltiples abusos y violaciones que sufren los migrantes en el Darién, como la violencia sexual, el asesinato, la desaparición, el tráfico, el robo y la intimidación por parte de grupos criminales.

Una veintena de organizaciones humanitarias enviaron el miércoles una carta al presidente de Argentina, Alberto Fernández, en la que lo instan a pedir al Gobierno de Venezuela la liberación de los presos políticos

La ONG Foro Penal afirmó este viernes que en el país hay 240 presos políticos, mismo número que en su último reporte publicado, el pasado 21 de abril.

El director de la organización, Gonzalo Himiob, indicó en su cuenta de Twitter que del total de detenidos 226 son hombres, 14 son mujeres y hay un menor de edad, de los cuales, 110 son civiles y 130 militares.

Himiob subrayó que 9.414 personas se mantienen sujetas a «procesos penales injustos, por motivos políticos, bajo medidas cautelares».

#29Abr Al día de hoy en @ForoPenal registramos 240 #PresosPolíticos en #Venezuela. Además, 9414 personas se mantienen también sujetas a procesos penales injustos, por motivos políticos, bajo medidas cautelares. pic.twitter.com/AUXnHxoSJ2

— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) April 29, 2022

Una veintena de organizaciones humanitarias enviaron el miércoles una carta al presidente de Argentina, Alberto Fernández, en la que lo instan a pedir al Gobierno de Venezuela la liberación de los presos políticos, en particular por el activista por los derechos humanos Javier Tarazona.

Las organizaciones, entre las que están Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), expresaron además que disienten con el diagnóstico hecho por Fernández sobre la situación que vive Venezuela.

La semana pasada, en una comparecencia ante la prensa junto al presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso -de visita en Buenos Aires-, Fernández comentó que muchos de los problemas de Venezuela «se han ido disipando con el tiempo».

Según los firmantes, la detención «arbitraria» de Tarazona, quien lleva varios meses privado de la libertad a pesar de su delicada condición de salud, «es un ejemplo paradigmático de la intolerancia y los abusos del Gobierno de Nicolás Maduro».

«Consideramos que es fundamental que en cualquier comunicación con las autoridades venezolanas se haga hincapié en la necesidad de poner fin a la censura y la campaña sistemática en contra de periodistas independientes, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, así como la liberación de los 239 presos políticos detenidos en Venezuela», señala la carta.

Las organizaciones instaron a Fernández a que pida «públicamente» a las autoridades la liberación de Tarazona, director de la organización de derechos humanos Fundaredes y detenido desde el 2 de julio de 2021 bajo cargos de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio.

Hoy @hrw_espanol, junto con ONGs venezolanas e internacionales, insta al Presidente @alferdez que pida a las autoridades venezolanas la liberación del defensor de DDHH Javier Tarazona de @FundaREDES_

Disentimos con su diagnóstico: los problemas de Venezuela no se han disipado. pic.twitter.com/3NL84ONwKG

— Tamara Taraciuk (@TamaraTaraciuk) April 27, 2022

Moreno fue encarcelado cuando brindaba apoyo y respaldo a los familiares de las víctimas del naufragio ocurrido la noche del jueves 22 de abril, cuando una embarcación con más de 20 migrantes venezolanos buscaba llegar a la isla de Trinidad

La tarde de este viernes, 30 de abril, fue excarcelado el defensor de derechos humanos Orlando Moreno. Así lo informó el director de la Organización no Gubernamental Foro Penal, Alfredo Romero.

Moreno estaba detenido desde el pasado domingo 25 de abril en la ciudad de Tucupita en el estado Delta Amacuro, luego de acompañar a familiares de las víctimas de naufragio ocurrido en los últimos días en esa entidad.

Desde el Foro Penal habían denunciado que luego de cuatro días de la detención del defensor de DDHH el tribunal seguía «revisando el documento de la fianza» y no tomaba la decisión de finalmente liberar.

La mañana del 29 de abril el activista fue trasladado desde la cárcel de Guasina hasta la Comandancia de la Policía de Delta Amacuro.

Familiares, amigos y activistas de DDHH se apostaron frente a la sede de los tribunales penales de Tucupita para exigir su libertad plena. Fue a las seis de la tarde cuando la jueza Lizgreana Palma, anunció la decisión de dejar detenido a Moreno hasta que este cumpliese con los requisitos para otorgarle libertad bajo fianza.

El Foro Penal señaló que con esta decisión el activista quedaba «arbitrariamente criminalizado».

Agregaron que la detención de Moreno sería hasta ahora el último ataque contra los defensores de DDHH y organizaciones en Venezuela, sin embargo, reiteraron que recientemente se ha registrado una serie de persecución y hostigamiento a estos.

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*Con información de TalCual

América es la región más golpeada por el virus, hasta los momentos se han contabilizado más de 41,3 millones de personas contagiadas y más de 954.000 víctimas mortales

Este lunes, 18 de enero, la ONG Amnistía Internacional (AI) junto a más de 400 activistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil, pidieron a los países de América que las campañas de vacunación contra la COVID-19 no discriminen a ninguna persona, bien sea por su nacionalidad o su estatus migratorio.

A través de un comunicado publicado en el portal web, la directora de AI para las Américas, Erika Guevara Rosas, afirmó que “Las Américas es la región del mundo con más personas contagiadas y fallecidas por COVID-19, y solo podremos salir de esta crisis cuando todas las personas, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, tengan acceso universal a las vacunas”.

Guevara Rosas señaló que servirá de poco si se vacuna a un sector mientras otro continúa vulnerable al coronavirus, ya que mantendría “la presión sobre los sistemas de atención sanitaria” imponiendo mayores dificultades al personal de salud que ha estado en la primera línea de atención.

“Todas las personas del planeta deben tener acceso a las vacunas contra la COVID-19 sin ningún tipo de sesgo”, insistió Guevara Rosas.

Amnistía Internacional (AI), capítulo Venezuela, afirmó hoy que este país tiene mucho que hacer en materia de derechos humanos, luego de denunciar, entre otros asuntos, la intimidación contra opositores al Gobierno venezolano.

«La valoración es que todavía tenemos mucho trabajo que hacer, todos estos asuntos son asuntos pendientes que todavía tenemos en materia de derechos humanos», dijo a Efe la subgerente del equipo de documentación de AI en Caracas, Vivian Díaz, después de que se difundiera hoy el informe anual de la organización.

«Fundamentalmente lo que expresa el capítulo -de Venezuela- es la preocupación por la continuada agresión contra defensoras y defensores, contra periodistas que se han pronunciado oponiéndose políticamente al Gobierno», afirmó Díaz.

Asimismo, se refirió a la realización de «juicios que se han hecho sin garantías, la preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, y el hacinamiento en las cárceles».

En este sentido AI cita específicamente al caso del opositor Leopoldo López, condenado por la violencia de una marcha registrada en 2014 y a quien la organización se refiere en el informe como un «preso de conciencia».

Contra López, condenado a trece años y nueve meses de prisión por instigación pública, entre otros delitos, «no existían pruebas fehacientes que respaldaran las acusaciones y las declaraciones públicas realizadas por las autoridades antes de su condena», sostiene AI.

La ONG afirma que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió su encarcelamiento, y «socavó así gravemente el derecho del acusado a un juicio con las debidas garantías».

La investigadora de AI en la capital venezolana hace igualmente referencia a las deportaciones y el desalojo forzoso que, asegura, se cometieron contra colombianos tras la decisión del Ejecutivo venezolano del cierre fronterizo.

De acuerdo a la documentación del reporte, aproximadamente 2.000 colombianos, entre los que había personas refugiadas y solicitantes de asilo, fueron deportados en pocos días, sin disponer de la oportunidad de impugnar su expulsión ni poder recoger sus pertenencias».

Todos los temas contenidos en el informe, según precisó Díaz, fueron no solo denunciados ante la organización sino que además han sido documentados por AI.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato de la periodista mexicana Anabel Flores Salazar, secuestrada el pasado lunes en su casa en Veracruz y hallada muerta al día siguiente en el estado vecino de Puebla.

La SIP, con sede en Miami (EE.UU.), instó a las autoridades a «realizar una investigación, seria, profunda y solidaria para conocer verdaderamente las causas del asesinato, así como aplicar las leyes disponibles para castigar a los culpables».

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, cuestionó que la Fiscalía de Veracruz haya adelantado «conjeturas sobre la presunta vinculación de la periodista con la delincuencia organizada mientras esta permanecía desaparecida».

Según Paolillo, ello «aumentó aún más el riesgo para su seguridad física y demuestra el poco profesionalismo e insensibilidad de ese órgano del Estado».

De acuerdo con el diario El Sol de Orizaba, Flores Salazar era colaboradora de ese medio desde hacía seis meses y cubría la fuente policiaca, detalló la SIP en un comunicado.

La periodista, de 32 años, también había trabajado con los diarios El Mundo de Orizaba y El buen tono de Veracruz.

Organizaciones locales e internacionales estiman entre 15 y 17 el número de periodistas asesinados en Veracruz desde 2010, señaló la SIP.

La Fiscalía del estado mexicano de Puebla informó en las últimas horas del hallazgo del cuerpo de Flores en una zona a unos 15 kilómetros de Veracruz, donde la víctima trabajaba de reportera en un periódico local.

Flores Salazar fue secuestrada la madrugada del lunes por hombres armados de una zona residencial del municipio de Mariano Escobedo, asentado en la región montañosa central de Veracruz.

Veracruz es uno de los estados más peligrosos de México para ejercer el periodismo, con al menos 15 comunicadores asesinados desde 2010.

Amnistía Internacional demanda investigar asesinato de periodista mexicana

El asesinato de la reportera Anabel Flores muestra «la horrorosa realidad» que afrontan los periodistas en México, aseguró Amnistía Internacional (AI), que demandó al Gobierno mexicano garantizar la protección a los comunicadores.

El cuerpo de la colaboradora de El Sol de Orizaba, de 32 años de edad, fue hallado en el  kilómetro 1+580 de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, con dirección a Tehuacán, Puebla, tras haber sido secuestrada el lunes de su casa en Veracruz.

“El descubrimiento del cadáver de una periodista mexicana especializada en la información de crímenes es un trágico recordatorio de la angustiosa realidad a la que se enfrentan miles de periodistas de todo México, uno de los países más peligrosos del mundo para los profesionales de los medios de comunicación”, señaló AI.

En un comunicado, la directora de Amnistía para las Américas, Erica Guevara-Rosas indicó que «aquellos que no están dispuestos a detenerse ante nada para silenciar a los periodistas deben pagar por sus delitos».

Consideró que México debe ofrecer protección especialmente a los periodistas de sucesos

“México debe brindar la protección fundamental que necesitan los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación que trabajan en condiciones increíblemente peligrosas, especialmente aquellos que informan sobre crímenes.”

«No proteger a quienes exponen la triste realidad de los abusos en México equivale a intentar esconder debajo de la alfombra estos abusos», señaló.

AI destacó que según Reporteros sin Fronteras, 89 periodistas han sido víctimas de homicidio y 17 han desaparecido en México desde el año 2000.

*Con información de Amnistía Internacional y Sociedad Interamericana de Prensa

La organización mundial Amnistía Internacional (AI), publicó un documento donde manifestó su preocupación por la presunta violación de los Derechos Humanos de personas en la frontera de Venezuela con Colombia.

A través de un comunicado, AI aseguró que ha recibido denuncias vinculadas con agravios a las personas que residen en la zona por autoridades venezolanas.

«Según las denuncias recibidas por Amnistía Internacional, las personas deportadas habrían sido detenidas en operativos conjuntos de la Guardia Nacional y la Fuerza Armada y expulsadas a Colombia sin oportunidad de impugnar su expulsión o sin tener la posibilidad de recoger sus pertenencias. En algunos casos se han denunciado maltratos durante la detención, desalojos forzosos y demolición de casas donde vivían o se cree que vivían nacionales colombianos sin ningún tipo de respeto de garantías», reza parte del comunicado.

También señaló con especial importancia que presuntos grupos familiares hayan sido separados debido a los operativos.

Amnistía Internacional reconoció que el Estado venezolano debe mantener la seguridad y orden público y decretar estados de excepción para tales fines, pero sin que resulten en violaciones de Derechos Humanos.

Asimismo, se hace énfasis en que los procedimientos de expulsión deben contener las salvaguardias legales previstas y ajustarse a normas internacionales, así como el Estado venezolano debe ser garante de la revisión individual de cada caso de las personas que puedan ser expulsadas.

«Cada medida tomada bajo el estado de excepción debe ser evaluada por su proporcionalidad frente al contexto, la intensidad, profundidad y carácter de la emergencia», concluye la misiva.

Comunicado

Amnistía Internacional está profundamente preocupada por las denuncias recibidas de violaciones de derechos humanos que se estarían produciendo en la zona fronteriza con Colombia, en el contexto de un operativo de las autoridades venezolanas para combatir la inseguridad y el contrabando en la zona.

El 21 de agosto se decretó un estado de excepción en 5 municipios del Estado Táchira, como medida para combatir el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando en esta zona fronteriza. Previamente, el 19 de agosto se habría producido un enfrentamiento entre fuerzas del orden y supuestos contrabandistas en el que habrían resultado heridos 3 miembros de la Fuerza Armada y un civil.

Desde el 21 de agosto y hasta el día de ayer se habrían deportado a al menos 1.000 personas a Colombia, de acuerdo a las declaraciones recogidas en la prensa del Gobernador del Estado Táchira.

Según las denuncias recibidas por Amnistía Internacional, las personas deportadas habrían sido detenidas en operativos conjuntos de la Guardia Nacional y la Fuerza Armada y expulsadas a Colombia sin oportunidad de impugnar su expulsión o sin tener la posibilidad de recoger sus pertenencias. En algunos casos se han denunciado maltratos durante la detención, desalojos forzosos y demolición de casas donde vivían o se cree que vivían nacionales colombianos sin ningún tipo de respeto de garantías.

De especial preocupación son los informes que indicarían que grupos familiares habrían sido separados y que habría resultado en algunos casos en niños y niñas abandonados en Venezuela después de la expulsión de sus padres a Colombia.

Amnistía Internacional reconoce que el Estado tiene el deber de mantener la seguridad y el orden público, incluido en las zonas fronterizas y que en algunas circunstancias extraordinarias y previstas en la ley, pueden decretar estados de excepción por un período limitado. Sin embargo, estas acciones no pueden resultar en violaciones de derechos humanos.

Los procedimientos de expulsión o deportación deben contener todas las salvaguardias previstas en los instrumentos legales internos y ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos. Para ello el estado venezolano debe asegurarse de que los casos de todas las personas cuya expulsión o deportación se está considerando son examinados individualmente mediante un procedimiento justo y transparente en el que puedan impugnar la expulsión y lograr que se revisen sus casos.

Además se deben tomar medidas para garantizar que los funcionarios de inmigración y el personal militar lleven a cabo las detenciones, deportaciones o expulsiones con el debido respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho y que todas las denuncias de abuso se investiguen sin demora y de forma independiente e imparcial.

Así mismo, es imperativo que la suspensión de garantías constitucionales durante el estado de excepción no abra el camino a la violación de derechos humanos.

Según sus obligaciones internacionales de derechos humanos, Venezuela está obligada a proteger el derecho a la vida, a la integridad física, al debido proceso y a la protección judicial entre otros, aun cuando rige un estado de excepción, y las disposiciones en un estado de excepción no deben entrañar discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, origen nacional, idioma, religión u origen social. Cada medida tomada bajo el estado de excepción debe ser evaluada por su proporcionalidad frente al contexto, la intensidad, profundidad y carácter de la emergencia.