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Venezuela suma 1.317 víctimas de agresiones, detenciones o asesinatos a comunicadores sociales desde el año 2002 y casi la totalidad de estos casos permanecen impunes

La ONG Espacio Público (EP) contabilizó más de 914 agresiones a periodistas venezolanos desde el año 2002 hasta septiembre de 2023.

A través de un informe publicado en su página web, EP afirmó que la impunidad afecta directamente a las víctimas de estos casos, a quienes se suman al menos 387 personas que fueron detenidas arbitrariamente en los últimos 20 años durante o como consecuencia de su trabajo informativo.

Espacio Público indicó que lleva registro de 16 casos de asesinatos a periodistas desde el año 2002, de los cuales 12 siguen en proceso  con estatus desconocido, lo que implica que no se han identificado responsables. Esto se traduce en que  75 % de los asesinatos de profesionales de los medios siguen impunes.

Según la organización, la muerte violenta es el «hecho más grave y lamentable», pero además de estos casos extremos cada mes personas en labores informativas sufren violencia física, hostigamiento verbal y otros impedimentos que dificultan el trabajo de los medios de comunicación. 

La ONG explicó que las detenciones arbitrarias de periodistas y trabajadores de los medios suelen ocurrir cuando están buscando información sobre temas incómodos al poder como las manifestaciones y protestas masivas en contra del gobierno, coberturas a la escasez de gasolina, temas sanitarios y de gestión pública.

Periodistas agredidos

Ana Belén Tovar

Gerente de Operaciones de Venmedios, detenida de forma arbitraria el 19 de noviembre de 2019 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Acusada de revelación indebida de data, delincuencia organizada y asociación para delinquir. Aunque excarcelada, permanece abierta la investigación en su contra con medidas cautelares de presentación cada 15 días y prohibición de salida del país. Su expediente tuvo reserva legal durante más de dos años, de manera arbitraria e injustificada.

Luis Carlos Díaz

Periodista y defensor de derechos humanos, fue detenido arbitrariamente el  12 de marzo de 2019, desaparecido, víctima de tratos crueles y tortura. Acusado de Instigación Pública. Su caso se mantiene en Archivo Fiscal, lo que implica que puede ser reabierto si el Estado considera que hay nuevas pruebas suficientes para ir en su contra.

Nurelyin Contreras, Nadeska Noriega y Maiker Yriarte

Estos tres periodistas forman parte de un grupo que fue agredido en el Aeropuerto Simón Bolívar, en Caracas, el 11 de febrero de 2020, mientras daban cobertura a la llegada del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Las denuncias presentadas a la Fiscalía de Derechos Fundamentales y a la Defensoría del pueblo a la fecha no tienen respuesta de parte de la fiscalía para hacer la investigación o el avance de una investigación.

Darvinson Rojas

Víctima de detención arbitraria, desaparición forzada, maltratos psicológicos y amenazas, el 21 de abril de 2020. Acusado con la inconstitucional ley contra el odio y excarcelado en un procedimiento irregular. Su caso permanece sin investigación de las o los responsables de las violaciones de derechos humanos en su contra.

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Foto referencial

Las vejaciones, amenazas, y maltrato psicológico y físico son las principales agresiones que sufren, según la ONG Provea, las líderes venezolanas que encabezan reclamos sociales y políticos, y son impactadas de «forma diferenciada» por la represión en Venezuela donde, solo en el primer trimestre de 2023, protagonizaron más de 2.000 manifestaciones.

Los datos más recientes del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) confirman la alta participación de mujeres en reclamos sociales y activismo político al detallar que han encabezado, al menos, 2.473 protestas de las 2.814 documentadas durante los primeros tres meses de 2023.

Por su parte, el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), que ha acompañado a organizaciones de mujeres activistas y sindicalistas, señala en su informe anual sobre represión contra líderes sociales y políticas, que igual que los hombres, son víctimas de violencia, pero con un «impacto diferenciado» cargado de «actitudes discriminatorias».

La coordinadora de Educación de Odevida, Maritza Acuña, explicó a EFE que, pese a las complicaciones para documentar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres que ejercen roles protagónicos en reclamos colectivos, el observatorio ha constatado que hay, además, un impacto en las víctimas de agresiones que recae también en su entorno familiar.

Agresiones diferenciadas, distintas consecuencias

Para Acuña, las agresiones que marcan un impacto diferente y particular en las líderes femeninas son «el abuso generado en el sentido del cuerpo, del maltrato, del manoseo (…) el amenazar con el entorno familiar, buscar debilidad en torno a los sentimientos (…) buscan quebrarlas».

Odevida destaca como ejemplo de estas agresiones la documentación de la Misión de Determinación de Hechos de ONU en Venezuela de casos «en los que las mujeres detenidas son obligadas por funcionarios del Estado a mantener relaciones sexuales a cambio de bienes y privilegios. Estas mujeres no tienen acceso a salud sexual y reproductiva, exámenes médicos ni anticonceptivos».

Estos hechos, explicó la especialista, inciden en la participación de las mujeres en política y acontecimientos sociales, pues muchas están solas con la carga familiar y evitan poner en riesgo a sus seres queridos.

«Lamentablemente, eso trae consecuencias. Es que uno (la mujer) se retira, uno empieza a resguardarse, uno empieza a disminuir su participación, inclusive con miedo a hablar, con el miedo a comentar qué es lo que está pasando, porque sabe que después de eso lo que viene es la cárcel, la persecución o el hostigamiento», señaló.

Mujeres perseguidas

En 2022, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) contabilizó 523 casos de persecución y criminalización, de los cuales 78 tuvieron como víctimas a mujeres, cinco más que en 2021, cuando se computaron 73.

Diannet Blanco, activista y defensora de derechos humanos forma parte de esta lista. En mayo de 2017, fue detenida y estuvo encarcelada durante un año y tres meses bajo la acusación de «traición a la patria y usurpación de uso de prendas militares», delitos rechazados por ONG.

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Ahora es «acosada y vigilada» por defender los derechos de su esposo, el sindicalista Daniel Blanco, detenido desde julio de 2022 y acusado de conspiración y asociación para delinquir.

Blanco aseguró, en declaraciones a EFE, que durante su detención, vivió abusos que ahora no padece su pareja, y detalló que en el caso de las mujeres, las autoridades se basan en el estereotipo de la fragilidad femenina para «quebrarlas» mediante abusos que calan en la voluntad de seguir defendiendo sus derechos.

Explicó, además, que no le permitían «el acceso al sol, las visitas de sus familiares, ni acceder a medicinas cuando estuvo enferma de bronquitis.

«En el caso de mi esposo, él ha estado enfermo y sí ha sido posible llevarle las medicinas (…) no he tenido problemas en cuanto a visitarlo y eso es una gran diferencia», dijo.

Actualmente, Diannet está libre de cargos pero asegura que sigue viviendo episodios de «persecución» y «vigilancia» por parte de presuntos agentes del Estado que la fotografían y graban cuando realiza sus labores de activismo.

Este caso, subrayó Acuña, es una muestra de las agresiones contra líderes mujeres que luchan por derechos civiles y políticos y terminan siendo blanco de la represión.

 En lo que va de 2022 se han registrado un total de 62 violaciones por discurso estigmatizante, 51 por ataques contra trabajadores de la prensa, 1 por detención arbitraria, 1 por desaparición forzada y 1 por asesinato 

Este miércoles, 2 de noviembre, a propósito del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) recordó que en Venezuela las agresiones contra los periodistas están signadas por la impunidad.

El Ipys señaló que los periodistas en ejercicio de su profesión están expuestos a vulneraciones como los ataques y las agresiones, las amenazas y los hostigamientos, las desapariciones forzadas, las torturas y los asesinatos.

«Un total de 62 violaciones por discurso estigmatizante, 51 por ataques contra trabajadores de la prensa, 1 por detención arbitraria, 1 por desaparición forzada y 1 por asesinato se documentaron en Venezuela entre enero y el 27 de octubre de 2022″, resaltó el informe.

Al momento de mencionar a los principales victimarios de las vulneraciones ocurridas en el país en lo que va de año, destacan los simpatizantes oficialistas (con 20 casos), los cuerpos de seguridad del Estado (14), las alcaldías y dependencias (10), desconocidos (10) y el Legislativo nacional (07). 

El Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas se honra desde 2013. Esta fecha fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 18 de diciembre de ese año para subrayar la relevancia que tiene el hacer justicia en casos en los que comunicadores sociales se vieron afectados.

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Según la boleta de citación, firmada por el fiscal César Oscar Flores Mota, el «profesor Briceño» debe fue citado en calidad de «presunto agresor»

El Ministerio Público informó que citó para este martes 4 de mayo a la 1:00 pm al locutor y profesor universitario, José Rafael Briceño, por la investigación que abrió el ente en su contra por la supuesta comisión de los delitos de ofensa pública por razones de género e instigación pública.

Tarek Wiiliam Saab, fiscal designado por la extinta Constituyente, señaló que la medida se toma «en razón de sus reiteradas ofensas a la mujer venezolana» en su programa transmitido por internet, argumentando que la cantidad de «burlas» y «ataques denigrantes» contra las representantes del género femenino, «no representan el gentilicio del ser venezolano».

Esta acción de la Fiscalía al mando de Tarek William Saab es un paso más de la investigación que abriera esa instancia contra músicos, escritores y periodistas por estar supuestamente vinculados en una ola de denuncias de acoso sexual contra menores de edad, que se han reportado en los últimos días destacando el caso del escritor venezolano Willy McKey, quien se quitó la vida en Argentina tras haber confesado haber cometido estupro.

Mckey conducía un programa con Briceño llamado “Que se vayan todos” a través del formato podcast y en uno de los episodios hicieron mención sobre un caso hipotético de una joven, del cual sacaron un extracto de lo que allí expresaron, hecho que originó la investigación del Ministerio Público por presuntamente «instigación para violar y drogar mujeres»

2) Sus #burlas y ataques #denigrantes contra el género femenino ( misóginos y depravados ) donde instiga al suministro de drogas a mujeres sin su consentimiento como forma machista de venganza: no representan el #gentilicio del ser venezolano pic.twitter.com/S0a6B1f9Aq

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) May 4, 2021

*Con información de TC

La guía pretende dotar a la sociedad civil de las herramientas necesarias para hacer registro y seguimiento de las agresiones contra la prensa

En medio de una escalada de persecución y represión contra los periodistas y el ejercicio del periodismo libre, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) diseñó una guía dirigida a la ciudadanía civil para contribuir en la generación de políticas de protección para comunicadores sociales.

Esta «Guía de Seguimiento Ciudadano» fue desarrollada como parte de un modelo creado por una red de organizaciones de la sociedad civil llamada «Sinergia», que hace un seguimiento a la Agenda 2030 y sus intentos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

La guía de IPYS pretende dotar a la sociedad civil de las herramientas necesarias para hacer registro y seguimiento de las agresiones contra la prensa, con la finalidad de levantar datos, generar estadísticas y sentar las bases de posibles denuncias o políticas a favor de los periodistas.

Para cumplir con este cometido, la ciudadanía debe convertirse en defensora de la prensa libre y exigir al Estado la rendición de cuentas sobre el acceso a la información pública.

De igual forma, la guía propone ayudar a visibilizar y sensibilizar sobre la exigencia de resultados en investigaciones sobre asesinatos, desapariciones y agresiones contra periodistas; incluso activando la función controladora y de seguimiento del Poder Legislativo.

IPYS postula que la capacitación a funcionarios y líderes de opinión sobre las consecuencias de la violencia contra comunicadores sociales es importante, así como la construcción de una narrativa de comunicación democrática.

También afirma que la creación de medios independientes desde el sector privado son un punto importante para promover el periodismo de calidad, con la ayuda de organismos internacionales, garantizando el financiamiento de trabajos periodísticos significativos, claves para desarrollar un «tejido comunicacional acorde al desarrollo sustentable».

Asedio contra periodistas

La relación entre la administración de Nicolás Maduro y la prensa nunca ha sido conocida por mantenerse en buenos términos, pero en los últimos años se alerta un incremento de la censura y los ataques al ejercicio del periodismo.

Concretamente 2021 inició con mal pie en este sentido, ya que el chavismo impulsa una narrativa en contra de los medios de comunicación acompañado por un accionar de acoso y recriminación por ejercer su labor.

En las siete semanas que van de 2021, ya el chavismo aplicó procesos administrativos contra Panorama, mediante el Seniat, y contra VPI a través de Conatel. Este último medio se vio obligado a interrumpir sus labores en Venezuela debido al decomiso de todos sus equipos.

Durante este lapso de tiempo, también se evidenciaron casos de ataques cibernéticos contra TalCual y acusaciones infundadas contra Efecto Cocuyo, acompañadas de amenazas de procesos judiciales encabezados por organismos que obedecen órdenes del chavismo.

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Jorge Rodriguez aseguró que el gobierno de Iván Duque ha convertido Colombia en un campo de ejercicio para atentar contra la tranquilidad de Venezuela

Este jueves, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, le exigió a Colombia el cese de las supuestas intenciones violentas de esa nación contra Venezuela.

«Hemos presenciado la manera descarada de cómo el Gobierno de Colombia ha permitido todo tipo de crímenes desde su territorio contra nuestro país (…). El Poder Legislativo exige el cese inmediato de sus nuevas intenciones violentas y guerreristas y que detenga de inmediato su actitud injerencista en los asuntos internos de Venezuela», dijo en rueda de prensa el diputado chavista.

El funcionario oficialista señaló que algunos de los cárteles de Colombia están comprometidos con las acciones «desestabilizadoras» de Leopoldo López y Juan Guaidó. «Se va a saber más temprano que tarde cómo a través de los contactos de Juan Guaidó con el grupo paramilitar de ‘Los Rastrojos’ y del cártel de la Guajira están todas comprometidas en acciones contra Venezuela», agregó

Rodríguez detalló que la reunión fue convocada por el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, y asistirán los dirigentes políticos Leopoldo López, Julio Borges, Carlos Vecchio, William Dávila y Manuel Rosales. Asegura que de ese encuentro no saldrá nada bueno.

A juicio de Rodríguez, el gobierno de Iván Duque es culpable del magnicidio contra Maduro, el alto mando militar y el Consejo de Ministros, así como los intentos de colocación de artefactos explosivos en el Palacio Federal Legislativo y la llamada Operación Gedeón.

*Con información de EP y UR

En dos años se documentaron 338 casos de ataque contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. 

80% de las personas defensoras de DDHH no han podido presentar denuncias o hacer seguimientos de sus casos en el Ministerio Público

Alianza entre organizaciones que se encargan de la protección integral de personas defensoras de derechos humanos presentaron el informe “Enemigos internos: defender derechos humanos en el contexto de la pandemia Covid-19 en Venezuela”, con evidencias sobre el incremento y diversificación de ataques contra quienes han defendido derechos humanos en este periodo pandémico.

“Nuestras organizaciones han podido constatar el aumento de los ataques, que revisten un carácter tanto cuantitativo como de gravedad en los patrones registrados, habiéndose incrementado las cifras de ataque en contra de personas y organizaciones que defienden derechos humanos en más de un 157% con respecto a las cifras de 2019”, se expresa en este documento que reporta las agresiones registradas a lo largo de 2021 en el contexto de los estados de alarma decretados por el Estado venezolano. 

Tan solo en el primer semestre de 2020 hubo en promedio 25 protestas diarias (equivalente a un total de 4414 en ese periodo).

“En Venezuela se vive una preocupante escalada de agresiones, actos de hostigamiento y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos y actores humanitarios, que ha implicado el uso indebido del derecho penal contra personas y organizaciones, en el contexto de una política sistemática de estigmatización, persecución y criminalización”, reza el documento.

Así como la violación de derechos humanos de los integrantes de diferentes ONG, como el caso de Azul Positivo, y el impacto que estas agresiones tiene en la población beneficiaria de la defensa de los derechos humanos”.

Rechazaron la serie de ataques contra medios de comunicación social en el país, lo que contribuye a la reducción significativa del espacio cívico. Entre los que se encuentran Efecto Cocuyo, VPI TV, Panorama, Tal Cual, El Pitazo, radio Fe y Alegría y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

El informe es resultado de la Alianza para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, apoyado por la Unión Europea y desarrollado por COFAVIC, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Vicaría de Caracas para los Derechos Humanos.

El documento también da continuidad y actualización del informe presentado a principios de 2020 sobre el seguimiento que dichas organizaciones han realizado en materia de registro de agresiones a personas y organizaciones defensoras.