acusación

El fiscal designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, informó que ya presentaron las acusaciones formales contra 36 altos funcionarios de la industria petrolera por actos de corrupción y legitimación de capitales.

Indicó que funcionarios de Petróleos de Venezuela, Citgo, Bariven y Petrozamora fueron acusados por el desfalco en la faja petrolífera del Orinoco. “Son 36 altos funcionarios y 6 dueños o representantes de empresas acusados formalmente en todas las grandes tramas de corrupción que hemos detectado”.

Saab informó que por las irregularidades en contrataciones en la faja petrolífera señalaron a un empresario y a ocho funcionarios de la refinería Citgo Petroleum en Estados Unidos, entre ellos los ex presidentes de Pdvsa y Citgo Nelson Martínez y José Ángel Pereira, respectivamente

Fueron imputados también 17 funcionarios por el caso Petrozamora, entre ellos al ex presidente de Pdvsa, Eulogio Del Pino y Orlando Chacín, presidente de la Corporación Venezolana de Petróleo.

“Por el caso de las monoboyas han sido acusados cuatro funcionarios, entre ellos Pedro León. En cuanto al caso Petropiar, hay cuatro funcionarios y un representante de empresa acusados. En relación con el caso Bariven fueron acusados tres funcionarios, entre los que figuran el presidente de Bariven, Francisco Jiménez Giusti”, dijo Saab.

Con relación a los casos de corrupción en la entrega de dólares preferenciales, señaló que han presentado 17 acusaciones contra socios y representantes legales de 10 empresas por obtención Ilícita de divisas, uso de documento público falso, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Demanda. Pdvsa demandó a través de una firma en Estados Unidos a un grupo de empresas intermediarias que acusa de participar en una millonaria trama de corrupción en dólares, que involucra a funcionarios de la petrolera, declaró el jueves su abogado en una entrevista publicada en el portal de Reuters.

En la demanda que presentó la firma Pdvsa US Litigation Trust se denuncia a una pequeña empresa llamada Helsinge Inc. por obtener información privilegiada y términos de licitación de forma fraudulenta al sobornar a funcionarios de la estatal, incluido su actual vicepresidente Ysmel Serrano, dice el documento.

La trama de corrupción habría beneficiado con miles de millones de dólares en ganancias ilícitas a las empresas intermediarias que participaron en la trama de corrupción, añade la demanda.

El documento menciona las firmas Lukoil Petroleum Ltd, Colonial Oi1 Industries, Inc, Glencore Ltd, Vitol SA y Trafigura AG.

• En primer lugar, la brutal represión con la cual Rajoy ha enfrentado las multitudinarias manifestaciones que en los últimos meses se han producido en Cataluña en favor de la independencia. Ha ordenado a la Guardia Civil sacar tanquetas y masacrar a manifestantes en favor de la autodeterminación. La Guardia ha hecho gala de una indolencia que hace palidecer a Boves y al tirano Aguirre. Los primeros en sufrirla han sido los más jóvenes, decenas de manifestantes que no superan los 20 años han caído víctimas del uso desproporcionado de la represión por parte de la Guardia (Civil). Casi dos centenares de muertos están asociados a la lucha por la independencia catalana solo en los últimos meses, la mayor parte a consecuencia de la represión ejercida por Rajoy y, mientras la ordenaba, él, en actos públicos, se dedicaba a bailar pasodobles con su señora esposa.
• No conforme con lo anterior, Rajoy ha dispuesto la detención arbitraria de miles de ciudadanos catalanes, que se hallan privados de su libertad al margen del Estado de Derecho, en cárceles infrahumanas, recibiendo torturas y múltiples formas de vejación. Incluso un dirigente del independentismo catalán ha fallecido recientemente en la cárcel, porque requería de un tratamiento médico que Rajoy se negó a proporcionarle. No contento con esto, gracias al control que Rajoy tiene sobre el sistema judicial, ha privado de sus derechos políticos a los principales dirigentes de la autodeterminación de Cataluña.
• Aunado a esto, Rajoy ha desarrollado una política económica enmpobrecedora. Es una vergüenza ver en los supermercados catalanes a los ciudadanos haciendo colas hasta de 20 horas para comprar la popular butifarra a precios regulados y el pan gallego, que ya prácticamente no se consigue en la comunidad condal. Se ha visto en las ramblas a muchísimas personas revisando los contenedores de basura en busca de alimentos. La economía catalana está prácticamente en ruinas por culpa de la terquedad de Rajoy en insistir en una serie de políticas que han conducido a la quiebra a los productores y ha hecho dependiente a la región de las importaciones. Ha establecido un control de cambios que ha fomentado la corrupción entre la familia Pujol y otros enchufats.
• Mención aparte merece el caso del deterioro de todos los servicios públicos como consecuencia de la incapacidad administrativa mostrada por Don Mariano. La educación, la vialidad, el suministro eléctrico, que se ha vuelto ecléctico en toda la región. En lo que se refiere al tema sanitario, la Cataluña de Rajoy ha retrocedido 70 años, como resultado de la absurda política en ese sector. Han aparecido enfermedades que incluso habían sido erradicadas en la época de Franco. Francamente, la decadencia en salud asombra al mundo entero: los catalanes no consiguen medicamentos para atender enfermedades graves. Muchos ciudadanos han muerto como consecuencia de ello, sin que Rajoy se conmueva en lo más mínimo, ni acepte la ayuda humanitaria ofrecida. Él sigue bailando pasodobles en la Plaza del Sol.
• En fin, el panorama que presenta la nación catalana, luego de estos 19 años de ensañamiento de Rajoy sobre ella es realmente desolador. La represión del líder gallego se ha manifestado en toda su crudeza. Su ensañamiento con Cataluña no conoce limites y aunque hace formales llamamientos al diálogo, sus acciones cotidianas demuestran que no tiene intención alguna de llegar a una solución negociada, mas allá de la imposición de sus puntos de vista. Esto se ha manifestado, más recientemente, en múltiples acciones realizadas por él, saltándose a la torera la Constitución española.

Bueno, este es el panorama al que se enfrenta, tristemente, el pueblo catalán, como queda demostrado en esta investigación que hemos tomado del diario… del diario… Ay, disculpen, creo que me equivoqué de periódico.

@laureanomar

Yaritza Berríos, fiscal asignada al caso, manifestó “no estar de acuerdo” con la decisión del juez Edgardo Sánchez de otorgar libertad plena a tres personas señaladas por cometer una presunta extorsión en el estado Lara. El abogado de los acusados asegura que se trata de la simulación de un hecho punible. Ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el caso, a pesar de que involucra a un efectivo vinculado con la seguridad directa del Presidente

Por Adriana Núñez Moros

@AdrianitaN

Gilson Mauricio Barroeta Flórez, supuesto socio de los sobrinos Flores; Robert David Zapata Aldana (27) un sargento de primera de la Guardia Nacional, adscrito a la Guardia de Honor Presidencial (GHP); y Eliomar Jesús Aponte Mendoza (36) fueron presentados la noche de este martes 23 de febrero de 2017 ante los Tribunales de Barquisimeto, estado Lara, luego de ser detenidos el sábado por su presunta participación en la extorsión de un ciudadano.

Cerca de las diez de la noche el juez de control cuarto Edgardo Sánchez informó su decisión de conceder libertad plena a los detenidos y dictaminar la nulidad de todo el proceso. Yaritza Berríos, fiscal 4º con competencia contra la legitimación de capitales, delitos financieros y económicos, extorsión y secuestro, delitos contra el tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos y la fiscal auxiliar, Yelitza Cortez, refutaron el fallo y ejercieron un recurso de apelación con efecto suspensivo. Dentro de la sala, Berríos alegó “no estar de acuerdo con la decisión”, informaron a Runrunes fuentes en los tribunales.

Barroeta, Aldana y Aponte fueron representados por los abogados Pedro Troconis, coordinador del Foro Penal Venezolano en su capítulo Lara, Gustavo Peñalver y David Alvarado. En entrevista telefónica Troconis aseguró que el Tribunal de Control anuló todas las actuaciones efectuadas por los funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) —organismo que practicó el procedimiento— por irregularidades en la detención y en la investigación. “Además, (el Tribunal) ordenó oficiar a la Fiscalía Superior que se iniciara una investigación contra Ramón Alexander Escobar Luque, la supuesta víctima”, explicó.

Sin embargo, en las actas de la detención a las que Runrunes tuvo acceso, la víctima se identifica como Henrry José González Vegas, de 54 años. En una nota publicada previamente por Runrunes se confirma la veracidad del estatus de reportado en el que se encuentra el automóvil señalado en el acta que se muestra a continuación. Se protegen algunos datos de las actas con el fin de preservar la identidad de las fuentes y de las familias de los señalados.

Troconis definió esto como “una incongruencia” y aseguró que la presunta víctima es Escobar Luque. Además, alegó que la persona identificada como víctima debía más de 252 millones de bolívares a Barroeta Florez por concepto de la adquisición de dos vehículos y, por ello, el juez consideró estar ante la presencia de la simulación de un hecho punible. “Como Barroeta insistía en que le pagara, este se aprovechó, hizo un procedimiento con los funcionarios del Conas y lo denuncia por extorsión”, declaró. Barroeta es acusado de solicitar 800 mil bolívares para regresar un vehículo robado.

En función del recurso de apelación ejercido por la juez Berríos, el tribunal debe paralizar la decisión y remitir la decisión a la Corte de Apelaciones. Entretanto, a Barroeta Flórez se le imputan los delitos de agavillamiento, extorsión y tráfico ilícito de armas en modalidad de ocultamiento y seguirá detenido hasta que se tome una decisión. Zapata Aldana fue imputado por los delitos de agavillamiento y porte ilícito de arma de fuego; seguirá el proceso en libertad —aún está detenido— y debe presentarse ante los tribunales cada ocho días. Aponte Mendoza, vigilante de la casa de Barroeta, fue absuelto por tener el porte del arma que llevaba consigo y debe presentarse cada vez que el tribunal lo requiera.

Se espera que el proceso se retome el miércoles primero de marzo, luego del asueto de Carnaval.

El silencio oficial

Karina Peraza Rodríguez, periodista del diario regional El Impulso indicó que no hubo presencia evidente de familiares de los detenidos durante la presentación. “Se supo que algunos de ellos estaban dentro de vehículos particulares que se encontraban parqueados en las afueras del Edificio Nacional, en donde se pudo observar presencia de carros último modelo”, señaló en su reporte.

Cinco días después de la detención no hay información sobre este caso en el portal web del Ministerio Público; tampoco ha habido un pronunciamiento por parte de alguna alta autoridad nacional, a pesar de que involucra a un funcionario encargado de la seguridad inmediata del Presidente Nicolás Maduro. Peraza Rodríguez indicó que hizo intentos por comunicarse con Rafael Torrealba, jefe de la Zona de Defensa Integral de Lara, y con Hernán Homez Machado, comandante de la Zona de la Guardia Nacional Bolivariana número 12 del estado Lara, sin obtener respuesta. El Impulso tampoco pudo obtener declaraciones de otras autoridades locales.

Los vínculos con los primos Flores

El 21 de febrero de 2017 Runrunes publicó una investigación en la que se detallaba la relación entre uno de los detenidos por este caso y los sobrinos del presidente de Venezuela, Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, hallados culpables por la justicia estadounidense por participar en una conspiración para ingresar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos.

En ese trabajo se relató cómo el nombre de Barroeta Florez es mencionado al menos en cuatro oportunidades en el último documento presentado por la Fiscalía estadounidense ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, encargada del caso de los primos Flores. En la audiencia previa al juicio que se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2016 se revelaron extractos de conversaciones extraídas de los teléfonos incautados a Campo y Flores en el momento de su detención.

Además, se hicieron públicos algunos detalles sobre varios contactos con los que conversaban frecuentemente; entre ellos, un contacto llamado “Gilson” —para ese entonces, “Gilson” a secas—. La imagen que se muestra a continuación es un extracto de los apuntes de la autora de esta nota durante la sesión de ese día. El número de teléfono fue corroborado por otra de las reporteras asistentes a la presentación.

Efraín Campo intercambiaba con “Gilson” fotografías de armas de fuego y comentarios sobre la “belleza” de estas (“so beautiful”). No fue hasta el 13 de febrero de 2017 que la Fiscalía develó el nombre completo del supuesto proveedor de armas de los sobrinos Flores: Gilson Mauricio Barroeta Flores. El número correspondiente al contacto “Gilson”, según las evidencias presentadas en la corte neoyorquina, es el mismo que se le atribuye al iPhone incautado a Gilson Mauricio Barrueta Flores (sic).

El abogado Troconis calificó la vinculación es un “error” y Barroeta “no tiene una vinculación familiar” con Efraín Campo y Franqui Flores. Al ser consultado por la coincidencia entre el número presentado en el juicio en Nueva York y el revelado en el acta de detención levantada por el Conas dijo desconocer, de momento, este detalle. “Mi función aquí es su defensor en este caso en particular. Eso que pase afuera para mi siguen siendo cuentos de redes porque no soy el abogado ahí”, dijo.

El documento de acusación del juicio por el homicidio de Bassil Dacosta revela una trama de conexiones donde grupos armados afectos al Gobierno y funcionarios de inteligencia de la policía política figuran como ejecutores de los hechos que desencadenaron los sucesos del 12F y la detención de Leopoldo López

Funcionarios del Sebin detallan en sus declaraciones una serie de episodios que vinculan al comisario Cruz Ramón Quintana, con Juancho Montoya, coordinador del Secretariado Revolucionario (asesinado ese día); José Miguel Odremán, líder del Frente 5 de Marzo (asesinado en octubre de 2014) y con miembros de otros colectivos

El análisis de los videos y gráficas del 12F realizado por un experto del Cicpc describe cuando al menos tres civiles, identificados como miembros del Colectivo Continente, dispararon contra los manifestantes en el momento en que cae Dacosta. Sin embargo, ninguno fue imputado ni investigado. Uno de ellos era comisario del Sebin y Policaracas

LAS INTERROGANTES SOBRE LO QUE OCURRIÓ el 12 de febrero de 2014, con motivo de la marcha del Día de la Juventud, siguen sin respuesta. La sentencia contra Leopoldo López, la detención de dos hombres y la imputación de otros ocho por los asesinatos de Bassil Dacosta y Juan (Juancho) Montoya no resuelven el enigma. Como en un episodio de The X Files, miembros de los colectivos del gobierno, que aparecen disparando, y algunos funcionarios del Sebin que los acompañaban, quedaron libres de procesos judiciales inexplicablemente, como si se tratara de un fenómeno “sobrenatural”.

En el escrito de acusación por el homicidio de Dacosta, los testimonios de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y las experticias realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) revelan toda una trama de episodios desconocidos que conectan a altos funcionarios de la policía política con líderes de los colectivos y con los pistoleros que se ven disparando en el lugar donde caen las dos primeras víctimas del 12F.

Estos personajes están identificados con nombres, cargos y funciones, pero nunca fueron investigados o detenidos. Tampoco figuran entre los imputados por los hechos ocurridos en la esquina de Tracabordo, en la Candelaria, ese Día de la Juventud.

El 12 de febrero de 2014, el comisario general Cruz Ramón Quintana, director de Acciones Especiales del Sebin, era el encargado de coordinar las actuaciones de un grupo de 11 funcionarios del Comando Motorizado de ese cuerpo, que tenían la tarea de monitorear las dos marchas que se realizaban en Caracas.

“…la Dirección de Acciones Inmediatas del Sebin normalmente no sale en este tipo de eventos, y cuando lo hacemos, como este tipo de caso, es previa autorización del Director General (Manuel Gregorio Bernal)”, dijo el funcionario en su declaración contenida en la acusación por el homicidio de Dacosta.

En el interrogatorio que le hacen en la sede del Ministerio Público, Quintana asegura que recibió una llamada del inspector José Luis Rodríguez, quien era escolta del entonces ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, informándole que hacia la esquina de Ferrenquín se escuchaban muchas detonaciones de armas de fuego.

Después de este alerta, cuya hora no está precisada en la declaración, se traslada la primera comisión oficial del Sebin a la esquina de Tracabordo, encabezada por comisario Manuel Pérez, quien se encontraba en la avenida Universidad. Según otros testimonios, 20 minutos después (pasadas las 2:30 pm) llegó al lugar el resto del grupo de motorizados de la policía política. Y más tarde arribó el propio comisario Quintana. Para entonces, la situación de violencia había terminado.

La escena del crimen según el Cicpc

Declaraciones de testigos e investigadores y videos demuestran que en el lugar se encontraban desde mucho antes otros funcionarios de la dirección de Inteligencia del Sebin, entre ellos los comisarios Melvin Collazos, José Miguel “Miguelito” Domínguez (a quien también se le identifica como líder del colectivo revolucionario Continente) y José Perdomo, único detenido por el homicidio de Dacosta. Estos formaban parte del grupo de hombres que disparó contra los manifestantes.

El funcionario del Cicpc, Adrián Escobar, quien realizó el análisis de los videos obtenidos entre ellos de (Ùltimas Noticias, clave en la investigación de este este caso) para  el lugar donde cayeron Dacosta y Montoya, fue describiendo en su declaración lo que se observa en cada escena y las identifica como diapositivas. En la medida en que avanza detalla minuciosamente las acciones de cada uno de los personajes que aparecen, hasta que se inician los disparos. En su narración, Domínguez, Collazos y otros dos hombres identificados como Kevin Jesús Asenso y Giovanni Valladares (del colectivo Continente) monopolizan las escenas de disparos y violencia. Además, se observa cuando uno de ellos toma la previsión de recoger las conchas de los proyectiles percutidos.

El colectivo revolucionario Continente -al que pertenecían Valladares, Asenso y Domínguez- fue un movimiento que nació de una división del colectivo Tres Raíces, que opera en el 23 de Enero y está formado por policías de diversos cuerpos, según han revelado integrantes de estas organizaciones.

En el acta que está en el documento de acusación, Escobar continúa detallando las imágenes que de lo ocurrido en la escena del crimen. Explica que en la primera diapositiva se observa “a funcionarios del Sebin en compañía de sujetos integrantes del colectivo revolucionario “Continente””. Se trata de José Miguel Domínguez, Giovanni Valladares y Melvin Collazos. Entre la sexta y la décima diapositiva (como lo muestra en la imagen) se describe el momento en que Domínguez, Valladares y Asenso comienzan a disparar contra los manifestantes y cae Bassil Dacosta. Y así continúa la declaración hasta completar 24 diapositivas analizadas de manera detallada.

Los protagonistas que no aparecen en los créditos

Pese a lo mostrado en el riguroso trabajo criminalìstico realizado por el Cicpc, ninguno de estos cuatro hombres (Domínguez, Valladares, Asenso y Collazos) fueron detenidos, imputados o investigados. “No hay una explicación para que estas personas no hayan sido imputadas. Está claro que dispararon. Pero extrañamente, en un procedimiento exprés fueron sacados del caso. De no haber estado involucrados en los homicidios, debieron ser imputados por uso indebido de arma de fuego y por lesiones”, explicó Joel García, abogado de Janet Frías, madre de Bassil Dacosta.

Giovanni Valladares (franela blanca) miembro del colectivo Continente y oficial agregado de Policaracas. José Miguel (Miguelito) Domínguez (chaqueta caqui), miembro del colectivo Continente, comisario adscrito del Sebin y escolta de Freddy Bernal. Junto a Kevin Asanso (Colectivo Continente) y Melvin Collazos (Sebin) fueron los primeros en llegar a Tracabordo y aparecen disparando cuando cae Bassil Dacosta, por un sobreseimiento judicial quedaron fuera de la causa y están en libertad

Miguel Domínguez era además comisario “adscrito” de la Dirección de Inteligencia del Sebin (según arrojaron las pesquisas del Cicpc), y también funcionario “acreditado” de la Policía de Caracas con el rango de comisario, para la fecha en que ocurrieron los hechos. Las indagaciones realizadas por varios funcionarios de la policía judicial también demostraron que este hombre tiene registros por diversos delitos, incluso por homicidio. Fuentes extraoficiales aseguraban que formaba parte del equipo de seguridad del dirigente del Psuv, Freddy Bernal. En todos los informes y declaraciones del Cicpc lo identifican como integrante del colectivo Continente. Mientras que algunos funcionarios del Sebin, lo reconocen como miembro de esa institución.

Giovanni Valladares fue identificado como integrante del colectivo Continente y oficial “acreditado” de Policaracas.

Kevin Asenso era miembro del colectivo Continente (està identificado por el Cicpc, pero no ha y imágenes públicas de él)  

Comisario Melvin Collazos del Sebin, aparece disparando en el momento en que cae Dacosta, pero nunca fue detenido

Melvin Collazos fungía como comisario de la Dirección de Inteligencia del Sebin.

Todos están en libertad. Su presencia en la esquina de Tracabordo y su condición de miembros del colectivo Continente conectados con el Sebin nunca fue aclarada. Tampoco se supo por qué se encontraban en la esquina de Tracabordo, ni de quién recibían órdenes.

La trama tras bastidores: José Odremán y Juancho Montoya en escena

Después de las 3:00 pm del 12F, al calmarse la situación, el comisario Cruz Quintana relata que realizó una serie de recorridos por distintos sectores de la ciudad hasta las casi las 7:00 pm, y en el interín recibió una llamada del comisario Robinson Navarro (director de Policaracas), quien le comunicó al ministro Rodríguez Torres: “El ministro me indica que nos retiremos de las calles y di la orden para recoger las unidades que todavía quedaban en la calle, y aproximadamente a las 7:30 de la noche ya no había unidades en la calle”.

Quintana fue citado luego a la sede del Sebin en Plaza Venezuela, según dice en su declaración: “Hay 3 funcionarios que aparecen en un video y me pide que se los ubique, para ese momento yo no había visto el video. Luego sale el director general (Manuel Bernal) y me pone el video y me dice: ‘explícame esto´ y yo me asombré y le expliqué… el mismo no deja que continúe mi relato y empieza a negar la existencia de la comisión en la calle haciendo ver que habíamos salido sin autorización”.

José Odreman (camisa roja) con Juan (Juancho) Montoya (camisa azul marino). Ambos, líderes de colectivos, mantenían contacto y vìnculos con contacto con el comisario Cruz Quintana del Sebin, quien coordinó las acciones del 12F. Los dos fueron asesinados en hechos que no han sido esclarecidos 

Los superiores le ordenaron a Quintana que se dirigiera a El Helicoide y controlara a su personal para que no salieran. Aunque el comisario deja hasta allí su declaración sobre sus actividades del 12F y salta al 13F, el testimonio de uno de sus subalternos confirma que el jefe policial continuó moviéndose con su propia agenda ese día hasta cerca de la medianoche.

“Posteriormente salimos de Plaza Venezuela hacia Cotiza, donde el comisario Quintana se reunió brevemente con un sujeto de nombre Odreman, que es de un colectivo de Cotiza, pero no sé qué hablaron porque yo estaba retirado”, cuenta -en el interrogatorio recogido en la acusación- el comisario del Sebin Igor Busek Reyes, quien trasladó a Quintana en su motocicleta hasta la vieja sede de la PM, donde operaba el colectivo Frente 5 de Marzo.

El hombre con quien se reunió el jefe de Acciones Inmediatas del Sebin era José Miguel Odreman, líder del Frente 5 de Marzo y ex funcionario de la Policía Metropolitana, que fue asesinado ocho meses después (7 de octubre de 2014) por funcionarios del Cicpc, en un procedimiento muy polémico que nunca fue aclarado. En esa oportunidad, el ministro Rodríguez Torres calificó a Odreman de delincuente y justificó la acción de la policía judicial.

Pero el encuentro con Odreman no fue lo único que omitió Quintana en su declaración. El comisario no dijo que luego del enfrentamiento en la esquina de Tracabordo se trasladó al oeste de Caracas donde sostuvo un encuentro con motorizados. “… en específico que recuerde nos dirigimos a la sede del 4-F, ubicada en la parroquia 23 de Enero, una sede de un colectivo que se hace llamar 5 de Marzo…”, narró la detective del Sebin, Sarelys Márquez, quien acompañó al comisario Quintana en esas diligencias.

El jefe de Acciones Inmediatas del Sebin tampoco incluyó en su testimonio que la mañana del miércoles 12F le había enviado unos supuestos “libros” a Juancho Montoya, que fue el primero en caer asesinado en horas de la tarde durantes los hechos de violencia en Tracabordo. El comisario Busek asegura que presenció una conversación en la que su jefe cuenta ese episodio: “¿Diga usted si tiene algún conocimiento de que alguno de sus compañeros del Sebin haya acudido el día 12-02-14 a las instalaciones del Parque del Oeste Alí Primera, en Catia? -dice el acta del interrogatorio hecho a Busek- Contestó: para ese momento no sabía, pero el día que fue al Sebin una comisión del Ministerio Público para retirar nuestras armas de reglamento, el comisario Cruz Quintana comentó que ese día él le había enviado unos libros a Juancho y que se los había mandado con un inspector que se llamaba William Mujica”, dice el documento que recoge la declaración.

La vinculación entre Montoya y Quintana fue confirmada por Jonny Montoya, hermano de «Juancho», quien dijo a Runrun.es que su familiar sí mantenía contacto con el comisario del Sebin, Cruz Quintana, pero por estrictas razones de inteligencia: «Juancho era funcionario activo de Policaracas y siempre los policías tienen contacto con funcionarios del Sebin y de otros cuerpos de seguridad».

Montoya dijo además que sí tuvo conocimiento de que su hermano recibió el 12 de febrero unos supuestos libros del Sebin, que un funcionario de ese organismo le entregó, de parte del comisario Cruz Quintana, en Gato Negro. «Eso me lo dijo su novia en la funeraria, pero nunca he tenido acceso a esos libros, ni sé qué información hay en ellos», explicó.

Juancho Montoya era coordinador del Secretariado Revolucionario, una organización que agrupaba a 170 colectivos en Caracas. Su asesinato el 12F desató una guerra de colectivos y varias divisiones en estos grupos. Aunque por su homicidio está detenido Hermenegildo “Hermes” Barrera, quien era el segundo al mando en su grupo, Jonny Montoya asegura que detrás de este crimen hay otros responsables.

El contenido del paquete (supuestos libros) enviado por el comisario del Sebin al líder de los colectivos, que luego fue asesinado, sigue siendo un misterio.

Ficción: La orden de acuartelamiento fantasma

Así como el comisario Quintana dejó claro en su interrogatorio que la unidad de Acciones Inmediatas del Sebin fue activada ese día por orden del director de la institución, los funcionarios Busek y Márquez aseguran que ese cuerpo nunca recibió una orden de acuartelamiento.

Todos coinciden en que el 13 de febrero de 2014 todos recibieron la instrucción de no portar sus armas y fue el 15 de febrero cuando llegó una orden de acuartelamiento, justo cuando se anunció la destitución del director, Manuel Bernal. “Yo quiero dejar claro que ese día 12-02-2014 nunca tuvimos orden de acuartelamiento”, dijo el comisario Igor Busek en su declaración de forma espontánea, sin que lo preguntará el interrogador. Esto contradice la versión que dio el presidente Nicolás Maduro, el 16 de febrero de 2014, cuando aseguró que los funcionarios del Sebin habían desacatado la orden de acuartelamiento.  

Busek explica que ese día recibió instrucciones directamente del comisario Cruz Quintana “porque él había asumido la Supervisión General ese día solo para los de Acciones Especiales, ya que cuando son días normales él asigna un supervisor general…”.

Los dos funcionarios también aseguran no haber visto a ningún manifestante disparando o portando armas de fuego. “Solo portaban palos, piedras y objetos contundentes”, dijo la detective Sarelys Márquez, quien fue atacada por un grupo de jóvenes cuando intentaba recoger su moto. Coincidieron en que al comisario Miguel Domínguez, alias Miguelito, se le escuchaba hablar constantemente por la frecuencia de radio del Sebin, incluso daba instrucciones. Pero no pudieron identificar a algunos de los hombres que acompañaban a este funcionario, ni por orden de quién se encontraba en Tracabordo.

Busek dijo en su interrogatorio no saber quién era Domínguez hasta ese día y así se refleja en el acta. Al funcionario le preguntaron: “¿Diga usted, si para el momento de encontrarse en las inmediaciones de la Fiscalía General de Parque Carabobo, o en la esquina de Perico antes de producirse los primeros disparos, llegó a observar la presencia de funcionarios de la Dirección de Inteligencia del Sebin?”. Y él contestó: “El único que recuerdo haber visto fue a uno gordo de camisa manga larga color caqui que después me enteré que es comisario y se llama Miguel Domínguez”.

Toda esta trama de guiones elaborados aparentemente por varios «autores» hasta ahora desconocidos, muestra a más de una veintena de actores, siempre ligados al gobierno de Nicolás Maduro y a grupos oficialistas, que protagonizaron acciones violentas. Sin embargo, por los sucesos del 12F solo hay tres detenidos: Leopoldo López, sentenciado a 13 años y 9 meses de prisión por asociación para delinquir, instigación pública y determinador en los delitos de incendio y daños; el comisario del Sebin José Ramón Perdomo Camacho, acusado  por homicidio intencional calificado con alevosía y motivos innobles, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos y acuerdos internacionales por el caso de Bassil Dacosta; y Hermenegildo Barrera, acusado por homicidio calificado con alevosía y uso indebido de arma de fuego, por el caso de Juancho Montoya.  

Robert Redman (asesinado la noche del 12F) en el momento en que ayuda a cargar a Bassil Dacosta, que habìa sido herido

Hay otros siete funcionarios que sí fueron acusados, y enfrentan el juicio por el homicidio de Dacosta, pero en libertad. Eston son: Jonnathan Rodríguez Duarte (escolta del entonces ministro de Relaciones Interiores Miguel Rodríguez Torres), Andry Jaspe López, Edgardo Lara, Manuel Pérez, Héctor Rodríguez, Jonfer Márquez y Jimmy Sáez. 

Pero la noche del 12F ocurrió otro asesinato de un manifestante. Robert Redman, el joven que en la tarde había ayudado a cargar a Dacosta, fue atacado por desconocidos que le dispararon cuando protestaba en Chacao. Los tiradores se desplazaban en motos de alta cilindrada. Por este crimen no hay detenidos, y nada se sabe de la investigación. 

Hermano de “Juancho” Montoya asegura que hay videos que muestran a colectivos disparando

Jonny Montoya, hermano de Juan Montoya, líder de los colectivos asesinado el 12 de febrero en Candelaria, recuerda que hoy se cumplen 735 días de la muerte de su familiar que, entre los grupos que hacen vida en la parroquia 23 de Enero y en otros sectores populares era conocido como “Juancho”.

A dos años del asesinato de “Juancho”, las únicas evidencias que Montoya asegura ha logrado tener acceso son unos videos en los que se ven cinco miembros de los colectivos Waraira Repano y Oswaldo Arenas disparando. En ese material audiovisual, según el hermano de quien fue el máximo representante del Secretariado Revolucionario de Venezuela, se ve cómo el mano derecha de su pariente, le dispara en la espalda y en el rostro.

“En los videos que me enseñó el fiscal 55 Miguel Hernández, y que no salieron a la luz pública, se ve cómo con dos disparos Hermes Barrera mató a Juancho. El primer disparo se lo hizo en la espalda, y cuando mi hermano volteó, le disparó en el rostro, por la nariz. El asesino es él, pero inmediatamente en la grabación se ve que los otros cuatros miembros de los colectivos, hacen lo que nosotros llamamos en los colectivos parampampam, que es disparar al aire para que la gente se esconda, y en ese hecho sirvió para que no se viera el homicidio de Juancho”, relata.

Aunque Montoya, que es ex funcionario de Policaracas, no ha tenido acceso al expediente del caso, advierte que las pesquisas tienen varias inconsistencias pues no se practicaron allanamientos y no hay detenidos para investigar el móvil de la muerte de su hermano.

“Hay un solo detenido, que es Hermes Barrera, pero no se puede considerar como una detención porque ese señor se entregó cuando se cumplieron 147 días de la muerte de Juancho y su entrega fue negociada. El juicio ha sido chucuto. Barrera está detenido en la División de Homicidios del Cicpc ubicada en la Avenida Urdaneta y, según me han informado, tiene beneficios para salir los fines de semana. El homicida no ha sido condenado y hay otras cuatro personas que no han sido detenidas por porte ilícito de arma y por asociación para delinquir”, advierte.

Este martes, durante la audiencia de presentación del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, el Ministerio Público ratificó la acusación que lo podría llevar a cumplir una condena de 16 años de cárcel.

La audiencia de presentación de Ledezma había sido diferida en 10 ocasiones.

Los cargos ratificados por el Ministerio Público en contra de Ledezma son asociación para delinquir y conspiración. Además, se mantendrá la medida cautelar en contra del político miembro de Alianza al Bravo Pueblo.

Ledezma fue privado de libertad el 19 de febrero de 2015, cuando funcionarios del Sebin entraron sin orden de allanamiento a su despacho en la torre EXA de El Rosal.

En la actualidad se encuentra preso en su casa debido a una medida humanitaria que se le otorgó por su estado de salud.

Denuncian “linchamiento judicial”

Como un “linchamiento judicial” calificó el abogado del Alcalde Metropolitano, Omar Estacio, la decisión del Tribunal Sexto de Control de Caracas de admitir dos acusaciones contra Antonio Ledezma que representarían 26 años de cárcel por la comisión de supuestos delitos.

Tras una espera de más de nueve horas, simpatizantes de Ledezma no abandonaron las puertas del Palacio de Justicia y gritaron consignas exigiendo su libertad, ya entrada la noche fue cuando sus abogados reiteraron el “linchamiento judicial” contra la Máxima Autoridad Metropolitana, a quien se le mantiene la medida cautelar de casa por cárcel.

“El Tribunal está contraviniendo más de 80 jurisprudencias del TSJ. Los justiciables tienen expectativas plausible que los criterios juridisprudenciales se mantengan y se respeten, pero al demonio con este principio. El Tribunal ha considerado de manera incomprensible que Antonio Ledezma ha conspirado en solitario, algo que la doctrina judicial venezolana tiene suficientemente dilucidado. De igual manera, ha concluido admisible una acusación por supuesta asociación para delinquir en solitario, porque en la acusación del Ministerio Público no se señaló sus supuestos asociados en el delito organizado”, dijo Estacio.

Indicó además que la defensa demostró que la actuación que encabeza este juicio es fraudulenta.

“El supuesto agente encubierto que dio lugar a esta situación, dijo haber utilizado un sistema de computación que en esa fecha no existía. Eso hay que puntualizarlo. El juez ha admitido que no diarizó esta actuación (…) De manera que fue una actuación fantasma, clandestina, que desembocó en darle curso o beligerancia a una actuación a todas luces forjada, porque es evidentemente claro que la persona que el gobierno pretendió utilizar como agente encubierto dijo haber hecho esa prueba el 20 de mayo cuando el sistema operativo que expresó haber utilizado, entró en vigencia el 30 de junio”, explicó.

Agregó Estacio que la fecha para la Audiencia de Juicio aún no ha sido fijada: “Nosotros no podemos perder la fe en el Derecho y en la justicia. Estamos completamente conscientes de la debilidad del Derecho venezolano, sin embargo vamos a perseverar y tenemos la convicción de que la justicia va a resplandecer, va a reinar en algún momento en el sistema judicial venezolano, un Poder Judicial más robusto”.

Con información de El Nacional y Prensa Alcaldía Metropolitana.

Ya no lucían esas sonrisas fotogénicas que trascendieron en las últimas horas, donde se los veía plenos de alegría e impunidad. Permanecieron serios, con sus cejas casi unidas y sin hablar. Fueron los cinco minutos más importantes en las vidas de Efraín Antonio Campo Flores y de Francisco Flores de Freitas, sobrinos del jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público acusó a ocho policías del estado Aragua, por su presunta responsabilidad en la muerte de cuatro personas, caso que fue difundido en un video que circuló por las redes sociales y que ocurrió el 05 de agosto en la Zona Industrial San Vicente 2, ubicada en el municipio Girardot de la referida jurisdicción.
A través del espacio radial Justicia y Valores, trasmitido por el Circuito Unión Radio 90.3 FM, Ortega Díaz indicó que los fiscales 34º nacional y 20º de Aragua en materia de Protección de Derechos Fundamentales, Guillermo Tirado y Elías Martínez, respectivamente, solicitaron el enjuiciamiento de los ocho funcionarios.
Puntualizó que en el escrito fue interpuesto ante el Tribunal 4° de Control de Aragua, José Sosa (supervisor jefe), Oswaldo Pérez (supervisor), Euclides Ron (oficial jefe), así como los oficiales agregados Yeldin Curvelo, Luis Santana, Joel Salazar, Wilmer Palencia y Humberto Conoropo fueron acusados por ser presuntos coautores en el delito de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos innobles.
Ortega Díaz agregó que también se les acusó por uso indebido de arma orgánica, simulación de hecho punible y asociación para delinquir.
Por otra parte, la máxima representante del Ministerio Público dijo que la ecuatoriana Carmen Janeth Briones fue condenada a 6 años y cuatro meses de prisión tras admitir que el 25 de marzo de este año simuló el rapto de su hijo a cambio de dinero.
Al respecto comentó que este caso fue muy sonado y captó la atención de todos los medios de comunicación del país, lo que alarmó a la colectividad ante supuestos plagios de niños y niñas en el área metropolitana de Caracas y otros estados del país.
La máxima representante del Ministerio Público indicó que la extranjera fue condenada por la comisión de los delitos de simulación de secuestro, difusión de información falsa y asociación para delinquir, por lo que el Tribunal 10º de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) dictó la referida pena.
La mujer está recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, hasta que un tribunal de ejecución decida respecto al lugar donde cumplirá la condena.
Por otra parte, la Fiscal General informó que fueron acusados Juan Pimentel y Antoni Rodríguez por estar presuntamente vinculados con la muerte del abogado estadounidense John Ralston Pate (70), quien fue hallado sin vida el 09 de agosto de 2015, dentro de una vivienda ubicada en la urbanización Lomas de San Román, municipio Baruta del estado Miranda.
En ese sentido, la fiscal 4° del AMC, Mayira Ramos, acusó a Pimentel por ser presunto coautor en el delito de homicidio calificado con alevosía en ejecución de robo agravado en perjuicio del ciudadano estadounidense, y homicidio calificado con alevosía en ejecución de robo agravado en grado de frustración respecto a la pareja de la persona muerta.
En el caso de Rodríguez, fue acusado por los dos delitos anteriores pero en grado de cooperador inmediato. Ambos están recluidos en los anexos de la Penitenciaría General de Venezuela, en el estado Guárico.