actos vandálicos

Durante el año 2021, Aula Abierta documentó 156 incidentes de inseguridad en 16 universidades autónomas del país

La organización no gubernamental (ONG) Aula Abierta reportó 371 robos en universidades desde que comenzó la pandemia en el país.

En un informe publicado en su página web, la ONG señaló que los incidentes se reportaron entre el 13 de marzo de 2020 y mediados de marzo del 2022.

De acuerdo con Aula Abierta, este elevado número de incidentes de seguridad genera preocupación, pues no solo afectan de manera estructural, sino también el funcionamiento de universidades en actividades como la docencia, investigación y extensión.

También, señalan que los robos en universidades perjudican el proceso educativo en el que participarán miles de estudiantes y profesores venezolanos.

Además, manifestaron preocupación por la postura del Estado, considerando que al no actuar, «violentan los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria».

Tercera temporada: 24 episodios en 2022

Según la ONG, en lo que va del 2020, se han registrado 26 incidentes de inseguridad en 6 universidades del país.

Desde el 1 de enero al 15 de marzo, Aula Abierta contabilizó 17 delitos que atentan contra el desarrollo de la docencia, 2 contra la investigación, 3 contra los servicios estudiantiles y 2 contra las dependencias universitarias.

– ULA: 11

– UDO: 8

– UCLA: 2

– LUZ: 1

– UCV: 1

– UPEL: 1

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En total, se contabilizan 24 episodios en los que el hampa «se ha robado un pedazo de la universidad».

Por otra parte, la ONG detalló que los primeros robos de enero ocurrieron en la Universidad de Los Andes (ULA), como el robo del techo del invernadero y del cableado eléctrico de la Facultad de Ciencias; el robo de cableado eléctrico en el Núcleo El Vigía, y el desvalijamiento en el Núcleo Universitario Rafael Rangel.

#ALERTA

Domingo Alarcón, Vicerrector-Decano del @NuaaULA, denuncia que las instalaciones de la @ULA_Venezuela en El Vigía fueron nuevamente "atacadas por la delincuencia": el núcleo se quedó sin electricidad por robo de cables. #DerechosUniversitarios pic.twitter.com/dElcXQLpQ3

— Aula Abierta (@AulaAbiertaVE) January 11, 2022

Posteriormente, en la Universidad de Oriente y la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” comenzaron a evidenciar nuevos ingresos del hampa.

#ALERTA

.@ZairEscalona, Coordinadora de la @fedehuve por la región occidente, denuncia que este #13Ene el Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCLA fue víctima del hampa. #DerechosUniversitarios https://t.co/DyEtbZcgPh

— Aula Abierta (@AulaAbiertaVE) January 14, 2022

Balance del 2021

Durante el año 2021, Aula Abierta documentó 156 robos e incidentes de inseguridad en 16 universidades autónomas del país.

Hasta el 31 de diciembre, desde el inicio de la pandemia, se contabilizaron 347 ingresos del hampa, de ellos, el 56,54% corresponde a afectaciones que impiden el desenvolvimiento correcto para impartir clases y desarrollar prácticas de investigación.

A juicio de la organización, estos incidentes «constituyen un patrón de afectación al proceso educativo y, por ende, a la educación de calidad».

La primera temporada: 2020

Durante el año 2020, el primero de la pandemia, la ONG documentó denuncias de inacción por parte del Estado para investigar y sancionar a los responsables de esos incidentes.

Hasta diciembre de 2020, se reportaron al menos 191 incidentes de inseguridad.

“Es una lástima porque en vez de avanzar, estamos retrocediendo, pero existe la capacidad y la voluntad todavía de esta comunidad de seguir adelante”, expresó Luis Palacios, dirigente estudiantil.

En la UPEL reportan 18 actos vandálicos en lo que va de año

Las autoridades de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), núcleo Maracay, denunciaron la continuación de actos vandálicos, pese al retorno de jornadas académicas y administrativas.

En una publicación de El Periodiquito, el director decano de la UPEL, Eladio Gideón, indicó que siguen en las actividades pese a los problemas de infraestructura que hay en el recinto.

Además, dijo que desde que inició el 2022 se documentaron al menos 18 actos vandálicos en la casa de estudios.

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A Francisco Ameliach, gobernador del estado Carabobo, un grupo de exparlamentarios le dirigieron una carta abierta en que preguntan dónde estuvo durante las 72 horas de «muertes, asaltos, saqueos generalizados y abusos de todo tipo» que vivió la entidad del 2 al 4 de mayo.

En la carta señalan que fueron cometidos una serie de actos delictivos «sin que las autoridades, especialmente usted señor gobernador, hubieran asumido con coraje la defensa de los ciudadanos. Durante este angustioso lapso, nuestro estado fue sometido al antojo de malandros y delincuentes de todo tipo». Además, indican que «en varios municipios de la gran Valencia saquearon centenares de negocios formales e informales, que muchas comunidades, particularmente urbanizaciones y edificios donde viven sectores de la clase media hoy empobrecida».

En otra parte del texto, los firmantes de la carta le piden al gobernador que “reflexione y rectifique para que esto no ocurra de nuevo” y denuncian “los incalificables abusos del SEBIN, en plena vía pública, contra jóvenes indefensos, algunos de ellos con menos de 18 años”. Por último, llaman al gobernador Ameliach a enfrentar con valentía lo que calificaron como “una terrible cultura de violencia” que afecta a Carabobo.

La misiva fue firmada por los ex parlamentarios Gustavo Hernández Salazar y Laura Valls de Alternativa 1, Celio Celli y Luis Gallo; por el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Pedro Rondón Haaz, por los dirigentes políticos, Luis Vivas, German Chipre, Jesús Hernández P. y Heriberto Ramírez y por los abogados Juan Ascanio y Carlos Garrido.

A continuación el texto completo de la carta abierta:

 
CARTA ABIERTA 

¿DONDE ESTABA USTED SEÑOR GOBERNADOR?

Ciudadano

Mayor (R) Francisco Ameliach Orta

Gobernador del estado Carabobo.

Su despacho.

Los que firmamos esta carta hemos dedicado la mayor parte de nuestras vidas a la lucha política y social, siempre en defensa de lo que hemos creído son los más altos intereses de la ciudadanía, especialmente los del sector más vulnerable de nuestros conciudadanos; no somos, por tanto, representantes de la oligarquía, ni promotores de ideas de derecha y, mucho menos, defensores de injerencias imperiales en nuestro país; somos, eso sí, carabobeños preocupados por el destino de nuestro estado, cada uno desde las posiciones que ocupamos y los ideales democráticos que defendemos.

En esta oportunidad, y como consecuencia de esa preocupación por nuestra región, nos dirigimos a usted con el propósito de expresarle nuestro malestar por los recientes acontecimientos que nos afectaron.

Suponemos que sabe que los últimos días hemos vivido situaciones realmente graves. Desde el 2 hasta el 4 de mayo del año en curso, los carabobeños padecimos 72 horas de terror, en las que se consumaron muertes, asaltos, saqueos generalizados y abusos de todo tipo sin que las autoridades, especialmente usted señor gobernador, hubieran asumido con coraje la defensa de los ciudadanos. Durante este angustioso lapso, nuestro estado fue sometido al antojo de malandros y delincuentes de todo tipo y ni usted ni ninguna otra autoridad apareció por ningún lado. De usted supimos en esas complicadas horas, por algún tuit o por una fugaz aparición en un acto en Caracas. Es bueno señalarle, por si no lo sabe, que en varios municipios de la gran Valencia saquearon centenares de negocios formales e informales, que muchas comunidades, particularmente urbanizaciones y edificios donde viven sectores de la clase media hoy empobrecida, mayor (r) Ameliach, especialmente en Naguanagua, fueron tiroteadas y amenazados de saqueos por vándalos armados (malandros y colectivos paramilitares) frente a la inacción total de las autoridades policiales o militares y en algunos casos, cómo lo han señalado los mismos vecinos, con su complicidad.

Ahora bien, ciudadano gobernador, después de todos estos sucesos es menester que el gobierno que usted preside reflexione y rectifique para que esto no ocurra de nuevo. La nación venezolana transita una hora muy peligrosa: el autoritarismo, la corrupción y la incompetencia nos han llevado a esta dramática realidad; por eso, hoy más que nunca, hay que actuar con el mayor apego a la ley, no es con los incalificables abusos del SEBIN, en plena vía publica, contra jóvenes indefensos, algunos de ellos con menos de 18 años, como se normalizará la situación.

Señor gobernador, los acontecimientos aquí relatados dejaron centenares de nuevos desempleados y, por ende, más pobreza, consolidaron una terrible cultura de violencia que es preciso enfrentar con valentía, y arruinaron a muchos pequeños y medianos emprendedores. Ante esto, usted está obligado a actuar cuanto antes, más allá de la retórica política y eso esperamos.

Por último, expresamos nuestra disposición a aportar ideas para enfrentar esta tragedia.

Sin más que señalar por ahora, nos despedimos confiados en la sabiduría colectiva del pueblo carabobeño.

Valencia, 11 de mayo de 2017

Gustavo Hernández Salazar

Luis E. Gallo

Celio Celli G.

Manuel Barroeta

Edgar Núñez Pino

Laura Valls B.

Luis Vivas

Pedro Rondón H.

Heriberto Ramírez

Juan Ascanio

María Jiménez

Jesús Hernández P.

German Chipre

Javier López

José G. Hernández

Pedro Vargas G.

Carlos Garrido M.

Nerio Ascanio

*Con información de Tal Cual

Dos sociólogos explicaron a Runrun.es cómo estos actos están influidos por la necesidad de conseguir comida o, al menos, bienes que puedan intercambiarse por obtener alimentos. Consideran que lo saqueos no pueden ser vistos solo como actos delincuenciales, aunque admiten que los criminales se valen de la población que protesta para estimular estos actos vandálicos

@loremelendez

EL ESTADO SUCRE LLEVA MÁS DE UNA SEMANA en los titulares de las noticias nacionales. Protestas, cierre de vías y saqueos han pasado a ser la expresión de un pueblo que se cansó de comer mangos y arenques. La tensión llegó a su nivel máximo este martes 14 de junio, cuando Cumaná, la capital de la entidad, fue el epicentro de actos vandálicos que se prolongaron durante horas y dejaron como saldo un muerto, 400 detenidos y decenas de comercios saqueados en al menos ocho zonas distintas de la ciudad.

El reporte de la sección Sucre del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) arrojó un dato clave. Aunque hubo mucha participación popular en los saqueos, quienes los iniciaron fueron, en gran medida, grupos delincuenciales que se infiltraron en las manifestaciones.

“En esta gran obra del hambre, la población es el coro y quienes llevan la voz cantante son los que están entrenados en violencia y delito. Una persona normal no se atreve a romper un vidrio. Pero si llega otra persona que lo rompe, entra al sitio y saca algo, el padre de familia que tiene hambre también entra y busca comida”, afirmó Roberto Briceño León, sociólogo y director del OVV.

Pero la actuación de los delincuentes en estos saqueos no elimina una de sus motivaciones principales. Para dos sociólogos especialistas en temas de violencia, lo sucedido en Sucre es una expresión más de la rabia y la impotencia que se siente en el país a raíz de la escasez de comida. Esto a su vez se asocia con los más de 200 saqueos y conatos de saqueos que se han producido en el país en lo que va de año. Sólo en mayo se contabilizaron 86 sucesos contra supermercados, mercados populares, depósitos y transportes de alimentos.

“El saqueo no se puede ver sólo como un acto delincuencial. Los criminales se valen de la población que protesta y se molesta porque no tiene comida en su casa aún teniendo dinero en el bolsillo. Los ladrones también tienen hambre y roban al igual que lo hicieron los policías en Cumaná y como lo hizo cualquiera. Estamos en un nivel de sobrevivencia y esta es una lucha descarnada. Ese es el comportamiento del ser humano y del animal que tiene que garantizar la comida a la familia y los hijos”, explicó Briceño León.

El sociólogo apuntó que en los comercios afectados hubo destrozos más allá de lo necesario. “Eso está relacionado con la inmensa molestia de la población por los abusos del Estado en la distribución. Lo que pasó en Cerezal –donde hubo protestas durante tres días y murió un joven de 21 años a causa de la represión de las fuerzas de seguridad– , el hecho de que no llegaba la comida de los Comités Locales de Almacenamiento y Producción (Clap), causa una irritación que provoca estas situaciones”, dijo.

En un comunicado del OVV, Briceño León destacó que los CLAP constituían un mecanismo de exclusión social y de segregación y que habían creado una “sensación de injusticia” en la población.

“Los CLAP son una manera de generar lealtad política mediante la distribución de la comida que deja fuera a los no afectos al Gobierno que hoy son la inmensa mayoría. Son una forma privada de distribución, porque los comités no son parte del Estado, pero sí tienen filiación política. Vamos hacia una protesta y molestia generalizada en el país con saqueos, estallidos y enfrentamientos cada vez mayores, ante los cuales la única alternativa que le queda al Gobierno es la represión”.

El momento de la tensión

Luis Cedeño, sociólogo y director de la ONG Paz Activa, relaciona los saqueos con la tensión social del momento actual, la cual está determinada por los medios que se utilizan para conseguir un fin.

“En este caso –detalló– el fin es la comida y el medio para obtenerla es el saqueo. Si el medio no está disponible, si es inaccesible, la tensión se incrementa porque esto significa que la gente no tiene los medios para alcanzar los fines”, sentenció.

Dentro de su análisis, el especialista incluyó otros factores que han impulsado los saqueos, como la ausencia de la autoridad y la matriz de la guerra económica, difundida desde el gobierno de Nicolás Maduro, que sitúa a los comerciantes y empresarios como los culpables del desabastecimiento y los altos precios. Por eso son ellos quienes sufren los ataques.

El “homo economicus” saquea

En cada saqueo, señaló Cedeño, hay promotores que incitan al acto vandálico. Estos suelen ser individuos que están fuera de la ley, tal como los que actuaron en Cumaná. Hay otros que son observadores, que están alrededor de los primeros y que pueden decidir el siguiente rol a cumplir en el momento. “Es ahí cuando se desdibujan los niveles morales, cuando bajan los niveles de tolerancia y se decide si se participa o no en el saqueo”, recalcó el especialista. Por último, hay otros que en lugar de actuar, permanecen como espectadores y sancionan o increpan a los saqueadores para ejercer un control informal.

Pero incluso quienes saquean, arrastrados o no por el comportamiento del grupo, lo hacen de una manera racional. Allí influye la postura del “homo economicus”, término con el que se designa al ser humano como elemento del proceso de la producción y el intercambio de bienes económicos.

Es en ese proceso que la racionalidad apunta no sólo hacia los bienes escasos, sino hacia aquellos que tienen más valor. Por eso, Cedeño consideró que los saqueos a tiendas que no venden productos alimenticios no pueden ser sacadas del contexto del hambre que se sufre en el país. Al final, el bien que se robe podrá ser también intercambiado por comida.

“En una situación de escasez como esta, cualquier cosa tiene un valor intercambiable. Quien saquea tiene un comportamiento racional, porque actúa para conseguir comida para lograr la sobrevivencia. Lo que no es racional es el daño excesivo que se produce en ese momento”, completó Briceño León.

El pasado sábado 25 de abril, los vecinos de la urbanización Club de Campo mantuvieron una reunión debido a la problemática de la construcción ilegal de una vía de acceso que, desde el día 23, se está desarrollando en el lugar.

“Celebramos una asamblea ciudadana, contando con la presencia del alcalde Josy Fernández, donde aprobamos el rechazo de manera contundente y categórica los actos vandálicos perpetuados en las áreas verdes de Club de Campo y que pertenecen al Municipio Los Salias”, expresó una representante de la consultoría jurídica del sector.

Asimismo, la funcionaria afirmó que las acciones de deterioro fueron ejecutadas por la Asociación Civil de Damnificados de Vargas (Adevam), amparados por un permiso otorgado por la alcaldía de Carrizal.

“Estas áreas verdes nos pertenecen a los salienses. Apoyamos a nuestras autoridades municipales con el objetivo de lograr que ellos tomen las medidas judiciales, para el resarcimiento del daño ocasionado a los espacios públicos de la jurisdicción”, alegó la consultora.

Apuntó que esta semana, la comunidad de Club de Campo enviará un oficio, explicándole al mandatario municipal los puntos que fueron aprobados para dar inicio al procedimiento judicial pertinente.