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Denuncian incumplimiento de medidas cautelares decretadas por la CIDH a favor de venezolanas con cáncer
El documento señala que por la falta de tratamientos médicos y farmacológicos, debido a la corrupción imperante en Venezuela, la salud de las pacientes oncológicas ha empeorado

 

Este jueves, 14 de diciembre, las organizaciones Funcamama, Cepaz, Acción Solidaria, Prepara Familia y Transparencia Venezuela denunciaron el incumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las mujeres venezolanas que padecen cáncer.

A través de un comunicado, afirmaron que las medidas cautelares decretadas hace tres años para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las mujeres que padecen cáncer de mama no se están cumpliendo.

El documento señala que por la falta de tratamientos médicos y farmacológicos, debido a la «corrupción imperante» en Venezuela, la salud de las pacientes oncológicas ha empeorado.

Por tal motivo, las mencionadas organizaciones pidieron a la CIDH que proceda a solicitar medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la situación de extrema gravedad y urgencia que viven las mujeres con cáncer.

Además, solicitaron que se inicie de oficio un caso contra Venezuela por los mismos hechos, por tratarse de «violaciones graves de derechos humanos resultado de actos de gran corrupción, que implican la responsabilidad internacional del Estado».

Acción Solidaria: 9.3 millones de venezolanos no tienen acceso a medicamentos para sus enfermedades crónicas
De acuerdo con Acción Solidaria, 9.3 millones no tiene acceso a medicamentos para sus enfermedades crónicas
Según el balance de la organización, 89,7% de la población venezolana depende del servicio de salud público. Sin embargo, el sistema sanitario no cuenta con capacidad de atención, especialmente, para personas con condiciones crónicas de salud

Durante la mañana del 4 de mayo, en un salón con 33 personas y algunas cámaras de video, la organización Acción Solidaria presentó el balance de su Programa de Respuesta Humanitaria en Salud (PRHS). Entre 2018 y marzo de 2023, 775.852 personas se han beneficiado de los servicios que presta la organización. 426.280 mujeres y 340.661 hombres han recibido tratamientos médicos desde 2018.

De acuerdo con la organización, el programa surge a partir de una asamblea pública, el 31 de marzo de 2016, por falta de tratamientos médicos. Un año después, se transformó en una plataforma de cooperación entre organizaciones nacionales e internacionales que funciona desde entonces como una respuesta a la Emergencia Humanitaria Compleja y a las vulneraciones del derecho a la salud. 

Desde entonces, Acción Solidaria ha podido recopilar datos sobre la salud en Venezuela. Uno de ellos es que 15.5 millones de venezolanos tienen problemas de salud crónicos.

Acción Solidaria ha apostado por poner su grano de arena a la salud venezolana a través de actores. Distrito Capital es el estado con mayor número de actores que prestan labor a través de la ONG. Para 2022, la organización contabilizó un total de 193 actores a escala nacional. 79 de ellos se encuentran en la capital. El resto está distribuido en los estados: Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Nueva Esparta y Zulia. 

“Los estados que no cuentan con actores locales se sirven de actores de otras entidades”, indicó Feliciano Reyna, presidente de la organización..

Los usuarios de Distrito Capital también lideran la cifra de beneficiarios de los Centros de Servicio Comunitario. Según Reyna, a escala nacional, los centros han atendido a 31.378 beneficiarios, 63,8% son mujeres y 17.062 de ellos se encuentran en la capital.

La mayoría de los usuarios de la organización son mujeres y adultos mayores con condiciones crónicas de salud. 78% son recurrentes y 76% viene por el servicio de medicamentos.

De medicina preventiva a medicina de emergencia

Según el balance de la organización, 89,7% de la población venezolana depende del servicio de salud público. Sin embargo, el sistema sanitario no cuenta con capacidad de atención, especialmente, para personas con condiciones crónicas de salud.

“15.5 millones de venezolanos tienen problemas de salud crónicos y 9.3 millones no tiene acceso a medicamentos para sus enfermedades crónicas”, aseguró la segunda ponente de la presentación, Natasha Saturno, coordinadora de la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos de Acción Solidaria. 

De acuerdo con Saturno, las enfermedades crónicas más comunes en los venezolanos son la hipertensión y la diabetes. “También, padecen cáncer y VIH. En varios casos, nos hemos encontrado con pacientes que tienen problemas de salud crónicos y enfermedades más severas como las que mencioné hace un momento”, reiteró. 

Según la organización, la afectación del derecho a la salud es sistemática y se presenta en todas las dimensiones (accesibilidad, disponibilidad, calidad y asequibilidad).

Mujer venezolana es la cuidadora de la familia

Durante la presentación, Saturno indicó que desde 2018, 426.280 mujeres se han beneficiado de los servicios que presta Acción Solidaria, principalmente el servicio de entrega de medicamentos. 

Al recibir la pregunta de cuál es la razón por la que el número de mujeres atendidas es mayor es 11,2% mayor que el número de hombres, Saturno explicó que ha evidenciado cómo las mujeres no son solo las encargadas de su salud sino de la salud de sus familiares y allegados

“Usualmente, nuestras usuarias son las que vienen por medicamentos para sus familiares, como hijos, esposos y padres. La mujer venezolana pone como prioridad la alimentación de sus hijos antes que la salud de ella”, reiteró la coordinadora de la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos. 

Adicionalmente, Saturno señaló que existe un impacto diferenciado y más grave de la crisis en las mujeres y niños, niñas y adolescentes.

Según Acción Solidaria, una de cada cuatro mujeres no cuenta con toallas desechables sanitarias. Tres de cada 10 mujeres o sus familiares vive con una condición de salud.

Activista venezolano Feliciano Reyna recibirá el Premio Martín Ennals para defensores de DDHH
Acción Solidaria festejó la noticia y a través de su cuenta en Twitter señaló que el galardón «es uno de los premios más importantes para defensores y defensoras de derechos humanos en el mundo»

 

El activista venezolano Feliciano Reyna, fundador de la ONG de ayuda al colectivo LGBTQI Acción Solidaria, será galardonado en la edición de este año de los premios Martin Ennals, que se conceden en Ginebra a defensores de derechos humanos de todo el mundo.

Reyna, quien también ayudó a fundar la Coalición por la Defensa del Derecho a la Salud y a la Vida de las Personas en Venezuela (Codevida), será premiado junto a la abogada del Chad Delphine Kemneloum Djiraibé y al activista indio Khurram Parvez, defensor de los derechos humanos en Cachemira, actualmente privado de libertad.

Los premios se entregarán en una ceremonia en la ciudad suiza el próximo 16 de febrero y «honran a tres activistas que en todos los casos han dedicado más de 30 años de su vida a construir movimientos para llevar justicia a víctimas o medicinas a los más marginados», subrayó el jurado en un comunicado.

ONG celebran la distinción

La ONG Acción Solidaria festejó la noticia y a través de su cuenta en Twitter señaló que el galardón «es uno de los premios más importantes para defensores y defensoras de derechos humanos en el mundo».

Por su parte, la periodista y defensora de derechos humanos Gabriela Buada Blondell, escribió en su cuenta en Twitter que «aunque se empeñen en atacar y estigmatizar el trabajo de las ONG en Venezuela, nos sentimos felices del reconocimiento».

La ONG Provea felicitó a Reyna por recibir el premio Martin Ennals Award, considerado el Nobel de los Derechos Humanos. 

«Nos enorgullece que un defensor venezolano sea reconocido por su labor», escribió Provea.

Las ONG´s Acceso a la Justicia y el Observatorio de Conflictos, también enviaron sus felicitaciones al defensor de derechos humanos. 

*Con información de Efe

Embarazo con VIH en Venezuela: entre el estigma y la esperanza
Venezuela suma unos 100 mil contagiados con el virus de VIH, según un informe del Ministerio de Salud publicado en 2020, que precisa que del total, 73.147 conoce su estado serológico y 56.038 recibe tratamiento de forma gratuita

 

María nació hace 22 años de una madre seropositiva pero nunca contrajo el virus gracias al tratamiento oportuno que ambas recibieron durante el embarazo y en los primeros días después del nacimiento.

Fue la Fundación Innocens, una la ONG en el estado Zulia, oeste de Venezuela, que coordinó todo, desde los medicamentos, pasando por la cesárea obligatoria y el suministro de la leche maternizada.

Pero la mayoría de las mujeres en esta condición dependen del sistema público de salud, en crisis perenne, plagado de estigmas, sin un proceso estandarizado y muy “a discreción” del tratante.

María, que pidió cambiar su nombre, recién se enteró a los 14 años de la condición de su madre, es ahora voluntaria en la ONG que les brindó asistencia y que desde hace tres décadas atiende a miles de mujeres en uno de los principales hospitales de Maracaibo, la capital del Zulia.

Su madre “cumplió el tratamiento al pie de la letra y así fue como nací completamente sana”, relata la joven a la AFP.

Venezuela suma unos 100 mil contagiados con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), según un informe del Ministerio de Salud publicado en 2020, que precisa que del total, 73.147 conoce su estado serológico y 56.038 recibe tratamiento de forma gratuita.

“Estigma y discriminación”

Un total de 404 mujeres embarazadas con VIH fueron atendidas en la red pública en 2020, otras 75 fueron diagnosticadas después de dar a luz y sus bebés pasaron a recibir el protocolo para expuestos al virus; 2,8% de los recién nacidos fueron seropositivos ese año, refleja el reporte oficial.

“Se logró incrementar la entrega de antirretrovirales a las mujeres que fueron diagnosticadas durante su etapa de gestación”, según el informe.

No obstante, María Graciela López, expresidenta de la Sociedad de Infectología de Venezuela, estima que “la atención a las embarazadas seropositivas queda a discreción de los profesionales de cada centro” de salud.

La organización especializada Acción Solidaria ha denunciado por su parte “estigma y discriminación” hacia la mujer infectada en los hospitales.

“Fortalecer el programa”

En el Zulia, otrora capital petrolera venezolana, el protocolo común en centros de salud ha sido remitir a las pacientes a Inoccens, que Cecilia Bernardoni fundó en 1994 como una promesa al primer niño con sida que atendió como odontóloga tras el rechazo de otros colegas, temerosos de contagiarse.

“Necesitamos fortalecer el programa de prevención en las maternidades”, insiste esta mujer de 79 años bautizada como el “ángel de los niños con VIH”. “No solo es atenderlos sino garantizarles la vida, que puedan continuar viviendo”.

“El programa solo se cumple acá” en Inoccens, critica por su parte Arelis Lleras, infectóloga de la fundación.

Los casos no obstante han saltado en la fundación en los últimos años: de 30 en 2019 a 64 en 2021 y en lo que va de este año ya suman 68. El confinamiento por el COVID-19, la falta de controles y la imposibilidad de trasladarse a centros asistenciales impulsaron el salto.

“Hemos tenido semanas con casos nuevos todos los días”, alerta por su parte Clara Urbina, psicóloga de la ONG.

“Uno de ellos”

Más allá de la detección, tratamiento y cesárea, la leche maternizada es un verdadero dolor de cabeza para Inoccens, pues el bebé no puede ser amamantado para evitar el contagio.

“Son siete potes mensuales por niño, por aproximadamente nueve meses, y llevamos 68 cesáreas”, explica Bernardoni. “Antes les dábamos todo, pero ya no podemos”.

Un envase de fórmula cuesta entre 5 y 13 dólares, inalcanzable para muchos en un país con un salario mínimo equivalente a unos 10 dólares. Muchas les dan a los bebés agua con avena, plátano o arroz, lamenta Bernardoni, que llama a donaciones.

María evita hablar en la universidad de la condición de su mamá, de nuevo por el estigma en este país conservador, pero sigue fiel a su trabajo voluntario. “Cada vez que veo a un niño que nace con el virus se me eriza la piel, porque yo pude ser uno de ellos”.

ONG venezolanas preocupadas por cooperación entre la ONU y el gobierno madurista
Alrededor de 80 organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a luchar por superar la crisis 

 

La red venezolana de organizaciones de la sociedad civil Sinergia expresó preocupación por “las llamativas deficiencias y omisiones” que a su juicio presenta el documento de cooperación entre las Naciones Unidas y el gobierno venezolano para el período 2023-2026

El acuerdo, indica el comunicado de Sinergia, no hace mención al contexto sociopolítico en el que tendrá lugar esa cooperación. “Es imperativo y responsable considerar el conflicto social y político como la base o causa fundamental de dicha emergencia”.

Asimismo, “el presente marco de cooperación no debe ser instrumentalizado para normalizar esta crisis”.

El documento firmado entre la ONU y el gobierno venezolano tampoco da a conocer el alcance de las consultas a la sociedad civil.

Las organizaciones civiles firmantes exhortan a los representantes de Naciones Unidas en Venezuela a detallar el contexto sociopolítico en el que se firma el acuerdo. “De forma de facilitar la acción concertada de los múltiples actores nacionales y los organismos de protección y cooperación internacional”, explica el documento.

En el comunicado se hace un llamado a incorporar en el acuerdo las recomendaciones que mecanismos de seguimiento y protección de los derechos humanos del sistema de Naciones Unidas realizaron en los últimos 11 años al Estado venezolano.

Entre ellas las recomendaciones emitidas por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

La red de OSC Sinergia exhorta a que se reconozcan los problemas estructurales que en materia de derechos humanos y justicia persisten en Venezuela. Además, llamó a comprender que para alcanzar la convivencia democrática se requiere “construir una ruta electoral que garantice la realización de elecciones auténticas”.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran Acción Solidaria, Fundación Bengoa, Observatorio Venezolano de Prisiones y Sinergia.

 

Desnutrición fue la condición con más casos luego del coronavirus de acuerdo con Acción Solidaria
Dijeron que eso refleja las consecuencias de la emergencia humanitaria compleja sobre los venezolanos

 

Según un informe de Acción Solidaria, el principal motivo por el cual se mantiene un índice alto de desnutrición no es la escasez de alimentos, sino la imposibilidad de las personas para adquirirlos. Además, quienes presentan desnutrición tampoco tienen acceso a los medicamentos y suplementos necesarios para recuperar la salud.

Acción Solidaria publicó el informe «Salud en emergencia» por segundo año consecutivo, que muestra el monitoreo realizado durante el período enero-septiembre de 2021 sobre la vulneración del derecho a la salud en todos sus estándares.

Un dato que llama la atención, en el informe presentado este martes 20 de septiembre, es que «la desnutrición es la condición de salud con más registros entre mujeres, después de la COVID-19«; lo que representa un aumento porcentual con respecto al monitoreo realizado en 2020 y refleja que esta es la condición que más aqueja a la mujeres, seguidas de condiciones como VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) y cáncer.

De acuerdo con los datos recabados por Acción Solidaria, que trabaja con reportes de medios de comunicación de alcance nacional y regional de la fuente de salud, en 2020 la desnutrición afectó a 8,9% y estas padecían de insuficiencia renal, patologías oncológicas y VIH; mientras que el año pasado, esta cifra creció a 9,4% de acuerdo con lo informado por los medios.

Desde Acción Solidaria explican que el hecho de que la desnutrición sea una de las condiciones de salud con más registros revela las graves consecuencias de la emergencia humanitaria compleja sobre los venezolanos; especialmente sobre las personas privadas de libertad, comunidades indígenas, mujeres y adultos mayores.

La contabilización de esta ONG da cuenta de que el año pasado los más afectados por la desnutrición fueron las personas privadas de libertad con 24 casos, las comunidades indígenas con 13, niños, niñas y adolescentes con 13 registros, cinco adultos mayores, dos migrantes y un caso de una persona con discapacidad.

También hubo 32 registros de desnutrición en menores de edad íntimamente relacionados con mujeres; lo que se explica por problemas entre embarazadas y que influyen desfavorablemente en la salud de los neonatos.

Durante el pasado año, las denuncias de servicios hospitalarios inoperativos, fallas por escasez de insumos, ausencia de medicinas, escaso personal de salud y fallas de servicios públicos fueron constantes en la mayoría de centros de salud públicos del país; afectando, principalmente, al personal de salud, niños, niñas y adolescentes, mujeres y personas con condiciones crónicas (especialmente con insuficiencia renal, desnutrición y VIH), quienes sufrieron un impacto desproporcionado.

Otro dato que resalta el informe de Acción Solidaria son las personas que se internan en los hospitales, que en 95% de los casos son mujeres, y pasan a ser invisibilizadas y se les vulneran sus derechos.

Otras enfermedades vinculadas a la desnutrición son la tuberculosis con 20 casos, las infecciones respiratorias agudas con ocho registros, VIH con siete y diabetes con cinco. También hubo un alto índice de registros de desnutrición vinculados a la COVID-19.

Reanudan exámenes de carga viral a pacientes con VIH en Bolívar
Después de más de cuatro años sin estar disponibles por falta de reactivos 

 

Los exámenes de carga viral para personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) vuelven a realizarse en el estado Bolívar después de más de cuatro años sin estar disponibles por falta de reactivos y demás factores.

Niños y niñas, mujeres embarazadas y personas que requieren una intervención quirúrgica, tratamiento de quimioterapia o hemodiálisis son quienes tienen acceso prioritario a estas pruebas, pues la cantidad de reactivos es limitada y hay solo un equipo especializado en el estado para procesarlas.

Las pruebas se recolectan en el ambulatorio Las Manoas, en Ciudad Guayana, Hospital del Tórax en Ciudad Bolívar y Hospital Gervasio Vera Custodio en Upata, y luego se analizan en el Laboratorio de Salud Pública de Alta Tecnología Dr. Armando Ortega, ubicado al lado del Hospital Uyapar, en Puerto Ordaz e inaugurado en marzo de este año.

En este laboratorio está el único Genexpert que hay en el estado Bolívar. Este equipo de 16 cartuchos procesa las pruebas para VIH, tuberculosis y COVID-19.

“Como estamos comenzando, por el momento procesamos un promedio de 15 pruebas diarias, unos 100 semanales aproximadamente”, informó Ana Karina Rodríguez, bioanalista que labora en el recinto.

Los resultados están disponibles en 15 días, según informó Andrea Torres*, enfermera que trabaja en el servicio de VIH del módulo Las Manoas.

“Esos son reactivos muy costosos, por eso es que no están disponibles para toda la población, sino a un grupo específico que lo amerite según el criterio del médico. Ellos (personal del laboratorio Dr. Armando Ortega) no han lanzado jornadas para el público en general. Cuando se termine de instalar bien el laboratorio recibirán los cartuchos para procesar más muestras”, informó.

En general, estos exámenes están centralizados en unos pocos laboratorios privados especializados, en su mayoría ubicados en Caracas. Su costo en el sector privado supera los 100 dólares.

Dado que el acceso a las pruebas es limitado en el sector público, los pacientes que no pueden costearlo se tratan a ciegas, o se trasladan a países vecinos para contar con el control médico.

Capacidad diagnóstica y de control limitada 

En 2016 el Ministerio de Salud dejó de traer al país los medicamentos y reactivos necesarios para estas pruebas. En el marco del Plan Maestro para el Fortalecimiento de la Respuesta a la Tuberculosis, Malaria y VIH promovido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), al país ingresó nuevamente (aunque en cantidad insuficiente), el tratamiento requerido por los pacientes. Y, a partir del año pasado, algunos reactivos para procesar pruebas de carga viral.

En 2021 se activó una jornada especial de exámenes de carga viral en Ciudad Guayana exclusivamente para pacientes del ambulatorio Las Manoas, y MinSalud procedió a recolectar muestras de los pacientes para analizarlas en Caracas. Por problemas en el traslado, e insuficientes reactivos, los resultados de esas pruebas nunca llegaron.

El apoyo de organismos multilaterales siempre será insuficiente mientras el Estado -como principal garante de la salud- no asuma su responsabilidad de comprar insumos para diagnóstico, control y tratamiento del VIH.

La capacidad diagnóstica, y de atención médica en el sector público de salud sigue siendo limitada. Durante el segundo semestre de 2021, la ONG Acción Solidaria denunció en su informe Vivir con VIH en Venezuela que no solo no hay reactivos para las pruebas de carga viral y recuento de linfocitos desde hace al menos cinco años, sino que tampoco hay suficientes para pruebas serológicas de hepatitis, citomegalovirus, histoplasmosis, tuberculosis, perfil 20, y demás exámenes que forman parte del control rutinario de personas con VIH, a menudo vulnerables a enfermedades oportunistas.

1.314 vulneraciones del derecho a la salud se registraron en Venezuela durante 2021
Se desprende de un documento llamado Salud en emergencia: el caso de Venezuela de Acción Solidaria

 

En Venezuela se registraron al menos 1.314 casos de vulneración del derecho a la salud en los primeros tres trimestres de 2021, de acuerdo con un informe presentado por la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos de la organización Acción Solidaria

1 de cada 5 casos, contabilizados entre enero y septiembre de 2021, ocurrieron en centros públicos de acuerdo a un documento denominado Salud en emergencia: el caso de Venezuela.

“El total de casos casi alcanza, en menos tiempo, el resultado del informe de 2020, cuando se contabilizaron 1.436 eventos”, indicó la organización.

Acción Solidaria destacó que el segundo monitoreo demostró que durante el año 2021 persistió un patrón de vulneración del derecho a la salud con especial afectación sobre algunas poblaciones, lo que evidencia que el sistema sanitario público se encuentra en una situación de colapso.

Los niños, niñas y adolescentes (NNA), el personal de salud, mujeres, personas con condiciones crónicas (especialmente con insuficiencia renal, desnutrición y VIH), defensores de derechos humanos y las comunidades indígenas y migrantes fueron los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. 

La organización señaló que el personal de salud fue el que tuvo mayor número de incidentes con 193, de los cuales 142 son denuncias del gremio sobre la falta de equipo de protección para la reducción de riesgo frente a covid-19.