Las figuras políticas de «Padrinos y madrinas» implementados por Nicolás Maduro «buscan fortalecer el control del gobierno central en los estados». Así lo explicó la ONG Acceso a la Justicia en una nota publicada en su página web.
Casi tres años después de su promesa de eliminar los protectorados, Nicolás Maduro ha dado marcha atrás y ha vuelto a imponerles a los gobernadores unas autoridades paralelas, para que «las cosas lleguen a donde no llegan y para que les lleguen a todos».
El establecimiento de estas figuras para los 23 estados del país y su capital fue anunciado por el jefe del Gobierno el pasado 15 de febrero, durante un acto en el que informó la conformación de un comando presidencial especial que se encargará de combatir el «burocratismo criminal».
A diferencia de los desaparecidos protectores, Acceso a la Justicia aclaró que los padrinos y madrinas no son candidatos oficialistas que fueron derrotados en alguna elección, o exfuncionarios que tenían tiempo desaparecidos de la primera línea de la política, sino que se trata de miembros del actual Gabinete Ejecutivo.
¿Quiénes protegen qué?
La ONG detalló quiénes son los “Padrinos y madrinas” y qué entidades van a «proteger».
Caracas será responsabilidad del ministro de Juventud y Deportes, Mervin Maldonado; mientras que para Amazonas se designó al titular de Ecosocialismo, Josué Lorca; a Anzoátegui el ministro de Petróleo, Pedro Tellechea; a Apure el responsable de Vivienda, Ildemaro Villarroel; a Aragua la ministra de Educación, Yelitze Santaella; y a Barinas el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López.
Por su parte, la madrina de Bolívar será la actual vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien también ocupa el despacho de Finanzas y debe velar además por el proceso de recuperación del Metro de Caracas.
A la ministra de la Mujer, Dheliz Álvarez, Maduro le encomendó a Carabobo; Cojedes a Sandra Oblitas, ministra de Educación Universitaria; Delta Amacuro le corresponde a la ministra de Pueblos Indígenas, Clara Vidal; y Falcón al ministro de Acuicultura, Juan Carlos Loyo.
El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, deberá velar por Guárico, mientras que el canciller Yván Gil lo hará por La Guaira. Por su parte, el titular de la cartera de Cultura, Ernesto Villegas, se encargará de Lara; Mérida será responsabilidad de Wilmar Castro Soteldo, ministro de Tierras; y Miranda dependerá de la ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez.
El titular de Alimentación, Carlos Leal Tellería, tendrá que supervisar a Monagas; mientras que el responsable de Turismo, Alí Padrón, se encargará de Nueva Esparta. Al ministro de Obras Públicas, Raúl Paredes, le fue asignado Portuguesa; y al titular de la cartera de Interior, general en jefe (r) Remigio Ceballos, el estado Sucre.
Táchira es responsabilidad del ministro de Aguas, Rodolfo Marco Torres; y Trujillo de la titular de Salud, Magaly Gutiérrez. Por su parte, el jefe de la cartera de Industria, José Félix Rivas, se encargará de Yaracuy; y el de Energía Eléctrica, general en jefe (r) Néstor Reverol Torres, del Zulia. Asimismo, resalta el hecho de que nueve de los designados son militares activos o retirados.
Fuera de la Constitución
Acceso a la Justicia indicó que la nueva figura de “padrinos y madrinas” no está prevista en la Constitución ni en ninguna ley, así como tampoco la de los anteriores protectores.
Explicó que ambos suponen una «violación al tipo de Estado federal previsto en el artículo 4 del texto fundamental», pues las entidades deben ser autónomas en lo político, por lo que sus máximas autoridades deben ser electas popularmente y no nombradas desde el poder central.
«Los padrinos y madrinas son en realidad figuras de tinte partidista con fines electorales, pues lo que se busca con su designación es avivar el voto oficialista en cada una de las entidades federales para las próximas presidenciales», enfatizó la ONG.
Cada padrino o madrina designado por el primer mandatario tiene el encargo de aplicar el plan 1 x 10, una maniobra política ideada por el Gobierno nacional en la que una persona se debe encargar de buscar a 10 personas más, y así sucesivamente, a fin de que el mayor número de personas voten en el día de las elecciones a favor de los candidatos oficialistas.