Acceso a la información

De acuerdo con la ONG Espacio Público, el servicio eléctrico nacional no ha mejorado en los últimos cinco años, privando del derecho a la libertad de expresión en 23 estados de Venezuela que sufren apagones «diariamente». 

«Solo en el 2023, registramos al menos 37 fallas o apagones masivos que afectaron el servicios e internet en todo el país. Los principales victimarios fueron la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (Corpoelec). Con menos frecuencia, operadoras privadas como Digitel y Movistar también sufrieron fallas que afectaron el servicio», se lee en un informe de prensa publicado este 7 de marzo.

A cinco años del «apagón nacional» del año 2019, cuando Venezuela estuvo sin servicio eléctrico hasta por 12 días consecutivos, la ONG denunció que los estados más afectados por la deficiencia continuada del servicio público están en el occidente venezolano: Zulia, Mérida, Barinas, Lara, Táchira, Apure, Carabobo y Falcón.

«La situación del sistema eléctrico nacional no ha cambiado sustancialmente durante los últimos años. Actualmente, se registran a diario fallas eléctricas en todos los estados del país, situación que limita el derecho de la ciudadanía a mantenerse informado oportunamente, así como también a comunicarse de manera oportuna», agregó. 

Entre apagones, protestas y datos móviles 

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social indicó que en el país hubo más de 1456 manifestaciones sociales pacíficas en el país para exigirle al Estado una mejoría en los servicios públicos entre el 2019 y el 2023. De ese grupo, más de 204 casos era específicamente por las fallas eléctricas. 

Espacio Público, en 2019, realizó una encuesta para describir cómo los venezolanos se informaban durante los apagones.

«Según los resultados, los venezolanos se informaron principalmente mediante datos móviles (46 %), luego por conversaciones (presenciales) con vecinos, familiares o amigos (25 %) y por la radio (22 %). Principalmente, se informaron a través de WhatsApp, a partir de mensajes que le enviaban sus conocidos y mediante la información que se difundió por cuentas confiables en la red social Twitter», destacó la ONG.

La tendencia de los canales informativos sigue vigente en la actualidad, sobre todo porque el Estado, a través de Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ha cerrado más de 20 emisoras de radio a nivel nacional en los últimos 5 años. 

El gobierno de Nicolás Maduro «no ha implementado políticas públicas para el restablecimiento o mejora del sistema nacional eléctrico, por lo que el mal estado de la infraestructura continúa afectando el servicio de manera recurrente. También existe una falta de información sobre la gestión», aseguró Espacio Público. 

Más sobre este tema:

DDHH Olvidados | El apoyo hacia la mujer venezolana va en reversa

Leer más

El Registro Nacional de Contratistas (RCN) donde se inscribe y reposa la información de todas las entidades contratantes con el Estado, fue reducido a su mínima expresión en fecha reciente, lo que implica un retroceso en la transparencia y en la promoción de la participación ciudadana en la necesaria contraloría social

SEGÚN SE LEE EN EL PROPIO SITIO en la web (www.rnc.gob.ve) el Registro Nacional de Contratistas tiene por objeto centralizar, organizar y suministrar en forma eficiente, veraz y oportuna la inscripción e información necesaria para la calificación legal y financiera, experiencia técnica y clasificación por especialidad, de las personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas o privadas, que deseen contratar con el Estado.

Transparencia Venezuela constató que tras un breve lapso fuera del aire, el sitio web del RNC volvió a estar disponible, pero donde antes se detallaban las características de cada entidad contratante con el Estado en veintinueve (29) ítems (ver aquí), ahora solo aparecen cinco (5) ítems (ver aquí): 1. Se encuentra o no habilitada para contratar con el Estado, 2. Nombre, 3. Número de RIF, 4. Si es persona jurídica o natural y 5. Años de experiencia en la actividad o servicio que presta, así como la determinación de si es principal o no. El sitio intervenido no tiene disponible información necesaria como, por ejemplo, fecha de constitución de la entidad jurídica; dirección fiscal de acuerdo a los estatutos; nombre, apellido, cédula de identidad de los accionistas, cargos dentro de la junta directiva y porcentaje de acciones.

La disminución de la información de las empresas, publicada por el Registro Nacional de Contratistas RNC, es contraria a los principios de transparencia, economía, simplificación de trámites y publicidad establecidos en el Decreto Ley de Contrataciones Públicas y en el Decreto de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Con la reducción de la información, los miembros de la comisión de contrataciones de cada órgano o entidad pública no tendrán a su disposición la información necesaria para evaluar los aspectos legales, técnicos y financieros de los potenciales contratistas y cada vez que necesiten seleccionar un proveedor deberán solicitar a las empresas, asociaciones o cooperativas, copia de los estatutos sociales y sus modificaciones, copia de sus estados financieros, así como declaración jurada de los servicios prestados.

Lo expuesto, supone que la administración pública realice una y otra vez los análisis efectuados por el RNC, con los riesgos que implican las valoraciones subjetivas o que se incurra en errores en el análisis que amenacen la mejor selección.

Adicionalmente, dificulta la participación ciudadana en el control de la gestión, por cuanto no se podrá conocer la fecha de inicio y finalización de los pocos contratos que eran publicados por el RNC o el nombre de las empresas con las cuales contrata el Estado, así como el porcentaje de ejecución de los contratos suscritos.

La reducción de la información publicada significa un retroceso en la transparencia y promoción de la participación ciudadana, y sugiere que al Estado no le interesa que se publique información relacionada con las contrataciones públicas, con todo y los riesgos que conlleva la falta de publicación de información para una adecuada selección y para el control ciudadano. El Estado, con esta acción, coloca la opacidad sobre la información que permite una adecuada selección del contratista y el control de la gestión pública.

Las razones de la reducción de información se desconocen, pero lo que sí podemos afirmar es que la falta de información no es aislada, por cuanto ninguno de los Ministerios publica información sobre las contrataciones públicas conforme a lo establecido en el Decreto Ley de Contrataciones Públicas, ni siquiera se publica la totalidad de las adjudicaciones efectuadas o los compromisos de responsabilidad otorgados.

EL OBSERVATORIO ZULIANO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN junto a Aula Abierta Venezuela y el Colegio Nacional de Periodistas ofrecieron un balance sobre las agresiones a la libertad de expresión y ejercicio del periodismo durante los primeros 15 días del mes de mayo, además de fijar su firme posición en contra de estas acciones.

El Estado tiene hasta marzo del año próximo para decidir sobre las 274 sugerencias recibidas durante el EPU

Por Maruja Dagnino, Ronna Rísquez, Edecio Brito Adrián, Juan Francisco Alonso, Maru Morales P., Gitanjali Wolfermann

GINEBRA.- La libertad de expresión seguirá siendo tarea pendiente para Venezuela. También la visita de los relatores de derechos humanos y todos los otros requerimientos de los 103 Estados que tomaron la palabra el martes de esta semana durante el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos de la ONU realizado en Ginebra, Suiza, luego que el Estado decidiera dejar para el próximo año su pronunciamiento sobre estos temas.

El gobierno de Nicolás Maduro tampoco fijó posición sobre otros temas sensibles que salieron a flote durante el diálogo interactivo como la escasez de alimentos y medicinas, los problemas de salud pública, las peticiones para el cese del adoctrinamiento, las invitaciones a propiciar el diálogo con la oposición, entre otras. Sin embargo, marzo de 2017 es la fecha límite  para decidir si acepta o no las 274 recomendaciones que hicieron los países, entre ellas 34 en materia de libertad de expresión, derecho al acceso a la información de interés público y protección de defensores de DDHH.

El Estado venezolano, que llegó a Ginebra con una delegación de 40 personas a inaugurar una exposición en el Palacio de Naciones en la que se mostraba un país sobresaliente en materia de DDHH, no reconoció ninguna deficiencia durante su intervención en la sesión del 1 de noviembre. Lejos de hacerlo, los voceros del gobierno y de los poderes judicial y electoral leyeron informes en los que daban cuenta de un país modelo. La canciller Delcy Rodríguez acusó «campañas de desprestigio contra Venezuela» y enfatizó que la delegación tenía «moral para hablar de los logros en derechos humanos».

Aunque en el ciclo pasado del EPU Venezuela aceptó de inmediato 20 recomendaciones, este año, en medio de una crisis política en la que ha sido necesario convocar a un diálogo con el Vaticano como facilitador, decidió posponerlas todas. Ni rechazó ni aceptó, solo decidió retrasar la tarea. En otras palabras, la decisión fue no decidir.

Entre 2002 y 2016 el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela,  registró 71 acciones legales contra periodistas y medios de comunicación. Y durante los primeros siete meses de 2017, la organización de libertad de expresión registro 546 violaciones al ejercicio periodístico. Se contaron también en este periodo 14 casos de uso abusivo del poder estatal, 4 detenciones arbitrarias y 4 declaraciones agraviantes.

El 1 de noviembre, durante la sesión del EPU en Ginebra, el viceministro para las comunicaciones internacionales, William Castillo, afirmó que «la libertad de expresión en Venezuela se garantiza plenamente». Ese mismo día en Caracas, el diputado del PSUV Elías Jaua, amenazo con caerle a golpes al periodista de El Nacional, Hernán Lugo-Galicia, por haber publicado una serie de reportajes entre noviembre y diciembre de 2014, acerca del uso de aviones oficiales de PDVSA para traslado de familiares del entonces ministro de Comunas.​

Reporteros Sin Fronteras (RSF) divulgó hoy su lista de 35 «depredadores» para recordar el Día Internacional para acabar con la Impunidad en los Crímenes contra Periodistas, entre los que incluyó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al de Cuba, Raúl Castro, y al cártel mexicano de Los Zetas.

«Sus técnicas son variadas. Algunos torturan y asesinan a través de sus brazos armados, otros practican los arrestos masivos y los encarcelamientos arbitrarios y otros métodos más herméticos, al abrigo de leyes antiterroristas, por ejemplo», destacó hoy RSF, organismo con sede en París.

Entre los 35 jefes de Estado y de Gobierno, líderes religiosos, milicias y organizaciones mafiosas o criminales que hostigan a los periodistas, figura además el presidente ruso, Valdimir Putin; el de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang; el de China Xi Jinping; el de Egipto, Abdelfatah Al Sissi; y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

«Estos depredadores son los que más pisotean la libertad de prensa y los que cometen las peores atrocidades contra los periodistas», denunció Christophe Deloire, secretario general de RSF, quien propuso acabar con la impunidad nombrando un representante especial de la ONU que siga de cerca estos casos para proteger a los periodistas.

Otros políticos de la lista de Reporteros Sin Fronteras son el presidente de Siria, Bachar Al-Assad; el de Arabia Saudí, el rey Salman bin Abdelaziz; el líder norcoreano Kim Jong-un; el primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-O-Cha; y el guía supremo de Irán, Ali Khamenei.

Constan también varios Jefes de Estado de países del Asia central y del Este de Europa que fueron antiguas Repúblicas de la Unión Soviética.

El Estado Islámico (EI), los servicios secretos de Pakistán también figuran en la lista de RSF, así como el movimiento político chiíta Houthis (Yemen) y el grupo islamista Shebab (Somalia).

El Día Internacional para poner fin a la Impunidad en los Crímenes contra Periodistas se celebra el 2 noviembre desde que la ONU estableció esa fecha en 2013, en conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en Malí.

Se calcula que durante la última década más de 800 informadores han sido asesinados simplemente por informar y solo el 10 % de estos crímenes ha concluido en condena.

Puede ver la galería de predadores aquí. 

Países de la ONU abogaron por la libertad de expresión en Venezuela – https://t.co/NHDzhqCPYM

— Runrunes (@RunRunesWeb) November 1, 2016

En Venezuela, conocer la tasa oficial de homicidios, el índice de inflación, los recursos asignados a ministerios y planes gubernamentales, así como los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud, puede ser realidad si entra en vigencia la Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública.

El término «acceso a la información pública» es poco común para los venezolanos, pues en el país nunca se ha aprobado una normativa que determine que los ciudadanos tienen derecho a tener acceso a información. Pero en Venezuela, después de haber estado engavetado durante el período legistalivo 2010-2015 el proyecto que la Coalición Proacceso -que está integrada por el Colegio Nacional de Periodistas, el Instituto de Prensa y Sociedad y organizaciones como Espacio Público, Transparencia Venezuela, Cesap, Invesp y Sinergia-, el 3 de marzo fue aprobado en primera discusión el proyecto de ley.

Venezuela, Bolivia y Argentina, son los únicos países de América Latina que no cuentan con una ley de acceso a la información. El tema es bien conocido por Moisés Sánchez, secretario ejecutivo de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, una organización que está integrada por 22 instituciones de 18 países. Sánchez ha estado encargado de acompañar a las organizaciones que han unido esfuerzos para que en sus países se aprueben las leyes de acceso a la información y, aunque en nuestro país el camino ha tenido sus obstáculos, para el especialista los escenarios que genera la nueva Asamblea Nacional son positivos para que entre en vigencia un instrumento legal.

– ¿Qué considera usted es lo más difícil en Venezuela para que se cumpla la ley, una vez que entre en vigencia?

Lo primero que hay que entender es que el acceso a la información es una tendencia en la región donde solamente hay tres países que no cuentan con leyes de este tipo, que son Bolivia, Argentina y justamente Venezuela. Con la salvedad de que en el caso de Argentina ya se está avanzando en este proyecto de ley con fuerte compromiso del gobierno y del congreso. El derecho al acceso a la información es un derecho y un estándar reconocido en América. Es un derecho reconocido, con un marco formal. Es positivo que se haya aprobado en primera discusión una ley de este tipo en Venezuela, porque no es solamente ponerse a tono con lo que pasa en la región, sino porque también da una señal de apertura al debate democrático.

-En sus discursos usted hace énfasis en que las leyes de acceso a la información son importantes para las democracias… 

-Este tipo de leyes son esenciales para las democracias. La Corte Interamericana dijo que el derecho al acceso a la información es necesario para la democracia porque esta se basa en la libre circulación e intercambio de ideas, para eso es necesario poder emitir información y también poder recibirla. Hay un derecho al acceso a la información que hace que toda la información esté en manos del Estado, bajo la administración del Estado, sea por principio pública. Estas leyes de acceso a la información lo que nos vienen a decir es que nos pongamos a tono con los tiempos, pongámonos a tono con lo que son las democracias y las soberanías de las personas. El acceso a la información democratiza un poco el poder, permite que los ciudadanos puedan acceder a antecedentes que usualmente y en otra cultura se consideran como secretos de Estado, que no es ni más ni menos que la manifestación de una emisión de una visión política

-¿Qué efectos tendría esta ley si entra en vigencia y se cumple?

– A veces uno se centra en los casos de corrupción. Por ejemplo, en Chile un niño pide la evaluación de su colegio porque quería saber si su colegio es de calidad o no. El colegio no quiso entregar la información y él fue y reclamó ante un órgano especializado que es el Consejo para la Transparencia en Chile y finalmente le tuvieron que dar la información. Ese tipo de empoderamiento que tiene el ciudadano, desde niños, es lo que te permite la ley de acceso a la información. También hay casos de muchas personas que han pedido información sobre la contaminación que hay en la ciudad, es muy típico por ejemplo ver a ciudadanos pidiendo antecedentes. Por supuesto también hay otras características y casos donde los periodistas han tenido un rol fundamental que es abrir antecedentes con respecto a contrataciones públicas, conflictos de intereses que tienen funcionarios, y esos son todos beneficios que entrega la ley de acceso a la información y el proyecto que se discute avanza en esa línea. Como toda ley de información también considera una serie de causales de reserva que son bastante mínimas y cuyo sentido no es restringir la información, sino restringir la posibilidad que tiene el Estado de tomar cualquier tipo de argumento para decir que hay un secreto de Estado.

– En el caso de Venezuela, ¿qué vacíos considera que hay por no tener una ley de acceso a la información?

Hay un trabajo de Transparencia Venezuela y también de Espacio Público donde han constatado por ejemplo en Naciones Unidas una serie de ausencia de información respecto de derechos económicos, sociales y culturales. Estamos hablando de vivienda, educación, salud,  también por ejemplo, de falta de información sanitaria, o sea, no hay mucha información sobre las distintas pandemias que están afectando, por lo que los ciudadanos no saben en realidad la entidad del problema, tampoco se sabe qué pasa con los subsidios o beneficios sociales. A nivel internacional se ve que Venezuela no cuenta con parámetros informativos y una cosa que realmente llama la atención es que no exista información con respecto a los índices económicos y de la inflación, o de las cifras de homicidios, lo que genera la imposibilidad de que las personas puedan tomar decisiones con información real, y eso abre paso a la especulación. Esos son los casos más evidentes que se ven y eso no pasa en un país que tenga el mínimo respeto por el acceso a la información.

– ¿Qué esfuerzos se pudieran seguir uniendo si la ley de acceso a la información pública llega a ser publicada y no se cumple?

– Es interesante preguntarse qué es lo que tiene que haber en la ley para que realmente funcione. La experiencia internacional lo que demuestra es que estas leyes cuando van acompañadas de órganos garantes del derecho al acceso a la información pública, consejos para la transparencia, realmente se vuelven en instrumentos efectivos para la ciudadanía, porque en la instancia que el ciudadano tenga una negativa de información, ya no se va a enfrentar él solo a toda la administración del Estado y con el costo enorme de tener que recurrir, por ejemplo, a un tribunal de justicia, sino de que va a tener un órgano especializado que en un procedimiento bastante rápido y expedito le va a solucionar ese problema, va a evaluar la situación y va a dar una respuesta pero desde la perspectiva de los estándares de acceso a la información pública. Es importante que los órganos que se consideran en estas leyes tengan las suficientes características de independencia y autonomía.

– En su experiencia, ¿cuál ha sido el país más difícil para que se cumpla una ley de acceso a la información?

– Los países más difíciles han sido los que no tienen ley. Siempre los países que tienen leyes, aunque existan dificultades de implementación, la verdad es que cambia el debate porque ya no se trata de situaciones en las cuales frente a una petición de información tú recibes la respuesta de un funcionario de acuerdo a lo que considere que es público, sino que tiene que ajustarse a ciertas categorías legales.

– ¿Cuáles han sido los países más exitosos en el proceso de aprobación de una ley de acceso a la información?

– México, Chile y Uruguay son los países que han tenido experiencias y órganos garantes que han tenido éxito, pero también hay países de centroamérica como Honduras que por el contexto institucional siempre tienen grandes desafíos, pero la verdad es que el aporte que ha hecho el consejo para la transparencia de Honduras ha sido enorme para la construcción de la democracia del país y si bien no es comparable con otros países que tienen experiencias más formales, por eso es que decimos que siempre es ganancia contar con estos órganos. Estas leyes ayudan, pero no te arreglan el problema, pero sí te ayudan enormemente. Además son un muy buen paso para la construcción de un diálogo democrático. Desde la perspectiva de ese análisis político es clave que en países que están teniendo crisis graves, el gran comienzo de un diálogo es poner las cartas sobre la mesa y eso se llama ley de acceso a la información pública.

– ¿Cómo considera que en un corto, mediano y largo plazo se pueden ver cambios palpables a raíz de la aprobación de la ley en Venezuela?

– Teniendo un órgano o consejo garante, es un cambio palpable, es lo que más destacan los ciudadanos en las distintas experiencias. Es muy distinto tener la información y no tener a donde ir, y tener que contratar a un abogado para eventualmente llegar a una corte superior de justicia, que tener a un órgano facilitador que se hace cargo de ese problema y que va a resolver con una sentencia que es es definitiva si esa información es pública. El cambio sustantivo es un ciudadano no yendo desde la negativa a un tribunal, sino yendo a un ente que lo va a proteger y que va a estar luchando para que esta ley se haga realidad. El consejo para la transparencia es el encargado de lograr que todo se cumpla. Si el consejo para la transparencia dice que algo es público, tiene que ser público. Es una tremenda ganancia. Es un proceso sencillo y rápido para que el ciudadano que no siempre tiene que dar su identificación porque está considerado el anonimato dentro de la ley. En algunos lugares, como Chile o México, se puede pedir la información con nombre de fantasía.

-¿Quiénes deben cumplir con esta ley?

– Esta ley obliga tanto a las instituciones públicas y privadas. Hay dos formas de obligar: una es tener carácter de ente público, de organismo público. Esto pasa en todas las leyes de información. si eres un ente público, de acuerdo con la legislación nacional, tienes que tener información. Si eres un ente privado, tú lo único que tienes que entregar es una información o rendición de cuentas con respecto de los recursos públicos que te fueron entregados, en realidad no es que estén obligados a cumplir la ley, pero sí a rendir cuentas de los recursos públicos que les fueron asignados. Todas las leyes de acceso a la información están evolucionando hacia la inclusión de sectores específicos. Las empresas que prestan servicios públicos, debieran entregar cierta información y es un debate que están en desarrollo. Hay ciertos niveles de transparencia que se requieren en distintos sectores.

-Ha nombrado en varias ocasiones al órgano garante o al consejo que supervisa que se cumpla la ley, ¿qué facultades tiene esta figura?

-El consejo tiene facultades sancionatorias. Cuando no se entrega la información a tiempo, porque la ley establece un plazo para eso, y si no se entrega o se entrega parcial, el consejo tiene la posibilidad de aplicar sanciones pecunarias, multas y hasta la destitución. Los gobiernos tienen un interés en que esa información no se sepa, porque si no se ve de manera concreta la inseguridad que hay en el país, esa información en todos los países en donde se aprobó la normativa, terminó siendo pública. Es insostenible mantenerla en reserva. La historia no los ha demostrado desde el año 2003 cuando fue aprobada en México la primera ley de acceso a la información de América. A partir de allí surgieron una serie de leyes. Ellos fueron los primeros en exponer la necesidad de tener un órgano garante de acceso. Luego vino una avalancha, todos son procesos recientes y con aprendizajes de todo tipo.

Sin acceso a la información pública

Durante el 2014 Espacio Público realizó 21 peticiones de información a instituciones del Estado, apegados al artículo 51 de la Constitución Nacional que establece el derecho que tienen todas las personas de hacer preguntas a los funcionarios públicos sobre su gestión o datos de interés social, y de obtener oportuna y adecuada respuesta.

La participación popular no es posible sin información pública, el Estado venezolano es opaco; al evitar que las personas conozcan datos de relevancia social, niega la posibilidad de analicen y cuestionen la gestión de los funcionarios. La ausencia de transparencia es un componente que promueve la arbitrariedad y con ello se facilita la corrupción, la impunidad y las violaciones de los derechos humanos.

El panorama no resultó alentador. Del total de 21 solicitudes apenas una fue respondida, el resto no contó ni siquiera con la cortesía de un acuse de recibo; en consecuencia la opacidad fue la protagonista durante los últimos 12 meses. Tampoco hubo pronunciamientos o informes oficiales, como lo señala el artículo 143 de la Constitución, el cual establece el deber de la administración pública de informar oportuna y verazmente a la ciudadanía acerca de sus actuaciones.

Las solicitudes de información a diversos organismos del Estado estaban relacionadas a temas de interés nacional en materia de salud sexual y reproductiva, Internet, economía, seguridad ciudadana, contraloría nacional y medios de comunicación.

En mora con los ciudadanos

En materia de la salud sexual y reproductiva las instituciones del Gobierno a las cuales se les preguntó fueron: la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Poder Popular para la Salud; el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; la Maternidad Concepción Palacios; la Oficina Nacional de Presupuesto y al Coordinador Nacional del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio para la Salud.

Se solicitó a la Maternidad Concepción Palacios conocer si existen estadísticas sobre el aborto entre los años 2010 al 2014, y si se lleva un programa para concientizar y educar en esta materia. Al Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes conocer si existen investigaciones, estudios o proyectos sobre salud sexual y reproductiva. En ninguno de los casos hubo respuesta.

Al ministerio de la Salud se le pidió conocer la cantidad de dinero destinada a la promoción de la salud sexual y reproductiva en los años 2011, 2012, 2013; así como el presupuesto que recibió esa cartera ministerial en el mismo lapso. También se le solicitó a la Defensoría del Pueblo conocer si ha monitoreado el estatus de las recomendaciones que publicó en su informe 2008 en materia de salud sexual y reproductiva.

Internet y bloqueos

Espacio Público realizó cuatro peticiones de información con relación a la existencia de bloqueos en internet. Al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias y a la Compañía Anónima Nacional Telefónica de Venezuela (CANTV) se les preguntó sobre la existencia o no del bloqueo del servicio de Internet en el estado Táchira y otros estados y si hubo o no restricciones para acceder a determinados servidores.

A la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y al Director del Fondo de Investigación de Desarrollo de las Telecomunicaciones se les preguntó sobre los ingresos de recaudación de Fondo de Servicio Universal desde su creación, información específica sobre el monto pagado por cada contribuyente y la inversión realizada con los aportes recibidos, utilidad, proyectos ejecutados y resultados.

En torno al caso del bloque de la página web www.superfijo.com se realizaron cuatro peticiones de información entregadas a CANTV, Conatel, Instituto Nacional de Hipódromos y Telefónica Venezuela (Movistar).

Economía sin datos

En materia económica se solicitó al Banco Central de Venezuela conocer las razones del retraso en la entrega de las cifras tales como inflación, desabastecimiento y escasez, así como datos sobre el Producto Interno Bruto en 2014; a Petróleos de Venezuela (PDVSA) se le preguntó cuál era la producción petrolera 2014 y la razón por la cual esta información no ha sido publicada regularmente.

También se pidió al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas información sobre el Fondo Conjunto Chino-Venezolano, cifras de gestión presupuestaria de Venezuela 2012-2014, datos de gasto público de Venezuela 2012-2014 así como copia de todos los balances del Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (FONDEN) y conocer las razones por las cuales la información no ha sido publicada regularmente.

Por otra parte, se le preguntó al Ministerio del Poder Popular para el Turismo cuál había sido el monto destinado a la realización del video promocional de la Feria Internacional del Turismo 2014; de la misma forma se le preguntó a La Nueva Televisión del Sur (Telesur) cuál fue el monto pagado a Diego Maradona y Víctor Morales por su labor de comentaristas en el mundial de fútbol 2014, los gastos asociados al programa «De Zurda» y la proveniencia de estos fondos.

Inseguridad y silencio

En vista de la denuncia realizada por el periodista William Peña sobre presuntas persecuciones en su contra por parte de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGIM), se solicitó información en ese cuerpo de seguridad sobre la existe de una investigación abierta en su contra. El resultado fue una negativa rotunda de información por parte de esa instutición.

Además, se contactó al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz para conocer el panorama nacional en materia de trata de personas, y prevención del delito y al Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios se le preguntó con relación a la evolución y resultados del plan “cayapa al retardo procesal”, en estos casos, como en los anteriores, Espacio Público no obtuvo adecuada y oportuna respuesta.

La única respuesta

La Oficina Nacional de Presupuesto, se le consultó si había una línea presupuestaria orientada a esta materia, solo en esta última se obtuvo oportuna y adecuada respuesta, pues informaron que “El Ministerio previó un proyecto denominado «Fortalecimiento del Programa de Salud Sexual y Reproductiva como eje integrador de la política de salud por ciclo de vida» al cual asignó 34.567.477,00”.

Peticiones de información sin respuesta en el 2014

CANTV / Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología – 13.03.14

1. Indique si el servicio ha sido bloqueado en el estado Táchira y/o en algún otro lugar del país en los últimos días. De haber habido un bloqueo, informe si fue a través de una orden gubernamental, nombre de la persona que dio la orden y motivos del bloqueo del servicio de internet.

2. Indique si es cierto o no que ha habido restricciones o bloqueos por parte de CANTV a los sitios web “twimg.com”, “pastebin.com”, “bit.ly”, a la aplicación “zello.com”. De ser cierto, informe si fue a través de una orden gubernamental, nombre de la persona que dio la orden y motivos de la misma. Provea una lista de las páginas web bloqueadas y las fechas de bloqueo de las mismas.

3. Indique si es cierto o no que CANTV ha bloqueado diversos portales web de noticias. De ser cierto, informe si fue a través de una orden gubernamental, nombre de la persona que dio la orden y motivos de la misma. Provea una lista de las páginas web bloqueadas y las fechas de bloqueo de las mismas.

TELESUR – 28.07.14

1. ¿Cuál fue el monto total que TELESUR pagó por el contrato efectuado con Diego Armando Maradona y el periodista Víctor Hugo Morales, «para realizar la labor de comentaristas del mundial» 2014, en esta cadena televisiva? Especifique el monto pagado a cada uno de ellos.

2. Presente una relación del total de todos los gastos asociados al programa “De Zurda” de forma detallada, desde el momento de su creación indicando la proveniencia de dichos fondos.

Defensoría del Pueblo – 13.03.14

1. El año 2008 la Defensoría del Pueblo presentó un informe, el cual tuvo como finalidad dar a conocer los resultados obtenidos en la investigación denominada: “Situación de los Derechos en Salud Sexual y Reproductiva de las adolescentes que acuden a establecimientos asistenciales en Venezuela.  ¿Cuáles mecanismos ha implementado la Defensoría para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones del Informe? ¿Cuáles son los resultados obtenidos y avances logrados 5 años después de la publicación del mismo?

Ministerio del Poder Popular para la Salud – 13.03.14

1. Provea el presupuesto anual destinado a la salud en los años 2011, 2012 y 2013.

2. Presupuesto anual destinado a la promoción de la salud sexual y reproductiva en los años 2011, 2012, 2013 desglosado por fuente de ingresos, recursos humanos, infraestructura, divulgación equipo e insumos médicos en el Sistema de Salud.

3. ¿Describa los programas desarrollados sobre sexual y reproductiva? Provea los documentos de los programas efectuados que den cuenta de objetivos, metas, acciones e indicadores para evaluar su efectividad y los resultados obtenidos de la implementación de tales programas.

4. Describa los cursos de capacitación impartidos a los profesionales para brindar consejería con información de calidad y basada en la evidencia en materia sexual y reproductiva. Provea información sobre la cantidad de talleres dados, las fechas de los mismos y el número de beneficiarios.

5. Específicamente ¿qué acciones ha emprendido el MPPS para la divulgación e implementación de la  Norma Oficial Venezolana para la Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva en los centros de Salud?

6. ¿Cuál fue la asignación y ejecución presupuestaria total para el Programa(s) sobre mortalidad materna en el sistema de salud desagregado por recursos humanos, infraestructura, divulgación, capacitación, equipo e insumos médicos en el sistema de salud durante los años 2011, 2012 y 2013?

7. Número y descripción de los programas de salud ofrecidos en materia sexual y reproductiva exclusivos a adolescentes en los años 2011, 2012, 2013.

Espacio Público