Acarigua

El SNTP dijo que el argumento para el cierre fue «la concesión vencida de ambas estaciones radiales»

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció este martes que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de dos emisoras de radio en el estado Portuguesa.

De acuerdo con el SNTP, Conatel ordenó el cese de transmisiones de las emisoras Kalor 101.9 FM, en Acarigua; y Astro 97.7 FM, del municipio Ospino.

Según informó el sindicato, estas emisoras son propiedad del periodista Carlos Barrios, quien fue electo como alcalde del municipio Ospino en las pasadas elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre

«Conatel cerró este 28 de diciembre la emisora Kalor 101.9 FM, en Acarigua, estado Portuguesa. Ayer, 27 de diciembre, cerraron también Astro 97.7 FM en el municipio Ospino del mismo estado. Ambas estaciones son propiedad del periodista Carlos Barrios, alcalde electo de Ospino», indicó el SNTP.

Por otra parte, el SNTP dijo que el argumento para el cierre fue «la concesión vencida de ambas estaciones radiales que tienen 12 y 20 años de funcionamiento, respectivamente».

«Barrios calificó la acción como ‘una venganza’ por haber ganado la Alcaldía de Ospino el pasado 21 de noviembre», puntualizó el SNTP.

La ONG venezolana Espacio Público denunció el pasado 8 de diciembre, que en la localidad de Sabaneta, estado Barinas, la Alcaldía ordenó eliminar dos programas de la parrilla radiofónica de la emisora Play 101.1 FM, el 25 de noviembre.

El argumento para el cierre fue la concesión vencida de ambas estaciones radiales que tienen entre 12 y 20 años de funcionamiento, respectivamente.

No obstante, Barrios calificó la acción como "una venganza" por haber ganado la alcaldía de Ospino el pasado #21Nov

— SNTP (@sntpvenezuela) December 29, 2021

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LA CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA (CEV), lamentó los hechos violentos que se originaron el pasado 24 de mayo en un recinto policial en el estado Portuguesa, y pidió hacer justicia en el caso.

A través de un comunicado, exigió al Estado venezolano que inicie las investigaciones necesarias para aclarar la situación que dejo más de 20 muertos.

La CEV sostuvo que la Iglesia Católica “condena estas muertes y hace un llamado al Estado para que adopte medidas inmediatas que garanticen la vida y la integridad de las personas detenidas e inicie, a través de las instancias pertinentes las investigaciones correspondientes, a fin de determinar la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales que bien, por acción u omisión hayan promovido y suscitado estas muertes”, dice parte del documento.

En el comunicado, además, insisten en que es “responsabilidad” del gobierno garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentran privadas de libertad.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, pidió establecer responsabilidades en el caso del motín en la sede policial de Acarigua, en el estado Portuguesa, que dejó un saldo de 30 detenidos fallecidos y 19 policías heridos. La instancia subrayó que estos hechos, ocurridos el viernes 24 de mayo, deben investigarse con urgencia y expuso las condiciones para que la indagación sea confiable.

“Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer la responsabilidad de autores materiales, sino también de autores intelectuales y de autoridades responsables por acción u omisión”, señaló la CIDH.

3- La @CIDH urge a #Venezuela a investigar estos hechos. Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer la responsabilidad de autores materiales, sino también de autores intelectuales y de autoridades responsables por acción u omisión.

— CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) May 24, 2019

Recordó la CIDH que, al igual que otros organismos, durante los últimos años, ha manifestado especial preocupación por los altísimos niveles de violencia en cárceles en Venezuela. “Hacemos un llamado al Estado para adoptar medidas inmediatas que garanticen vida e integridad de personas detenidas”, indicaron a través de Twitter.

La Comisión informó que mantendrá el seguimiento a la situación de las personas privadas de libertad en el país y recordó al Estado su responsabilidad en resguardar la integridad de estos ciudadanos que están bajo su custodia.

Amnistía Internacional exigió una pronta e imparcial investigación imparcial sobre el motín en el Centro de Coordinación Policial de Acarigua, en el estado Portuguesa, que el viernes 24 de mayo dejó un saldo de 30 detenidos fallecidos y 19 policías heridos.

La organización defensora de derechos humanos enfatizó que es deber del Estado velar por los derechos de las personas privadas de libertad y no enfrentar sus demandas con una fuerza excesiva. Destacó que esta última característica pareciera ser el patrón que se aplicó en Acarigua.

“La muerte de estas personas bajo la custodia del Estado y sin que exista hasta ahora una explicación plausible de las autoridades, deja al gobierno de Nicolás Maduro como principal responsable de estas muertes”, señaló Amnistía Internacional.

A través de su cuenta, en Twitter, la organización sostuvo que el hecho, cuyo detalles no están claros, representa “un ejemplo más de la violencia constante y el abandono a los que está sometida la población carcelaria en Venezuela”.

El motín en la cárcel en Acarigua duró 10 días y se inició con la exigencia de los presos sobre visitas con estadía incluida, entrega de comidas y bebidas; el libre acceso de cigarros, alcohol y estupefacientes y la construcción de una visita.

FUERON 30 LOS PRESOS FALLECIDOS en una masacre en los calabozos del Centro de Coordinación N° 2 General José Antonio Páez en el sector Campo Lindo en Acarigua, estado Portuguesa, uno de los presos fue asesinado el jueves 23 de mayo y de allí se desato el conflicto que culminó el viernes 24 de mayo con 29 presos muertos, convirtiéndose en una nueva masacre, según informa a través de una nota de prensa el Obversatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Los cadáveres de los 30 reclusos fueron trasladados hasta el Hospital Dr. Jesús Casal Ramos de Acarigua, allí comenzaron a llegar sus familiares quienes fueron pasando para identificarlos. Una vez que tenían conocimiento que su ser querido estaba muerto comenzaba la faena con los papeles para retirar el cuerpo y según pudo conocer el OVP muchos de ellos no tenían recursos para darle cristiana sepultura a sus seres queridos.

“El Gobierno fue quien los mató ellos deberían darnos para enterrarlos”, expresó una de las tías de los fallecidos a un medio de comunicación local y es que un servicio funerario lo mínimo que cobraba era un millón 300 mil bolívares, muchos resolvieron pidiendo prestado a amigos, familiares, otros con donaciones de vecinos, algunos los ayudaron familiares de afuera, otros simplemente vendieron lo que tenían, pero casi todos son familias de escasos recursos y solo les alcanzó para adquirir los féretros más baratos.

Además del sufrimiento de haber perdido a sus familiares cada uno debió esperar para la entrega de los cuerpos porque en un principio en el Hospital no había suministro para hacer las autopsias, hasta este domingo en horas de la mañana eran 26 de los 30 cadáveres que habían sido entregados a sus familiares.

Humberto Prado, coordinador general de OVP pide a las autoridades una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de estos hechos pues  familiares aseguraron que algunos de los cadáveres presentaban orificios de bala en la cabeza y estas heridas fueron omitidas en los informes forenses, los documentos expresaban que la causa de muerte era por la explosión de un artefacto explosivo.

De igual forma, Prado exigió que no exista la impunidad en estos nuevos hechos violentos, que se ubique, enjuicie y condene a los responsables de esta masacre, así como el Estado debe reparar los daños causados a cada una de las víctimas y sus familiares.

En este sentido, solicitó una intervención de está policía en la que a través de videos se evidenció como los presos estaban armados y en una supuesta requisa realizada después de la masacre en donde además se observaron a los presos totalmente desnudos, violando totalmente su integridad, fueron presuntamente sacadas 17 armas de fuego, entre ellas pistolas, revólver y escopetas, tres artefactos explosivos tipo granadas, así como múltiples armas blancas.

“¿Quién arma a los presos?” se pregunta el coordinador general de OVP. “El preso ya está preso y bajo custodia de ellos, un familiar no puede introducir en sus partes íntimas una escopeta, una pistola o una granada, además ellos son sometidos a una rigurosa revisión que le violan hasta el alma” expresa Humberto Prado.

ESTE LUNES INICIÓ EL AÑO ESCOLAR DE LA ESCUELA TÉCNICA AGROPECUARIA SMURFIT CARTÓN DE VENEZUELA (ETA SCV), ubicada en Acarigua, estado Portuguesa lleno de incertidumbre. Sus 177 estudiantes entre los 11 y 16 años, sus 15 docentes, 11 empleados administrativos, empresas proveedoras de alimentos, desconocen cuál será el destino de esta institución, reconocida por su excelencia académica y la calidad profesional y humana de sus egresados.

La ETA-SCV fue fundada por la empresa Smurfit Cartón de Venezuela en 1995 para formar técnicos medios en producción forestal, posteriormente también en producción de pulpa y papel.  Hoy este proyecto, además de constituir el programa de responsabilidad social más importante de la empresa, es una relevante referencia educativa en los estados Portuguesa, Lara, Cojedes y Yaracuy.

Hasta el momento de sus aulas han egresado 450 estudiantes, 276 en la mención Forestal y 174 en Producción de Pulpa y Papel. Unos 180 egresados recibieron becas de la empresa para continuar estudios universitarios, 53 de sus egresados trabajan para la empresa.

Smurfit Kappa Venezuela, empresa que la semana pasada anunció que cesaba sus operaciones en el país, financiaba totalmente la institución que ofrecía a los estudiantes educación gratuita de altísima calidad bajo el régimen de internado. Los estudiantes llegaban a la ETA los lunes en la mañana y regresaban a sus hogares los viernes en horas de la tarde. El programa incluía las tres comidas, meriendas, uniformes, zapatos, útiles escolares, atención médica y odontológica, seguro médico, y orientación  vocacional y familiar, además de productos y enseres de aseo personal. Sus estudiantes eran seleccionados entre los mejores de las instituciones educativas de menores recursos económicos de los estados Portuguesa, Lara y Cojedes, donde la empresa tiene plantaciones forestales y Yaracuy, donde está ubicado el único molino que procesa madera en el país.

La intervención a esta empresa comenzó el pasado 21 de agosto con las instalaciones de la compañía Cartones Nacionales Molino, perteneciente al Smurfit Kappa Cartón de Venezuela S.A, ubicada en Valencia, estado Carabobo.

Según explicó el gobierno, la empresa fue tomada por un presunto “desacato laboral”. Sin embargo, el sindicato de la empresa no tardó en emitir un comunicado en respaldo a todo el Grupo, en el que aseguran que la intervención del gobierno “inquietud” e “incertidumbre” en los trabajadores y sus familias. 

El pasado 23 de septiembre, la empresa informó que había perdido el control de las instalaciones de su filial Smurfit Kappa Cartón de Venezuela, que fueron ocupadas por el gobierno, y que asumirá un cargo de 60 millones de euros.

Dos empleados de la compañía continúan bajo arresto, que Smurfit Kappa considera arbitrario.

*Con información de nota de prensa

Cinco funcionarios adscritos a la dirección de Investigaciones Estratégicas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron detenidos por estar implicados en una ola de robos perpetrada en la ciudad de Acarigua, estado Portuguesa.

Los funcionarios detenidos fueron identificados como los detectives del Sebin Jhosue Ysays Torín Alcalá, credencial T5FPNH, Bairon José Piñero Toloza, credencial X2EPKE, Franklin Virvalnez Giménez Giménez, credencial TCW3PB, Emerson Eloy Corobo Virguez, credencial 0XZBO6 y José Guillermo Suárez Rodríguez, credencial PA0RHO, todos adscritos a la Dirección de Investigaciones Estratégicas Sebin-Caracas. Asimismo se logró la detención del funcionario de la PNB José Ramón Cabello Puerta.

Los funcionarios de inteligencia fueron detenidos luego de que se recibieran denuncias sobre un grupo integrado por unos seis sujetos, quienes habían perpetrado al menos dos asaltos en la ciudad de Acarigua, uno contra un local comercial, donde luego de haberse identificado como funcionarios del Sebin, procedieron a robar a más de 20 clientes.

Posteriormente el grupo, que viajaba en un vehículo marca Volkswagen, modelo Golf, color blanco, placas AB478IT intentó despojar de su vehículo a un oficial de la Guardia Nacional.

Ante las denuncias la Base de Araure del Sebin activa operativo que logra dar con el paradero de los sujetos, capturándolos en el sitio e incautándoles cuatro pistolas calibre 9mm, dos bombas lacrimógenas, cinco chalecos de protección balística de color negro, tres de ellos identificados con logo de Sebin, tres gorras y tres camisas identificadas con insignias del Sebin, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares.

Los sujetos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público.

En un eventual accidente murió el entrenador y ex pelotero profesional, César Quintero de 52 años edad.

Quintero se encontraba practicando con el pitcher de los Cardenales de Lara, Williams Pérez, en el estadio «Bachiller Julio Hernández Molina» de Acarigua, cuando un arma que manipulaba este último se disparó supuestamente de manera accidental.

Fuentes indican que Quintero, quien jugó con Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes en la LVBP, recibió el impacto en el pecho y llegó con signos vitales a un centro hospitalario, sin embargo los galenos no pudieron salvarle la vida.

Pérez, quien viene de estar en la final contra los campeones Caribes de Anzoátegui, estaría siendo investigado y se habría puesto a la orden de las autoridades y familiares del occiso.

El derecho estuvo en las Grandes Ligas en la temporadas 2016 y 2017 con los Bravos de Atlanta y el año pasado jugó en Triple A con los Cachorros de Iowa, sucursal en las ligas menores de los Cachorros de Chicago.

Pérez, nativo de Acarigua y de 26 años, viene de firmar un contrato de liga menor con los Cachorros en noviembre de 2017 y está invitado a los campos de entrenamiento en Arizona la semana entrante.

Actualmente, el porte de armas de fuego es exclusivo para funcionarios del Estado y según el artículo 277 del Código Penal, «la detentación u ocultamiento de armas se castigará con pena de prisión de tres a cinco años».

Sport Web Publicidad, agencia que maneja a Pérez, publicó un comunicado oficial tras lo ocurrido.

#TeamSWP Comunicado sobre el caso Williams Pérez. pic.twitter.com/Vf0pswkWoO

— Sport Web Publicidad (@TeamSportWeb) 9 de febrero de 2018