Los cuatro militares que estuvieron al frente del MinSalud entre 2007 y 2013 dejaron una huella de censura e irregularidades. Para ello, se sirvieron de enroques estratégicos: un ejército de oficiales (capitanes, mayores y tenientes coroneles) fue acantonado en las áreas donde se pretendía ocultar el mal funcionamiento de la institución
@loremelendez | Especial para PROVEA
LA PRIMERA VEZ QUE EL PRESIDENTE Hugo Chávez confirmó públicamente que había dejado el Ministerio de la Salud en manos de un militar fue durante una alocución en Barquisimeto. La tarde del 26 de mayo de 2007 inauguró el Centro de Diagnóstico y Sala de Rehabilitación Integral «Dr. Benito González Artigas«, muy cerca de la Base Aérea de la capital larense, mientras tenía al flamante titular de la cartera a su lado, como con la intención de presentarlo en sociedad.
«Por aquí, a mi lado izquierdo, el comandante Jesús Mantilla, ministro del Poder Popular para la Salud. Lo saludamos con especial cariño, mucho afecto, y pido a todos la mayor de las cooperaciones, colaboración de todos para el éxito de la gestión que está comenzando el comandante Mantilla, después de haber desarrollado una gestión que no puedo sino calificarla de extraordinaria, al frente de la recuperación, la salvación y la puesta en funcionamiento con un alto nivel de eficiencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el seguro social», dijo durante los primeros minutos del acto que se transmitía en cadena nacional de radio y televisión.
Para ese entonces, ya Mantilla tenía oficialmente nueve días en el cargo. Su promoción había llegado a través del decreto 5.353, publicado en la Gaceta Oficial número 38.685 del 17 de mayo de 2007. Una semana después ya había hecho los tres primeros enroques de su nueva cartera: dos de estos, Julio César Uzcátegui, nuevo director de su despacho, y Asdrúbal David Torres Seijas, director General de la Oficina de Planificación, Organización y Presupuesto, eran militares como él.
La llegada del teniente coronel supuso un cambio en el manejo de la institución. Comenzaron a ocultarse las cifras de las enfermedades epidemiológicas que afectaban al país, pero también arreciaron las deficiencias en la infraestructura de los centros de salud, se cerraron servicios por insalubridad y falta de mantenimiento, y se comenzó a hablar de corrupción y mal manejo de créditos adicionales otorgados a esta cartera.
Quienes le siguieron a Mantilla en el cargo, –los tenientes coroneles Carlos Rotondaro y Luis Reyes Reyes, y la coronela Eugenia Sader– sólo contribuyeron a que la opacidad y los escándalos se mantuvieran en el tiempo.
Las denuncias por las irregularidades surgidas a propósito del paso de los militares por el Ministerio de Salud no son nuevas. Los reclamos han provenido de organizaciones no gubernamentales, de defensores de los derechos humanos e incluso de médicos reconocidos que, en el pasado, ocuparon el mismo cargo.
Sin embargo, lo que no se había mostrado era la red verde que todos, desde Mantilla hasta Sader, tejieron a su alrededor al momento de ser designados como titulares en la cartera. Junto a ellos, otras botas militares llegaron a posiciones de alta jerarquía para controlar desde oficinas de administración y planificación hasta las dependencias encargadas de la compra de medicinas.
Para revelar la red, Runrun.es revisó los directorios incluidos en las memorias y cuentas de los años de estos ministros en el poder y los comparó con las denuncias que se hicieron mientras estuvieron en ejercicio. Los hallazgos indicaron que algunas de las áreas controladas por los militares fueron señaladas de estar inmersas en irregularidades. Otras sólo sirvieron para continuar con la opacidad
El poder de Mantilla
La primera vez que la bota militar escaló hasta la cima del Ministerio de Salud en toda su historia fue en 2007. Jesús Mantilla, un coronel que venía de presidir el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), sustituyó a Erick Rodríguez, un médico especialista en salud pública y exdiputado del entonces partido oficial MVR.
La llegada de Mantilla –quien se graduó en la Academia Militar en 1987, junto al diputado Diosdado Cabello, en la promoción «General de Brigada Tomás Montilla»– significó una serie de cambios que le permitieron detentar más poder y controlar grandes presupuestos. Uno de las transformaciones más significativas ocurrió con el decreto presidencial dictado en enero de 2008, que agrupó a todos los hospitales y centros asistenciales del Distrito Capital y del estado Miranda en el Sistema Metropolitano de Salud.
“Vamos a revisar el área de los recursos humanos, la infraestructura y la dotación de equipos. Nosotros sentimos que ese es el primer paso de la conformación del Sistema Público Nacional de Salud, porque la aplicación de este decreto es un ensayo para mejorar la salud. Esto nos permitirá tomar otras medidas para concretar las bases para la centralización del sector”, dijo Mantilla en una entrevista a Últimas Noticias a propósito de aquella orden.
A las arcas del Ministerio entraron no sólo los recursos para sostener estos centros de salud sino también la partida de más de mil millones de bolívares que habían sido aprobada por la Asamblea Nacional y que se dedicaría a las remodelaciones de 62 hospitales de todo el país. Para manejar el dineral, ya Mantilla había blindado la cartera con aliados tan verdes como él. Además, él mismo se designó presidente de la Fundación de Edificaciones y Equipamientos Hospitalarios (Fundeeh), que se encargaría de la ejecución de las obras.
Al teniente coronel Julio César Uzcátegui lo ubicó en la dirección general de su despacho. Se trataba del hermano de su compañero de promoción, Luis Uzcátegui Ramírez, quien para entonces tenía a su cargo una jefatura en el Seniat que manejaba José David Cabello, hermano de Diosdado Cabello. Todo quedó entre familiares y “montilleros”, como se hacen llamar los miembros de la promoción de Mantilla y Cabello. Julio César Uzcátegui estuvo en el cargo durante el primer año y, posteriormente, pasó a manejar la administración de la Fundación Barrio Adentro en Vargas, que ya para el momento era blanco de críticas por la cantidad de módulos que tenía cerrados.
José Leonardo Pirela Viloria fue otro de los “montilleros” que estuvo en el MinSalud. A él lo nombraron director general de la Oficina de Recursos Humanos, posición que ejerció hasta febrero de 2009. Tal como Uzcátegui Ramírez, recaló posteriormente en la Fundación Barrio Adentro, sólo que en un cargo más privilegiado: el de miembro del Consejo Directivo.
Otro militar que arribó al Ministerio fue el capitán (asimilado) Asdrúbal David Torres Seijas, quien ocupó la silla de director general de la Oficina de Planificación, Organización y Presupuesto. Allí permaneció hasta 2010, cuando Eugenia Sader tomó las riendas del despacho.
En la dirección general de la Oficina de Gestión Administrativa, el entonces ministro puso al teniente coronel Hernán Akhnaton Noguera Mejías, quien se graduó en la Academia Militar dos años después que él y ha seguido a sus órdenes incluso después de salir de la cartera de Salud. Noguera Mejías –quien el año pasado estuvo implicado en un caso de «Desobediencia» por la pérdida del dinero de una caja fuerte y tuvo que declarar ante una corte marcial– es hoy director de Administración de la Zona de Defensa Integral (Zodi) del estado Bolívar, controlado por Mantilla.
El teniente coronel fue sustituido en junio de 2009, apenas dos meses antes de la salida de Mantilla, por Juan Alberto Guerrero Martín, un militar que pasó, fugazmente, por la cartera de Salud. Este era otro teniente coronel, graduado de la Academia Militar junto a Noguera Mejías. En octubre de ese mismo año, semanas después del arribo de Rotondaro, fue removido.
Con todas estas boinas a su mando en las áreas de administración, dirección, recursos humanos y planificación, Mantilla pudo manejar los recursos a su antojo.
A finales de 2008, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) reveló en su informe “Situación Derecho Salud Venezuela 1998-2008” que durante el primer año de Mantilla, los hospitales colapsaron.
“A partir de ese año, los problemas más relevantes recogidos comienzan a ser la falta de personal médico y de enfermería, las deficiencias de infraestructura, insalubridad, fallas de mantenimiento y contaminación quirúrgica, y el cierre de servicios, traslado de pacientes a otros centros y maltrato. Uno de los elementos más críticos en Caracas fue la realización de obras inadecuadas y hacer obras de manera simultánea en todos los hospitales. Estas obras no cumplieron con los plazos de entrega previstos y presentaron irregularidades”, indicó el documento.
El informe “Riesgos de corrupción en el sector salud. Experiencia del Comando Antiguiso” de Transparencia Venezuela, publicado en diciembre de 2013, señaló 6 situaciones susceptibles o vulnerables frente a hechos de corrupción en el área. De estas, al menos tres se presentaron durante la gestión de Jesús Mantilla, justamente en la aplicación del plan de “reparación, recuperación y/o construcción de la infraestructura física de 62 hospitales”: la construcción y reparación de infraestructura hospitalaria; la selección de proveedores, compra (importación), distribución y mantenimiento de equipos médicos (tecnología); y el uso continuo de la figura de créditos adicionales para cubrir el déficit presupuestario.
El resultado es que, todavía hoy, hay proyectos que jamás se llevaron a cabo. Varios informes de la Contraloría General de la República también dieron cuenta de los atrasos y sus consecuencias.
El orden cerrado de Rotondaro
El actual general de brigada, Carlos Rotondaro, no se desprendió de su investidura de presidente del IVSS –que asumió luego de que Mantilla se erigiera como titular de Salud– durante los siete meses que estuvo al frente del Ministerio. En ese período, aunque corto, ubicó a tres de sus aliados militares en puestos de relevancia. Uno de ellos fue el entonces mayor asimilado Alexis Parra Soler, quien se convirtió en viceministro de Redes de Servicios de Salud y también en director general del I Nivel de Atención en Salud. Ambos cargos los ejerció sin abandonar la posición en la que hoy continúa: la de director del hospital Domingo Luciani, de El Llanito, que está por cierto bajo la tutela del IVSS de Rotondaro.
Otro militar que llegó al Ministerio fue el capitán asimilado José Gregorio Flores Tovar, quien pasó a la Dirección General de la Red de Hospitales, encargada de velar por el funcionamiento del III Nivel de Atención en Salud del Sistema Público Nacional de Salud, es decir, de 237 hospitales en todo el país.
El arribo de Rotondaro también significó el desembarque de la coronela Eugenia Sader en la cartera, quien al año siguiente sería ministra. Durante esos siete meses fue designada como presidenta de la Fundación Misión Barrio Adentro y fue el propio Hugo Chávez quien le dio la bienvenida pública en un acto en el que recibían al paciente número un millón de la Misión Milagro, en el estado Vargas.
Con estos enroques, el ministro buscaba que todo marchara a su compás e intentaba silenciar lo que sucedía en los hospitales y en los módulos de Barrio Adentro. La falta de personal se había incrementado porque quienes hacían denuncias sobre las deficiencias en infraestructura y pésimos salarios eran despedidos. Sin embargo, algunos reclamos de médicos y enfermeras saltaron el cerco y hacerse públicos, como los de la Maternidad Concepción Palacios, que para el momento contaba sólo con la cuarta parte de la nómina que requería, o los de las clínicas populares que funcionaban sin anestesiólogos.
Tras la renuncia de Rotondaro, Parra Soler hizo lo propio. Para ese momento, varios medios de comunicación se hicieron eco de un rumor. El presidente del IVSS no abandonaba la titularidad por motivos de salud, como lo había expresado, sino que lo hacía por discrepancias con la dirección médica cubana que se infiltraba en el sistema.
El vuelo fugaz de Reyes Reyes
Otra bota militar que pasó por MinSalud fue la del teniente coronel de la Aviación Luis Reyes Reyes, el ex gobernador de Lara quien para ese momento era ministro del Despacho Presidencial, un puesto desde donde había hecho inspecciones a la cartera de Salud. Semanas antes de que se oficializara, su nombramiento era un secreto a voces.
En entrevista con El Nacional, el ex ministro de Sanidad y Asistencia Social, Carlos Walter, opinó para ese entonces que la idea de poner a militares como titulares del área se relacionaba con la necesidad de buscar autoridades que no cuestionaran a la misión médico cubana que pretendía controlar parte del Sistema Público Nacional de Salud.
“La decisión de designar otro militar a la cabeza del Ministerio de Salud resulta coherente con la política del Presidente de colocar en el cargo a personas de su confianza y sin grado alguno de formación o experiencia en ese campo. Reyes Reyes es el tercer militar que ocupa esa posición. El perfil de los dos ministros anteriores, Jesús Mantilla y Rotondaro, es el mismo que el del nuevo ministro», afirmó en febrero de 2010.
La gestión de Reyes Reyes sólo duró tres meses, porque en mayo de 2010 fue sustituido por Eugenia Sader. A ella, por cierto, la ascendió durante este período a viceministra de Redes de Salud Colectiva. El otro enroque militar fue el del coronel de la Aviación (la misma fuerza a la que pertenece el ex gobernador) Orlando José Colina Morrell, quien se desempeñó en la época como director general de la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. A él lo designó incluso antes de llegar a la cartera.
La coronela y la falta de medicinas
Con Eugenia Sader, los profesionales de la medicina volvieron al despacho de Salud. Sin embargo, esta nueva titular venía con un añadido: también era militar. Se había asimilado y era coronela de la Aviación. Además, ya llevaba 10 meses en otros cargos del despacho.
A pesar de que su llegada hizo pensar que la opacidad y las irregularidades acabarían, los pronósticos fueron errados. La de Sader fue una de las gestiones más criticadas por su falta de transparencia. De la cartera, sólo salió luego de que Chávez muriera, a pesar de que varias organizaciones no gubernamentales habían introducido demandas contra ella al señalar que había mal manejo de recursos para insumos, medicinas e infraestructura. Además, mientras estuvo al mando, Sader no sólo fue ministra, sino que también se desempeñó como presidenta de la Fundeeh y de Barrio Adentro.
En 2014, Sader fue imputada por la comisión de peculado doloso y asociación para delinquir. Para la fecha, ya había salido del Ministerio y en su lugar, Nicolás Maduro puso a la médico Isabel Iturria.
Cuando la coronela entró al MinSalud, designó a José Rafael Carrillo Márquez como director general de la Oficina de Atención al Ciudadano y, al año siguiente, como la máxima autoridad de la Red Ambulatoria Especializada. Carrillo Márquez, al igual que ella, era médico y coronel asimilado. Venía de haber ocupado la subdirección médica del Hospital Militar «Dr. Carlos Arvelo».
El control militar, durante el dominio de Sader, llegó hasta el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR – SUMED), con los nombramientos de Nicolás Gustavo Seijas Arrieta (2010-2011) y de Julio César Aguilar Rondón (2011-2013) como directores generales de la institución.
Fue precisamente en el área de la compra y distribución de medicinas –de la cual el SEFAR es responsable– en donde se presentaron parte de los problemas que acompañaron a la ministra. En abril de 2011, los pacientes de SIDA reclamaron la escasez de los retrovirales que son cruciales en sus tratamientos; el informe del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) de 2012, señaló que hubo fallas frecuentes en los procesos de abastecimiento de insumos y medicamentos dentro de los hospitales. Sader, mientras tanto, culpó a la industria farmacéutica por esta falta.
La bota sigue
Aunque desde 2013, cuando Sader fue destituida, no ha vuelto ningún militar a la cabeza del Ministerio de Salud, las charreteras continúan presentes dentro del sistema. En la cartera que hoy dirige Luisana Melo hay dos que se vislumbran en su organigrama. Ya no están en los cargos más altos del despacho, pero sí en los regionales.
La médico y mayor asimilada María Alejandra Ruiz Fernández es directora Regional de Salud de Monagas, mientras que Germán Dalmiro Rodríguez Totesautt hace lo propio en la Dirección Estadal de Salud de Guárico. Poco después de convertirse en titular, Melo nombró a otro militar, Armando José Marín Rojas, como director del Hospital Jesús Yerena de Lídice. José Rafael Carrillo Márquez, coronel asimilado que ocupó dos cargos en la gestión de Sader, es jefe del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del estado Portuguesa y antes fue director del Hospital Vargas de Caracas. Allí, mientras estaba al mando, una paciente murió al caer en un hueco que había quedado en un pasillo tras una remodelación inconclusa.
La otra presencia militar importante dentro del sistema de salud está en el área de la infraestructura de hospitales. Melo, al igual que Sader y los otros militares, se autodesignó como presidenta de la Fundeeh, institución que desde mediados de 2014 firmó un convenio con el que se delegó la mayor parte de las remodelaciones y construcciones sanitarias a Construfanb, la compañía adscrita al Ministerio de la Defensa que fue creada en 2013 y que forma parte de la llamada Zona Económica Militar Socialista. Entre sus deudas están los seis centros asistenciales de alta tecnología y especialización, pertenecientes al programa Barrio Adentro IV, que comenzaron a construirse en 2007 y que heredó la empresa militar. Estas edificaciones aún permanecen en ruinas.
Para la abogada Rocío San Miguel, presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, la bota militar entró al sistema de salud cuando el Plan Bolívar 2000 se activó con operativos y unidades móviles en hospitales. Hoy, esa presencia continúa a través de las milicias, un brazo de la FAN que es “leal” a la “revolución”.
“Tener a los milicianos en los hospitales comprueba que hay una necesidad de control social, es un mecanismo para evitar la protesta, para que no se retrate lo que ocurre”, comentó San Miguel.
El paso más reciente a la continuación de la militarización de la salud fue el anuncio del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, de llevar la Gran Misión Abastecimiento Soberano hasta 60 hospitales tipo III y IV, con el fin mejorar dentro de ellos la prestación de sus servicios y manejar la distribución de insumos y medicinas. El augurio de la misma San Miguel es que la improvisación lleve el plan al fracaso.
Insignias para la censura
Cuando Jesús Mantilla arribó al MinSalud, las voces críticas al nombramiento no se hicieron esperar. Se reprochó, en principio, que quien era teniente coronel en aquel entonces no fuese un civil o un médico, como tradicionalmente había ocurrido desde que se creó el ministerio. Meses después, los reclamos se dirigieron a su incapacidad para asumir los retos que comportaba su posición. En enero de 2008, Copei le señaló por su “incompetencia” para manejar la política de salud en Venezuela y rechazó el resurgimiento de enfermedades que ya habían sido controladas como dengue, parotiditis y varicela. En marzo de ese año, se le culpó por la muerte de 6 recién nacidos en la Maternidad Concepción Palacios por falta de personal médico en el sitio.
Pero lo que más recuerda el epidemiólogo y ex ministro de Sanidad José Félix Oletta es que el acceso a la información sobre las enfermedades que se propagaban en Venezuela durante períodos específicos se cerró. El Boletín Epidemiológico que se publicaba desde 1937 dejó de circular.
Según Oletta, Mantilla se sirvió de la excusa de no creer en epidemiólogos para ordenar la suspensión del boletín. La situación comenzó entre septiembre y octubre de 2007, cuando hubo un brote de dengue que duplicó las cifras del año anterior; y continuó durante todo 2008, cuando la Sociedad Venezolana de Infectología y el Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de la Universidad Central de Venezuela alertaron sobre una pandemia de parotiditis. En 2009, cuando ocurrió la pandemia de H1N1, tampoco se dio información.
En respuesta, las Sociedades Científicas Médicas elaboraron sus propios boletines, pero estos no podían registrar todos los casos. “Había una restricción absurda de información que impedía ver la evolución de la epidemia. Era muy triste porque cada vez que había una epidemia, lo que hacíamos era literatura técnica”, afirmó Oletta.
Para ese momento, Provea y Espacio Público introdujeron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que se reanudara la publicación de los datos epidemiológicos. Con Rotondaro y Reyes Reyes, el silencio continuó.
Aunque la llegada de Eugenia Sader hizo que los boletines se publicaran durante los primeros meses de su gestión, un brote de encefalitis equina provocó que nuevamente se interrumpiera la divulgación de la información. “Sader omitió información sobre el brote postpandémico de H1N1, hubo dificultad para obtener información del cólera importado de Cuba y un brote de mayaro”, recalcó Oletta.
“Esa es la terrible herencia de los militares: privar a los médicos y ciudadanos de esta información. El desasosiego, la falta de transparencia y la oscuridad en su gestión se tradujo en censura y corrupción”, apuntó el especialista. Hoy, el silencio de MinSalud continúa. Las cifras precisas de muertes e infestados de las epidemias de dengue, malaria, zika y chikungunya se desconocen.
