Este martes, 27 de febrero, Juan González Taguaruco, abogado defensor de Rocío San Miguel, denunció que no han podido impugnar la privación de libertad de la activista y tampoco asistirla con la defensa privada.
«Se ha vulnerado el derecho de la doctora San Miguel y del señor González de Canales a comunicarse con sus familiares y abogados de confianza. El retardo en la constitución de la defensa técnica trae un gravamen adicional y es que no se pudieron impugnar las decisiones que restringen la libertad de los detenidos, lo que es una violación grave al derecho a la defensa», enfatizó el abogado en declaraciones a VPItv.
El abogado explicó que ayer se venció el plazo para que el Tribunal 2° de Terrorismo se pronunciara ante la solicitud de la hija de Rocío San Miguel de que se le permitiera juramentar a la defensa de la activista; pero ello no ocurrió. No hubo respuesta.
«A 19 días de su detención forzada, todavía sus abogados privados no han podido realizar este procedimiento que garantizaría una asistencia legal», dijo González.
González Taguaruco subrayó que no existe ningún elemento probatorio que compruebe los señalamientos que ha hecho de forma pública el fiscal general designado por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab.
«Las diligencias de la fase preparatoria tienen carácter reservado, si respetamos la ley no podemos revelar el contenido del expediente. Con mucha ligereza, el ciudadano Tarek William Saab ha mostrado los mapas que tenía Rocío San Miguel, por supuestamente tener evidencia de interés criminalístico relevante. Esa información de los mapas está en la Gaceta Oficial y además la doctora es investigadora y fue profesora de la Escuela Superior de Guerra», indicó.
El abogado de la presidenta de Control Ciudadano también considera un absurdo pretender vincular a Rocío San Miguel con un plan para asaltar unidades militares «por el hecho de que aparezca en el directorio telefónico de un oficial».
Detenidos y presentados ante Tribunales Contra el Terrorismo
San Miguel permanece detenida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide. El 12 de febrero, la abogada fue presentada ante el Tribunal 2do Contra Terrorismo, donde fue imputada por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, y sin la presencia de sus abogados.
Por su parte, Alejandro González de Canales, coronel retirado de la Aviación, está recluido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta. El militar fue acusado por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
La ONG Encuentro, Justicia y Perdón informó el lunes 26 de febrero que la defensa de la presidenta de Control Ciudadano presentó un recurso de apelación contra la decisión dictada por el Juzgado 2do. de Terrorismo, que limita el ejercicio del derecho a la libertad de los ciudadanos Miranda Díaz San Miguel, Luís Alberto San Miguel, Miguel Ángel San Miguel y Víctor Díaz Paruta.
*Con información de TC
