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Sanciones

3x3 | Administración Biden usará las sanciones como arma de negociación
Analistas consideran que si bien la nueva administración estadounidense abogará más por la negociación y el diálogo, seguirá sin reconocer la legitimidad del gobierno de Maduro 

@franzambranor

Posando su mano sobre una vieja biblia, el demócrata Joe Biden se juramentó este miércoles, 20 de enero, como presidente de los Estados Unidos. En el Capitolio, que quince días atrás había sido atacado por radicales simpatizantes del mandatario saliente Donald Trump, el demócrata prometió unir nuevamente a la nación, recuperar la economía y no subestimar al coronavirus.

Anthony Blinken, nominado por Biden para ejercer el cargo de Secretario de Estado, dijo el martes 19, durante una audiencia en el Senado, que el gobierno entrante seguirá reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y a la Asamblea Nacional electa en 2015 como única institución legítima. 

“Debemos seguir con la presión hacia el régimen, liderado por Nicolás Maduro, un dictador brutal”, dijo Blinken.

El nominado por Biden sostuvo que coincide con la estrategia que trazó Trump respecto al gobierno de Maduro. “Necesitamos una política efectiva, que restaure la democracia en Venezuela”.

La internacionalista Giovanna De Michelle, el abogado Mariano De Alba y el analista político John Magdaleno coinciden en que probablemente Biden deseche la línea de confrontación que mantenía Trump hacia el gobierno de Maduro y apele a algún tipo de acercamiento que pueda generar un cambio. 

También concordaron en que eventualmente las sanciones de Estados Unidos al gobierno de Venezuela se convertirán en un arma de negociación con Maduro. 

¿Qué significa para Venezuela la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos? 

Giovanna De Michelle: Se abren posibilidades de diálogo y negociación. Probablemente se revisen algunas sanciones como las que se adoptaron en 2019 con relación al mercado petrolero; al tiempo que se acentuarán las sanciones individuales. Se revisará el estatus de la relación diplomática con la administración de Nicolás Maduro, sin desconocer la relevancia de llegar al liderazgo opositor representado por Juan Guaidó. Será una relación en varios niveles, públicos y privados. 

Mariano De Alba: Es difícil estimar los tiempos, pero yo creo que eventualmente si habrán cambios importantes con respecto a la política de su antecesor. En primer lugar, mayor disposición a un diálogo más directo con el gobierno de Maduro para explorar si se pueden concretar avances, abriendo la posibilidad de que haya concesiones de ambos lados. En segundo lugar, mayor disposición a utilizar el posible levantamiento de las sanciones económicas como herramienta de negociación. Tercero, un renovado esfuerzo para coordinar mejor la posición de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa sobre la situación de Venezuela y mayores esfuerzos para discutir cómo se puede avanzar con los países que siguen apoyando a Maduro como Cuba, Irán, China, Rusia y Turquía. 

John Magdaleno: La llegada de Biden al poder probablemente signifique importantes cambios en materia de política doméstica y exterior. En cuanto a Venezuela, la administración Biden podría estar dispuesta a reiniciar un nuevo ciclo de negociaciones, pero es poco lo que podemos saber por lo pronto acerca del momento en que ello podría tener lugar, la metodología de trabajo, los temas por abordar y los actores eventualmente involucrados que no necesariamente serían los mismos de siempre 

¿Podría la administración Biden en algún momento reconocer al gobierno de Maduro?

GM: Cualquier posibilidad de diálogo parte del reconocimiento de su control efectivo del poder en Venezuela, lo cual no implica un reconocimiento de legitimidad. Es lo que le costó mucho comprender a la administración de Donald Trump y buena parte del liderazgo opositor. Pretender ignorar que Maduro controla efectivamente el poder en el país es no comprender la complejidad de la realidad venezolana.

MA: Un reconocimiento formal es improbable, salvo que el régimen de Maduro haga importantes concesiones que encaminen al país a una elección presidencial con debidas garantías. Lo que habrá será mayor disposición a tener contactos y abrir canales de comunicación para llegar a acuerdos que permitan avanzar hacia ese escenario. Pero en este momento parece improbable que esos contactos vayan a prosperar. Con respecto a Guaidó, seguirá siendo reconocido como el líder primordial de la oposición, pero también estimo que la Casa Blanca y el Departamento de Estado buscarán hacer un esfuerzo para ampliar sus contactos con diversos sectores políticos y de la sociedad venezolana, para también escuchar y evaluar lo que está ocurriendo y cómo puede Estados Unidos ayudar a los venezolanos a acercarse a una solución. 

JM: Probablemente lo piense el chavismo, pero puede que el presidente Biden piense otra cosa muy distinta. Dudo que el gobierno venezolano obtenga reconocimiento como administración legítima por parte de la mayoría de los países democráticos pro-occidentales. Lo que puede llegar a ocurrir es el inicio de un proceso en el que a cambio de flexibilización de algunas sanciones específicas, el gobierno se vea obligado a restituir algunas garantías que ha violado sistemáticamente. No obstante, en virtud de la mala fama de diversos actores del autoritarismo venezolano, bien ganada por demás en virtud de su escasa o nula voluntad para reconocer derechos y garantizar su libre ejercicio, no será un proceso de negociación sencillo. Para que sea factible un acuerdo básico, se requiere configurar un contexto de crecientes amenazas y simultáneamente incentivos para algunos factores de poder de la coalición dominante, al tiempo de una “situación límite” que los presione. 

¿Veremos más sanciones o acercamientos entre una administración y otra?

GM: Me parece altamente probable que se restablezcan las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington lo cual permitirá un canal de diálogo directo con la administración de Nicolas Maduro. Una cosa es lo que quiere el chavismo y otra lo que esté dispuesto a dar el gobierno de Biden. Es difícil ser taxativos en las posibilidades, pero me inclino a ponderar con mayor probabilidad de ocurrencia, el escenario de más sanciones individuales que permitan precisamente abrir el espacio de negociación. No hay negociación real, sin presión real. 

MA: Creo que sí habrá encuentros, especialmente privados. Al menos en el corto y mediano plazo. Si hay avances en las conversaciones y en la compleja situación que vive el país desde el punto de vista humanitario y democratico, entonces si aumenta la posibilidad de encuentros públicos y medidas como reapertura de oficinas bilaterales. Veo factible más sanciones personales. Creo que las económicas van a entrar en un proceso de revisión y también podría haber mayor reticencia a expandirlas. Pero es fundamental tener en cuenta que todos estos cálculos dependen especialmente de lo que suceda dentro de Venezuela.

JM: Es posible que se produzcan encuentros, pero creo que las sanciones personales a funcionarios involucrados en delitos van a continuar. Quizás la administración Biden reevalúe el impacto y finalidades de las sanciones económico-financieras. Pero todavía es muy prematuro para  saber qué va hacer la nueva administración con este tipo de sanciones. Lo lógico es esperar que una nueva administración tan pronto se instale, efectúe una serie de análisis y evaluaciones de entorno, de escenarios, de repertorio de opciones estratégicas disponibles, de los impactos potenciales de determinadas decisiones y políticas públicas. 

Sanciones no tuvieron impacto negativo en compra de comida y medicinas
Hubo un aumento en la importación de alimentos y farmacos por el orden de los $ 44 millones y $ 21 millones, respectivamente

La firma de consultoría Anova elaboró un informe el miércoles 20 de enero en el que si bien las sanciones impuestas por Estados Unidos a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en 2017 sí tuvieron impacto sobre la producción de crudo en el país, hubo un efecto positivo sobre las importaciones de alimentos y medicinas a nuestra nación, lo que permitió la existencia en los anaqueles de los insumos humanitarios básicos. Es decir, que las medidas coercitivas no perjudicaron la compra de comida y fármacos.

Anova detalla que la estrategia de sanciones sobre Pdvsa es responsable de la caída parcial de la producción petrolera en Venezuela. Al aplicarse estas medidas financieras en 2017, refiere el informe que se registró una «discontinuidad en la trayectoria» de la elaboración de crudo de unos 131 mil barriles de petróleo diarios (bpd) al momento de generarse la penalización, o un 6,2% de la producción que había en el momento.

Entre agosto de 2017 y diciembre de 2019, la producción de crudo cayó 1,24 millones de bpd. En ese sentido, este mecanismo de sanciones produjo la caída en 45,2% de la producción. Por otro lado, los análisis revelan que tras la entrada en vigencia de las sanciones por parte de EEUU hubo un aumento en la importación de alimentos y comida por el orden de los $44 millones y $21 millones respectivamente.

Además, disminuyó la velocidad mensual en la caída de las importaciones de alimentos de unos $6,5 millones al mes, mientras que de medicinas hubo un efecto similar por el orden de los $5,8 millones al mes, lo que según su análisis corresponde a una estabilización en el consumo de estos productos, considerados humanitarios.

«Puede ser el caso que la asociación estadística aquí encontrada entre sanciones y disponibilidad de alimentos /medicinas no tenga carácter causal, al menos de manera directa, considerando que el inicio del evento estudiado (sanciones) coincide con otro evento que ha sido omitido del análisis: la liberalización de la economía venezolana. Se sabe que a partir del segundo semestre de 2017, el gobierno abandonó de facto sus políticas de controles de precios y de cambio, y permitió la libre importación de bienes y servicios, lo cual probablemente impactó la trayectoria observada», detalla Anova en su informe.

En la misma línea, argumentó que la flexibilización de los controles de la economía que había impuesto la administración de Nicolás Maduro pudo ser un resultado de estas sanciones.

Las medidas contra Petróleos de Venezuela son un mecanismo que el gobierno del expresidente Donald Trump utilizó para forzar la salida de Maduro del poder, argumentando siempre que no se les impedía comprar alimentos y medicinas a las autoridades venezolanas; considerando que en general buscan recursos tanto para el enriquecimiento personal como para actividades irregulares.

Sin embargo, desde el Ejecutivo se considera que en efecto, se les coarta la libertad de utilizar recursos en el extranjero para poder comprar los insumos que necesitan los ciudadanos que hacen vida en nuestra nación.

Gobierno chavista y Cuba crean observatorio sobre sanciones
Rodríguez defendió los «lazos de hermandad» entre Venezuela y Cuba

Foto: @ViceVenezuela

El gobierno de Nicolás Maduro y el de Cuba crearon un observatorio para dar seguimiento a las sanciones que pesan sobre ambas naciones, decretadas en su mayoría por Estados Unidos.

Delcy Rodríguez, quien viajó a La Habana a tratar esta iniciativa, también presentó la llamada Ley Antibloqueo, aprobada en Venezuela por el chavismo para evadir las sanciones de EEUU.

«Hemos acordado la creación de un observatorio binacional para hacer seguimiento a las medidas coercitivas, unilaterales, ilícitas e ilegítimas (sanciones) que hay sobre Cuba y sobre Venezuela», señaló Rodríguez.

 

Rodríguez no entró en detalles sobre esta iniciativa, de la cual se hablará próximamente con información más precisa.

Desde la isla Caribeña, la vicepresidenta chavista denunció la búsqueda de la «asfixia económica» de ambos países y el supuesto «cerco financiero» que pesa sobre ellos.

«Estamos compartiendo información relevante, estamos trabajando, nada ha podido perturbar ese camino a pesar del criminal bloqueo imperial que hay contra nuestros países», añadió.

Asimismo, la funcionaria del chavismo defendió los «lazos de hermandad» entre Venezuela y Cuba, una alianza que «no la ha podido detener nada, ni siquiera el criminal bloqueo más bajo que ha conocido la humanidad».

Sobre Venezuela, además de las impuestas por EEUU, pesan también las de la Unión Europea, que incluyen el embargo de armas y equipos que puedan utilizarse para la represión y la prohibición de entrada y congelación de activos a 36 dirigentes chavistas.

Con información de EFE

EEUU cataloga a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo e impondrá más sanciones
La medida es tomada 9 días antes de que Joe Biden, quien respaldó los acercamientos diplomáticos con Cuba como vicepresidente de Barack Obama, tome posesión como presidente de Estados Unidos

 

El gobierno de Estados Unidos, bajo las órdenes de Donald Trump en una de sus últimas acciones como presidente antes de ceder el poder el 20 de enero, decidió reincorporar a Cuba a la lista de Estados que patrocinan el terrorismo, lo que implica la posible aplicación de nuevas sanciones contra el país caribeño.

«La designación de hoy sujeta a Cuba a sanciones que penalizan a las personas y países que entablen cierto tipo de trato comercial con Cuba. Limita la asistencia exterior de Estados Unidos, prohíbe exportaciones y ventas en el área de defensa y establece determinados controles a las exportaciones de artículos de doble uso», remarca el comunicado publicado por el Departamento de Estado.

La medida fue anunciada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien argumentó razones por las cuales Cuba reaparece en esta lista. Entre ellas, destacó la negativa del gobierno de Miguel Díaz-Canel de albergar fugitivos estadounidenses, también de no extraditar a comandantes guerrilleros colombianos y por apoyar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

De esta forma, Washington vuelve a considerar a Cuba como país que patrocina el terrorismo, después de que Barack Obama lo retirase de esta «lista negra» en un intento por mejorar las relaciones con La Habana. Este acercamiento fue respaldado por su entonces vicepresidente, Joe Biden, que a partir del 20 de enero tomará posesión como presidente de Estados Unidos.

Durante sus cinco años de mandato, Trump ha intentado revertir muchas de las decisiones de Obama en torno a su política exterior y especialmente su relación con Cuba. Por este motivo ha impuesto sanciones y recrudecido su postura frente al país insular.

Las sanciones más recientes contra La Habana incluyen restricciones que implican la prohibición de la mayoría de los viajes de Estados Unidos a Cuba y las transferencias de dinero entre ambos países, a pesar de que muchos cubanos en territorio estadounidense envían dinero a sus familias en Cuba.

*Con información de TalCual 

EFE Ene 01, 2021 | Actualizado hace 3 años
Estados Unidos sanciona al banco BFI de Cuba
La medida se hará efectiva una vez que el Departamento de Estado publique la en su web la versión actualizada de la Lista Restringida de Cuba

 

Este viernes, 1 de enero, Estados Unidos anunció la inclusión al Banco Financiero Internacional S.A. (BFI), en la “lista negra” de empresas cubanas con las que los estadounidenses tienen prohibido llevar a cabo transacciones, en un intento de apretar el yugo a la cúpula militar de la isla.

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, reveló en un comunicado la nueva sanción a Cuba, que se enmarca en una escalada de la presión a la isla antes de que el presidente saliente estadounidense, Donald Trump, ceda el poder el 20 de enero al mandatario electo, del demócrata Joe Biden.

“El BFI es un banco comercial controlado por los militares cubanos, que se benefician directamente de las transacciones financieras a expensas del pueblo cubano”, aseguró Pompeo en un comunicado.

La medida se hará efectiva “a principios de enero”, una vez que el Departamento de Estado publique la en su web la versión actualizada de la Lista Restringida de Cuba, explicó Pompeo, sin especificar una fecha concreta.

El Gobierno de Trump ha intentado elevar al máximo la presión al poderoso conglomerado militar Gaesa, que gestiona las joyas económicas de Cuba, como el turismo, el comercio y el petróleo.

En 2016, Gaesa tomó las riendas del Banco Financiero Internacional, y desde entonces “usa el papel clave del BFI en el sistema cambiario para proporcionar acceso preferente a los militares y las compañías estatales, asegurarse tasas de cambio ventajosas y financiar proyectos controlados por el Gobierno que enriquecen al régimen”, alegó Pompeo.

“Los beneficios extraídos de estas operaciones benefician desproporcionadamente a los militares cubanos, en lugar de a los emprendedores independientes cubanos, lo que contribuye a ampliar la represión del pueblo cubano y financiar la interferencia de Cuba en Venezuela”, aseguró el secretario de Estado.

Aunque Pompeo no lo confirmó, es posible que la sanción a BFI responda a las recientes resoluciones aprobadas por el Gobierno cubano para favorecer la importación y exportación del sector no estatal, que otorgaban un papel importante a ese banco.

Según un informe publicado en diciembre por The Havana Consulting Group, una consultora afincada en Miami, cualquier emprendedor cubano que se plantee adentrarse en un negocio de importación o exportación de productos o servicios en la isla tendría la obligación de abrir una cuenta bancaria en el BFI, controlado por Gaesa.

Las sanciones que Trump ha impuesto durante sus cuatro años en el poder sobre sectores estratégicos de Cuba han deteriorado la ya maltrecha economía cubana, que atraviesa su peor crisis en tres décadas.

En las menos de tres semanas que les quedan en el poder, Trump y Pompeo evalúan propinar un último revés a Cuba y devolverla a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, de la que la isla salió en 2015 durante el deshielo con el anterior Gobierno de Barack Obama.

La dura política de Trump hacia Cuba tuvo mucho que ver con su intento de conquistar el voto los estadounidenses de origen cubano y venezolano en el estado clave de Florida, y esa última medida podría ser un gesto de agradecimiento por el apoyo que le dieron en las elecciones de noviembre.

Biden ha prometido descongelar el proceso de acercamiento a la isla que inició Obama y revertir muchas de las sanciones que Trump ha impuesto a Cuba, pero no está claro si deshará todas las restricciones ni cuándo pueden esperarse esos cambios. 

Halliburton cierra operaciones en Venezuela antes de expirar licencia de la OFAC
Las razones esgrimidas por Halliburton están fundamentadas en las restricciones impuestas por la Licencia General 8G otorgada por Oficina para el Control de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC)

 

Con el despido de sus trabajadores en Venezuela, la empresa norteamericana Halliburton cesó sus operaciones en el país luego de muchos años de prestar servicios a la industria petrolera venezolana. De esta manera, la compañía deja de prestar sus servicios sin esperar a que se venciera la extensión de la licencia otorgada recientemente por la OFAC.

De acuerdo a una información publicada en redes sociales, la compañía habría enviado un correo electrónico a todos sus trabajadores en el cual se informaba de la extinción permanente de sus puestos de trabajo.

«Le informamos que a partir del día de hoy (29 de diciembre) la relación laboral con SHV queda extinguida por causas ajenas a la voluntad de ambas partes», se indicó.

Halliburton indicó en su correo que el cierre de operaciones se debe a las restricciones impuestas por la Licencia General 8G otorgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), que permite a empresas norteamericanas mantener operaciones y el control o seguridad de los activos en el país.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el martes 17 de noviembre una nueva licencia a la petrolera Chevron y a las empresas de servicios petroleros norteamericanas Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes y Weatherford International, para seguir manteniendo sus limitadas operaciones esenciales en el país hasta el 3 de junio de 2021.

Como parte de las sanciones petroleras a Pdvsa y a la administración de Nicolás Maduro, la OFAC decidió prohibirles cualquier actividad relacionada con la perforación, el refino, la compraventa o el transporte de crudo venezolano, así como su participación en el diseño, construcción o instalación de pozos petrolíferos. Estas empresas solamente están autorizadas a realizar aquellas actividades relacionadas con la seguridad o el mantenimiento de los activos.

Halliburton ya había informado en abril de su decisión de salir de Venezuela, en un informe entregado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Según un reporte publicado en el portal América Económica, la empresa de servicios dijo en su reporte a la SEC que no esperaba poder trasladar sus activos en el país, sino que estos serán expropiados por la administración de Maduro.

«Es poco probable que seamos capaces de trasladar los activos que permanecen en Venezuela y es puede que sean expropiados. Dado que ya habíamos depreciado por completo nuestra inversión en Venezuela y hemos mantenido unas operaciones limitadas en el país durante este periodo de licencia temporal, no esperamos que la expiración de la licencia tenga un impacto negativo en nuestro negocio o resultados», indicó la empresa en abril.

Desde Emiratos Árabes Unidos ayudan a Maduro a burlar las sanciones
En el país asiático es sede de tres firmas desconocidas, Muhit Maritime, Issa Shipping FZE y Asia Charm Ltd, que transportan crudo venezolano pese a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Estas compañías han transportado desde junio de este año millones de barriles de petróleo producidos por Pdvsa

Reuters

La empresa, Muhit Maritime FZE es una de las tres entidades con sede en los EAU identificadas por Reuters que han transportado petróleo venezolano durante la segunda mitad de este año. Su rol emerge de la revisión de documentos internos de la petrolera estatal venezolana PDVSA y de datos de monitoreo de embarcaciones.

Los tanqueros operados por las tres firmas han transportado desde junio millones de barriles de petróleo producidos por PDVSA, según los documentos internos de la petrolera y una base de datos navieros disponible públicamente.

La actividad muestra cómo EAU, uno de los aliados más cercanos de Washington en Oriente Medio, es un centro de operaciones para empresas que están ayudando a Venezuela a evadir las sanciones estadounidenses.

Estados Unidos presiona la salida del presidente socialista Nicolás Maduro del poder mediante la imposición de barreras a las exportaciones del país rico en petróleo. En junio impuso sanciones a media docena de tanqueros administrados por empresas navieras establecidas. Fue una gran escalada en su intento por sofocar el comercio petrolero de Venezuela.
Las tres compañías involucradas -Muhit Maritime, Issa Shipping FZE y Asia Charm Ltd- no respondieron a cartas enviadas a sus direcciones, ni a correos electrónicos. Reuters no pudo determinar los propietarios finales de las tres empresas. Sus detalles de propiedad y administración no están incluidos en el registro corporativo de EAU, país que no exige la divulgación pública de información sobre beneficiarios finales.

El crudo y los combustibles venezolanos que las tres compañías transportaron representaron alrededor del 3,9% de las exportaciones totales del país sudamericano hasta el 18 de diciembre. El valor del petróleo fue de unos 208,5 millones de dólares a precios de mercado para el crudo Merey, la variedad insignia del país.

Apoyo necesario

Las ventas petroleras brindan un apoyo muy necesario al gobierno de Maduro, aunque Reuters no pudo determinar cuánto se destinó a las arcas estatales. PDVSA a menudo vende su crudo con grandes descuentos y algunos de sus ingresos se destinan a pagar deudas en lugar de generar efectivo.

“Estamos siguiendo de cerca este tipo de esfuerzos creativos de las empresas para evadir sanciones”, dijo un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos en respuesta a preguntas sobre las empresas registradas en EAU. “Quienes están detrás de empresas fantasmas no harían bien en considerarse protegidos de las sanciones”.

El portavoz declinó comentar sobre posibles sanciones futuras, pero agregó: “Tanto amigos de Estados Unidos como adversarios deben saber que sus compañías, empresas fachada y tanqueros siguen siendo vulnerables a sanciones si son cómplices de actividades que faciliten las exportaciones de PDVSA al exterior y los esfuerzos del régimen de Maduro para evadir sanciones”.

El gobierno de EAU dijo en un comunicado que “se está llevando a cabo una investigación exhaustiva” sobre Muhit Maritime, Issa Shipping y Asia Charm. Eso incluye el uso de cambios legislativos recientes “diseñados para mejorar la transparencia corporativa a través de un marco para informar y registrar la propiedad final”, agregó.

“Emiratos Árabes Unidos se toma extremadamente en serio su papel de proteger la integridad del sistema financiero mundial. Esto significa administrar y hacer cumplir activamente las sanciones económicas y comerciales”, señaló el gobierno.

Un representante de la Zona Franca de Fujairah, donde tienen su sede Issa Shipping y Asia Charm, dijo no estar al tanto de la participación de las dos compañías en el transporte de petróleo venezolano. Agregó que la autoridad no es responsable de vigilar las actividades de las empresas registradas en ella.

Con información de Reuters

 

542 sanciones ha impuesto la comunidad internacional a Venezuela en cinco años
Hasta ahora, las sanciones más robustas han sido las impuestas por el gobierno de EEUU a través de su denominado Programa de Sanciones Relacionadas con Venezuela

 

La comunidad internacional ha impuesto al menos 542 sanciones relacionadas con Venezuela en los últimos cinco años, recuerda el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un reciente informe.

Resalta que la acción ha sido liderada desde 2014 hasta ahora por Estados Unidos con 300 designaciones, seguida por Canadá con 113, la Unión Europea con 93 y Suiza con 36, y las cuales incluyen sanciones comerciales, financieras y de movilidad personal. Originalmente fueron dirigidas de forma individual a personas relacionadas con el régimen gobernante tanto naturales como jurídicas, públicas y privadas, evolucionado gradualmente desde 2017 a sanciones sectoriales.

Hasta ahora, las sanciones más robustas han sido las impuestas por el gobierno de EEUU a través de su denominado Programa de Sanciones Relacionadas con Venezuela. En concreto, el gobierno norteamericano ha realizado más de 300 designaciones a su programa de sanciones de personas físicas y jurídicas en Venezuela a través de Ordenes Ejecutivas y de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act), que han involucrado a la fecha a 119 individuos y 47 entidades.

En mayo de 2018, el BID suspendió la entrega de préstamos a la administración de Nicolás Maduro por caer en mora por una deuda de más 2.011 millones de dólares en recursos que ha otorgado el organismo multilateral al país. Por otra parte, en septiembre de este año, presentó un plan para rescatar a Venezuela cuando haya un cambio político. La iniciativa contempla mejoras e inversiones de salud, educación, infraestructura, y los servicios de electricidad, agua y transporte. Mientras que su foco estará puesto en las transferencias directas a la población y para ello prevé disponer unos 8.000 millones de dólares.

De acuerdo al documento titulado «Aproximación al régimen de sanciones internacionales y el caso de Venezuela» presentado por Nizar El Fakih, las profundas raíces históricas de las sanciones internacionales son innegables. Usadas al menos desde el año 432 a. C. durante la antigua Grecia, pasando por su recurrente implementación durante la primera mitad del siglo XIX, y triplicándose su uso durante las últimas décadas, las sanciones se han erigido como una predominante herramienta de la diplomacia global.

Para el BID, las sanciones individuales o selectivas, así como las sectoriales y no generales, han sido la constante en todas las decisiones tomadas por los países hacia Venezuela, por lo que esta medida ha contribuido a que el impacto sea mucho menor para la población.

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