El giro en la política de Washington favorece a las empresas e inversionistas que demandan en tribunales de Estados Unidos el pago de la gigantesca deuda contraída por el chavismo
Por: Víctor Salmerón/@VSalmeron
Los acreedores que batallan por recuperar el dinero invertido en Venezuela mediante la compra de bonos o empresas que les fueron expropiadas han logrado nuevos avances en el objetivo de embargar Citgo, el activo en el exterior más valioso del país.
En el propósito de embargar activos de Venezuela los acreedores tienen tres obstáculos: los juicios, las licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en inglés) y la política exterior de Washington.
En el tablero de los juicios el curso es lento y cargado de apelaciones por parte de Venezuela, aunque la compañía canadiense Crystallex se aproxima a la última casilla. Pero en el caso de la política exterior de Washington y las licencias de la OFAC hay cambios relevantes que benefician a los acreedores.
La administración de Joe Biden, a través de una carta del Departamento de Justicia fechada el 7 de abril, afirmó en la corte de Delaware que no bloqueará la subasta forzosa de acciones de Citgo o la firma de algún acuerdo que permita a los acreedores cobrar lo que se les debe.
Citgo posee 4 mil 200 bombas de gasolina en Estados Unidos, plantas en Luisiana, Illinois y Texas, se estima que tiene un valor que ronda los 13 mil millones de dólares y el año pasado registró ganancias por 2 mil 800 millones de dólares.
En 2018 la administración de Donald Trump, al igual que una larga lista de países, consideró fraudulentas las elecciones que Nicolás Maduro esgrime como piso para su reelección y reconoció como presidente encargado de Venezuela a Juan Guaidó, en ese entonces presidente del parlamento.
En 2019, para apoyar una eventual transición política en Venezuela, Donald Trump estableció una estrategia de protección de activos del país que impide embargos sin licencias de la OFAC.
Fuentes cercanas al proceso explican que en 2023 Washington comenzó a cambiar su política, ante la evidencia de que no ocurrió la transición, ya no existe la figura del presidente encargado y la oposición venezolana se debilitó.
En la carta que el Departamento de Justicia envió a la corte de Delaware se afirma que la OFAC tiene la Intención de implementar una política de licencias favorable a la ejecución de una venta de acciones de Citgo.
El reloj
En la deuda venezolana hay un juicio clave: el de Crystallex en la Corte de Delaware a cargo del juez Leonard Stark. Crystallex acudió al Centro de Arbitrajes del Banco Mundial (Ciadi) y obtuvo una decisión a favor, que le permite cobrarle a Venezuela 1.400 millones de dólares porque en 2008 le fue expropiada la mina de oro Las Cristinas en Guayana.
Posterior a este fallo Crystallex recibió un pago de 400 millones de dólares por el gobierno de Nicolás Maduro, pero reclama el resto del dinero. Para cobrarlo introdujo una demanda en Estados Unidos y el juez Leonard Stark decidió en 2018 que Pdvsa y el gobierno venezolano son una misma entidad, por tanto, Crystallex puede cobrar la deuda mediante una subasta de acciones de la filial de Pdvsa, PDV Holding, propietaria de Citgo.
Otros acreedores como Rusoro, OI European Group, Northrop Grumman y ACl Investment han logrado decisiones a favor en Delaware. Un aspecto relevante es que en la sentencia del pasado 23 de marzo el juez Leonard Stark esgrime la tesis que tanto la administración de Maduro, en Venezuela, como la del gobierno interino de Juan Guaidó en el exterior, realizaron un manejo de Pdvsa que borró la línea divisoria entre el gobierno y la empresa.
Entre otras cosas la sentencia que reafirmó la tesis de que Pdvsa y el gobierno venezolano son una misma entidad y por tanto los acreedores pueden cobrar a través de una subasta de acciones de Citgo, menciona que la administración de Guaidó utilizó fondos de las filiales de Pdvsa para financiarse y cubrir gastos relacionados a la defensa legal del país.
¿Es inminente el embargo y la subasta de acciones de Citgo?
José Ignacio Hernández, quien se desempeñó como procurador del gobierno interino que presidió Juan Guaidó y antes de serlo actuó como testigo experto en el juicio de Crystallex, por lo que tuvo que inhibirse, explica que esta empresa es el único acreedor con una medida de embargo que ya no es apelable.
No obstante, estima que el proceso para concretar la venta forzosa de acciones de una empresa en marcha tardaría alrededor de un año.
“Los otros casos son embargos condicionados, apelables. Estos acreedores están en el mismo sitio en que estaba Crystallex en 2018 y Crystallex ha tenido que transitar litigios desde 2018 para estar relativamente cerca del embargo”, dice José Ignacio Hernández.
“Esto es muy importante porque incluso si hoy levantan todas las sanciones mañana no se va a perder Citgo, hay espacio para una defensa judicial, pero todo indica que la situación de Citgo va a estar comprometida en algún momento del año que viene”, explica José Ignacio Hernández.
Los bonos 2020
La presión sobre Citgo también proviene de un grupo de inversionistas. En diciembre de 2016 el gobierno de Nicolás Maduro hipotecó a Citgo al emitir unos bonos de Pdvsa por el orden de 3 mil millones de dólares que vencieron en 2020. A diferencia de otras obligaciones, estos bonos están garantizados con el 50,1% de las acciones de Citgo.
El pasado primero de mayo la OFAC aclaró que no actuará “contra ninguna persona por tomar medidas para preservar la capacidad de hacer cumplir los derechos de los tenedores de bonos sobre las acciones de Citgo que sirven como garantía”.
Pero estos inversionistas aún deben superar escollos. El gobierno interino consideró ilegal la emisión de estos bonos, bajo el argumento de que no podía comprometerse el 50,1% de las acciones de Citgo sin la autorización de la Asamblea Nacional e introdujo una demanda ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que todavía evalúa el caso.
La prescripción
La deuda que tiene el país por los bonos emitidos a través del Ministerio de Finanzas y Pdvsa suma 86 mil 317 millones de dólares, incluyendo capital e intereses. En noviembre de 2017 la administración de Nicolás Maduro suspendió el pago. Un detalle clave es que los inversionistas tienen seis años, a partir del comienzo de la mora, para demandar a Venezuela en los tribunales de Estados Unidos.
El lapso para demandar se vence en octubre de este año. Para evitar una seguidilla de demandas el gobierno de Venezuela puede negociar una extensión de esta fecha, pero ¿cuál es el gobierno de Venezuela?
El pasado 30 de marzo la administración de Maduro emitió un comunicado donde notificó a los inversionistas que decidió suspender el plazo en que pueden tomar acciones legales hasta 90 días después de que el gobierno de Estados Unidos retire las sanciones o hasta el 31 de diciembre de 2028.
El problema es que Estados Unidos no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro como legítimo y por tanto, no puede representar legalmente a Pdvsa y al país. El pasado primero de mayo la OFAC emitió una licencia donde autoriza a la Asamblea Nacional elegida en 2015, con mayoría opositora, a negociar con los acreedores.
Tras la eliminación de la figura del presidente interino esta Asamblea Nacional nombró un Comité de Administración y Protección de Activos del país en el Exterior que intentará negociar con los acreedores un acuerdo amistoso que incluya la extensión del lapso para demandar.
No obstante, desde la óptica de José Ignacio Hernández, hay un problema legal de fondo: “La renegociación de la deuda de acuerdo con el artículo 236 numeral 11 de la Constitución es una competencia exclusiva del presidente de la República”.
Agrega que al haber dejado sin efecto la figura del presidente encargado, la Asamblea generó un vacío constitucional «que no lo puede llenar ninguna licencia de la OFAC porque eso es un asunto exclusivo de derecho constitucional. La licencia es insuficiente para permitir un proceso de renegociación de la deuda transparente y legal”.
Desde su punto de vista la Asamblea Nacional elegida en 2015 tendría que designar nuevamente a un presidente encargado y nombrar a una comisión autónoma formada por expertos en manejo de deuda. De lo contrario, afirma, los acreedores, tendrán razones para no creer en la legalidad de la negociación.
La bancarrota
Entre 2004 y 2014 Venezuela disfrutó del boom petrolero más largo de su historia, pero Hugo Chávez, para ese entonces presidente de la república, disparó el gasto con tal intensidad que la lluvia de petrodólares quedó pequeña y la deuda en divisas se quintuplicó a una velocidad centelleante.
Tras no crear un fondo de ahorro, malbaratar buena parte del dinero y sufrir una catastrófica caída de la producción de petróleo, agravada por la corrupción rampante y las sanciones de Estados Unidos, la bancarrota es un hecho.
Entre 2014-2021 la economía venezolana se hundió en la recesión y se redujo a una cuarta parte, las exportaciones se han desplomado y el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) estima en su último informe de coyuntura que en 2022 apenas sumaron 14 mil millones de dólares.
La deuda total del país, incluyendo bonos, compromisos pendientes con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, la deuda bilateral con Rusia y China, así como la relacionada con los casos pendientes en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial asciende, de acuerdo al informe de la UCAB, a 170 mil millones de dólares.
El monto de la deuda respecto al ingreso proveniente de las exportaciones es un indicador con el que se suele medir la vulnerabilidad macroeconómica. En el caso de Venezuela la deuda supera doce veces al monto de las exportaciones, una relación considerada como crítica por los economistas.
Cuando los países no están en capacidad de pagar la deuda inician un proceso de negociación con los acreedores, que tiene como meta una reestructuración de largo alcance que suele incluir una rebaja en el monto adeudado, plazos más largos, nuevo financiamiento, un período de gracia en el que no hay que realizar amortizaciones y tasas de interés más favorables.
Para Venezuela será imposible recuperar su economía sin una reestructuración que de acuerdo con la mayoría de los analistas, necesitará del aval del Fondo Monetario Internacional y un plan sólido de reformas que garantice el crecimiento.
Por ahora, no hay pasos en esa dirección.
