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Piden que responsables de la Masacre del Junquito enfrenten la justicia
En el año 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de la Masacre de El Junquito
La ONG Encuentro, Justicia y Perdón (JEP) afirmó que este caso pasará a la historia como uno de los más oscuros y lamentables momentos del país

 

Defensores de derechos humanos en Venezuela pidieron este lunes, 15 de enero, que responsables de la Masacre del Junquito, en donde mataron a Óscar Pérez y seis personas más de su grupo, enfrenten la justicia.

En enero de 2018, alrededor de 500 efectivos de seguridad del Estado atacaron el chalet en donde se encontraban resguardados Pérez, Daniel Soto, Abraham Israel Agostini, José Diaz Pimentel, Jairo Lugo, Abraham Lugo y Lisbeth Ramírez en El Junquito.

A pesar de que las víctimas manifestaron su rendición y su disposición para negociar, fueron ejecutados con «tiros de gracia», según fotos que circularon en las redes sociales. 

La defensora de derechos humanos y miembro fundador del Foro Argentino por la Democracia en la Región, Elisa Trotta, publicó un video en su cuenta en X, antes Twitter, para exigir que se haga justicia. 

«Exijamos rendición de cuentas y que los responsables enfrenten las consecuencias. Comparte este mensaje, elevemos nuestras voces y recordemos siempre a las víctimas. Juntos, podemos marcar la diferencia», dijo.

Por su parte la abogada y también defensora de derechos humanos, Tamara Sujo, recordó el hecho y publicó un mensaje del hermano de Óscar Pérez.

«Mi hermano era una persona especial, era un líder nato, que sabía motivar y guiar a los demás. Era un soñador, que creía en un mundo mejor y luchaba por él. Era un amigo, que se entregaba sin reservas a los que quería. (Venezuela)», se lee en parte del escrito.

La ONG Encuentro, Justicia y Perdón (JEP) afirmó que este caso pasará a la historia como uno de los más oscuros y lamentables momentos de nuestra historia.

«Desde JEP nos solidarizamos con la familia de estos siete venezolanos que soñaban con un país justo y libre», se lee en una publicación..

Caso expuesto ante organismos internacionales 

En el año 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de la Masacre de El Junquito.

En el informe de fondo la CIDHconcluyó que el uso de la fuerza letal por parte del Estado fue incompatible con las obligaciones internacionales y consideró que no se cumplió con el principio de absoluta necesidad ni se adoptaron medidas menos lesivas.

En cuanto a garantías judiciales, la Comisión observó la falta de documentación sobre la investigación, junto con la demolición del lugar de los hechos y la ausencia de preservación de evidencia. Además, destacó la impunidad y la violación de derechos de las familias.

Corte Interamericana de los Derechos Humanos recibió caso de masacre de Oscar Pérez
La CIDH concluyo que el Estado usó la fuerza letal ante personas que ya estaban rendidas 

 

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH) conoció el caso llamado “Masacre de El Junquito”, donde fue presuntamente ejecutado Oscar Pérez y otras seis personas.

Tras casi seis años el organismo internacional aceptó el caso bajo el numero 14.178 el 11 de octubre de 2023.

El caso se describe como el resultado de “ejecuciones extrajudiciales de y otras seis personas, por parte de agentes estatales en 2018”, según la nota publicada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

 

La Comisión Interamericana concluyó que el uso de la fuerza letal por parte del Estado “fue incompatible con las obligaciones internacionales y consideró que no se cumplió con el principio de absoluta necesidad ni se adoptaron medidas menos lesivas, lo que resultó en la ejecución extrajudicial de siete personas ya neutralizadas”.

 

La Comisión señaló que “las víctimas fueron acorraladas y posteriormente ejecutadas, lo cual evidenció la violación del derecho a la vida y de la integridad personal”.

En su informe, la CIDH considera que el Estado venezolano es responsable por la violación a los siguientes derechos: Violación de los derechos a la vida (artículo 4.1), Violación a la integridad personal (artículo 5.1), Violación a las garantías judiciales (artículo 8.1),  Violación a la libertad de conciencia y religión (artículo 12) y Violación a la protección judicial (artículo 25.1).

La Comisión recomendó al Estado de Venezuela diversas medidas de reparación entre las que destacan el reparo integral de las violaciones de derechos humanos tanto en el aspecto material como inmaterial; llevar a cabo una investigación diligente y oportuna para identificar responsables y aplicar las sanciones correspondientes.

El organismo multilateral recomienda disponer de mecanismos de no repetición que incluyan la capacitación de agentes policiales y militares en cuanto a estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal, así como establecer mecanismos adecuados de rendición de cuentas respecto de abusos cometidos por los miembros de cuerpos de seguridad.

Masacre de Oscar Pérez 

El 15 de enero de 2018 unos 500 funcionarios de la fuerza pública “atacaron” la residencia en El Junquito donde se encontraban Oscar Pérez y otras seis personas.

La operación ocurrió al mismo tiempo que se publicaban videos en los que Pérez y las víctimas se rindieron y manifestaron su disposición para iniciar una negociación.

Sin embargo, las autoridades estatales ingresaron a la vivienda, utilizando armamento pesado. Todas las víctimas perdieron la vida durante el operativo.

“Las autopsias y fotos publicadas en medios indicaron ejecuciones con tiros de gracia”. Posteriormente, familiares enfrentaron intimidaciones y el Estado no les permitió realizar un funeral adecuado.

 

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DDHH Olvidados | Franks Cabaña tiene seis años preso por hablar por teléfono con Óscar Pérez
El abogado Joel García detalló que a Franks Cabaña le imputaron los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y usurpación de funciones. Además, señaló que Cabaña es el único preso que queda por la causa de Óscar Pérez. Todos los demás están en libertad
Xiomara Andara, madre de Franks Cabaña, tuvo que salir del país en diciembre del año 2017 porque su familia estaba siendo víctima de persecución. Tal es el caso del padre de Franks, quien estuvo preso tres meses y bajo régimen de presentación durante un año. No hubo explicación para esto

@Andrea_GP21

 

El 13 de septiembre del 2017, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detuvieron al escolta Franks Cabaña y lo acusaron de ser cómplice del robo del helicóptero que piloteó Oscar Pérez sobre Caracas.

Los funcionarios allanaron la residencia de su madre y, además de detener a Cabaña, se llevaron a uno de sus hermanos, que para ese momento tenía 17 años, y a un primo que se estaba quedando en el lugar.

Joel García, abogado especialista en Derecho Penal, señaló que a Franks lo vinculan con Óscar Pérez porque tuvo una llamada de apenas unos segundos con el exinspector del Cicpc que fue asesinado en la “Operación Gedeón” de enero de 2018.

“El día que el difunto Oscar Pérez sobrevoló Caracas en un helicóptero del cuerpo, a Franks se le ocurrió tomar una llamada que duró menos de un minuto. Por ese vínculo telefónico se encuentra tras las rejas”, señaló el jurista en un conversatorio realizado este lunes, 27 de noviembre, mediante la cuenta de Instagram @familiasoslibertadcolombia, que modera el expreso político Jonatan Palacios.

 
 
 
 
 
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El 27 de junio de 2017, según dijo Joel García, Franks mantuvo comunicación con Óscar Pérez. Y ese es su “crimen”. Sin saber el contenido de esa llamada, que apenas duró unos segundos.

“Aquí no hace falta cometer un delito para que alguien esté preso. Hace falta que cualquier personero del gobierno se antoje para que usted esté preso”, criticó García.

El único que queda preso por la causa de Óscar Pérez

El abogado Joel García detalló que a Franks Cabaña le imputaron los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y usurpación de funciones. Además, señaló que Cabaña es el único preso que queda por la causa de Óscar Pérez. Todos los demás están en libertad. 

“A pesar de que la juez está convencida de que no tiene nada que ver, lo mantienen privado de libertad”, expresó García.

 

Cabaña se encuentra preso desde hace seis años y todavía no se ha emitido una sentencia condenatoria. Para el abogado Joel García, la jueza del caso “está agotando todos los recursos” como una “táctica para mantenerlo preso en un juicio que no termina nunca”.

“Es un patrón de conducta, donde las detenciones preventivas se convierten en condenas o penas anticipadas. Si a Franks lo llegasen a absolver, ¿quién le repone esos seis años?”, apuntó el jurista.

 

El abogado manifestó que lo único que quiere la familia de Franks Cabaña es que termine el juicio. “Mientras se mantenga en este limbo jurídico no vamos a saber nada. Las incertidumbres son muy dañinas”, expresó.

A esto, su madre, Xiomara Andara, añade que su familia no entiende la razón de que su hijo esté preso, pues han suministrado toda la información posible. Incluso, envió una carta hecha de “puño y letra” al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, para que le ayude con el caso de su hijo.

“No sé a quién pedir porque es una situación engorrosa, como madre no se lo deseo a nadie”, expresó.

Familia víctima de persecución

Xiomara Andara, madre de Franks Cabaña, tuvo que salir del país en diciembre del año 2017 porque su familia estaba siendo víctima de persecución. Tal es el caso del padre de Franks, quien estuvo preso tres meses y bajo régimen de presentación durante un año. No hubo explicación para esto.

“Tuve que salir del país porque viví mucha persecución porque todavía no habían agarrado a Oscar Pérez”, dijo la señora Andara durante el conversatorio.

Franks tiene dos hijos, uno de ocho años y otro de 10. Era escolta y trabajó para dos entidades bancarias del país y para la Fundación del Niño. Su madre lo describe como un “hombre responsable y buen hijo”, al tiempo que lamenta su  situación y asegura que no pierde la esperanza de que algún día pueda estar con él nuevamente.

 

“Yo me siento presa como mi hijo porque anhelamos todos los diciembre que él pueda salir. Realmente no hay nada que acuse a Franks. Es tan injusto lo que ha sufrido mi hijo. Somos personas humildes, no tenemos nada. ¿Qué verdugo tiene a mi hijo ahí? No lo entendemos. Temo por mi familia y hasta por Franks. Esto de mi hijo lo veo como una injusticia muy grande”, dijo su madre.

Franks sufre de afección pulmonar

El mismo año en el que a Franks lo detuvieron fue víctima del hampa. Su madre, Xiomara Andara, contó que un día salía de su trabajo y un hombre, para quitarle el teléfono, le disparó. Ese tiro todavía lo tiene alojado cerca del pulmón.

“Tenía un buen seguro, fue lo que le salvó la vida. Cuando a Franks lo detienen, lo golpearon fuertemente, lo único que pedía es que tuvieran misericordia porque tenía un tiro en un pulmón y ahí fue que pararon”, relató su madre.

Además, la señora Andara reveló que su hijo tiene problemas en las muelas y siempre tiene malestar de gripe, por lo que se pregunta: “¿Cómo puede estar la salud de una persona que no tiene cómo ir al médico?”.

Por su parte, el abogado Joel García apuntó que tiene algún tiempo que no puede ver a Franks porque “se declaró en contumacia”, es decir, en rebeldía contra el tribunal. Además, señaló que su papá no lo puede visitar porque la Cárcel de Yare, donde está recluido, tiene acceso restringido de hombres. 

 

No solo es el problema que tiene en el pulmón, sino que “está sobreviviendo al igual que todos los presos en Venezuela. Salvo los pranes, todos los presos padecen esta calamidad”, denunció García.

Exigimos justicia ante la CPI: el mensaje de la madre de Óscar Pérez a cuatro años de la Masacre de El Junquito
El 15 de enero de 2018, Pérez y su grupo fueron emboscados por cuerpos de seguridad en una vivienda en El Junquito en un amplio operativo policial y militar. El gobierno alegó que se enfrentaron a las comisiones, pese a videos públicos en donde manifestaban su rendición
«Prohibido olvidar la Masacre de El Junquito, exigimos justicia ante la CPI», escribió en su Twitter la señora Aminta Pérez junto a un video en el que piden no olvidar a los caídos en esa fecha
En 2019, la exfiscal Luisa Ortega Díaz difundió imágenes de los cadáveres de las víctimas del suceso y anunció que las enviaría a la CPI: «Esa evidencia no deja ninguna duda que lo ocurrido con Óscar Pérez y su grupo es un crimen de lesa humanidad»

Aminta Pérez, madre del fallecido inspector del Cicpc, Óscar Pérez, pidió a la Corte Penal Internacional que haga justicia por la muerte de su hijo.

«Prohibido olvidar la Masacre de El Junquito, exigimos justicia ante la CPI», escribió la señora en su cuenta en Twitter, trino que acompañó de un video en el que se expone el siguiente mensaje.  «Han pasado cuatro años desde que recibieron robarse la vida de siete personas y, con ello, la esperanza de un país. Al igual que muchos murieron a manos del régimen por luchar por un futuro mejor. No los olvidemos».

El 15 de enero de 2018, Pérez y su grupo fueron emboscados por cuerpos de seguridad en una vivienda en El Junquito en un amplio operativo policial y militar.

En junio de 2017, en el marco de la más intensa ola de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro, el inspector del Cicpc sobrevoló las adyacencias del Tribunal Supremo de Justicia con un helicóptero de la institución desde el que desplegó una pancarta en la que se podía leer: «350, libertad».

El gobierno lo acusó de disparar contra la sede del TSJ y, desde ese momento, emitió órdenes de captura nacional e internacional en su contra. Lo catalogaron como el «hombre más buscado».

Meses después, tanto Pérez como su grupo se mantuvieron en situación clandestina, con determinadas apariciones públicas haciendo llamados funcionarios de seguridad a rebelarse contra el régimen y aplicar el artículo 350 de la Constitución.

En diciembre de 2017, asumieron el asalto a un cuartel militar en Los Teques y dijo que formaba parte de la Operación Génesis para «recuperar las armas del pueblo».

El 15 de enero de 2018, Pérez y su grupo fueron emboscados por más de 400 funcionarios policiales y militares que rodearon la casa ubicada en la urbanización El Araguaney, en el kilómetro 16 de El Junquito, donde el grupo permanecía escondido.

Pérez difundió varios videos asegurando que estaban negociando para rendirse, pero que la orden era «liquidarlos».

 “Queremos entregarnos y no nos dejan. Nos quieren asesinar”, exclamó Pérez en uno de los videos en los que manifestaba su rendición. Los funcionarios de la denominada Operación Gedeón utilizaron hasta lanzagranadas y dejaron la vivienda en ruinas.

En violento operativo, que se extendió por más de diez horas, cayeron tanto Óscar Pérez como José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham Agostini, Daniel Soto, Jairo Lugo y Lisbeth Ramírez, quienes lo acompañaban en la vivienda.

En marzo de 2019, Luisa Ortega Díaz, exfiscal de la República, difundió las imágenes del cadáver de Pérez y de otros caídos en la Masacre del Junquito y dijo que las remitiría a la Corte Penal Internacional.

«Esa evidencia no deja ninguna duda que lo ocurrido con Óscar Pérez y su grupo es un crimen de lesa humanidad. Este registro de más de 300 fotos irá acompañado de un informe forense que certifica la ejecución de este grupo de venezolanos a manos de funcionarios y paramilitares que sirven a la tiranía. Ya conversé con algunos familiares de las víctimas antes de esta publicación. También, tenemos pruebas contundentes que las dos personas de colectivos que murieron durante el hecho fueron asesinadas por sus compañeros del FAES, quienes ejecutaron la masacre por órdenes de Nicolás Maduro», escribió entonces Ortega Díaz en su Twitter.

Recuerdos y clamores de justicia en redes

Diferentes líderes políticos comentaron el caso este 15 de enero de 2022. David Smolansky se refirió al suceso como «uno de los actos de mayor resistencia que haya habido contra la dictadura»-

«Óscar Pérez, conjuntamente con su equipo, siendo masacrados en El Junquito. Honor eterno para estos oficiales. Los responsables enfrentarán la justicia internacional», escribió.

Elisa Trotta Gamus, representante del gobierno interino ante Argentina, denunció que el poder del Estado se volcó contra Pérez y su grupo para «quitarles la vida»: «Todos tenemos esas imágenes grabadas».

 

 

Caso en manos de la CPI

Como se recordará, diputados de la Asamblea Nacional de Juan Guaidó y miembros de diferentes organizaciones que defienden los Derechos Humanos en Venezuela, consignaron un expediente sobre estas muertes ante la Corte Penal Internacional (CPI) en diciembre de 2019, que fue avalado por los gobiernos de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Perú y Paraguay.

El documento se encuentra comprimido en el caso Venezuela 1, que recoge pruebas de otros acontecimientos en los que se denuncia la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno de Maduro.

En noviembre de 2021, la CPI determinó la apertura de una investigación formal para determinar si se cometieron crímenes de lesa humanidad en el país.

En el caso de la masacre de El Junquito, como lo recuerda una publicación de El Pitazo, sería señalada la cadena de mando del CEO. Sin embargo, también están identificados en el informe otros responsables que estuvieron en el lugar de los hechos, por quienes también se hacen las diligencias correspondientes para que sean juzgados.

Cuelgan pancartas de Óscar Pérez en el Panteón Nacional
Algunas de las pancartas contenían distintas frases como: «Pronto te traeremos aquí», «héroe de la nación», entre otras.

Este lunes 2 de marzo en horas de la mañana se vieron pancartas del exinspector del Cicpc Óscar Pérez colgadas en el Panteón Nacional de Caracas.

Las imágenes de estas pancartas contenían distintas frases como: «Pronto te traeremos aquí», «héroe de la nación», entre otras.

El Panteón Nacional es el mauseleo donde se conservan los restos de algunos próceres de la historia de Venezuela. Entre los más importantes se encuentran los del libertador Simón Bolívar.

Vale recordar además que Óscar Pérez fue un inspector del Cicpc que se rebeló contra el gobierno de Nicolás Maduro y lo asesinaron organismos de seguridad del Estado el 15 de enero de 2018, en lo que se conoce como la masacre de El Junquito.

Aquel día, funcionarios tomaron los alrededores de una quinta ubicada en la urbanización El Araguaney, en el kilómetro 16 de El Junquito. Allí se encontraba Pérez junto con otros de sus compañeros, los cuales fueron todos asesinados.

Diputados presentan pruebas de la masacre de El Junquito en Madrid
El material audiovisual fue entregado por un funcionario de nombre Cortés, quien está dispuesto a declarar como testigo si el juicio tiene lugar

Los diputados opositores Wilmer Azuaje y Franco Casella, mostraron este jueves 12 de diciembre en Madrid las evidencias fotográficas y audiovisuales que demuestran que el exinspector del Cicpc Óscar Pérez y seis miembros de su grupo fueron ejecutados.

Los siete hombres fueron asesinados en la llamada masacre de El Junquito el 15 de enero de 2018, en un operativo policial.

Los parlamentarios entregaron el material gráfico y varios informes el lunes pasado en la Corte Penal Internacional, en La Haya. El martes lo hicieron ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

«Le pido a la fiscal de La Haya que voltee los ojos hacia Venezuela, vamos a confiar en ella», enfatizó Azuaje en una rueda de prensa.

 

En un video proyectado por los opositores, Pérez dice a la cámara durante la intervención policial: «Nos están disparando, nos vamos a entregar». También mostraron imágenes de los cadáveres con varios disparos.

Estas fotografías las tomó un funcionario llamado Cortés, quien está dispuesto a declarar como testigo. El oficial entregó las fotos el 22 de febrero pasado a Azuaje, indicaron los opositores.

Casella argumentó que Óscar Pérez y sus compañeros estaban entrenados para usar armas legalmente, pero decidieron no hacerlo a pesar de que su vida corría peligro.

«Aquí enseñamos hechos de sangre. No es cuestión de derecha o izquierda, sino de derechos humanos. Habiéndose rendido fueron acribillados por una dictadura», agregó.

 

El diputado aseguró que hubo tiros de gracia. Aseveró que Pérez y su grupo no dispararon sus fusiles.

Azuaje afirmó que les dieron tiros a quemarropa y los impactos demuestran que tenían una actitud defensiva, es decir que trataban de protegerse con brazos y manos. También apuntó que se manipularon las pruebas y los cadáveres en el inmueble donde ocurrieron los hechos.

Pidió que el mundo preste atención a Venezuela y que los gobiernos actúen contra el régimen de Nicolás Maduro.

Instó a aplicar sanciones duras porque muchos de esos dirigentes tienen su dinero en Europa, el cual es producto de la corrupción.

«Si el mundo no presta atención, estamos condenados a morir todos», expresó el opositor.

Luis Armando Pérez, hermano de Óscar Pérez, hizo un llamado al mundo para que tome conciencia de la crisis venezolana.

EFE

Diputados entregan informe sobre masacre de El Junquito ante la CPI
Franco Casella y Wilmer Azuaje, diputados exiliados, presentaron las pruebas con imágenes y videos sobre los hechos de El Junquito, donde fue asesinado el exinspector del Cicpc Óscar Pérez

Los diputados en el exilio Wilmer Azuaje y Franco Casella presentaron este lunes 9 de diciembre un informe ante la Corte Penal Internacional en su sede de La Haya, Holanda, sobre la «masacre» de El Junquito, donde fue asesinado Óscar Pérez.

De acuerdo con una nota de prensa, el informe contiene más de 400 pruebas con el fin de engrosar el expediente en contra del gobernante Nicolás Maduro Moros por violación de Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad.

«Entregamos una serie de pruebas de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos en Venezuela, Traemos más de 400 fotos del asesinato vil y cobarde que le hicieron a este héroe de la historia venezolana, Óscar Pérez», expresó Azuaje.

 

Asimismo, informó que se presentaron pruebas de «violencia» contra los estudiantes venezolanos, así como «atropellos» que se cometen, según la denuncia, contra toda la población venezolana.

Por su padre, el diputado Franco Casella apuntó: “Acá estamos dando continuidad a gestiones que se habían llevado adelante, una de ellas desde la AN por la Comisión presidida por mi colega Delsa Solórzano quien ante esta Corte introdujo el inicio de una causa”.

Los parlamentarios también presentaron videos que probarían que durante los hechos de El Junquito, Pérez y sus compañeros «fueron ejecutados por reclamar una Venezuela Libre, con tiros de gracia, donde no aceptaron su rendición».

Nota de Prensa

Fotografías de tiros de gracia dados a Óscar Pérez y su grupo serán llevadas ante la Corte Penal Internacional
Más de 100 fotografías serán presentadas este lunes en la Corte Penal Internacional para engrosar el expediente que cursa contra Nicolás Maduro por violación de DDHH y crímenes de lesa humanidad

 

La noche del sábado 7 de diciembre fueron difundidas en el diario español ElMundo.es una serie de imágenes sobre la muerte de Óscar Pérez, exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y sus seis acompañantes las cuales forman parte de las pruebas que llevaran ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.

Wilmer Azuaje, diputado en el exilio desde finales de enero, es el encargado de llevar las pruebas ante la CPI que, de acuerdo con sus declaraciones al diario español prueban que la muerte de Pérez y sus acompañantes fue “una ejecución extrajudicial”.

Todas estas fotografías forman parte de un especial del rotativo español titulado “Tiros de gracia a los siete rebeldes en la Venezuela de Maduro”, que salió este 8-D en la edición dominical.

Las imágenes, tomadas dentro de la sala de autopsias, fueron entregadas por Sondas Cortez, funcionario del Cicpc y excompañero de Pérez, quien afirmó en una grabación audiovisual, a la que tuvo acceso el medio español, que después de “evaluar” el material se percató “que existía una completa violación de los Derechos Humanos”.

Todas estas fotografías fueron entregadas al diputado Azuaje en Colombia, para que el parlamentario las llevara a las “instancias jurídicas que sean necesarias para que se haga justicia”, como ocurrirá a finales de enero de 2020.

La exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, había expresado en una entrevista con el rotativo español que el 15 de enero de 2018 “irrumpieron en la casa y dispararon ráfagas contra Pérez y los suyos”.

“Algunos presentan incluso orificio en las palmas de las mano y en los brazos; se quisieron proteger ante los disparos”, explicó Ortega y sus palabras fueron confirmadas con la publicación de las nuevas imágenes.

“Hasta en la guerra la vida de los rendidos debe ser respetada según el Derecho Internacional Humanitario”, aseguró la exfiscal.

 

 

Óscar Pérez y un grupo de funcionarios tomaron acciones contra el Ejecutivo de Maduro el 27 de junio de 2018 cuando hurtaron un helicóptero del Cicpc y sobrevolaron varias dependencias públicas como el Ministerio de Interior y Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia.

Desde entonces comenzó una persecución contra este grupo insurgente que buscaba un cambio político en el país. Varias acciones grabadas en las redes sociales evidenciaban los actos de Pérez contra el actual régimen hasta que a mediados de 2018, fueron acorralados en un chalet en el sector El Junquito, municipio Libertador, donde el expiloto del Cicpc documentó lo que estaba ocurriendo a través de videos en las redes sociales hasta momentos antes de su ejecución.

 

Con información de Panorama y TalCual