EL PASADO 13 DE AGOSTO en estas páginas y en la columna de El Universal hice mención a un tema que de forma subterránea venía apareciendo en el seno de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Me referí a la recomendación que el 3 de febrero de 2012 le hizo a Chávez quien era su ministro de la Defensa y hoy es gobernador de Trujillo, Henry Rangel Silva, sugiriéndole al entonces enfermo mandatario que tomara una acción decidida para reconocer a 62 oficiales y suboficiales que participaron en los golpes de Estado del 4F y 27N de 1992 contra el presidente constitucional Carlos Andrés Pérez, de los cuales 13 cayeron en esas acciones y uno murió de cáncer el 2010.
La presentación decía que con esos golpes «fueron el inicio de un movimiento que catapultó y refundó al Estado como procurador de la Justicia Social, defensor de la persona y el respeto a su dignidad que bajo una filosofía humanista regeneró la condición del hombre y de un pueblo que clamaba por Justicia; es por ello que, a efectos de reivindicar moral y profesionalmente al personal de Oficiales, Sub-Oficiales Profesionales de Carrera, Tropa Profesional y Tropa Alistada, participantes e involucrados en las rebeliones Cívico – Militares; se somete muy respetuosamente a consideración del Comandante Presidente, Hugo Chávez Frías, la aprobación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de reincorporación del personal militar participante en estos hechos, quienes fueron separados de la Fuerza Armada por haber participado en ellos directa o indirectamente, sin ningún beneficio de Seguridad Social».
Fue solo el pasado 27 de septiembre que la ministra de la Defensa, almirante Carmen Meléndez, dictó resolución número 0026600, en la cual acordó otorgarle una pensión a un grupo de militares implicados en los alzamientos. En la lista destacan el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello; el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón; el diputado oficialista Pedro Carreño; el exministro de Banca Pública, Humberto Ortega Díaz y hasta el exgobernador de Aragua, Rafael Isea, quien en la actualidad se encontraría en Estados Unidos bajo protección de la oficina antidrogas de ese país (DEA). Esto desató la ira de las decenas de “golpistas” -conscientes o no de lo que hacían (recordemos que muchos soldados vinieron engañados por Chávez y sus compañeros a un “evento militar”)- que vieron premiados a los jefes “mas necesitados”, dijeron en tono de burla, mientras el mayor (Ej) Víctor Colmenares, uno de los coordinadores de la inusual manifestación, indicaba que entre 2.300 y 3.000 soldados han debido beneficiarse del decreto presidencial, el cual alertó que expirará en febrero próximo.
Ya en la recomendación de Rangel Silva al entonces Comandante en Jefe se hablaba de todos los estamentos involucrados en la conjura.
La inflación galopante que rompe récord mundial aunado al deterioro de la calidad de la vida militar –aunque aún están mejor que sus pares civiles- los obligó a salir a la calle a sabiendas de la reacción en su contra que puede venir de los jefes militares.
Uno de los manifestantes me escribió diciéndome que había que aprovechar el momento pues me aseguraba que Maduro está complaciendo todo aquello que le piden los uniformados ante la debilidad demostrada en sus acciones presidenciales.
AQUÍ NUESTRO RUNRUN DEL 13 DE AGOSTO DE 2013:
¿GOLPISTAS TODOS?
El 3 de febrero de 2012 era ministro de la Defensa y hoy es gobernador de Trujillo, Henry Rangel Silva, recomendó al entonces enfermo mandatario que tomara una acción decidida para reconocer a 62 oficiales y suboficiales que participaron en los golpes de Estado del 4F y 27N de 1992 contra el presidente constitucional Carlos Andrés Pérez, de los cuales 13 cayeron en esas acciones y uno murió de cáncer el 2010. La presentación decía que con esos golpes «fueron el inició de un movimiento que catapultó y refundo al Estado como procurador de la Justicia Social, defensor de la persona y el respeto a su dignidad que bajo una filosofía humanista regeneró la condición del hombre y de un pueblo que clamaba por Justicia; es por ello que, a efectos de reivindicar moral y profesionalmente al personal de Oficiales, Sub-Oficiales Profesionales de Carrera, Tropa Profesional y Tropa Alistada, participantes e involucrados en las rebeliones Cívico – Militares; se somete muy respetuosamente a consideración del Comandante Presidente, Hugo Chávez Frías, la aprobación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de reincorporación del personal militar participante en estos hechos, quienes fueron separados de la Fuerza Armada por haber participado en ellos directa o indirectamente, sin ningún beneficio de Seguridad Social». Entre los beneficiarios están Humberto Ortega Díaz, Jorge Durán Centeno, Ismael Pérez Sira, Luis Valderrama, Pedro Carreño, Alejandro Andrade, Diosdado Cabello, Iván Freites y Rafael Isea entre otros 35 oficiales subalternos y 9 sub-oficiales reincorporados a la carrera militar y al Sistema de Seguridad Social de la FANB. El hecho es que hasta hoy no todos han sido beneficiados. Las discrepancias en el último año han sido grandes y se establecieron diferencias según se han quejado algunos de los incluidos en el decreto pero no en los beneficios. Si se revisa la lista del punto de cuenta 029-12 se pueden ver los diferentes grupos que hoy forman dentro de lo que fue el proyecto original. No están todos los que son ni son todos los que están. Por ejemplo, hay varios gobernadores de hoy que fueron excluidos en esa lista. Más de la procesión verde. ¿Puro Ejército?…
Esta es la nota de Juan Antonio Alonso que trae hoy El Universal al cubrir la manifestación:
Militares golpistas de 1992 exigieron indemnización
Criticaron que Cabello o a Isea le dieran una pensión y a la tropa no
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*Algunos de los soldados que participaron en el 4F y 27N protestaron ante el TSJ JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
miércoles 30 de octubre de 2013 12:00 AM
Decenas de militares golpistas rodearon ayer el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero no para tomar la sede del organismo sino para exigirle un pronunciamiento.
Vestidos con sus uniformes de campaña y hasta con un paracaídas los uniformados que participaron en los alzamientos del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, y que se están en situación de retiro, se congregaron frente al máximo juzgado para conseguir que este organismo, a través de su Sala Constitucional, ordene al Gobierno que los reincorpore a la Fuerza Armada y sobre todo les otorgue, con carácter retroactivo, todos los beneficios de la Seguridad Social.
Los manifestantes aspiraban que el TSJ respondiera ayer el amparo que interpusieron nueve días atrás para conseguir beneficiarse del decreto que en febrero de 2012 dictó el fallecido presidente Hugo Chávez, para permitir el reingreso de quienes estuvieron bajo sus órdenes durante las intentonas que lideró 20 años antes.
«Aquí está la tropa que salió el 4F y el 27N, que dio la cara y arriesgó su vida y que ha sido olvidada por esta revolución», señaló un teniente, quien denunció que solamente 140 de los participantes en las insurrecciones han sido favorecidos por el decreto presidencial.
El pasado 27 de septiembre la ministra de la Defensa, almirante Carmen Meléndez, dictó resolución número 0026600, en la cual acordó otorgarle una pensión a un grupo de militares implicados en los alzamientos. En la lista destacan el actual presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello; el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón; el diputado oficialista Pedro Carreño; el exministro de Banca Pública, Humberto Ortega Díaz y hasta el exgobernador de Aragua, Rafael Isea, quien en la actualidad se encontraría en Estados Unidos bajo protección de la oficina antidrogas de ese país (DEA).
Isea ha sido señalado por su sucesor, Tareck El Aissami, de irregularidades administrativas en su gestión.
Según la decisión ministerial los favorecidos recibirán el 100% del sueldo que en la actualidad reciben sus pares en la institución castrense.
«En esta resolución están ‘los necesitados'», dijo en sorna uno de los manifestantes, quien agregó: «Aquí (ante el TSJ) están los que pusieron su vida en juego mientras muchos oficiales a los que hoy les dan la pensión se escondieron. Exigimos el cumplimiento de la orden del presidente Chávez».
Miles de olvidados
El mayor (Ej) Víctor Colmenares, uno de los coordinadores de la inusual manifestación, indicó que entre 2.300 y 3.000 soldados han debido beneficiarse del decreto presidencial, el cual alertó que expirará en febrero próximo.
«Nosotros somos los hijos no deseados de Chávez y de esta revolución», se lamentó uno de los protestantes, mientras que otro alertó que seguirán en las calles hasta que haya un dictamen que los favorezca.
Este asunto viene debatiéndose desde el 2000, cuando la Asamblea Nacional Constituyente ordenó el reingreso de los uniformados que fueron dados de baja sin ningún tipo de beneficio social, a raíz de su participación en los levantamientos. Sin embargo, la medida no se ejecutó totalmente y por ello en 2012, coincidiendo el vigésimo aniversario de las intentonas, el fallecido presidente Chávez dictó otro decreto para indemnizar a quienes, queriéndolo o no, acataron sus órdenes de derrocar al entonces presidente Carlos Andrés Pérez.
