Primero fueron los exagerados salarios que se asignaron los interventores lo que afloró en la prensa comenzando el cierre de las casas de bolsa.

Luego las irregularidades, no de los dueños solamente, de quienes como paracaidistas se hicieron de cargos con salarios que nunca en su vida habían soñado.

Hoy lo que explota, precisamente por el manejo de fondos sin control y salarios de emires árabes, es la rencilla entre la Fiscalía General de la República y el CICP con la Comisión nacional de Valores por la designación de los interventores.

Uno solo de ellos tiene a su cargo cuatro casas de bolsa, tres en intervención y una en liquidación. En cada una se puso un salario de 100.000 Bolívares Fuertes, es decir 100 millones de los viejos aun circulantes.

Otro colocó a un compinche, doble cedulado, y con cada identidad cobra unos emolumentos igualmente asquerosos. En otra Casa de Bolsa entre los interventores hay un chofer de taxi bolivariano que fue denunciado por Miguel Salazar en su semanario.

Ya la Fiscalía General tiene un expediente abierto sobre la evaluación de esos sueldos. Los designados no son funcionarios públicos sino personas adscritas a la CNV y por eso eluden los reglamentos de salario establecidos para los servidores de carrera.

Otro tema son los “peajes” antes y después de las intervenciones. La calidad de la prisión asignada tiene un costo diario. Las facilidades para los familiares y la entrada de comida tienen sus tasas. Ni que decir de los tribunales, los alguaciles, los fiscales y los policías asignados.