MEDIO

¿GUISAR&GUISAR?:

Después de la destrucción del tejido social y económico la segunda mayor caracterización de este régimen, es la voracidad sin límites con que abordaron, se repartieron y desaparecieron los dineros públicos. Desde el sector primario más básico hasta las complejidades de la industria petroquímica o las demandantes obligaciones multinacionales, para el chavismo todo tuvo un permanente objetivo: los dineros del estado venezolano son de nosotros, son para nuestros bolsillos y mi partido. Esta consideración viene al caso cuando leemos una comunicación por medio de la cual se comprueba que el debilitado sector industrial venezolano padece una nueva epidemia. Son varias las empresas que han recibido de la Procuraría General de la República cartas firmadas por un abogado con iniciales R.O., a los efectos identificado como “Coordinador Integral de Asuntos Penales” solicitándole a las empresas que en el término de 3 días hábiles, entreguen detalles sobre sus registros, solvencias, manifiestos de importaciones, registros del sistema aduanero, identificación de proveedores, agentes aduanales, explicación que justifica sus importaciones, dónde están sus depósitos, los nombres de a quienes se les quiere vender lo que se importa y cuáles son sus acuerdos comerciales vigentes. El último requisito, #15, que se le pide a las empresas: “Así como cualquier otra información de interés complementaria”. Qué carrizo tiene que estar pidiendo la PGR a través de un “coordinador” información que es de la competencia del ministerio de Industria, los despachos responsables de las exportaciones o, en todo caso, del Seniat. Empresarios que la recibieron llegaron a una obvia conclusión: se les ha abierto una nueva forma de guisar, de obtener dinero ilegalmente a costa de sus empresas. ¿Cómo es la estructura de la Procuraduría? Sabemos que en medio de la peor administración pública que hayamos tenido, hoy Venezuela no tiene un Procurador titulado sino un encargado. ¿Y los Directores Generales de ese organismo? ¿Coordinador” en un despacho que, según la Constitución, su función es representar judicial y extrajudicialmente los intereses de la Republica, y nada más?  Por supuesto que en la inconstitucional ANC ni en el despacho del sustituto Fiscal General este tipo de conducta no existe y, de ser reconocida su existencia, la misma no representa delito alguno. Siguen destruyendo …