SERÍA EN UN LAPSO DE DOS SEMANAS, aunque hay otras fuentes parlamentarias que aseguran que será en menos tiempo, que la Asamblea Nacional sancionará el proyecto de ley de inquilinato que entre sus polémicos artículos tiene el impedimento legal para declarar un desalojo forzoso de familias o personas al margen de cualquier agravante en su contra.

Casi que inmediatamente después de que el Presidente Chávez habló que había pedido al directivo del parlamento, el diputado Darío Vivas que acelerara la aprobación del instrumento legal, la comisión que redacta el informe sobre la nueva ley de inquilinato se declaró dispuesta a darle la urgencia necesaria para aprobar a la brevedad la legislación.

El citado proyecto legal ya recibió la primera sanción por parte de la Asamblea y no parecía posible que fuera refrendada antes de las elecciones de setiembre pero este nuevo pedido de Miraflores cambió el panorama.

En el sector privado, en especial en el inmobiliario, han hecho críticas contra esta ley ya que-entre otras cosas- la observan violatoria de la Constitución ya que de nuevo se violaría el derecho a la propiedad.

En lo político, especialistas aseguran que dicho instrumento sirve de herramienta demagógica que sólo busca levantar una bandera populista para ganar votos en unas elecciones complicadas para el gobierno de Hugo Chávez en especial porque la actual administración es la que menos ha construido viviendas en los últimos 20 años -nunca a edificado 70 mil viviendas por año- y a la vez es la que menos estímulo ha dado al sector de la construcción.