EL VIERNES, NOMÁS, poderosos ministro de Planificación argentino Julio De Vido dejaba entrever en sus respuestas a los periodistas que lo interrogaron al salir de su encuentro cerrado a los medios con los diputados que investigan el caso de las “coimas” o comisiones o sobornos que empresarios argentinos tuvieron que pagar a funcionarios de ambos gobiernos disimulados en una empresa que “ayudaba” a lograr los contratos.

Todo esto arrancó a la luz pública cuando el famosos caso de la valija del venezolano Antonini Wilson decomisada con $ 800 Mil en la rampa presidencial del aeropuerto bonaerense en agosto de 2007.

A pesar de que el gobierno venezolano se hizo el loco con el asunto y el argentino trató de torpedear la investigación los diputados de la oposición argentina lograron traer el hecho hasta nuestros días al tiempo que hicieron a partir del caso otras pesquisas que dieron con el tema que hoy discuten al más alto nivel sureño.

Los medios no se callaron. El periodista Hugo Alconada investigó el caso Antoni lo que le valió un premio de la SIP y la publicación de un libro con los detalles de las complicidades argentino- venezolanas que han dado paso a lo que hoy la presidenta Kirchner cita “como una telenovela”; su marido como un empeño del diario Clarín de tumbar a sus gobierno (el de ella); De Vido tilda de delincuente al embajador argentino que hizo la denuncia y hoy acusa a los medios de tergiversar sus declaraciones.

La investigación avanza. Me permito extraer algunos párrafos de lo publicado estos días en Clarín para que Ustedes vean la profundidad de la corrupción entre los rojos y los kirchneristas.

Arranco con lo que dijo el ex presidente Néstor Kirchner  que consideró poco serias las denuncias del ex funcionario y tildó de delincuente al directivo del Grupo Clarín, Héctor Magnetto:.

«El único que le interesa promover eso es al delincuente de (Héctor) Magnetto», declaró Kirchner a periodistas tras un encuentro que mantuvo el jueves con los embajadores de los países que integran Unasur, del que el ex mandatario (2003-2007) es secretario general.

Magnetto es el director ejecutivo de Clarín, el mayor grupo de comunicación de Argentina y uno de los principales de América Latina. El gobierno considera al grupo como su principal opositor.

Eduardo Sadous, embajador en Caracas entre 2002 y 2005, se presentó el miércoles ante una comisión del Congreso y allí se habría referido al supuesto cobro de sobornos de funcionarios argentinos a empresarios nacionales para facilitarles la venta de sus productos en Venezuela, tal como lo denunció ante la justicia en abril.

Luego que fuera cambiado, por el mismo caso, el canciller de los dos Kirchner Jorge Taiana, de estricta confianza de ambos, por haberse reunido con un periodista del diario Clarín. La señora K le exigió que tenía que ser “leal con el gobierno”.

La investigación que se adelanta ya provocó la salida de ese ministro y la incorporación a ese cargo de quien era embajador ante la Casa Blanca, Héctor Timerman. Apenas llegó al cargo amenazo al embajador Sadous para que no declarara, so pretexto de secretos de estado, lo que tras la discusión pública fue levantado y as Sadous contó todo de nuevo a puertas cerradas.

En Toronto, en la reunión del G20 la presidente dijo que estaba dispuesta a que se supiera en la calle lo que había contado Sadous en esa reunión “secreta”.

Aún se espera pero ya han salido algunos datos claves:

Gestiones a favor de dos empresas – El Clarín

27/06/10

Según los cables que Sadous envió a la Cancillería, quedó en evidencia que durante su gestión, el ex embajador hizo un pormenorizado seguimiento para lograr que empresas Cartellone e IMPSA, del grupo Pescarmona, sean beneficiadas con obra pública en Venezuela.
En reiteradas oportunidades Sadous le pidió a la cancillería la intervención de Néstor Kirchner para poder lograr que las dos constructoras ganen sus licitaciones. En el caso de Cartellone, había un especial interés en que logre ser beneficiada con la reconstrucción de la autopista San Cristóbal-La Fría, por 150 millones de dólares. En cuanto a IMPSA, era que logre la adjudicación de la represa Macagua, por 150 millones de dólares. Sadous pide “apoyo político para lograr la adjudicación” y plantea que ambas obras se incorporen al fideicomiso.

Más de 30 cables secretos sobre los negocios con Chávez – El Clarín

27/06/10

Son los que envió el embajador Sadous, desde Caracas, y a los que accedió Clarín. Pide instrucciones sobre cómo actuar ante misiones oficiales que no pasaban por la Embajada. Y plantea dudas sobre el fideicomiso para comprar fuel oil.

Por Nicolás Wiñazki

Ocupa sólo una página y media. Lleva la calificación de “Reservado”. Es un cable de la Embajada argentina en Venezuela fechado el 28 de mayo del 2004 y tiene como destino a la Cancillería. Lo firma el entonces embajador Eduardo Sadous. Su contenido ilustra cómo funcionaban las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Kirchner y Chávez. El informe relata que ese 3 de junio iba a llegar a Caracas una delegación oficial presidida por el secretario de Minería, Jorge Mayoral, e integrada por el presidente del OCCOVI, Claudio Uberti; el presidente del INTA, Carlos Cheppi; el jefe de ceremonial de Planificación Federal, José María Olazagasti; y la asistente de ese ministerio, Victoria Beresziuck. Agrega, en potencial, que el objetivo de esa comitiva sería tomar contacto con la petrolera PDVSA, el Bancoex, y el ministerio de Energía y Minas; y el Ministerio de Agricultura. Sadous cierra su cable secreto con un ruego diplomático: “Por lo expuesto, y debido al total desconocimiento de esta sede sobre ese particular, se agradecerá poder recibir confirmación de la misma así como programa de actividades y vuelos respectivos”.
Ese cable es sólo uno de los más de treinta en los que Sadous alertó a la Cancillería sobre la existencia de una “embajada paralela” a la suya, y también sobre las irregularidades en el fideicomiso binacional investigado ahora por la Justicia. Clarín accedió en exclusiva a esos documentos, que llevan el carácter de “Reservado” o “Confidencial”. En al menos dos se cuenta además una historia hasta ahora oculta: la “arquitecta” de ese fondo fiduciario fue Marta Cascales, pareja del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, entonces al mando de la secretaría de Comunicaciones.
La investigación judicial sobre posibles irregularidades cometidas en los negocios bilaterales entre Argentina y Venezuela cobró impulso cuando se confirmó que Sadous había enviado un cable a la Cancillería alertando sobre un faltante de 90 millones de dólares en el fideicomiso creado por los dos países para vehiculizar pagos. Pero los cables del entonces embajador donde hablaba de situaciones irregulares en ese fondo fueron más.
El 22 de noviembre del 2004, solo por poner un ejemplo entre varios, Sadous redactó un cable donde informó sobre su “preocupación por la demora en la instrumentación del fideicomiso, hecho que está generando problemas a las empresas INVAP, Medix y Phillips por la falta de pago del anticipo del 30% comprometido ( …)”.
A esa altura del 2004, el Ministerio de Planificación Federal había designado a un representante para solucionar esos inconvenientes: era el titular del OCCOVI, Claudio Uberti, el mismo que dos años después traería en un avión a Antonini Wilson y su valija. El Ministerio de Planificación negó ante la Justicia que Uberti haya estado involucrado en el manejo del fideicomiso, al que incluso niegan que haya terminado funcionando. Pero, al menos sobre el rol de Uberti, los cables de Sadous dicen lo contrario.
El 25 de noviembre del 2004, el diplomático se explaya sobre el malestar que existe entre empresarios que no podían acceder al registro de proveedores de PDVSA debido a que existía “falta de transparencia en la gran central de compras de esa firma en Houston, Texas”. Tras otras consideraciones, concluye: “Tal vez, la reciente creación del grupo informal de seguimiento del fideicomiso -con la coordinación venezolana del Lic. Franklin Méndez y del Ing. Claudio Uberti por la parte argentina- genere un nuevo ámbito de debate donde este tema pueda reverse”. En ese mismo cable, Sadous le informa a la Cancillería que se enteró por “comunicaciones informales con “Planificación”, que “Uberti estaría viajando hacia esta (sic) en las próximas semanas para analizar todos los temas vinculados al fideicomiso”. El diplomático cierra su escrito con una frase ambigua sobre cómo se realizaban los negocios en Caracas: “A criterio de esta representación no deben generarse muchas esperanzas en lograr un acceso amplio de las empresas Gapp sin existir socios locales que conozcan los mecanismos, códigos y canales informales usuales en el ámbito petrolero en esta” (sic). A pesar de que en rigor era el funcionario que debía controlar a las empresas que manejaban las concesiones viales en la Argentina, Uberti era llamado por Sadous como “el coordinador argentino de las macroruedas de negocios con Venezuela”. Así se lo nombra en un cable del 22 de marzo del 2005.
Según se desprende de los documentos a los que accedió Clarín, el Gobierno y Sadous intentaron hasta financiar obra pública con el polémico fideicomiso, que se creó para intercambiar recursos energéticos por bienes argentinos. Entre 2004 y 2009, el Gobierno compró fuel oil venezolano por 2.400 millones de dólares.
Aunque algunos de los cables mencionados fueron tipeados por otros funcionarios, como el ex agregado comercial Alberto Álvarez Tufillo. Todos llevan la misma firma final: “Sadous”, a secas.