LA PERSECUCIÓN POLÍTICA contra Vicencio “Enzo” Scarano, alcalde de San Diego en Carabobo, une al partido de los Salas con el PSUV. ¿Una vez más?

Aquí los hechos que lo comprueban:

El 14 de abril del año pasado, el Alcalde Enzo Scarano, como jefe de campaña del candidato presidencial Henrique Capriles Radonski, con el objeto de verificar el funcionamiento del sistema electoral, realizó recorrido por los centros electorales de todo el estado Carabobo, siendo el primero de ellos la escuela Lisandro Lecuna en Naguanagua, donde al llegar le hicieron esperar más de 20 minutos, fue cerrada la puerta por parte de una mujer del “Plan República” hasta que llegara la coordinadora del CNE y verificara la credencial de Enzo con su cédula de identidad. Luego de hecha la verificación, un soldado le abre la puerta a Scarano, quien entró sin problemas. El alcalde recorrió el centro electoral y verificó el proceso, y salió saludando a todos los miembros del plan república que se encontraban en las puertas del referido centro electoral.

Ahora bien, el día 17 de abril se presentan en Fiscalía del Ministerio Público 3 mujeres: la del Plan República (miliciana), la coordinadora del CNE, y la directora del colegio (que se encontraba afuera del centro) a fin de denunciar al alcalde por supuesta violencia física, con la mentira de que supuestamente Enzo llegó y empujó la puerta para abrirla (de acuerdo con la narración, la puerta habría golpeado a las 3 damas). Evidentemente es totalmente falso, pues, una de ellas estaba afuera y las otras 2 adentro

En la fase de investigación el alcalde Scarano promovió unos testigos, pero no fueron llamados a declarar, sino hasta el día jueves 30 de enero. Es decir, horas antes de la audiencia preliminar, declararon ante el Cicpc y la Fiscalía acusó, sin esperar sus deposiciones. Luego, en la audiencia, aseverarían que los testigos del imputado fueron llamados pero y que nunca comparecieron a declarar.

El Tribunal Segundo de Primera Instancia de Violencia en Función de Control, Audiencias y Medidas a cargo de la Jueza Abg. Blanca Zulina Jiménez Pinto, en la audiencia preliminar desechó el video donde se ve claramente que no hubo agresión, porque supuestamente se encuentra editado.

El viernes 31 de enero cuando le correspondía declarar al alcalde, fue suspendida la audiencia hasta el lunes. El día lunes el alcalde declaró y al terminar la declaración en menos de 10 segundos ya la juez tenía la decisión tomada, sacó un pendrive y publicó la sentencia, en la cual se ordena el enjuiciamiento del Alcalde Scarano.

En este sentido el TSJ en su página web y a través de nota de prensa de fecha miércoles 5 de febrero de 2014 expuso:

“El expediente indica que el 14 de abril de 2013, el Alcalde acudió al centro de votación Dr. Lisandro Lecuna ubicado en Naguanagua, en compañía de varios ciudadanos con la finalidad de ingresar al centro de votación. Continúa el fallo, que la ciudadana Raymar Astrid Cusati Briceño, quien ejercía funciones de seguridad y resguardo del Instituto, esperaba que la coordinadora del CNE, Bertha Carolina Sifontes Biody, chequeara las credenciales de Vicencio Scarano Spisso y éste empezó a decir groserías y palabras obscenas en su contra, al mismo tiempo que la empujó contra las rejas del centro y las golpeó”

Ante esto, el Concejo Municipal de San Diego emitió con el voto salvado del concejal Ángel Luna que pertenece a Proyecto Venezuela un exhorto al Ministerio Públicos y a los Tribunales a que actúen con equidad y justicia respetando el debido proceso y el derecho a la defensa del Alcalde.

Por otra parte, el Consejo Legislativo del Estado Carabobo en pleno, esa misma semana, y con el voto aprobatorio de los parlamentarios del partido Proyecto Venezuela ordenó la designación de una Comisión para que iniciara una investigación a la empresa Constructora Scarano, C.A (propiedad de la familia Scarano desde hace más de 50 años), por una obra construida hace 23 años (Carretera Bucarito-Güigüe), cuando ya eso fue investigado hasta la saciedad por la extinta Asamblea Legislativa del Estado Carabobo, el extinto Congreso de la República, los Tribunales competentes en Salvaguarda del Patrimonio Público y la Contraloría General de la República y todos opinaron que la empresa construyó lo que le correspondía y que le debían ser pagadas las respectivas valuaciones.

Todo apunta a que se reedita de nuevo el pacto PSUV-PROVE (Salas-Feo La Cruz) en este caso para desprestigiar públicamente al Alcalde Scarano quien fue a su tercera elección logrando el 75% de los votos en su municipio, algo nunca antes visto, que luego de 3 elecciones siga aumentando en popularidad.

Ya Prove ha pactado antes con el chavismo, recuerde la designación de los magistrados del TSJ en donde pactaron en el Asamblea Nacional para que ingresaran los magistrados Hadel Mostafá y Pedro Rondón Haaz a la máxima instancia jurisdiccional del país.