Foto: Ronaldo Schemidt/Agence France-Presse

2017 FUE UN AÑO DE PROTESTAS MASIVAS, brutal represión y ruptura del orden constitucional. También de disidencias dentro del chavismo, resonancia internacional de la crisis venezolana, descalabro económico y agudización de los conflictos sociales. Veinte imágenes captan los momentos más impactantes de un agitado año en Venezuela.

La Fiscal que le reviró a Maduro y arrancó en la moto de la disidencia chavista

El cisma que hizo tronar al chavismo vistió de taller oscuro y blandió la Constitución. 2017 fue el año en el que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se desmarcó definitivamente del gobierno de Nicolás Maduro catalizando con sus cuestionamientos y defensa a las instituciones democráticas la ruptura con el establishment venezolano de una de las funcionarias más emblemáticas de ¨la revolución¨.

De este distanciamiento no salió ilesa. Su desmontaje de las versiones oficiales sobre violaciones a los Derechos Humanos durante las protestas de 2017 y masacres comandadas por fuerzas de seguridad del Estado, sus denuncias de corrupción  así como su defensa a la Asamblea Nacional cuando Maduro intentó que el Tribunal Supremo de Justicia asumiera funciones parlamentarias le valieron su destitución del cargo por una inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente. La imagen de la fiscal escapando en moto de la sede de la fiscalía a la que le negaron el acceso es el retrato del deslave institucional del chavismo. Pero también del destino que le depara a quienes osan salirse del carril.

El quiebre de la Fiscal, que comenzó a asomarse un año antes, llevó a que fuese escogida como uno de los personajes más influyentes del año por medios internacionales como la Revista Semana de Colombia y la agencia Bloomberg así como la venezolana revista Zeta. Con su solicitud de enjuiciar a Maduro y 4 militares y funcionarios ligados a los cuerpos de seguridad del Estado presentada el 15 de noviembre ante la Corte Penal Internacional, Ortega Díaz se convierte en la primera fiscal que denuncia en La Haya a altos funcionarios de su país por crímenes de lesa humanidad.

La OEA, altavoz de la tragedia venezolana

La tragedia venezolana tuvo, finalmente, resonancia internacional en 2017. Y en buena medida por la insistencia de Luis Almagro,  Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, quien asumió cual misión  transcontinental el denunciar los abusos de poder, violaciones de Derechos Humanos y atentados a la democracia del gobierno de Nicolás Maduro.

Quien fuera elegido como secretario general de la OEA el 18 de marzo de 2015, durante 2017 presentó tres de los cuatro informes que su gestión ha dedicado a la crisis venezolana.  En mayo del año pasado, Almagro ya invocaba la aplicación de la Carta Magna contra el país suspendido del Mercosur. Pero en 2017, embistió abiertamente su posición crítica contra Maduro. El 15 de marzo de este año, propuso la suspensión de Venezuela de la OEA si el gobierno del heredero de Hugo Chávez no convocaba elecciones generales en el plazo de un mes, liberaba a los presos políticos, se sustituían a las autoridades corrompidas del CNE y el Tribunal Supremo. Su voz retumbó, pero sus exigencias no se aplicaron.  En la comunidad de naciones, cualquier decisión es coral.

El 25 de septiembre comenzó a alinearse con el sector más duro de la oposición, señalando que no había diálogo efectivo en Venezuela y que el acercamiento entre el gobierno y los opositores no debe basarse en “la distribución del poder”. Almagro no ha dejado de advertir sobre los riesgos para la paz y la seguridad hemisférica que representa un país con grave crisis humanitaria y migratoria, cuyas estructuras del Estado tienen vinculación con el crimen organizado internacional. Al cierre de 2017, ya no es la única figura internacional que lo alerta.

Borges, el rompe-sentencias

La escena ocurrió el 30 de marzo de 2017 en el patio interno de la Asamblea Nacional. Allí, el presidente del Poder Legislativo, Julio Borges, convocó a una rueda de prensa para pronunciarse sobre las dos sentencias que el Tribunal Supremo de Justicia había dictado esa semana.

 La primera, la 155, del lunes 27 de marzo, establecía que el presidente Nicolás Maduro podía revisar sin el aval del Hemiciclo – y amparándose en el estado de excepción que, todavía hoy, sigue vigente – leyes sobre delincuencia organizada, financiamiento al terrorismo, corrupción e incluso los código penales civiles y militares en aras de evitar las amenazas contra la «estabilidad democrática». La segunda, la 156, dictada la noche del miércoles 29 de marzo, aprobaba que la Sala Constitucional legislara en nombre de la AN porque esta estaba en desacato. De paso, allanaba la inmunidad parlamentaria. En apenas 48 horas y con dos documentos, el Poder Legislativo venezolano había sido disuelto.

 «Voy a decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia», dijo Borges antes de hacer una pausa y romper ante las cámaras de televisión y con los diputados de oposición como testigos, las decisiones del máximo tribunal.

 Su alocución continuó instantes después, mientras los parlamentarios aplaudían su acción. «Esto es simplemente basura. Basura de quiénes han secuestrado la Constitución y quienes han secuestrado los derechos, y quienes han secuestrado la libertad del pueblo venezolano. Esto es lo que significa para nosotros la sentencia», afirmó en un acto que se convirtió en una muestra de desobediencia civil y que marcó el inicio de 4 meses de protestas de calle en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

Los primeros grandes disidentes

Las sentencias del TSJ que disolvieron el Poder Legislativo, la represión contra las protestas y la convocatoria presidencial a una Asamblea Nacional Constituyente sin la previa consulta electoral, desencadenaron una serie de condenas y señalamientos contra el Gobierno, provenientes de políticos, ex funcionarios y personalidades que se habían considerado, hasta entonces, cercanos al gobierno de Nicolás Maduro.

 La primera en declarar su desacuerdo fue la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, cuando se pronunció contra las decisiones 155 y 156 del máximo tribunal. Hizo lo mismo luego con la actuación de las fuerzas del Estado contra los manifestantes, y continuó en su posición disidente cuando se hizo el llamado a la Constituyente.

 A finales de mayo, la ex defensora del Pueblo, Gabriela Del Mar Ramírez, reclamó la necesidad de preguntar al electorado si realmente quería una nueva Carta Magna. «Ninguna Asamblea puede catalogarse como Constituyente si primero no bebe de la soberanía popular. Sus bases comiciales deben pasar por la aprobación universal y directa de todo el país. Es impensable elegir constituyentistas si todo el pueblo no aprobó antes cuáles serán los términos y condiciones de esa elección. Y luego, esos señores deberán volver a someter a la aprobación popular el producto de su labor», escribió en un texto que distribuyó en Facebook y que se republicó en los medios de comunicación venezolanos.

 Pero hasta ahí no llegaron los pronunciamientos. En esa misma línea habló Maripili Hernández, ex ministra de la Juventud; el ex alcalde Metropolitano, Juan Barreto, así como los diputados chavistas como Germán Ferrer (esposo de Ortega Díaz) y Eustoquio Contreras, quien advirtió que la Constitución tenía que cumplirse en lugar de modificarse.

 Al rechazo a la Constituyente también se unieron Luis Alfonso Dávila, ex canciller de Hugo Chávez; el ex magistrado Fernando Vegas Torrealba y el Mayor General Alexis López Ramírez, quien renunció a la Secretaría del Consejo de Defensa de la Nación (Codena) por estar en contra de la anc. Todos estos nombres se pusieron en la misma lista que el del politólogo Nícmer Evans, los ex ministros Héctor Navarro, Ana Elisa Osorio y Jorge Giordani, quienes se habían declarado disidentes durante 2015 y 2016.

Foto: Federico Parra /AFP

De estudiantes a líderes parlamentarios en una década

Los diputados jóvenes de la Asamblea Nacional fueron los protagonistas de las protestas contra el gobierno de Maduro, que se produjeron desde abril de 2017 y concluyeron con las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio. Todos ya estaban entrenados en la calle: también protagonizaron las manifestaciones en 2007, cuando Hugo Chávez cerró el canal RCTV.

Juan Requesens, Miguel Pizarro, José Manuel Olivares, Carlos Paparoni, Juan Andrés de Armas, Juan Guaidó, Jony Rahal y el actualmente confinado en la sede de la embajada de Chile en Caracas, Freddy Guevara, se convirtieron en una especie de frente de batalla en las manifestaciones que dejaron un saldo de 157 muertos, según datos de Runrunes.

Requesens fue herido en la cabeza por unos supuestos colectivos en la inmediaciones de la Defensoría del Pueblo, Paparoni recibió el impacto de un chorro de agua lanzado por la ballena de la GNB y sufrió contusiones en la cabeza y un hombro, a Olivares le pegaron una bomba lacrimógena en la cabeza y Guevara estuvo en la emergencia de una clínica luego que un perdigón le diera en una pierna.

Un video del primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara, impidiendo que efectivos de la GNB se llevasen preso a un manifestante en la autopista Francisco Fajardo, se hizo viral en las redes sociales. 

Foto: Miguel Gutiérrez/ EFE

Venezolanos en protesta

Entre abril y julio de este año, Venezuela fue sacudida por la más larga ola de protestas de su historia republicana. Lo que comenzó con la disolución de la Asamblea Nacional, a través de dos sentencias dictadas por el TSJ, terminó con la implantación ilegal de una asamblea nacional constituyente y con la vida de 158 venezolanos –de acuerdo con cifras recogidas por Runrun.es– que cayeron en medio de largas jornadas de conflicto en las que las fuerzas del Estado y grupos de civiles armados pro oficialistas reprimieron y atacaron a quienes levantaron su voz contra el gobierno.

 El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró, durante esos 4 meses, más de 4 mil manifestaciones en las que participaron personas de diversos sectores socioeconómicos en todos los estados del país. Fueron protestas masivas y sostenidas que hicieron que el mundo mirara con atención lo que sucedía y lo que exigían los miles de ciudadanos que se lanzaron a las calles.

 Estos reclamos, que iban desde lo político, hasta lo económico y lo social, se escenificaron en zonas populares y de clase media, en áreas residenciales y comerciales, en ciudades y en zonas rurales, de día y de noche, y estuvieron conectadas con las convocatorias que durante este período hicieron dirigentes de oposición para pedir la restitución del orden constitucional en el país y un cambio de gobierno.

A pesar del recrudecimiento de la represión, en medio de las protestas se vieron actos heroicos de civiles que se desnudaron ante las armas, enfrentaron tanquetas, tocaron instrumentos musicales y idearon formas creativas para manifestarse que fueron desde los cantos de trabajo hasta las pancartas. Los venezolanos se organizaron no solo para asistir a las convocatorias de calle, sino también para dar de comer a quienes marchaban, pero también para auxiliarlos cuando eran heridos por perdigones y balas, o ahogados por los gases lacrimógenos. Los jóvenes de la Resistencia, armados con escudos de madera y metal, se erigieron como un símbolo de lucha durante más de 120 días de conflictividad.

Magistrados de la AN: cazados y condenados al exilio 

El 21 de julio la Asamblea Nacional designó 33 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, empoderada tras la Consulta Popular en que más de 6 millones de venezolanos emplazaron al poder opositor a renovar los poderes públicos. “A partir de hoy Venezuela está haciendo historia, se comenzará un camino en la recuperación institucional de la nación”, dijo el diputado Carlos Berrizbeitia como presidente del Comité de Postulaciones Judiciales.

La historia no fue como Berrizbeitia la imaginó. Al día siguiente, el magistrado Ángel Zerpa fue detenido por el Sebin y encarcelado por más de un mes en El Helicoide. Con el ejemplo al aire, Maduro juró prisión para todos los magistrados restantes, y oficializó la cacería. El siguiente en caer detenido fue Jesús Rojas.

Desde la oscuridad, pequeños grupos de magistrados se refugiaron en las embajadas de Chile y Panamá, mientras otros salían del país silenciosamente, en busca del exilio para evitar la cárcel. Eventualmente, todos los magistrados refugiados se fugaron en secreto de Venezuela.

Actualmente hay un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio reunido en la Organización de Estados Americanos para ejercer simbólicamente lo único que no han podido vivir desde su nombramiento, la justicia.

Más de 7 millones que dijeron sí, no queremos

 7.676.894 venezolanos se expresaron ese día. Si bien existe discrepancia sobre el éxito en número de la jornada del domingo 16 de julio, todos concuerdan en que fue una jornada única. No fue convocada ni organizada por el gobierno, no contó con la presencia del Plan República y no tuvo las medidas preventivas y de seguridad características de este tipo de eventos electorales (sin captahuellas, tinta indeleble o “Ley Seca”). Ese día los venezolanos, incluso los que está en el exterior, volvieron a las urnas después de casi dos años de las últimas elecciones (las parlamentarias de diciembre de 2015) en medio de masivas protestas.

 A través de tres preguntas se le consultó a los venezolanos sobre la legitimidad de la anc, el apoyo de la Fuerza Armada en la instauración del hilo constitucional y la renovación de todos los poderes públicos para así realizar elecciones. En todas ganó con más del 98% el sí. De esa consulta también surgieron, entre otras cosas, un pacto de gobernabilidad que firmaron todos los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, una nueva alianza opositora y una fracción parlamentaria.  

Elecciones bajo sospecha

Después de casi dos años de las últimas elecciones oficiales, un intento de Referendo Revocatorio, llamados internacionales a que se cumpla el cronograma electoral estipulado en la constitución y la muertes de más de 100 venezolanos protestando, entre otras cosas, por la convocatoria de elecciones, el 30 de agosto de este año se llevó a cabo un comicio organizado por el Estado: la elección de 537 constituyentistas.

 Desde un principio, el 1 de mayo cuando el presidente anunció la convocatoria, esta elección constituyente se encontró con muchos con muchos contras, incluso dentro del chavismo, pero una de las consecuencias más grave ocurrió después de el evento. La empresa encargada de los sistemas y la dotación de máquinas para votar en Venezuela desde 2004, Smartmatic, aseguró que esas elecciones habían sido manipuladas. Explicaron que la diferencia entre sus datos y los dados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) era de un millón de votos.

 Sobre esta denuncia no hubo mayor investigación, Smartmatic dejó de prestar el servicio en el país y en los primero días de agosto el CNE hizo la convocatoria para las Elecciones Regionales, elecciones que se debían desde diciembre de 2016 y para la cual se dijo que no había dinero. Si bien los primero reportes aseguraban que se realizarían en diciembre, una propuesta en la anc las movió para el 15 de octubre. A diferencia de la elección de la Constituyente, la Mesa la Unidad Democrática (MUD) y los partidos que la conforman sí decidieron participar. ¿El resultado? La oposición obtuvo 5 gobernaciones frente a 17 del PSUV y la participación se ubicó en 61,14%.

 A las pocas semanas, y con el beneplácito de la anc, el CNE convocó las Elecciones Municipales, a realizarse el 10 de diciembre. El resultado fue igual de desalentador para la oposición, quien en esta oportunidad decidió que no postularía candidatos. El oficialismo se llevó 306 alcaldías de las 335 que se eligieron y la participación fue de 47,32%. Aún quedan por anunciar la fecha de las elecciones presidenciales que, según la Constitución, deberían realizarse en 2018.

Foto: Prensa Presidencial 

Funcionarios sancionados

 Desde su llegada al poder en enero en 2017, el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, ha sancionado a 41 funcionarios venezolanos. El primero fue el vicepresidente Tareck El Aissami, a un mes de llegar a la Casa Blanca, quien es señalado de tener «un papel fundamental en el tráfico internacional de narcóticos» y fue agregado a la lista OFAC. A partir de este momento se fue agregando representantes de los distintos poderes públicos, siendo el Poder Legislativo (Asamblea Nacional) el único fuera de esta lista. Las razones van desde corrupción, como es el caso del exministro Carlos Osorio, pasando por su apoyo a la asamblea nacional constituyente, como Adán Chávez, o incluso por restringir la libertad de prensa, como es el caso del exministro Ernesto Villegas. Estos funcionarios tienen los bienes y cuentas bancarias en Estados Unidos congelados y se le prohíbe a americanos y socios hacer negocios con ellos.

 Estados Unidos no fue el único en sancionar a funcionarios. Canadá, en dos grandes lotes, también impuso sanciones similares a 56 funcionarios por “graves violaciones de derechos humanos reconocidos internacionalmente”, corrupción, o incluso ambas. La Unión Europea también aprobó a principio de noviembre la base legal para crear una lista de funcionarios venezolanos a quienes congelaría sus bienes y le prohibiría entrar en territorio comunitario. Sin embargo, aún no se conocen nombres pues primero tienen que se aprobados por todos los países miembros.

 La reacción del gobierno ante estos señalamiento siempre ha sido una nota de protestas calificando a los países que sancionan como “injerencistas” y premiar a los sancionados, en ocasiones con más responsabilidades. Un ejemplo fue cuando el presidente Nicolás Maduro condecoró con una réplica de la espada del Libertador Simón Bolívar por haber sido “agredidos por el gobierno de Estados Unidos” a Tibisay Lucena, Tarek William Saab, Elías Jaua, Iris Varela, Néstor Reverol, Sergio Rivero, Carlos Pérez Ampueda, Franklin Duque y Simón Zerpa.

Presos políticos 

2016 terminó con varias liberaciones de presos políticos y dio paso a un 2017 con 107 personas encarceladas por el régimen de Maduro. Sin embargo, la cifra que lleva el Foro Penal Venezolano no demoró en aumentar. Gilber Caro y Raúl Baduel fueron tan solo algunos de los primeros presos que vio el nuevo año.

En abril las protestas multitudinarias concluían en centenares de aprehensiones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, y de violaciones a las leyes, al debido proceso y a los derechos humanos.

Menores de edad, jóvenes estudiantes, alcaldes, dirigentes políticos, adultos y ancianos, tanto hombres como mujeres, pasaron a ser parte de la lista de presos políticos en Venezuela, muchos de ellos denunciando torturas y tratos crueles durante su reclusión.

12.007 venezolanos fueron arrestados por motivos políticos este año, según el Foro Penal,  pero el “efecto de la puerta giratoria”, provocado por las rápidas liberaciones y realización de nuevas detenciones, dejo contabilizado como mayor número de presos a 676 para el 11 de agosto.

Desde entonces, la cantidad de presos ha bajado paulatinamente, aunque las detenciones y la persecución política no se detienen.

Foto: Raul Arboleda/ AFP

Alcaldes en fuga

Siete alcaldes que estuvieron presos o fueron sentenciados salieron del país. Todos eran opositores y todos, menos el exalcalde metropolitano Antonio Ledezma, fueron acusados de permitir protestas en sus municipios.

Omar Larez. El ex alcalde de Campo Elías en el estado Mérida, huyó luego de que funcionarios de la GNB allanaran su casa el 30 de julio. Desde ese mismo día, uno de sus hijos está privado de libertad como medida de presión, aseguró la ONG Provea. Una sentencia emitida por el TSJ le ordenaba desautorizar protestas en su municipio, sentencia que Larez no acató. Actualmente, se encuentra exiliado en Cúcuta, sin trabajo y viviendo en la casa de un amigo.

Ramón Muchacho. Tras una sentencia de 15 meses de prisión por no impedir que en el municipio chacao protestaran y levantaran barricadas, Ramón Muchacho decidió huir de Venezuela el pasado 1 de agosto. Aunque se encuentra exiliado en Miami, Muchacho aseguró que “desde afuera continuará luchando por la libertad del país”.

Gustavo Marcano. Sentenciado por el Tribunal Supremo de Justicia a 15 meses de prisión por no impedir las manifestaciones de calle en el municipio Lecherías en el estado Anzoátegui, el exalcalde decidió no acatar la sentencia y huyó de Venezuela el pasado 3 de agosto para no ser detenido. Marcano, a su llegada a los Estados Unidos se reunió con el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro en Washington, para hablar sobre la persecución de la dictadura venezolana.

David Smolansky. Luego de las protestas que se extendieron durante cuatro meses en todo el país, el ex alcalde del municipio El Hatillo tuvo que abandonar el país el pasado 14 de septiembre luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo condenara a 15 meses de prisión por permitir protestas y cierre de calles. Smolansky se encuentra actualmente en la clandestinidad.

Antonio Ledezma. El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, fue detenido por efectivos del Sebin el pasado 19 de febrero de 2015 cuando estaba en su oficina. Ledezma, apresado por presunta conspiración en contra del gobierno, decidió huir de Venezuela luego de permanecer más de mil días privado de libertad. El 17 de noviembre la inmigración colombiana confirmó el ingreso de Ledezma al país vecino. Actualmente se encuentra en España.

Delson Guárate. El ex alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, se escapó de Venezuela por la frontera con Colombia. Guárate aseguró a través de unos audios, que se fugó por que el gobierno estaba manejando un plan para enviarlo nuevamente al Sebin. A principios de noviembre, Guárate fue liberado con medidas cautelares junto a Yon Goicoechea. Estaba detenido desde noviembre de 2016 acusado de «financiamiento al terrorismo» y «asociación para delinquir».

Foto: Juan Barreto /AFP

Rumores de muerte y casa por cárcel para López

“Información, traslado de Leopoldo Lopez desde Ramo Verde al Hospital Militar, sin signos vitales. Régimen maneja hipótesis de intoxicación”. A las 8:01 pm del 3 de mayo, en plenas protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro, el periodista Leopoldo Castillo publicó ese mensaje en su cuenta de Twitter @elcitizen.

Casi a la misma hora, el diputado Diosdado Cabello desmintió los problemas de salud de López en su programa Con el mazo dando, transmitido por el canal del Estado, Venezolana de Televisión. “Se inventan que a Leopoldo López le hicieron no sé qué cosa, pa’ montar un show lindo y bello”, dijo Cabello. Al poco tiempo, publicaron un video de López, musculoso y de brazos cruzados, como fe de vida.

El 8 de julio, luego de haber permanecido más de tres años detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, a López le fue otorgada la medida cautelar de “casa por cárcel”. El Poder Judicial informó a través de su cuenta en Twitter que la decisión obedecía a problemas de salud.

FOTO Meredith Kohut, The New York Times

La comida no alcanzó para los niños

La fotografía abrió la portada de The New York Times en la edición del 17 de diciembre: el féretro de un niño, muerto por desnutrición, rodeado de otros tres. Es la historia de Kenyerber Aquino Merchán, de 17 meses, una de las varias de niños que lloran y mueren de hambre que las periodistas Meredith Kohut e Isayén Herrera reportearon para el diario estadounidense

Lo que empezó, hace más de tres años, con escasez de alimentos regulados y obligó a los venezolanos a comprar comida a través de un sistema de racionamiento definido por el terminal de número de cédula -implementado por el gobierno de Maduro- desembocó, debido al desplome de las importaciones, en una crisis humanitaria compleja. Los niños han sido los más vulnerados.

El monitoreo centinela del mes de noviembre de Cáritas, organización de la iglesia Católica, mostró que 15,7% de niños menores de 5 años presentaba desnutrición aguda. En octubre la cifra era la mitad: 8%.

Foto: Fernando Llano/AP

Ataques al Parlamento

94 diputados, 108 miembros de los medios de comunicación social, 120 trabajadores de la Asamblea Nacional, además de invitados especiales, diplomáticos y músicos quedaron atrapados en el interior del parlamento por casi ocho horas, luego que grupos afectos al chavismo irrumpieran en el marco de la celebración del “Día de la Independencia”, el pasado 5 de julio.

Ante la pasiva mirada del coronel de la GNB, Bladimir Lugo, encargado de la seguridad en el hemiciclo, miembros de colectivos armados con objetos contundentes hirieron a los diputados Armando Armas, Americo De Grazia, Nora Bracho y José Regnault.

Además causaron destrozos en las instalaciones y amenazaron a periodistas. Previamente habían asaltado la sede del congreso el 27 de junio, durante la conmemoración del Día del Periodista. Los asistentes a la sesión debieron abandonar el lugar en horas de la noche, escoltados por funcionarios.  Aunque el presidente Nicolás Maduro ordenó al Ministerio Público investigar los hechos violentos, no hubo detenido alguno.

El jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática en la AN, Stalin González, denunció que la propia GNB abrió las puertas a los grupos simpatizantes del oficialismo.

Óscar Pérez, el inspector más escurridizo

Las fotos comenzaron a rodar por las redes sociales: un helicóptero del CICPC volaba Caracas con un letrero llamando al artículo 350 de la Constitución que invoca la desobediencia civil. Fue el martes 27 de junio, mientras sumaban dos meses de protestas contra el gobierno de Maduro. El helicóptero, de acuerdo con la versión del Gobierno, lanzó una granada al Tribunal Supremo de Justicia y se trató de una plan de “ataque imperial”. El piloto y protagonista de la cinematográfica escena fue el inspector del CICPC Óscar Pérez, también actor y ahora prófugo de la justicia, por el que la propia institución que integró está ofreciendo recompensa. Él, como una sombra de ojos azules, aparece, responde, desaparece, mientras practica su solitaria versión del artículo 350.

Paramacay, la intentona con mal timing

El 6 de agosto, domingo que siguió a la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, estaba programado el foro “Encuentro en Defensa de la Constitución” organizado por la Universidad Católica Andrés Bello, en el que participaron los principales líderes de la Mesa de Unidad Democrática y miembros del llamado “chavismo disidente”. Era la primera vez que, públicamente, se agrupaban dentro de un mismo encuadre Julio Borges, Henrique Capriles o Freddy Guevara con chavistas desmarcados del gobierno de Nicolás Maduro como Luisa Ortega Díaz, Gabriela Ramírez y Miguel Rodríguez Torres. Pero esta no fue la noticia del día en un país que, después de 3 meses de protestas, necesitaba concierto de voluntades. La noticia, en cambio, fue una rebelión, de corto aliento y de madrugada, liderada por el excapitán de la Guardia Nacional Juan Caguaripano en el fuerte Paramacay, en Valencia, sede de la 41 Brigada Blindada.

Los alzados, que lograron huir con parte del parque de armas de Paramacay, fueron capturados el 11 de agosto por Polisucre, en un vehículo que transitaba por la urbanización La California, de Caracas. Un encuentro como el de la UCAB no volvió a darse.

Foto: EFE

Los billetes se multiplicaron por 0 y se anularon

Este año, además de los alimentos y las medicinas, escaseó el efectivo. Como si fuera poca cosa la lucha diaria para conseguir los productos e insumos básicos para la subsistencia, al venezolano se le sumó otro padecimiento: los billetes del cono monetario aparecieron en enero (aunque habían sido prometidos para finales de 2016), se dejaron ver por unos meses y luego comenzaron a escasear. Comenzó, así, el viacrucis por cajeros y agencias bancarias para conseguir dinero circulante. Las colas para retirarlo son tan largas que ahuyentan hasta al más paciente y necesitado.  

 Los ciudadanos batallaban para hacer compras menudas. Comprar un ticket de metro, una canilla o un periódico, pagar un pasaje, el estacionamiento y la gasolina y ofrecer una propina se convirtió en una carrera de obstáculos diaria. Este escenario propició la aparición de una nueva y perniciosa modalidad de intercambio: el avance de efectivo. A finales de año vino a completar el nuevo cono monetario el billete de 100.000 bolívares y su llegada representó un nuevo dolor de cabeza para los venezolanos: ¿cómo comprar con esa nueva pieza si nadie tiene para dar vuelto? Por cierto, aún hay quienes pagan con billetes del viejo cono monetario porque son los que les dan los cajeros (los automáticos y los de carne y hueso). A todas estas, el moribundo billete de 100 bolívares sigue vivito y coleando. Ya lleva 10 reencarnaciones.

Foto: AFP

El bolívar se desplomó

Si hay una situación constante en Venezuela, además de la crisis, es la devaluación del bolívar. En los cuatro años que lleva Nicolás Maduro en la presidencia, la moneda ha perdido más del 99% de su valor en el mercado paralelo de divisas y es una de las más devaluadas de Latinoamérica, según informe publicado en diciembre de 2016 por el diario español El País.

 A principios de 2017, el panorama económico que esbozaban algunos economistas como Jesús Casique era desolador. «La devaluación es inaplazable», había dicho en febrero, pronosticando que el gobierno devaluará en 400% la moneda venezolana. Efectivamente, a finales de mayo, tras publicar las bandas entre las que fluctuaría la tasa de cambio del nuevo sistema de asignación de divisas Dicom (subasta de dólares), el BCV devaluó el bolívar 60%. A partir de entonces, se ha venido depreciando frente al dólar (y otras monedas extranjeras) y el costo de productos, insumos y servicios en el país se ha incrementado exponencialmente. Hoy los venezolanos tienen el país con la inflación más alta del mundo, según el FMI.

 Así, cuando el 30 de noviembre el dólar paralelo pegó un nuevo salto y llegó muy cerca de la barrera de los 100.000 bolívares (97.192,71), los venezolanos llevaban meses soportando los embates de una inflación sin frenos. Para ese momento ya era un hecho lo que a principios de 2017 todavía parecía lejano: un solo verde costaría más que la mitad de un sueldo mínimo.