Gobierno tolera negocios de paramilitares para no perder a sus pistoleros

La acción de los colectivos dejó de ser, desde hace años, la “defensa” armada de la revolución

Si bajo el mandato de Hugo Chávez pudieron obtener financiamientos para sus comunas, hoy Nicolás Maduro –en bancarrota– les permiten incluso que “bachaqueen”  alimentos y que sean parte de la “guerra económica” que tanto critica

Lorena Meléndez G.

@loremelendez

Especial para Provea

No solo funcionan como grupos de choque. No solo controlan territorios e imponen su ley. El poderío de los paramilitares del chavismo, conocidos como “colectivos”, es tal que abarca desde las operaciones con las que amedrentan y asesinan a manifestantes que están en contra del gobierno de Nicolás Maduro, pasando por el manejo de la distribución y comercialización de la comida –mediante el manejo de los Mercal, las Bodegas de la Patria y, ahora, sus propios locales con productos a precios de “bachaqueros”–, hasta las transacciones que les permiten vender armas, largas y cortas, en las cárceles venezolanas.

Habitantes de zonas como Catia y el 23 de Enero, informes, expertos y una revisión a sus negocios, confirman que se han convertido, con el paso del tiempo, en empresarios que se refugian bajo el velo de sus “fundaciones” para lucrarse. Si en el pasado, esta figura legal les permitió acceder a créditos otorgados por distintos ministerios, hoy le sirve como excusa para hacer justificar sus emprendimientos.

2014, el antecedente

Ocurrió la noche del 19 de febrero de 2014. En una alocución televisada, Nicolás Maduro condenaba la violencia de los últimos días. Las protestas contra su gobierno eran diarias y en distintos puntos del país los ciudadanos exigían su renuncia a la Presidencia de Venezuela. Con las manifestaciones había comenzado a engrosarse una lista de víctimas fatales conformada, en su mayoría, por jóvenes que disentían del chavismo. De los cinco homicidios que habían sucedido en una semana, en al menos 3 habían participado los grupos paramilitares conocidos como “colectivos”. En lugar de rechazar sus actuaciones, Maduro los defendió.

“Yo les doy garantías de que esos colectivos lo que están haciendo es trabajar, producir, organopónicos, cultura. Ellos debieron armarse en el pasado y se han organizado para proteger a su comunidad”, justificó.

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Foto: El Carabobeño

Y seguían armados. Ese año, como ningún otro, demostraron que eran el brazo violento de la revolución bolivariana. En tres meses se registraron, de acuerdo con el informe “Relación de los casos de asesinatos y estatus de las causas reportadas al Foro Penal Venezolano (Enero 2016)”, 44 muertes asociadas a las protestas, de las cuales 7 fueron causadas por los colectivos. A manos de ellos cayeron Génesis Carmona, Wilmer Carballo, Daniel Tinoco, Jesús Enrique Acosta Matute, Guillermo Alfonso Sánchez Velásquez, Wilfredo Rey, Jesús Orlando Labrador. Aunque en el documento no se menciona, a Juan Montoya, quien era coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela (que unifica a colectivos de Caracas y Vargas), también lo mató uno de los paramilitares con los que andaba el 12 de febrero: Hermes Barrera, quien luego lo sucedió en su cargo.

“Los colectivos paramilitares se han convertido en la principal respuesta que el gobierno tiene hacia los manifestantes venezolanos. Con el aval de las autoridades y con el manto de la impunidad a su favor, estos grupos criminales buscan sembrar terror para que los ciudadanos no exijan sus derechos”, advirtió en junio de 2015 el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social a través del informe “Manifestantes en la mira de colectivos paramilitares”, un documento en el que también se reveló que estos grupos armados habían ejecutado –solo durante el primer trimestre de 2014– acciones violentas en al menos 437 protestas, lo que se tradujo en 31% del total de las que se registraron en ese momento. Las lesiones por arma de fuego en estos episodios fueron las más comunes.

En 2017 han seguido el mismo camino, pero ahora amparados por el Plan Zamora, que contempla que las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado estén acompañados de la comunidad organizada que, en este caso, son los paramilitares del chavismo. Esta es la razón de la impunidad ante cualquiera de sus actuaciones.

Paramilitares hasta en la sopa

Desde la plaza Pérez Bonalde, en el Bulevar de Catia en Caracas, se ve una cola extensa de más de 100 personas que resisten el sol del mediodía. Esperan que los atiendan en un comercio situado en la avenida Washington, a unos 30 metros de la calle Colombia.

–¿Disculpe, mija, qué están vendiendo? – le dice un hombre, que va con un niño de la mano, a una mujer que está en la formación.

–Tienen harina pan, arroz, azúcar…

–¿En cuánto la harina pan?

– En 10 mil.

El asombro transforma la cara del hombre que, segundos atrás, tenía un semblante apacible, despreocupado. Con los ojos aun abiertos, desorbitados, y una expresión de espanto, repregunta:

–¿10 mil una harina pan?… ¿Esos son los colectivos?

–Sí, los colectivos…

La conversación acaba allí. Pero a lo largo de la cola, la escena se repite con actores distintos justo frente a una pared que rechaza a los “bachaqueros”. Hoy, los expendios de alimentos más surtidos de toda Catia tienen los mismos precios y los mismos dueños: los paramilitares del 23 de Enero que han tomado la zona para vigilar y amedrentar a sus habitantes y, ahora, ponerle tarifa al hambre de una comunidad que, como el país, está desabastecida. Hasta allí ha llegado su poder.

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Foto: Lorena Meléndez G.

No es la única forma en la que estos grupos irregulares, que fueron armados con la venia del gobierno del ex presidente Hugo Chávez, han participado en el negocio de la comida. Antes de que instalaran sus tiendas en al menos cuatro puntos distintos de Catia, los colectivos ya habían metido sus tentáculos en los Comités Locales de Alimentación y Producción, mediante la organización y control de los Mercal y las Bodegas de la Patria.

“Ellos no están dentro de los Clap, pero sí tienen los centros de distribución”, confirmó un habitante de la zona que declaró en condición de anonimato. Señaló que el Mercal de Cristo Rey está controlado por el colectivo Radio 23, el de la Zona E está en poder de Tres Raíces, el del Bloque 13 es manejado por La Piedrita y Salvador Allende, mientras que el colectivo Montaraz se encarga del que está en las adyacencias del Cuartel 4F.

Un integrante de un colectivo del 23 de Enero confirmó que el grupo al que pertenecía se había apoderado del Mercal más cercano a su zona. “Lo tomamos porque antes aquí había demasiada cola y eso trajo muchos problemas. Además, había muchas irregularidades, se vendían cupos en las colas, desaparecían productos. Esto era un negocio que tenían varios consejos comunales y nosotros acabamos con eso”, explicó. Meses después de aquella intervención, llegaron los CLAP. Al final, los del grupo armado permanecieron y siguieron controlando lo que allí se vendía.

Aunque el miembro del colectivo señaló que a los productos básicos sólo se les hacía una auditoría, un vecino afirmó que la mayoría de los colectivos hacía negocios con la mercancía. “Aquella vez que hubo la tranca en el 23 de Enero, los colectivos protestaban en realidad porque los de Tres Raíces estaban detenidos porque les habían descubierto comida”, afirmó un residente de la zona. Otro comentó que ese mismo grupo vendía, en horas de la noche, bultos de productos básicos a los revendedores seis veces más de su valor real.

Otro vecino afirmó que estos mismos grupos se encargaban de eliminar de la lista de beneficiarios de las bolsas de alimentos repartidas por los CLAP a quienes eran simpatizantes de la oposición. “Yo soy del consejo comunal, pero no me dejaron entrar al comité porque sabían que yo era opositor. Luego de que se recogieron las firmas para el revocatorio, los colectivos llegaron amenazando y diciendo que a quien no retirara su firma no le iban a dar su bolsa”, recalcó.

Para el comisario Luis Godoy, ex jefe de la División contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el gobierno no actúa porque tiene una intención clara: sabe que si lo hace pierde el control social y político que ha tenido durante años en esos sectores populares en donde hoy mandan los paramilitares.

“El problema es que el Estado entregó el control del Estado a un tercero y lo perdió. Ya ese monstruo no lo pueden controlar”, apuntó.

“Pueden existir, y existen, grupos que se encargan de ayudar a sus comunidades, que están ligados a las misiones y al gobierno nacional, pero existen otros vándalos que el gobierno reconoce y no les pone coto. Son paramilitares, parapoliciales, se les suministraron armas, poder, amedrentan y meten miedo. Son bandas de delincuentes”, recalcó.

Emprendiendo a punta de pistola

“¿Qué tiene de malo ser revolucionario y vivir bien? ¿Qué tiene de malo ser revolucionario y tener una buena panadería, tener un buen local, una zapatería, un buen comercio, una buena farmacia, tener una estética en el edificio, en el barrio? Entendíamos muy bien qué quiso decir Chávez cuando dijo ‘Vivir viviendo’”, cuestionó Robert Longa, líder del colectivo “Alexis Vive”, en un video de su organización, dando una respuesta clara a quienes critican que su grupo maneje dentro de sus predios una panadería, una textilera, una empaquetadora de alimentos, un restaurante y hasta un sistema de televisión por suscripción que brinda servicio a más de 1000 usuarios, un pequeño consorcio que financia las actividades del colectivo en su territorio.

Pero esos son los negocios lícitos. En el centro comercial Ciempiés, totalmente bajo su control, “Alexis Vive” mantiene también un “banco” que ofrece avances de efectivo a partir de 200 mil bolívares, además de un casino con decenas de máquinas y cámaras de seguridad. La rentabilidad de las salas de juego también sedujo a “La Piedrita”, que tiene una en el Bloque 7 del 23 de Enero, y a los Tupamaros, que resguardan otra en Monte Piedad.

A los colectivos también se les ha señalado por comercializar armas con los reclusos. Una nota de Crónica Uno señaló que el arsenal, presuntamente obtenido a través de sus padrinos en el Ejecutivo, abarcaba desde pistolas hasta fusiles y granadas que pueden obtenerse con porte de armas o carnet de funcionarios, o a un precio más bajo si los seriales vienen “sucios”.

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