Mientras la Guandia Nacional Bolivariana (GNB) reprimía en el este de Caracas las manifestaciones contra el Gobierno, en la parte alta de la Cota 905 las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) realizaban una Operación de Liberación del Pueblo (OLP).

La orden era directa y clara: Había que evitar que el barrio bajara a protestar. Ese día la incursión policial dejó cinco muertos en lo que las autoridades describieron como un enfrentamiento, y los vecinos calificaron de ajusticiamiento. Monitor de Víctimas registró estas matanzas y entrevistó a familiares de víctimas y testigos para mostrar el otro lado de la OLP.

Monitor de Víctimas es un proyecto desarrollado por Caracas Mi Convive y Runrun.es para registrar y caracterizar los homicidios que ocurren en el Distrito Capital. Combina periodismo de datos, periodismo de investigación y participación ciudadana. Durante el primer mes de procesamiento de información, el equipo integrado por reporteros de distintos medios digitales e impresos, registró 151 homicidios ocurridos en mayo en los cinco municipio de la Gran Caracas. Identificó que se realizaron tres OLP con 16 personas muertas en circunstancias que se alejan del respeto a los Derechos Humanos. 

Uno de los casos ocurrió el 8 de mayo. A la 1:30 pm un batallón de funcionarios del FAES, vestidos de negro y con capuchas, tomó más de 10 sectores de La Cota 905, entre las parroquias Santa Rosalía y El Paraíso del municipio Libertador. Una vecina que a esa hora bajaba con sus dos hijas y una bandera para participar en la movilización opositora tuvo que devolverse. Un funcionario la apuntó con un fusil y le preguntó: “¿A dónde crees que vas tú?”. La mujer temblorosa, no supo qué responder y el agente la empujó y le dijo: “Camina que vamos para tu casa”.

Al llegar a la vivienda en el sector El Naranjal, le rompió su tricolor y entró a las habitaciones. Sacó gavetas y desordenó los closets. Dejó una estela de ropa en el piso y los portarretratos familiares los destruyó. Había trozos de vidrio por doquier.

Cuando terminó la revisión, el funcionario la haló por un brazo y le preguntó: “¿Qué sabes del Coqui?”. Ella le contestó que no lo había visto, que no tenía trato con él. Antes de irse, el policía se llevó unos relojes y el dinero que la mujer tenía guardado en su dormitorio. Ese día nadie pudo salir del barrio. Hubo un toque de queda. La vecina, quien prefirió mantenerse en el anonimato, afirma que el Gobierno pretende evitar que los barrios salgan a participar en las manifestaciones.

“Ellos no quieren que pase lo que ocurrió en La Vega. Allá la gente dejó el miedo de lado. Salieron de sus casas y expresar su malestar porque no hay comida. Aquí usaron como excusa la activación de un operativo para buscar al Coqui para mantener a la gente presa”, aseguró.

Excesos, robos y violaciones de derechos humanos

Según la información recabada por el equipo del Monitor de Víctimas ese día la OLP mató a cinco ciudadanos: José Alberto Jaspe, de 19 años de edad, Carlos Tovar,  Yeiker Castro González, de 26 años, Keivel Enrique Pineda y un hombre, conocido como Gustavito. La policía y el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol aseguraron que eran miembros de la banda del Coqui, pero en el barrio la versión era otra.

Zoraida (nombre cambiado), madre de José Alberto Jaspe, relató que su hijo vendía tetas de azúcar y café, así como masa de arepas a los buhoneros del bulevar del Cementerio. A las 3:00 pm salió con su amigo Carlos Tovar que lo había visitado. Solían reunirse para compartir en sus ratos de ocio. Al escuchar el sonido de la puerta, la mujer se puso tensa. Pidió a Dios que le cuidara a su hijo porque había policías por todos lados. A los pocos minutos, la mujer salió a casa de su hermana a buscar cloro para una ropa que estaba lavando. Escuchó varias detonaciones y sintió el sonido de las botas de los encapuchados, vestidos de negro, que se desplazaban con velocidad de un lado a otro.        

“No pude salir de allí, me refugié por unas horas en esas cuatro paredes. La situación se estaba poniendo más tensa y veíamos el celaje de los policías. Se escuchaban ráfagas de tiros. Las calles estaban desiertas, se escuchaban gritos de dolor, había mujeres que gritaban: ‘no le hagan daño, déjenlo tranquilo’, otras suplicaban que no las agredieran. En ese momento llegó mi cuñada con una crisis de nervios, me dijo que una familia había sido secuestrada en el sector La Chivera. Tuve un presentimiento. Algo me decía que mi hijo estaba ahí y bajé. Pero los policías no me dejaron pasar, les supliqué que solo quería saber si él estaba ahí y me echaron a un lado”, narró Zoraida.

A las 5:30 pm José Alberto Jaspe se había comunicado con su tío para pedirle que por favor lo sacara de esa zona, que los policías lo tenían rodeado. Hizo tres llamadas al celular de su madre, pero no pudo comunicarse. Ella volvió al sitio, pero de nuevo no la dejaron pasar. Los hombres con sus escudos la distanciaron. Las detonaciones no cesaban.  

Por la barriada corrió el rumor de que un grupo de delincuentes al intentar evadirse de las fuerzas de seguridad entró a la vivienda y sometió a una familia. La madre de Jaspe presume que al ver a los agentes su hijo y su amigo corrieron a refugiarse y los masacraron.

Pasadas las 9:00 pm la familia que un grupo de delincuentes mantuvo secuestrada fue liberada. Varios cuerpos ensangrentados envueltos en sábanas fueron bajados de la comunidad por los funcionarios encapuchados. Entre ellos, se encontraban los cadáveres de José Alberto Jaspe y de su amigo Carlos Tovar.

Los trasladaron al hospital Pérez Carreño. Jaspe tenía un tiro en un ojo, mientras que Tovar tenía tres disparos en el tórax. Este último laboraba en el depósito de una tienda. No les decomisaron armas, ni droga. El hijo de la mujer solo tenía en los bolsillos un yesquero y los paqueticos de azúcar y café que vendía.

En la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la avenida Urdaneta, uno de los detectives se le acercó a Zoraida que estaba inconsolable y le dijo: “Tu hijo no tenía antecedentes. Esos agentes se lacrearon con él”.

Ella piensa acudir a la Fiscalía a solicitar una investigación al menos para limpiar el nombre de su hijo. “Él no era un delincuente como lo cacareó en rueda de prensa el ministro Reverol. Es muy fácil matar y decir que son criminales, sin indagar, amparados por la impunidad”, expresó.

Los vecinos de la Cota 905 ya han perdido la cuenta de la cantidad de procedimientos que se han desplegado en la zona desde julio del año 2015, cuando hubo la primera OLP justamente en esa zona.

“Los policías en lugar de brindar protección y confianza, siembran pánico, rabia e impotencia. Aquí le tememos más a los uniformados que a los malandros”, manifestó una residente del sector, mientras recordaba que el año pasado en una de esas tantas intervenciones policiales un funcionario amenazó a su sobrino con matarlo y cuando ella intentó impedir que lo hiciera, el funcionario la esposó, la haló por el cabello y la subió a un cerro en plena lluvia. Allí la retuvo por más de media hora. “Me dijo de puta para abajo, cualquier cantidad de groserías. No respetaron mi condición de mujer”.

Ahora los operativos los compaginan con las manifestaciones de calle. Antes de la OLP del 8 de mayo, se hicieron otros procedimientos en la zona que coincidían con las protestas de gran convocatoria, como la del 19 de Abril. “En aquella oportunidad no se pudo salir hasta el día siguiente. Es una represión por partida doble. Las fuerzas de seguridad te tienden un cerco en el centro y en el este de la ciudad y de forma paralela en el barrio”, dijo la mujer que pidió no revelar su nombre por seguridad.

Hasta ahora los procedimientos policiales en las comunidades no han reducido la violencia, por el contrario han contribuido a incrementar el odio entre funcionarios policiales y la comunidad. El informe del Ministerio Público de 2016 registró 4.667 muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, lo que representa el 22% del total de homicidios ocurridos en el país.

De acuerdo con la ONG Provea, el 86% de las muertes que involucran los cuerpos policiales y militares son ajusticiamientos e incurren en atropellos contra los allegados durante los allanamientos. En 2015, se reportaron 1.396 casos de ejecuciones extrajudiciales. Cofavic indicó que el 81% de las víctimas fueron menores de 25 años y 99% de los involucrados eran hombres.

Durante el mes de mayo del año en curso, Monitor de Víctimas contabilizó tres masacres durante OLP realizadas por la PNB y sus cuerpos de élite. Las incursiones policiales dejaron 16 víctimas. Algunos, según sus parientes no estaban involucrados en hechos delictivos, mientras que otros fueron ejecutados, pese a que se rindieron.

La masacre de Artigas 

Tres días después de la intervención policial de la Cota 905, la OLP llegó al Barrio Unión de Artigas, una zona que según los vecinos, carece de grupos delictivos poderosos. «Aquí no hay bandas con estructuras organizativas como las existentes en las zonas de paz y eso explica la razón de que esa comunidad permaneció exenta de operativos”.

Los relatan que no habían visto tantos policías como la tarde del 11 de mayo. Unos decían “era un Ejército de hombres como el que se ve en películas de guerra”. En paralelo a esa intervención, personas de la tercera edad se concentraron en la Plaza Brión de Chacaíto para ir a la Defensoría del Pueblo, en una protesta convocada por la MUD.

A esa convocatoria asistiría Tomás Capote, un habitante de Artigas, que tiene 66 años de edad y es pensionado del Seguro Social. Dijo que quiso salir a luchar por el futuro de su nieto de 17 años y a reclamar a viva voz por la falta de medicinas para tratar la diabetes que padece.

Su objetivo quedó en buena intención porque la policía no lo dejó bajar. El grupo de hombres con las caras cubiertas tomó temprano la zona. No había paso. Los que querían entrar al barrio, tuvieron que esperar que el procedimiento terminara pasadas las 11:00 pm o irse a casa de familiares y amigos en otras zonas.

Los funcionarios iban en búsqueda de una supuesta banda, denominada «Los Picoteros», una organización de la que jamás Capote había oído nombrar, pese a que lleva más de 30 años viviendo allí y sabe quién es quién en el barrio. Los hombres como de costumbre, entraron a las viviendas sin preguntar. Tumbaron puertas, sacaron a las mujeres. A algunas las encerraron en las habitaciones porque no soportaban el llanto y se llevaban detenidos a los que señalaban como sospechosos de haber cometido crímenes en la calle Libertad de la barriada.

La casa de Tomás no se salvó. Relató que su hija asustada al ver el movimiento de los agentes, que perseguían a cualquier joven de apariencia sospechosa, intentó cerrar la ventana de la habitación para resguardarse. Un funcionario le tocó el vidrio y le preguntó en un tono altanero: “¿Por qué la cierras?”. Ella temerosa le respondió: «para protegernos de la lluvia de plomo». El efectivo la interrogó: «¿quiénes están en tu casa?» y la muchacha le contestó: «Mi mamá, mi papá y un hermano». Le exigió que le abriera la puerta. Se limitó a hacer una inspección. Sin embargo, en la vivienda de al lado, los hombres de negro desordenaron las gavetas y apresaron a un joven.

El muchacho, según Tomás, no llegaba a 20 años y era estudiante universitario. No recuerda su apellido, sino su nombre: Daniel. A él le sembraron 150 gramos de cocaína y lo acusaron de formar parte de «Los Picoteros». A él junto a otros seis jóvenes más les tomaron fotos y videos y los pararon en fila. Luego los montaron en las patrullas para llevarlos a los calabozos de la PNB.

En esa arremetida los muertos tampoco faltaron. Según la data del Monitor de Víctimas los cuerpos de seguridad mataron a siete personas: Yorguin José Ibarra Mayobre, Wilber Josuéth Laurens Zambrano, Fabio Mecedes Moreno, Daniel José Yanes, Miguel Eduardo Morales y otros dos hombres, cuyas identidades no fueron reveladas por los cuerpos de seguridad ni por sus familiares.

Entre las víctimas destaca Miguel Morales. Esa tarde había salido de la casa de su abuela en la comunidad del 23 de Enero. Su tía, Yoselin Carvajal, narró que al llegar a Artigas, se topó con la movilización policial. No entendía qué sucedía. “Uno de los agentes persiguió a Miguel, le gritó que se para y él se metió en una vivienda para resguardarse. En esa casa había otros hombres. Decían que se gestaba una situación de rehenes”.

Miguel salió de la casa para que lo revisaran, pero lo mataron. «A los otros seis hombres los fueron ejecutando uno a uno, al salir de la casa. Les daban un tiro en el pecho y caían como barajas. La policía llegó a matar», relató la mujer.

Para Yoselin la muerte de su sobrino había sido sentenciada meses antes, cuando la PNB lo despertó a las 3:00 am, mientras dormía en la vivienda de su abuela en el 23 de Enero.

“Ahí lo sacaron a patadas y se lo llevaron detenido al comando de la PNB en La Quebradita. Estuvo tres días y después lo liberaron, pero las amenazas eran continuas. Lo extorsionaban. Le decían que debía pagarles una vacuna de 10 mil bolívares mensuales a cambio de no llevárselo, pero él no accedió. No tenía mucho dinero porque trabajaba a destajo en la reparación de techos de viviendas. Lo poco que reunía lo invertía en ayudar a su madre y a su abuela», reseñó la mujer.

Los familiares del resto de las víctimas de esa masacre prefirieron guardar silencio por miedo.

Plomo cercano a la concentración

Días después, el viernes 26 de mayo, hubo cuatro muertos a manos de las fuerzas de seguridad. Nuevamente la PNB protagonizó la masacre. Según versiones policiales, cuatro hombres en actitud sospechosa que viajaban en un vehículo Twingo, de color amarillo, accionaron sus armas contra los uniformados que iban en un vehículo rústico, cuando le dieron la voz de alto en Roca Tarpeya, parroquia San Agustín.

Paralelamente al intercambio de disparos, a pocos metros, en la avenida Victoria, los vecinos se preparaban para iniciar una movilización hasta el paseo Los Próceres.

De acuerdo con el registro del Monitor de Víctimas, los cuatros hombres fueron identificaron como: Eder Hidalgo Piñango, Luis Rodríguez, Johanderson Cabello y Raimer Tovar Pérez. Para justificar el asesinato, los relacionaron con la banda del Coqui.

Ferisbaldo Hidalgo, padre de Eder, contó que hace dos meses fue la última vez que conversó con él. Ellos vivían en la Cota 905, pero Eder se mudó al Cementerio, cerca del plantel Gran Colombia. No sabía si andaba en malos pasos, solo tenía conocimiento de que trabajaba en un taller mecánico en Bello Monte. «El día que nos vimos me llevó una bolsa de mercado y me dijo que estaba bien. Su visita duró 10 minutos, antes de irse me besó la mano».

Cuando ocurrió el tiroteo, una vecina le avisó que su hijo era uno de los fallecidos y horas más tarde un funcionario del Cicpc le dijo que su hijo tenía cinco solicitudes por varios delitos. Para comprobar ese señalamiento, acudió a la Fiscalía. Allí le dijeron que no tenía antecedentes. Ferisbaldo solo conoce por referencias al Coqui. Confiesa que su hijo nunca lo nombró, ni lo llevó a la casa.

@nmatamoros