Encuentra las diferencias: OLP y Plan Zamora
Encuentra las diferencias: OLP y Plan Zamora

OLP Plan Zamora

En una comparación entre los Operativos de Liberación del Pueblo y el Plan Zamora, dentro del cual han ocurrido detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y demás irregularidades a residencias en zonas que han manifestado contra del gobierno nacional, se repiten violaciones al debido proceso violaciones a derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad

 

Paola Martínez, Luisana Solano y Yeannaly Fermín

LOS ÚLTIMOS OPERATIVOS DE CUERPOS de seguridad del Estado contra las comunidades que han protestado contra el Gobierno de Maduro en los últimos dos meses asemejan el mismo modus operandi de las Operaciones para la Liberación del Pueblo (OLP) creadas para acabar con la inseguridad, pero que han sido denunciadas por la violación de derechos humanos.

Objetivos

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Las OLP consisten en una “toma” temporal de una zona en que retienen a hombres y mujeres para posteriormente ser verificados en el Sistema Integrado de Información policial (SIIPOL) y de determinar si han cometido algún delito, según lo dicho por voceros del oficialismo. Sin embargo, luego de las operaciones han salido a la luz denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales, entre otras violaciones a derechos.

Por otro lado, desde el comienzo de las protestas el 1 de abril de este año, grupo de funcionarios de seguridad han emprendido operaciones en las zonas donde se han reportado continuas manifestaciones contra el gobierno de Maduro por parte de los manifestantes. Estas operativos ocurridos bajo el Plan Zamora han devenido en detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, robos, destrozos, entre otras violaciones y crímenes que denunciaron víctimas y testigos.

El analista Oswaldo Ramírez concluye que son “prácticas de amedrentamiento como intento de apaciguar el descontento social que conscientemente vulneran derechos constitucionales y sobre todo DDHH suscritos en tratados internacionales que son además imprescriptibles”. Han sucedido en Lara, Carabobo, Barinas, Bolívar, Táchira, Miranda y en la ciudad de Caracas, específicamente en El Paraíso, La Vega, Montalbán, La Quebradita, y demás sectores.

Víctimas

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Voceros del Gobierno y de los cuerpos de seguridad han tildado a las personas contra las que arremeten durante las OLP como “paramilitares”. El ministro de Interior, Justicia y Paz Néstor Reverol, declaró que la nueva fase de la OLP busca proteger a los sectores vulnerables que son víctimas de la violencia criminal, y que ha traído modelos extranjeros como el «paramilitarismo colombiano» con delitos como secuestro, extorsión y homicidios. En el caso del Plan Zamora, voceros del Gobierno y de los cuerpos de seguridad han tildado a las personas contra las que arremeten durante los operativos de represión como “terroristas”.

Instrumentos

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Los cuerpos policiales están facultados para usar la fuerza únicamente tras haber cumplido una serie de requisitos que además indican que no se puede recurrir a ella sin que haya mediado la intervención previa de un órgano de carácter jurisdiccional o administrativo porque de esa manera la fuerza se ampara en una base jurídica. El Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC) señala que «el uso de la fuerza debe estar sustentado en, al menos, tres componentes: la oportunidad en que ésta debe utilizarse; el tipo y cantidad de fuerza que corresponde emplear; y la responsabilidad que debe haber por su uso».

Sin embargo, en la ejecución de las OLP ha resaltado el uso desproporcionado de la fuerza que resulta no solo de la falta de mediación, sino del ataque indiscriminado con armas de fuego por parte de los funcionarios de seguridad estatales al usar armas de fuego y armas de guerra, prohibidas en diversas situaciones para el resguardo de los derechos humanos, los cuales han sido violados en estas operaciones.

En el caso de los allanamientos ilegales a residencias, que ocurren desde abril, testigos denuncian que los cuerpos de seguridad tampoco cumplen los parámetros policiales y sin haber mediado, ni presentar ninguna resistencia a las órdenes policiales, los ciudadanos han sido bombardeados con gas lacrimógeno y les han disparado perdigones. Resalta aquí el ataque indiscriminado con armas de fuego no necesariamente contra personas, sino contra infraestructuras, electrodomésticos, vehículos y en una ocasión, contra un perro doméstico que fue herido por el disparo de perdigón de un GNB.

Victimarios

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Durante algunas de las OLP, han actuado decenas funcionarios pertenecientes a distintos cuerpos del Estado como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Un ejemplo es la operación realizada en en El Valle a principios de marzo.

Una modalidad similar ha sido usada durante los operativos en que han participado funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Fue el caso en el ataque de en varias zonas de San Antonio de los Altos (Miranda) a finales de mayo y en el del Conjunto Residencial El Paraíso, Los Verdes, a principios de junio. Resalta la ausencia del Cicpc en estos casos.

Daños causados

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En las primeras OLP realizadas en el país, El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) realizó un balance de los destrozos realizados por los cuerpos de seguridad durante los operativos. Un total de 3.463 viviendas fueron allanadas forzosamente y en ninguno de los casos presentaron una orden judicial. Más de 200 viviendas ubicadas en el Km. 3 de la carretera Panamericana fueron desalojadas forzosamente y posteriormente demolidas sin importar el paradero de las familias y violando varias leyes que protegen a los niños y adolescentes.

Los afectados por las incursiones de cuerpos de seguridad en edificios residenciales han denunciado destrozos de vehículos, electrodomésticos, ascensores, puertas, portones, ventanas, y demás partes de la infraestructura.  Esta situación no solo se reportó en El Paraíso, en otros estados del país también los funcionarios irrumpieron de forma violenta en varios hogares causando destrozos y sembrando el terror. En Carabobo, específicamente en el Municipio San Diego, los efectivos ingresaron a un edificio después de que el gobernador Francisco Ameliach anunciara en su cuenta en Twitter que tres policías habían resultado heridos en las protestas del 15 de mayo. Los resultados fueron los mismos: robos, destrozos y represión. Puerto Ordaz, en el Estado Bolívar no escapó de esta situación y el  jueves 26 de mayo los cuerpos de seguridad e inteligencia allanaron los edificios Villa Latina y Los Olivos causando destrozos a la propiedad privada y dejando amenazas en las paredes.

Detenciones arbitrarias

6 Detenciones arbitrarias

La OLP acumula gran número de detenciones ilegales de acuerdo a Provea. La ONG ha denunciado que en 2014 hubo 3.570 personas arrestadas arbitrariamente, cifra que fue duplicada en 2015 con las 8.000 detenciones llevadas a cabo el año siguiente. A esos 11.570 ciudadanos no se les consiguió ninguna vinculación con hechos delictivos. El estudio de estos operativos señala que, en general, el 90% de las detenciones realizadas han sido de manera arbitraria.

Desde abril de 2017, con las incursiones ilegales en residencias de zonas cuyos habitantes participan activamente en las protestas, las denuncias de detenciones arbitrarias no han cesado. Familiares reportan que los efectivos de seguridad han arrestado a jóvenes sin poseer orden para hacerlo y sin indicarles el motivo de la detención, lo que rompe con el debido proceso al que, como indica la legislación venezolana, tienen derechos los ciudadanos.

Procedimientos

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El ingreso a la fuerza a las viviendas y sin ninguna orden judicial por parte de los cuerpos de seguridad, fue una de las características del Operativo para la Liberación del Pueblo. Reportes de periodistas de sucesos y usuarios de la red social Twitter confirmaron que los efectivos militares, policiales y de inteligencia entraban de forma violenta cuando no se les abría la puerta utilizando mandarrias, patas de cabra, tubos y hasta disparos.

También, el ingreso de forma violenta a las residencias sin ninguna orden judicial constituye una violación a la propiedad privada y también a los derechos humanos. Estas violaciones han venido incrementando desde que empezaron las protestas en contra del gobierno nacional en el mes de abril.

La Organización Espacio Público ha dicho que para realizar una allanamiento es necesario que un juez emita una orden judicial y que un fiscal del Ministerio Público esté presente durante el procedimiento. Sin embargo, nada de lo expuesto antes se cumplió en la incursión que realizaron los efectivos militares y policiales en las Residencias Los Verdes en El Paraíso y tampoco en otros estados como Carabobo y Bolívar.

Violaciones de derechos humanos

8 Violación DDHH

Las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, tanto en algunos casos de OLP como en otros operativos, suceden con frecuencia. De acuerdo con la asociación civil Provea, durante las OLP se ha violado principalmente el derecho a la vida, derecho a la vivienda, derecho a la libertad, derecho a la integridad personal, entre otros.

Asimismo, la asociación civil Control Ciudadano indica que los operativos en las residencias de manifestantes se viola el derecho a la discriminación por razones políticas, derecho a la libertad, derecho a la comunicación de los detenidos, derecho a la protección de la integridad personal: física, psíquica y moral, derecho a la inviolabilidad del hogar, derecho a la presunción de inocencia, derecho a no ser obligado a confesarse culpable o declarar contra sí mismo, su cónyuge o pariente, derecho a la protección de la familia, derecho a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y el derecho a la protección de los ancianos.

Otros delitos

9 Otros delitos Robos

Afectados por las OLP han denunciado el robo de dispositivos electrónicos, electrodomésticos, dinero, perfumes, ropa y vehículos.  En marzo del 2016, una OLP se realizó en el barrio Primero de Mayo en el Cementerio, días después, los vecinos comentaron al portal web La Patilla que los operativos no cumplen con el objetivo de desarticular las bandas sino que son usadas para despojar de sus pertenencias a los habitantes de la zona. Una de las afectadas de esa OLP fue María Rebolledo, quien narró que los efectivos policiales la sacaron de su casa y se llevaron dinero en efectivo y varios artículos eléctricos.

Los afectados por incursiones violentas de los cuerpos de seguridad en edificios residenciales del El Paraíso, La Vega y Montalbán también han denunciado el robo de dispositivos electrónicos, electrodomésticos, accesorios de vehículos y dinero en efectivo. Usuarios de la red social Twitter informaron que el pasado 13 de junio los funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y secuestro (CONAS) amedrentaron, atacaron y robaron a los propietarios del Complejo Residencial Los Verdes ubicado en El Paraíso. De acuerdo con el Portal web El Pitazo, una fuente les confirmó que los funcionarios golpeaban las puertas de los apartamentos y si se negaban a abrirlas, las tumbaban. Una vez dentro, los efectivos revisaban todo, robaban cosas y si había jóvenes se los llevaban detenidos. También dijeron que los carros que estaban en el estacionamiento fueron destrozados y desvalijados, le quitaban las baterías y los reproductores.