Las estadísticas del MRI indican que San Cristóbal ha sido el principal escenario de la actividad criminal en el estado andino, antes y después del recrudecimiento de las manifestaciones callejeras

@javiermayorca

EL JUEVES EN LA NOCHE, el gobernador del estado Táchira José Vielma Mora emitió el decreto 175 que restringe el derecho a manifestar en la región, basado en la presunción de que las protestas con bloqueos de calles han propiciado muertes por el uso indebido de armas de fuego “y de otras armas letales”, así como “actos de vandalismo por parte de grupos violentos”.

Antes de emitir la orden ejecutiva, el 26 de abril, el mandatario regional declaró a través de su cuenta twitter que el incremento en las cifras de criminalidad en Táchira era supuestamente el producto de un “plan opositor”. Según esta lógica, las manifestaciones han permitido “que criminales cometan hurtos, robos y extorsiones”.

Según Vielma, un ejemplo de esta situación fue el homicidio de Efraín Sierra Quintero, ultimado con un disparo para robarle la moto el lunes 24 de abril, en una calle de San Cristóbal que estaba bloqueada por una barricada. Este caso, por cierto, no figura en la lista de fallecidos como consecuencia directa de la conflictividad política, elaborada por el Ministerio Público.

En el discurso del gobernador Vielma, la criminalidad en Táchira se habría disparado debido a las manifestaciones. Pero lo cierto es que la violencia interpersonal viene en incremento sostenido desde 2014 de acuerdo con los estudios del Observatorio Social del estado Táchira, una dependencia de la Universidad Católica de esa entidad.

La decana de Investigación y Postgrado Rina Mazuera afirmó que en 2014 (cuando hubo tres meses de intensa conflictividad política) los homicidios representaron 39% de los registros hemerográficos sobre violencia interpersonal. En 2015 estos crímenes ocuparon el 59% de los registros.

Los datos correspondientes a 2016 aún están en proceso, pero según la investigadora ese año se mantuvo la tendencia registrada en los períodos precedentes.

Atribuir el incremento de la criminalidad violenta a un solo factor, como es la conflictividad política, pareciera entonces un error. Mazuera recordó que los crímenes no disminuyeron su frecuencia a pesar del cese de las manifestaciones opositoras y del prolongado cierre de la frontera con Colombia, decidido en agosto de 2015 por el presidente Maduro luego de un ataque armado contra unos militares que circulaban por una población fronteriza, en una camioneta no identificada.

“La ausencia de protestas no significa que no te van a robar”, afirmó la académica.

Explosión criminal

Las cifras manejadas por el ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz parecieran confirmar la apreciación de la docente universitaria.

En 2016, Táchira finalizó en el cuarto lugar entre los estados que mayor incremento tuvieron en la criminalidad general (+19,8%). El estado fronterizo incluso superó a Miranda en este rubro, de acuerdo con las estadísticas conocidas extraoficialmente.

El año pasado los homicidios se incrementaron en Táchira 27% con respecto a 2015, las lesiones personales 13% y 8% los robos. En ese lapso, las manifestaciones tuvieron casi siempre un motivo social. La frontera con Colombia fue reabierta progresivamente a partir del mes de diciembre. Por lo tanto, el argumento de la “violencia importada” no aplicó para gran parte del lapso.

A partir de la primera semana de abril, cuando empezaron en Táchira y el resto del país las manifestaciones organizadas por la oposición, el comportamiento de la criminalidad en el estado andino ha sido errático. Los análisis del MRI sugieren que los delincuentes intentan de alguna forma aprovechar la circunstancia planteada por las marchas y concentraciones, aunque tienen poco impacto en las tendencias generales.

De hecho, los cálculos ministeriales indican que San Cristóbal, el principal escenario de las protestas de los tachirenses, aglutinaba el 36,4% de los casos criminales antes de que se agudizara el conflicto político. Para la tercera semana de abril, este porcentaje apenas se había elevado medio punto.

De hecho, los homicidios descendieron en el estado durante la primera semana de manifestaciones, luego bajaron para totalizar una cifra inferior a la que hubo en la primera semana de marzo, y en la semana siguiente subieron levemente.

Fuente: MRI

Las lesiones personales también descendieron durante la primera semana de protestas en Táchira, no solo en todo el estado sino también en San Cristóbal. Luego, el registro subió tanto en la capital como en el resto de la región.

Fuente: MRI

En cuanto a los robos, ocurrió también un descenso durante la primera semana de protestas, y luego hubo un repunte.

Tanto en los robos como en las lesiones, San Cristóbal representa aproximadamente el 38% del total de Táchira.

Fuente: MRI

Aún en estas circunstancias, los informes ministeriales no establecen que las protestas sean la causa primordial de los vaivenes en las estadísticas de criminalidad, tal y como lo ha señalado el gobernador Vielma.

Según el director del Observatorio Venezolano de la Violencia Roberto Briceño León la gran mayoría de los delitos que ocurre durante las manifestaciones no es denunciada a las autoridades, pues la gente tiene temor de ser perseguida. Esto ocurre además en un contexto general de lo que llamó “descreimiento” hacia los cuerpos policiales en general. En 2015, precisó, esta posición abarcaba al 64% de la población encuestada en sus estudios, y en 2016 se elevó a 68%.

Abandono policial

Las estadísticas parecieran indicar que los delincuentes dejaron pasar varios días hasta que encontraron una forma de sacar partido de la situación planteada a propósito de las manifestaciones.

“Hay situaciones en las que los delincuentes sacan provecho de la confusión”, explicó el exdirector de la Policía del Estado Táchira, comisario Jesús Berro.

El exfuncionario afirmó que los hampones pueden beneficiarse de los congestionamientos y las barricadas, haciéndose pasar por integrantes de colectivos o incluso funcionarios de cuerpos del Estado.

La otra circunstancia que aprovechan los antisociales es la fase de dispersión de las manifestaciones, cuando la gente camina a sus casas.

“Aparecen estos grupos en motos, con gorras y uniformes. Da la impresión de que se trata de una reprimenda, y ahí se mete el hamponato común, que le encanta el desorden”, advirtió.

La mayoría de estos delitos, según Berro, no queda en registros oficiales.

“La gente tiene temor. Es por eso que los lesionados en las manifestaciones no van a hospitales sino que son atendidos por médicos amigos”, explicó.

Para Mazuera, los delincuentes se percataron de que durante estos tiempos de conflictividad los policías tienden a permanecer en sus cuarteles hasta que ocurre una manifestación. Y una vez sofocada, regresan a sus comandos. El resto de los espacios públicos queda sin la debida atención. Entonces, el riesgo de victimización es mayor no solo en las periferias de las protestas sino también en otros lugares donde no se manifiesta el conflicto político.

“Los robos ocurren simplemente porque la fuerza pública no está, y los delincuentes se aprovechan”, resumió.