Paramilitares del chavismo actúan con licencia para matar

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Asedian marchas, persiguen y disparan contra manifestantes, ingresan a edificios privados, saquean negocios. El regreso de las marchas y concentraciones antigobierno desataron una serie de acciones delictivas que, presuntamente, son ejecutadas por los grupos paramilitares formados bajo la mirada cómplice del chavismo que está en el poder

@loremelendez

El asesinato del estudiante Carlos Moreno en la plaza La Estrella de San Bernardino, en Caracas. La muerte de Miguel Colmenares en la calle 59 de Barquisimeto, en Lara. La detención arbitraria de cuatro manifestantes en el sector Ruiz Pineda, al oeste de la capital. La agresión del diputado a la Asamblea Nacional Juan Requesens también en el centro de Caracas. El saqueo de un supermercado en Carrizal, estado Miranda. El ataque a un grupo de personas que volvía de una protesta en San Cristóbal, Táchira. En todos estos hechos se ha denunciado la actuación de civiles armados que, con o sin capucha, han arremetido en contra de los detractores del gobierno de Nicolás Maduro. Los testigos aseguran que viajan en moto o en taxis sin placas otorgados por la Misión Transporte. Durante años se les ha llamado “colectivos”, pero expertos en criminología, así como defensores de derechos humanos, insisten en que estos grupos deben nombrarse como lo que son: paramilitares.

El amedrentamiento que estas agrupaciones ejercen en las protestas que critican al Ejecutivo se han vuelto ya un elemento común. Ya en 2014 se evidenció que participaron en la dispersión de marchas en el centro y en el este de Caracas. Pero ahora, sus acciones se han tornado todavía más violentas. Están presuntamente implicados en asesinatos.

“La actuación de los grupos paramilitares cambia porque hay más decisión del pueblo de estar en las calles”, asegura el abogado penalista y criminólogo, Luis Izquiel.

Otros especialistas, como el abogado criminalista Fermín Mármol, apuntan que los movimientos de los colectivos están determinados por su propia evolución. Lo que se ve ahora no es más que la confirmación del poder que han tomado y que la impunidad les ha permitido detentar. “Lo que ha pasado es que ellos asumieron que no tienen limitaciones, que no hay límites. La violencia no es estacionaria y, una vez que se forma y se convierte en una crisis, va en aumento. Eso pasó con ellos”, afirmó.

El descontrol

De acuerdo con la asociación civil Control Ciudadano, los “colectivos” utilizan la violencia para atacar y dispersar manifestaciones, así como para provocar la actuación de los cuerpos del Estados contra estas. Con esos mismos métodos, aterrorizan, someten y vigilan a las comunidades; extorsionan a comerciantes, agreden a periodistas y líderes de la oposición, y amenazan a quienes los denuncian. Además, según la misma organización, “seleccionan infraestructuras gubernamentales para quemarlas y destruirlas con la actuación de encapuchados. Dicho ataques son grabados y exhibidos por el gobierno como ataques de la oposición”.

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Colectivos hirieron al diputado Juan Requesens durante una manifestación

Izquiel afirma que las acciones criminales cometidas por los colectivos tienen su origen en los mismos antecedentes de sus miembros. “Es conocido que en estos grupos paramilitares hay delincuentes y personas que tienen registro policial. Ellos no son fáciles de controlar”, dice. 

A esto se añaden las características de la personalidad de estos paramilitares. “Hay que considerar que todos aquellos que pertenecen a un colectivo desarrollan un rasgo de perversidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada vez pueden hacer más daño y que cada vez querrán obtener más poder“, agrega Mármol.

El abogado criminalista insiste en que las respuestas de hoy demuestran cuán confiados están estos grupos paramilitares en su impunidad.

“Esta escalada es la misma de conducta criminal que vienen desarrollando desde hace varios años, en los que ha crecido tanto su campo de acción como su apresto operacional. Y han tomado, por un lado, una vertiente criminal, y por otro, se han convertido en una fuerza de choque político”, dice Mármol.

¿Paramilitares?

Desde el punto de vista criminológico –sostiene Mármol– el término “paramilitar” genera “muchas dudas y ruidos”. El experto señala que este vocablo se asocia con grupos colombianos y antiguerrilla que, si bien hicieron vida en Venezuela en el pasado, con el tiempo terminaron convertidos en Bacrim (bandas criminales). Una segunda definición de la palabra se enlaza con lo que hoy día hacen los colectivos: “cualquier fuerza paralela al estamento policial que erija la bandera del status quo”. Es decir, un cuerpo armado a favor del gobierno.

Hoy día, prosigue Mármol, los “colectivos” tienen dominio territorial, armas de fuego, acceso a medios de comunicación (como radios comunitarias), y un secretariado, es decir, una estructura política que los controla. Además, de acuerdo con cifras obtenidas por el mismo Mármol, están presentes en al menos 10% de las 1.500 parroquias que existen en Venezuela.

Para Izquiel, la formación de estos grupos es el resultado de una política irresponsable que pasó por encima de la Ley para el desarme y el control de armas y municiones, y también violó la Ley de Policía Nacional, en la cual se prohibe que civiles ejerzan las funciones que son propias de los uniformados.

Advierte el abogado que estos grupos paramilitares, conectados al gobierno, no son una novedad en la región. En el Latinoamérica se han registrado varios casos de regímenes autoritarios que encargan el “trabajo sucio” que no pueden ejecutar las fuerzas del Estado a conjuntos civiles cercanos al poder. De esta manera, el Ejecutivo puede “lavarse las manos” ante cualquier acción de la que quiera desvincularse.

Eso sucedió, por ejemplo, en República Dominicana, con “La Banda” del dictador Joaquín Balaguer; en Haití, con los Tonton Macoute, que respondían a François y Jean-Claude Duvalier; y en Panamá, con los Batallones de la Dignidad de Manuel Antonio Noriega.  

“Tenemos que comprender que los colectivos sí son un brazo político armado del gobierno y que están ejecutando acciones delictivas. Y si no, preguntémosle a (Miguel) Rodríguez Torres (ex ministro de Interior y Justicia) por lo que pasó en Quinta Crespo”, recuerda Mármol, en alusión al asesinato de José Odreman, líder del colectivo 5 de marzo. “A él se le estaba persiguiendo por delitos de delincuencia organizada. Ese grupo se sentía con patente de corso para hacer buenos negocios y dinero al margen de la ley”, sentenció el abogado criminalista.

Estado responsable

Izquiel pone el foco sobre un asunto crucial que vincula al Ejecutivo con las acciones de los colectivos. Recuerda que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Penal Internacional determinaron que los gobiernos que participen en la formación de este tipo de grupos –tal como lo hicieron varios líderes del chavismo con los colectivos– y que además convaliden su actuación, sí tienen responsabilidad en todas las acciones criminales ejecutadas por los paramilitares.

“Si el gobierno pretende la impunidad, debe saber que ya hay un precedente”, recalca el abogado penalista. 

En varias ocasiones se ha comprobado que los uniformados han actuado junto a los colectivos. Sucedió en Ciudad Caribia en junio del año pasado, cuando en ese urbanismo de Misión Vivienda se desplegó una Operación Liberación del Pueblo que dejó seis muertos. Testigos confirmaron a Runrun.es que los asesinatos habían sido cometidos por los paramilitares que querían adueñarse de las obras en construcción de la zona.

El pasado 21 de marzo, mientras se desarrollaba una protesta de vecinos frente a una panadería de la avenida Baralt –que días antes había sido tomada por colectivos–, la Guardia Nacional dejó que los grupos armados ingresaran a los edificios de la zona en busca de las personas que habían iniciado la manifestación. En la marcha del 4 de abril, los encapuchados intervinieron en la labor de dispersar a los manifestantes junto a los militares, en una operación que se prolongó durante al menos cinco horas.

“Hay videos en donde se evidencia que ellos (los paramilitares) actúan al lado de los cuerpos de seguridad. Eso compromete también al gobierno nacional, porque las instituciones del Estado pudieran tomar acciones contra ellos y no lo hacen. Por eso, el Ejecutivo podría ser objeto de denuncia ante organismos internacionales”, sostiene Izquiel.

Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano, señala en un comunicado publicado este 18 de abril que luego de revisar fotografías, videos y patrones de conductas de los paramilitares, además de cotejar testimonios, “está claro que el Estado está permitiendo la actuación de estos grupos criminales”.

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“Permitir, amparar, propiciar las actividades de colectivos armados es delito, y esto viene ocurriendo de manera continuada, bajo la mirada complaciente de órganos de Estado que tienen el deber legal de actuar”, considera San Miguel, quien en el documento asegura que el Ministerio Público está obligado a abrir un procedimiento “que permita desarticular el accionar delictivo de los colectivos armados”.

Se les fue de las manos

Los expertos admiten que es difícil determinar si las últimas acciones de los colectivos frente a los manifestantes y a la propiedad privada son o no orquestadas desde el Ejecutivo. “Uno no sabe si eso es ordenado desde el partido de gobierno o si es que crearon un monstruo y se les salió de las manos”, apunta Izquiel.

“Es prematuro adjudicarle a ellos ser los responsables totales de cualquier saqueo ocurrido en el país”, completa Mármol. “Y si, en efecto hubiese un conjunto de indicios que señalaran que ellos saquearon, es mucho más difícil y complejo señalar si los hicieron con fines vandálicos, o si responden a una necesidad política”.

“No olvidemos que hay gente que señala que los saqueos se hacen para descalificar la protesta pacífica, para destruir esa protesta y hacer creer que es alocada y que quiere atentar contra la propiedad privada, cuando protesta en realidad exige la realización de las elecciones, el respeto a la Asamblea Nacional y la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”, sentencia Izquiel.

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