MIENTRAS UNA SONRIENTE LUISA ORTEGA DÍAZ bajaba las escaleras del auditorio de la Fiscalía hacia el podio, saludando a algunos asistentes, en la plaza de Parque Carabobo un grupo de diputados daba declaraciones a los medios sobre un documento que entregarían para exigir al organismo la apertura de una investigación a los magistrados.

Poco antes, en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Guardias Nacionales Bolivarianos habían detenido a dos estudiantes y agredido a la periodista de Caracol Radio, Elyangelica González, quien acudió a la plaza donde se encontraban los medios y diputados para contar su versión.

La fiscal comenzó su alocución con la afirmación de que no podían desconocer la situación que existe en el país, «una lamentable pugna institucional que compromete la realización de los fines del Estado». Estaba presentando el balance de su gestión en 2016 desde la sede del Ministerio Público, «esta casa de justicia», para llamar la atención de todos los actores políticos, sociales e institucionales sobre la imperiosa necesidad de trabajar armónicamente para asegurar la paz y el estado de derecho. El informe podría haberlo presentado en el TSJ, como demás funcionarios del Gobierno han hecho y sin embargo, decidió no hacerlo en las instalaciones del Poder Judicial. En años anteriores –y según la Constitución– este informe debía presentarse ante la Asamblea Nacional.

Las cifras obtenidas durante el 2016 que comentaba Ortega Díaz evidenciaban el recrudecimiento de la violencia en Venezuela, como ella misma señaló. Exhortaba, en cada punto, a diseñar planes para evitar futuros crímenes, para el desarme civil, para la protección y cuidado de niños y adolescentes, para la vigilancia durante las actuaciones policiales y OLP.

Avanzaba rápidamente en su enumeración, hasta que pronunció una frase bastante dicha por los aliados del régimen de Nicolás Maduro y bastante escuchada por los ciudadanos venezolanos. «Los venezolanos no aceptamos injerencia extranjera … Yo estoy en contra de cualquier injerencia, en contra de cualquier hecho que atente contra la autodeterminación de Venezuela»… Pero prosiguió, en una sala inundada por el suspenso, diciendo que era su deber histórico e ineludible hablar sobre las decisiones 155 y 156 del TSJ.

«En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de estado consagrado en la CRBV, lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi deber manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento», dijo Luisa Ortega en nombre de los 10 mil funcionarios de la Fiscalía y los tres mil fiscales autónomos. Los asistentes se pusieron de pie, aplaudiendo sin necesidad de señas, algunos con cara de sorpresa y otros preguntándose si escucharon bien.

Continúo Luisa diciendo: «llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos que respetando la carta magna propiciemos un ambiente de respeto y rescate de la pluralidad, a que se debata de forma democrática y respetando las diferencia, conseguir caminos institucionales que garanticen la paz y superen los obstáculos que impiden actualmente brindar la calidad de vida que reclama nuestra población».

Finalizó con una rápida despedida y paso rápido por las escaleras, despidiéndose brevemente de los subalternos que la elogiaban. Los demás fiscales y funcionarios la siguieron con la misma rapidez.

«Se prendió esta mierda», dijo uno de ellos mientras afuera del MP, los Policías Nacionales Bolivarianos amedrentaban con piedras y bombas lacrimógenas a los opositores en la plaza Parque Carabobo.