Como en el cuento de Alicia en el país de las maravillas, en esta historia también hay un conejo y una reina que lo ayudó a construir su madriguera. Expertos coinciden en que el delincuente Teófilo Rodríguez Cazorla, pran de la cárcel de San Antonio, edificó su «empresa» criminal ante la mirada complaciente de las autoridades del chavismo

@loremelendez

AUNQUE EL PRAN «EL CONEJO» fue asesinado al salir de una discoteca y cuando ya gozaba de su libertad, su muerte no puede desvincularse de la cárcel de San Antonio, en la Isla de Margarita, el sitio donde cumplió su pena mientras consolidaba su liderazgo criminal. De eso, la muestra más fehaciente son los vídeos de los reclusos del internado, quienes el lunes apuntaban y disparaban al aire sus armas largas en señal de homenaje, como para dejar claro que la huella del delincuente aún estaba presente entre los muros del lugar que un día The New York Times consideró un paraíso.

El diario estadounidense publicó en 2011 un audiovisual que mostraba cómo era la madriguera de “El Conejo”, una prisión que había amoldado a sus gustos con la construcción de piscina, pista de baile, gallera, habitaciones para visitas maritales y hamacas dispuestas para el descanso en un corredor con techo de zinc y sin paredes, para permitir que se colara la brisa de la isla. El delincuente se mostraba así como un benefactor, como el hombre que había puesto orden a un espacio que anteriormente consideraba “un desastre”.

“Esa cárcel no estaba en manos del Estado sino de una persona que la tenía bajo control por la cantidad de armas y el número de personas que estaban bajo su mando”, afirmó Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones. Según él, el segundo de la banda había quedado en el penal y reportaba todo lo que sucedía a quien, aun estando afuera, seguía siendo “pran” y amo de la madriguera.

Ese poderío que un recluso y su grupo pueden ejercer dentro de una cárcel, dijo Prado, no es un hecho aislado. La anomalía sucede en varios penales de Venezuela, como Tocorón y Tocuyito, donde los presos y sus mafias han edificado comodidades similares que hacen que los centros de reclusión se asemejen más a un resort que a un internado judicial.

Bajo esta mirada, las desigualdades vienen marcadas por las armas que se tienen dentro de la prisión. “Cuando la ministra (Iris Varela) habla de una cárcel pacificada -tal como lo hizo con la de San Antonio-, lo hace porque sabe que la población reclusa está bajo el control de grupos que tienen fusiles. ¿Cómo no van a estar sometidos así?”, recalcó Prado. 

Se trata, entonces, de una subcultura que mantiene el orden a la fuerza, pero que también se encarga de cumplir funciones administrativas, tal como lo sostuvo el criminólogo e investigador de la Universidad de los Andes, Freddy Crespo.

Ante la escasa inversión del Estado en la ampliación de prisiones, contó Crespo, los “pranes” han asumido estos gastos. Todas estas modificaciones se hacen no sólo en beneficio personal, para levantar un espacio que se parezca al que se tiene en libertad, sino también para dejar por sentado el poder que se tiene.

Los privilegiados

A los lujos del internado no todos acceden. Los privilegiados tienen que ser muy cercanos al pran para disfrutar de las instalaciones que se construyen, en parte, con el dinero (la causa) que cada prisionero paga al líder por estar en su cárcel.

“Dentro de la subcultura del pranato, la sociedad se divide en estratos. La élite política la lidera el pran y tiene estructuraciones. El parquero es una especie de Ministro de la Defensa, el segundo de a bordo es un vicepresidente, y luego están los voceros, que son como los ministros. Luego está la población general, que se divide en dos: los paisas, que son las personas comunes que caen en la cárcel por una situación en particular; y los malandros. No se puede pensar que en una piscina van a estar los 10 mil reclusos. Para estar ahí hay que llenar ciertos requerimientos”, explicó Crespo.

La aprobación del poder

Para alcanzar todo este poder, el “pran” negocia y no con sus iguales. El abogado y exjuez Jesús Ollarves habló sobre esa suerte de “mimetización” que se ha instaurado entre el pranato y las instituciones y funcionarios gubernamentales.

“No es racional que la ministra del Servicio Penitenciario se abrace con un pran en el confort de una celda, que por cierto es un privilegio que no tienen los más de 51 mil procesados que hay en el país”, dijo Ollarves al recordar el retrato de 2011 que la ministra Varela se hizo con “El Conejo”, una imagen muy cuestionada por la opinión pública.

El padre Alejandro Moreno, sociólogo que ha estudiado el comportamiento de los delincuentes en Venezuela, también se refirió al tema y aseveró que hay organizaciones gubernamentales que han propiciado relaciones con las élites criminales para intentar disminuir la conflictividad dentro de los internados.

“Los organismos del Estado y el Ministerio del Servicio Penitenciario prefieren tratar con el dictador que domina todo en la cárcel y que controla la violencia porque es más fácil eso que enfrentarse a una anarquía interna”, apuntó Moreno.

Aunadas a estas negociaciones está la corrupción que existe entre las autoridades naturales del penal, como los uniformados y el director, con el pranato. Un policía consultado señaló que la distribución de drogas, la extorsión y las “causas” cobradas a los presos comunes son la fuente de la riqueza de los “líderes negativos” que azotan también a quienes están libres, y todos los recursos se obtienen con la venia, y a veces con la ayuda, de quienes deberían imponer el orden en las prisiones. Son estos quienes proveen o permiten el acceso de armas hacia los delincuentes.

El fracaso y el Estado delincuente

Tanto Moreno como Ollarves coinciden en que la red tejida por los pranes pone en evidencia a un Estado delincuente. El mensaje que quedó tras el asesinato de “El Conejo”, con los videos de los presos disparando al cielo desde el techo de la cárcel, con el funeral repleto de dolientes que agradecían los favores recibidos y con el recordatorio de cómo un recluso administró y reconstruyó el penal donde vivía, es una invitación a delinquir, de acuerdo con el abogado.

“Todo esto tiene una lectura que ya conocemos. Lo qué sucede es que el delito se está expandiendo, extendiendo y profundizando. Está tomando nuevas formas más peligrosas y conectadas con algunos organismos que tienen el poder en el país. Es toda una red en la cual estamos entramados todos los venezolanos. Esto no tiene que sorprendernos, porque mientras no cambien las estructuras políticas radicalmente, no podemos esperar ninguna solución positiva y esto irá creciendo y nos irá asustando cada vez más”, sentenció Moreno.

Para Ollarves, la situación revela una paradoja: la persona “que debe estar subordinada a un régimen de seguridad donde el Estado debe saber lo que hace y con quien está”, en realidad se ha levantado como una figura de poder que se reúne fuera de la cárcel, se mezcla con figuras públicas, ya sean civiles y militares, y ostenta un armamento que le han permitido tener.

“El hampa manda fuera y dentro de la cárcel, de forma celular, articulada, burocrática. Por eso hablo de delincuencia organizada, de subordinación de funcionarios que cometen delitos de extorsión (…) Estamos en presencia de un Estado que se convirtió en delincuente por maridaje de funcionarios públicos y complicidad de otros”, apuntó el exjuez, quien condenó como fallidas las políticas penitenciarias aplicadas desde el Ejecutivo.

Ollarves también reclamó el silencio del Ministerio Público que, ante las evidencias de los delitos que se cometen desde las cárceles con la complicidad de los uniformados, no ha propiciado investigaciones efectivas que detengan la corrupción.

“A mí me llama la atención, y hay que reflejarlo, cómo “El Conejo”, que era delincuente confeso y que era un secreto a voces toda la mafia que dirigía, haya estado en libertad y tengamos en el Sebin a políticos presos y a estudiantes que lo que han hecho es protestar”, comentó el abogado.