A PESAR DE QUE LOS PRESIDENTES DE VENEZUELA, Nicolás Maduro, y de Colombia, Juan Manuel Santos, ya se reunieron para intentar solventar la crisis fronteriza, así como lo hicieron parte de sus equipos de ministros y los cancilleres, es poco lo que se ha avanzado, pues continúa el estado de excepción y el cierre de la frontera en Táchira, Zulia y Apure.

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el gobierno de Venezuela acordaron  el lunes 29 de septiembre que a los ciudadanos colombianos deportados tras el decreto de estado de excepción del presidente Nicolás Maduro se les permita regresar para regularizar su situación con la ayuda del gobierno venezolano, si así lo desean.  Pero a pesar de esos tímidos avances, la frontera se mantiene cerrada, algo que, advierten expertos, no está justificado y constituye un cerco que restringe las garantías para la vida económica y política del país.

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, celebró el acuerdo entre Unasur y Maduro, algo que considera un primer paso para la normalización de las relaciones; sin embargo, aclaró que la regularización de la frontera dependerá de los gestos de Colombia, y que no es automático, porque se trata de “un proceso por escala”.

La internacionalista Elsa Cardozo aseveró que no hay explicación alguna que justifique el estado de excepción y el cierre de las fronteras, algo que, a su juicio, despierta suspicacias.

“Hay un cerco a Venezuela, que es el estado de excepción, pues restringe garantías para la vida económica, para la salud política del país y para el propio proceso electoral. Es un cerco no a Colombia, sino a Venezuela. Nicolás Maduro dijo que el cierre podría tomar seis meses, pero la pregunta es: ¿qué es lo que se va a atender en ese tiempo? Eso hay que precisarlo”, señaló.

Cardozo opinó que el comunicado de Unasur es muy poco explícito, sobre todo por el hecho de que surgió justo cuando la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitió un informe que detalla los trastornos que ha producido la crisis en la frontera.

La CIDH denunció que la deportación de ciudadanos colombianos desde Venezuela representa una crisis humanitaria, debido, entre otras cosas, a preocupantes violaciones a los derechos humanos.

Aseveró que las violaciones a los derechos humanos tienen que ver con “las dificultades para acceder a alimentos y servicios de salud, y actos de discriminación y persecución por parte de autoridades, principalmente de la Guardia Nacional Bolivariana, pero también en algunos casos por parte de personas particulares”.

Cardozo señaló: “La Unasur obvia algunos asuntos pendientes. La Cidh parece indicar que hay sanciones que aplicar al Estado venezolano, por los derechos vulnerados, las propiedades destruidas”.

Dijo que las evaluaciones sobre el impacto económico del cierre, sobre el impacto en la seguridad regional, apuntan a que se desmonte y se busquen soluciones de fondo a problemas que son técnicos y deben acordarse entre ambos países.

Perder lo mejor posible

Mientras se dan reuniones y se pronuncian organismos internacionales, el cerco se mantiene y podría extenderse, pues el mandatario venezolano anunció que también se activará la medida en Amazonas, en la zona fronteriza con Colombia.

El mismo Maduro, desde su cuenta de Twitter, ha retuiteado propuestas de extender el estado de excepción a todas las fronteras del país. Es una medida que la oposición venezolana ha calificado de exagerada, pues cuando Hugo Chávez estuvo en el poder nunca la utilizó, ni cuando el golpe de Estado ni cuando el paro petrolero.

Lo cierto es que Venezuela lleva casi un mes con sus fronteras cerradas, algo que Luis Alberto Buttó, doctor en historia y experto en el área militar, también considera una especie de cerco que, afirma, afecta a toda la sociedad venezolana.

“La crisis económica, con el cierre de la frontera, empeora, pues el comercio fronterizo está prácticamente paralizado. Colombia es uno de nuestros principales socios y quien sufre es la sociedad”, señaló.

Opinó que las consecuencias de la medida poco interesan al gobierno, pues su objetivo real no es resolver la crisis fronteriza, sino generar condiciones políticas que atenten contra la movilización del electorado opositor, para que el oficialismo saque algún provecho en las elecciones parlamentarias.

“La aspiración del gobierno no es necesariamente ganar, sino perder en la mejor condición posible. No es lo mismo que la oposición obtenga una mayoría calificada que la mayoría simple. El gobierno solo intenta restar daño. Ese es el único trasfondo del estado de excepción”, señaló.

Lo cierto es que no hay elementos reales que auspicien una “normalización de la frontera”. De la última reunión entre cancilleres y los ministros de Defensa, Minas y Energía y Hacienda de Colombia, y sus pares venezolanos, casi nada se supo. La esperanza de esa normalización descansa ahora en el próximo encuentro, que será el miércoles 29 de septiembre, día en que los ministros de defensa volverán a verse las caras en Santa Marta, Colombia.