A una semana de la toma de la Cota 905, en la parte baja del barrio el gobierno nacional promete canchas y metrobuses. En la parte alta, funcionarios del Sebin con los rostros cubiertos con pasamontañas y armas largas vigilan el lugar. Las familias reclaman la destrucción de sus casas y los constantes atropellos de los cuerpos policiales. La ONG Provea invitó a los medios a subir hasta el sector Las Quintas para constatar las secuelas del Operativo de Liberación del Pueblo, que dejó 40 detenidos y 34 denuncias de excesos
“BUENO, ¿Y QUÉ MÁS PODÍAMOS HACER? El hampa estaba demasiado desatada, el Gobierno permitió que esto se saliera de control”, dice un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para justificar la toma militar de la Cota 905 ordenada por el Ejecutivo el pasado lunes 13 de julio. Está encargado de cuidar a un grupo de los detenidos, que permanecen en los calabozos de la zona 7 de este cuerpo, en El Llanito, en Caracas. Sin embargo, los vecinos del sector Las Quintas refutan el supuesto éxito de la Operación Liberación del Pueblo (OLP): “Ellos (los delincuentes) sabían que los policías se iban a meter y se fueron. Nosotros no. Se escuchó el rumor, pero nadie sabía”, precisa una mujer desde el barrio.
En La Curva —corredor que conecta las zonas El Cementerio, la Cota 905 y La Vega— parece ser un sábado como cualquier otro. Cada tantos metros se consigue a amigos reunidos, con botellas de cerveza en la mano, reparando carros o motos. En el sector La Chivera la fiesta la puso el Gobierno. Con música a todo volumen, desalojan un terreno que era parte estacionamiento, parte “chivera”, en el que próximamente se construirá un polideportivo y una escuela.
“Nicolás Maduro dio la orden de instalarnos de manera definitiva, aquí con el pueblo de la Cota 905”, asegura el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, que visitó la Cota 905 dos veces después del operativo. El sábado rodeado de vecinos y curiosos hacía anuncios sobre el nuevo rostro que le daría al barrio, estaba con Manuel Quevedo, coordinador nacional de la Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Un efectivo policial resguarda la entrada al terreno, vestido de negro, encapuchado y con un arma larga cruzada en el pecho.
Aproximadamente a un kilómetro de la fiesta de Rodríguez, al final de una de las bajadas a El Paraíso, queda el “puentecito”. Debajo de él, un camión plateado, con la palabra “prensa” dibujada en la parte de enfrente, está de costado y marca el inicio de la zona de guerra. “Ese está ahí desde tres días antes de que se metieran (los policías). De aquí para arriba es Pakistán. Bueno, así le dicen los policías”, asegura un jeepsero que cubre la ruta. Un cuarteto de funcionarios de la PNB vigila la zona, pero se ocultan detrás de los muros.
A unos 400 metros, un camión blanco, de Empresas Polar, cumple cinco semanas esperando por ser rescatado. Para llegar desde allí, hasta el sector Las Quintas hay que recorrer unos veinte minutos. Un gigantesco tanque de agua azul pone punto y final al camino asfaltado. A la derecha, se ve desde la parroquia El Paraíso, hasta mucho más allá de las torres de Parque Central. A la izquierda, como manchas pequeñas, las tumbas del Cementerio General del Sur y El Valle. Al frente, un camino de tierra, bordeado por casas de lata, madera y bloques. El sector se llama «La Esperanza» y allí las casas no están pintadas de colores brillantes.
Algunas casas están en el fondo de unas pendientes que están cerca de ser verticales. Los ancianos están confinados a vivir y morir ahí, sin poder escalar la montaña. Aprovechan para reclamar que en el voladero del sector “van las empresas a tirar sus escombros”. De los tres carros destruidos que están en el fondo, nadie sabe nada.
Diagonal al tanque azul está el Mercal de “Las Quintas”. Antes repartían 450 números para comprar comida, pero después de que se dañaron dos neveras redujeron el cupo a 250. “Aquí tenemos 20 años esperando que le echen cemento al camino, que nos pongan tuberías para tener agua. No nos suben el asfalto, pero sí la policía a golpearnos”, explica Lizney Bermúdez, vocera del Comité de Salud de Barrio Adentro. El comité no es Consejo Comunal aún, asegura, porque “el Gobierno ha puesto todas las trabas. Cuando no falta un papel, falta el otro”. Si no es Consejo Comunal, no pueden elevar peticiones al Gobierno.
La policía seguía en Las Quintas
Cuando inició la “Operación de Liberación del Pueblo”, la madrugada del lunes 13 de julio de 2015 muchos estaban dormidos. Otros tantos se bañaban, se vestían y perfumaban para ir a sus trabajos. En el procedimiento participaron efectivos de la GNB, PNB, Cicpc y Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia); ningún representante del Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo, según testimonios de los habitantes, recabados por la organización no gubernamental Provea.
“Ellos solo revisaron las actas escritas por los funcionarios que participaron”, señala Inti Rodríguez, coordinador de investigación de la ONG, quien, coordinó con los vecinos la visita al barrio cinco días después de la toma del territorio. El defensor de Derechos Humanos quiso corroborar las denuncias de los habitantes del sector y documentarlas con el apoyo de los medios de comunicación. Provea asegura haber recibido denuncias sobre allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas detenidas, hurtos masivos y destrozos en viviendas, presuntos forjamientos de pruebas, maltratos físicos y verbales y amenazas de muerte contra niños, mujeres y hombres habitantes de este sector.
La visita fue custodiada, a lo lejos, por funcionarios policiales del Sebin, encapuchados, vestidos de negro y portando armas largas. Aunque hasta el sábado estaban en el lugar, no se sabe si permanecerán allí. Los vecinos están de acuerdo con que las autoridades hagan operativos para detener a los delincuentes, pero piden que lleguen con órdenes de allanamiento, y que toquen la puerta.
En cuanto empieza el camino de tierra la mayoría pide ser anónimo. Hablan en coro, uno dice y el otro completa. Aseguran tener miedo de que los policías “vuelvan a llevarse lo que no se llevaron ya”. Una niña rubia llora por su televisor en el regazo de su papá. El aparato, de la marca china Haier, tiene un hueco en el centro de la pantalla. Dos mujeres denuncian que los policías defecaron en sus casas. Una dice que fue en la poceta, la otra asegura que fue en un tobo. “Nosotros hacemos pupú en un tobo y pipí en el suelo”, completa su niña.
La escena se repite en la mayoría de las casas: cerraduras rotas, ropa revuelta, mesas y ventanas en pedazos. Las neveras fueron vaciadas y, en algunos casos, sus puertas desprendidas. “A una vecina, que venía con su mercadito, le llevaron todas las bolsas”, dice un hombre. “A mi me llevaron un pollo y unas chuleticas que tenía en la nevera”, reclama una señora. Algunos están nerviosos porque «les robaron fotos familiares». Provea acumula 34 denuncias por excesos e irregularidades.
Algunos de los afectados son colombianos. La mayoría de los hombres denuncia haber sido golpeado, la mayoría de las mujeres denuncia haber sido tratada de “puta” y “alcahueta”. Aseguran que les prometieron que volverían con funcionarias femeninas para sacar a las mujeres de las casas y poder golpearlas. Esgrimen que no son unos “malditos colombianos”, como los llamó la policía.
Al presidente Nicolás Maduro nunca lo han visto en su comunidad. Le hacen un llamado para que escuche, de primera mano, sus versiones de lo sucedido. “Nosotros le pedimos que venga. Que no vengan solo cuando andan buscando votos. Nosotros somos gente decente. Ah, y también le pedimos que nos ponga nuestra calle de asfalto”, declaran.
40 detenidos en tres dependencias
Varios funcionarios de la PNB resguardan a los 250 detenidos, en la zona 7 de esta policía, ubicada en la urbanización El Llanito, en Caracas. Entre los presos bajo custodia se cuentan 25 personas detenidas en el marco de la “Operación de Liberación del Pueblo” en la Cota 905.
Uno de ellos fue funcionario de la extinta Policía Metropolitana. Sabe que ese lunes 13 de julio de 2015 se llevaron muchos inocentes “por el medio” y no ve mayor diferencia entre las redadas en los barrios de hace 20 años y las de ahora. “¿Tú sabías que (los malandros) cobraban hasta 5 mil bolívares, por familia, para no hacerles nada?”, pregunta.
Un segundo funcionario, más joven, se une a la conversación. “La policía está haciendo su trabajo. Pero parece increíble, al policía que hace su trabajo lo excluyen. La misma directiva lo excluye, le abren procedimientos”, asegura.
La sede del Saime (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería), en el centro de Caracas, es donde están detenidos todos los extranjeros. Los accesos del edificio están cerrados a cinco días de la “toma” de la Cota 905. Un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuida una puertecita entrecerrada. “Aquí hay como ocho presos, colombianos. A esos los van a deportar entre el lunes y el martes. Hay una mujer y dos menores de edad”, explica. Cuando se le pregunta sobre nombres y estados físicos cierra la puerta por completo.
El tercer lugar de reclusión es la Dirección de Tránsito del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), donde están detenidos los señalados de “pica-carros”. Son siete, todos venezolanos, con nombre y apellido. El menor tiene 16 y el mayor 43. Dos son hermanos y su papá los espera afuera con una sábana metida en una bolsita de mercado. “Les dejaron meter una sola sábana. Se tendrán que arropar con la misma”, explica. Su esposa está en la parte alta de la Cota 905, revolviendo la casa de paredes de madera, tratando de dar con los papeles de los dos carros que están en su garaje improvisado.
Durante la tarde del mismo lunes 13 de julio de 2015, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó al país sobre la detención de 134 personas, de las cuales 32 eran extranjeras. Dos días después, el 15 de julio de 2015, el Ministerio Público presentó a 19 personas ante los tribunales de control del Área Metropolitana de Caracas. Provea recogió 34 denuncias de lo que, a juicio de los habitantes de La Esperanza, fueron detenciones irregulares. El recorrido realizado por Runrunes por los tres lugares de detención arroja una cifra total, extraoficial, de 40 detenidos a raíz de este operativo.
