Masacre de Ocumare: Víctimas de la delincuencia, la justicia y el presidente (Video exclusivo)
Masacre de Ocumare: Víctimas de la delincuencia, la justicia y el presidente (Video exclusivo)

@AdrianitaN | @RonnaRisquez | @AnthonyNieto

LOS DEUDOS DE LAS PERSONAS ASESINADAS en la masacre de Ocumare fueron también víctimas del Estado venezolano. Los trámites para acceder a los cadáveres se extendieron por tres días. La falta de equipamiento y personal impidió que los cuerpos se conservaran adecuadamente para ser velados

“Coño, un dilema, un dilema para darle su muerto a uno. ¿Ya no están muertos? Al que le duele es a uno. Mira como los tienen ahí, como si fueran animales”, reclamaba en la puerta de la morgue Mileidis Delgado, hija de Plácido Iván Delgado, uno de los fallecidos en la matanza de Ocumare del Tuy. El asesinato de seis miembros de la familia fue solo el inicio del calvario que vivirían, en adelante, los Urbano. En adelante, el “ruleteo” fue la norma.

Momento del crimen. Cerca de las 3:00 de la mañana del domingo 26 de abril de 2015 un grupo de hombres irrumpió en sus viviendas, ubicadas en un urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en Ocumare del Tuy, y acribilló a nueve personas que celebraban haber cumplido un mes en su nuevo hogar.

8 horas después del crimen. Hasta las 11 de la mañana del domingo permanecieron “tirados” los cuerpos en el piso de la planta baja, de la torre 15B, del conjunto residencial Lomas de Guadalupe II. Casi a mediodía fue cuando los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), trasladaron los cadáveres de las víctimas hasta la morgue de la localidad en una camioneta tipo pickup.

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32 horas después del crimen. Un día entero después, a las 11:00 de la mañana del lunes 27 de abril, los familiares aún esperaban que les entregaran los cadáveres de sus seres queridos. Los déudos esperaban la presencia de un funcionario del Ministerio Público, quien debía autorizar el traslado de los cadáveres hasta la morgue del Hospital Victorino Santaella, en Los Teques, puesto que en Ocumare no se realizan autopsias por falta de patólogos, desde 2008. Según los familiares, los nueve cuerpos se encontraban apilados en el piso, desnudos, debido a la ausencia de cavas y camillas para mantenerlos.

“¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Que uno se lleve a su familiar directamente para el cementerio? ¿Que uno no los pueda velar? Claro, porque eso es lo que ellos se merecen”, vociferaba Delgado. Un funcionario que solicitaba, constantemente, traslados desde la Medicatura Forense hasta la sede de la Fiscalía de la zona y viceversa, y el olor de los cadáveres de sus familiares “pudriéndose” hacían más tortuoso el proceso para quienes ya eran víctimas.

«Que le den a uno a sus muchachos. Vamos a vender el rancho y todo para pagar el velorio, pero entréguennos los cuerpos», agregaba otra doliente.

36 horas después del crimen. Los fiscales llegaron cerca de las 3 de la tarde, pero se decidió esperar hasta que ingresara a la morgue el cuerpo del efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana asesinado ese día en Ciudad Caribia ━otra urbanización de la Misión Vivienda en Ocumare━ para trasladar todos los cuerpos “de una vez” hasta Los Teques.

39 horas después del crimen. Al final de la tarde del lunes empezó la procesión de los cuerpos hasta el Hospital Victorino Santaella, en Los Teques, para ser sometidos a las autopsias.

60 horas después del crimen. A las 3 de la tarde del martes 28 de abril, finalmente, las familias Urbano y Delgado recibieron los cadáveres de sus seres queridos. A esa hora, los cuerpos estaban “demasiado malos” para ser velados. El temor de que pasaran, directamente, de la morgue al cementerio se hizo realidad.

67 horas después del crimen. Durante la noche del 28 de abril al presidente Nicolás Maduro no le tembló la voz para decir que la causa de la masacre fue “una guerra entre bandas de narcotraficantes”. En el programa En contacto con Maduro número 27, el primer mandatario aseguró que cuando decía algo, era “porque tenía suficientes pruebas”. En este caso, la familia Urbano no fue víctima sólo de la violencia, sino de un juicio anticipado por parte de la máxima autoridad del país.

En conversación con Runrunes, familiares atribuyeron el delito a un conflicto pasional.

Los ecos de la revictimización

Liliana Ortega, coordinadora general de la organización defensora de derechos humanos Cofavic, condena que desde el gobierno se criminalice a las víctimas, antes de emprender una investigación “objetiva y libre de prejuicios” para esclarecer las razones del crimen. “Se hacen justificativos de la muerte sin elementos objetivos. Todas las víctimas de hechos violentos merecen justicia, sin importar quienes sean”, dijo en entrevista con Runrunes.

El investigador argentino Rosanzki explica que la “revictimación” se manifiesta cuando «a partir de la denuncia, las víctimas de cualquier delito, deben enfrentar numerosas situaciones en el ámbito de la justicia, que las hacen sufrir”. Las largas esperas en pasillos e interminables recorridos por diversas oficinas son algunas síntomas del tipo de agresión.

Ortega alerta sobre la necesidad de evitar la doble victimización por medio de una investigación eficiente que permita esclarecer la realidad de los hechos delictivos. “En Venezuela el proceso de denuncia, en sí mismo, es una revictimización”, asegura.

Antonio Beristain, investigador español experto en victimología, define a la “inadecuada atención que recibe la víctima una vez entra en contacto con el sistema de justicia” como “doble victimización”.

Cuando un miembro de la familia pierde la vida de forma violenta, son sus parientes quienes deben cargar con la excesiva burocracia, a la vez que sobrellevan el duelo. La ausencia de economía procesal, a juicio de la especialista, fomenta la impunidad. “Todo el núcleo familiar se ve afectado por un hecho como este. Con tantas trabas, la gente decide finalmente no denunciar, trata de olvidar el hecho”, señala Liliana Ortega.

El Estado venezolano está en la obligación de otorgar medidas de protección especial a las víctimas y testigos de los hechos de violencia. El artículo 8 de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, promulgada en 2006, explica que debe ejecutar “las medidas que considere necesarias para proteger a las víctimas, testigos y demás sujetos procesales, y para asegurar su salud, seguridad y bienestar, incluyendo su estado psicológico y adaptación social mientras persista el peligro”.

Varios familiares de las víctimas de la masacre de Ocumare fueron testigos presenciales y sobrevivientes del hecho. Hoy día, sienten temor de regresar a sus hogares y aseguran que “devolverán la llave”. Hasta la tarde del 28 de abril de 2014 no habían recibido la primera llamada de alguna autoridad para ofrecerles asistencia.

El quinto vértice de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela establece que el Estado garantizará la atención oportuna y pertinente y que “se atenúen los efectos negativos de la violencia sobre personas y colectivos víctimas del delito, incrementando la respuesta efectiva del Estado, y disminuyendo los niveles de impunidad”.

La alcaldía del municipio Cristóbal Rojas, en Ocumare, donó tres fosas juntas en la terraza A del cementerio de Santa Teresa del Tuy. Parientes y amigos de la familia Urbano recolectaron 155 mil bolívares para pagar los actos fúnebres. El Sistema Nacional de Atención Integral a Víctimas de Violencia brilló por su ausencia en este caso.