En medio de una crisis estructural que sacude los cimientos de la calidad de vida del venezolano, y ante el rechazo cada vez más generalizado de un pueblo cansado de no concretar la materialización de sus expectativas y de satisfacer necesidades básicas que hoy constituyen una deuda social impagable por un gobierno demagogo, con ribetes populistas, altamente ineficiente y excluyente por definición, se anuncia la creación por decreto del Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria, entelequia represiva por antonomasia que tras el retórico compendio de objetivos patrioteros persigue cercenar derechos sustantivos de los ciudadanos venezolanos como lo son el derecho a la libertad de expresión y el derecho a estar informados.
Como lo dice el artículo 9 del decreto de creación de este brazo articulado de la represión en Venezuela, «El presidente o presidenta del Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria podrá declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada cualquier información, hecho o circunstancia…». Razonar las implicaciones de tan temerarias atribuciones impide que los ciudadanos accedamos a la información de forma oportuna y veraz como lo establece nuestra Carta Magna y distorsiona la capacidad de reaccionar de quienes tenemos entre otras cosas el mismo derecho a la protesta pacífica como mecanismo legal de expresar nuestro descontento.
Esta arbitrariedad aparece en el momento en el que quien desempeña funciones de presidente de la República solicita poderes especiales mediante una Ley Habilitante para supuestamente atacar la corrupción y la «guerra económica». Nada está signado por el azar en la política y la ley de acción y reacción es siempre analizada en el marco de los escenarios. Es evidente el miedo crudo y corrosivo que este gobierno siente por la reacción de los venezolanos ante las medidas «especiales» que aliñarán estos poderes para gobernar sin contrapesos, si es que alguna vez existieron, de quien se encuentra entrampado en la ineptitud de un equipo que no arranca, la orfandad de liderazgo y de impronta personal de un «líder» que no cuaja, y la sombra del descontento general persiguiendo a quien la paranoia no le ha bastado para ampararse en ridículas historias de enemigos externos sino que ahora plantea que esta medida la toma para cuidarse de «enemigos internos»
El derecho a la información es un principio fundamental establecido en la Constitución venezolana vigente. Es considerado un Derecho Humano sustantivo, irrevocable, inalienable, intransmisible y definitivamente irrenunciable. Los constituyentistas en la exposición de motivos de la Constitución del año 99 establecieron y así quedó plasmado en la Gaceta Oficial No. 5453 Extraordinaria del 24 de marzo del año 2000 que «“Se consagra a favor de los ciudadanos y ciudadanas, el derecho a la información oportuna y veraz por parte de la Administración Pública. Este derecho adquiere suficiente amplitud y precisión, ya que abarca lo relativo a las actuaciones de los cuales sean parte interesados, así como el conocimiento de las resoluciones definitivas que se dictaren, y acceso a los archivos y registros administrativos, salvo las excepciones legales. Como complemento a esta disposición se establece la prohibición absoluta de censura a los funcionarios públicos en su relación con su deber correlativo al derecho a la información consagrado en esta disposición”
Entonces, qué pretende un gobierno evidente temeroso de la verdad, con profundas raíces en la mentira y con vocación totalitaria reconocida con este apéndice de cariz dictatorial?
Esta maniobra disuasiva no evitará que el venezolano exija la verdad sobre las empresas de maletín que desangraron nuestras finanzas públicas, sobre los autores intelectuales de las maletas de Air France, sobre la escasez palmaria en los anaqueles de los supermercados, de la corrupta y escandalosa distorsión entre el dólar paralelo y el oficial, sobre la necesidad de certificar la nacionalidad de quien ocupa la presidencia de la República, sobre la verdadera cifra de crímenes que enlutan nuestros hogares, sobre las compras desproporcionadas de armamento, sobre la penetración del crimen en nuestra nación, sobre la ineficacia de un gobierno que no produce sino que importa y de paso se le pudre la comida en los puertos, de la inoperancia del mantenimiento del sistema eléctrico y energético, sobre la persecución al disenso, sobre el miedo a la pluralidad, sobre la oprobiosa riqueza que exhiben los jerarcas de esta cleptocracia, sobre la amenaza que cierne sobre los medios de comunicación, ahora reforzada, de informar, sobre el descontento en los diferentes ámbitos civiles o militares, sobre la necesidad desesperada de mostrar al mundo una imagen de democracia que cada vez más contrasta con lo que vivimos.
Este intento de cercenar nuestros derechos fundamentales es pretender tapar el sol con un dedo, con el agravante que quien lo hace sigue mirando al sol y quedará indefectiblemente ciego…
Amanecerá y veremos…
