¿Cómo se juega esta mano?, por José Vicente Carrasquero A.

Ajedrez

 

Venezuela se encuentra en un momento crucial, decisivo, concluyente. Hemos vivido 18 años de muchas complicaciones, de dificultades que han aniquilado nuestra calidad de vida. Sufrimos las consecuencias de una forma de hacer política que finalmente llegó a donde todo el mundo sabía que iba a llegar, a sumir a los venezolanos en la miseria. A hacer inviable el desarrollo del país y por lo tanto imposibilitar el crecimiento de la persona como factor esencial de la sociedad.

La situación no es trivial y no puede ser analizada con las herramientas que se aplicarían a la normalidad democrática. Hay un acuerdo casi universal de que en Venezuela hay una ruptura del hilo constitucional, una alteración del orden democrático. En otras palabras, el gobierno en su intento de pasar por encima de todo principio democrático ha devenido en una dictadura que busca mantenerse a sangre y fuego en el poder.

Así como la situación política no es normal, tampoco lo es la calidad y cualidad de las personas que ocupan las posiciones de poder. Para comenzar, su forma de hacer política es por la vía de la imposición de sus criterios y formas de hacer. No está en sus maneras eso de oír al pueblo y actuar en consecuencia. Hay un compromiso con el proyecto político por encima de la Constitución y las leyes.

Como si esto fuese poco, muchas de quienes ocupan posiciones de poder están de una manera u otra ligados a hechos reñidos con las leyes y que los hace objeto del debido castigo. Desde haber tomado por asalto las arcas públicas hasta la violación del inventario total de los derechos humanos pasando por delitos de narco tráfico configuran una lista de delitos de la cual no se puede salir fácilmente. El poder parece ser el último refugio de una clase política compuesta por bandoleros.

¿Cómo se supera la ruptura del hilo constitucional? ¿Cómo se repara el orden democrático? La respuesta a estas preguntas tampoco es trivial. Sin embargo, está claro que las acciones que llevaron a tal ruptura son delitos muy graves que se pagan con cárcel. Quienes cometieron esos delitos y sus cómplices usurpan posiciones de poder.

Visto así, el juego requiere audacia de parte de los actores de oposición, se encuentren o no bajo el paraguas de la MUD. Hay ciertas premisas que se deben tener en cuenta y que examinaremos a continuación.

La primera y más importante es que los que rompieron el hilo constitucional no tienen cualidad alguna para repararlo. El problema generado por las sentencias no se resuelve con la eliminación o enmienda de las mismas. El resarcimiento de este gravísimo hecho que constituye un golpe de estado al poder legislativo requiere una acción institucional.

Es claro que los jueces de la sala constitucional no actuaron por la libre. Obedecían ordenes de los directivos del partido al cual pertenecen. Por lo tanto, existen otras personas que ocupan importantes puestos de poder que también quedan inhabilitados para reponer el orden democrático.

La segunda premisa importante es que tanto el poder electoral como el poder moral han sido cómplices de los hechos que nos han traído a esta situación. El primero por ser ejecutor reiterado de la violación masiva del derecho humano a votar. El segundo por no haber investigado con la debida seriedad el problema generado por el Tribunal Supremo al materializar un golpe de estado contra el poder legislativo.

Esto nos lleva a la tercera premisa según la cual el orden constitucional no se repondrá con unas elecciones regionales. Eso no resuelve el asunto de la culpabilidad de los jueces y sus cómplices, ni las violaciones del poder electoral y mucho menos la inacción del poder moral.

¿Está el juego trancado? No. La solución tiene su origen en al menos dos grupos de acciones. La primera y más importante es la manifestación de descontento del poder popular. De la gente cuyo honor ha sido mancillado continuamente desde hace quinquenios. La presión de un pueblo en la calle exigiendo la restauración del orden democrático, del imperio de la ley fundamentado en la constitución nacional. Es la presión del pueblo la que posibilitará una salida a la crisis más grave que ha vivido Venezuela en los últimos 60 años.

Por su parte, el poder legislativo, electo por el pueblo el 6 de diciembre de 2015 debe proceder a reinstitucionalizar el país. Para ello debe proceder a nombrar un Tribunal Supremo de Justicia según los criterios y procedimientos que imponen la Constitución y las leyes. Es bien sabido que  el nombramiento de los jueces actuales estuvo plagado de irregularidades y de violaciones a cuanto reglamento hubiese.

El nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral, con gente realmente independiente, proba y con la formación necesaria para llevar a cabo la tarea de facilitar la voluntad popular. Es más que claro que las rectoras del actual cuerpo carecen no solamente de independencia política sino que además no tienen criterio propio.

Un nuevo poder moral es un requisito indispensable para tener una institucionalidad sólida que garantice la independencia de los poderes. El contralor que nombra familiares para trabajar con él, un defensor que solo defiende al partido de gobierno y sus fechorías y una fiscal que ya tiene demasiado tiempo en ese cargo son motivos más que suficientes para renovar esas dependencias.

Finalmente, elecciones generales en 2017. La expresión popular para decidir el futuro del país, para recomponer el tejido social, para rescatar nuestra capacidad de soñar con un futuro próspero de una Venezuela que vea crecer a nuestros hijos con felicidad y posibilidades.

 

@botellazo

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