Dictadura. No se puede denominar de otra forma a un gobierno cuya respuesta al hambre de los venezolanos se compone de represión violenta y discriminación a la hora de conceder acceso a productos de primera necesidad. Uno de los rubros que parece no escasear es el de equipamiento para la represión. A lo largo y ancho del territorio nacional unos policías y guardias a los que se le garantiza dotación de productos básicos son usados para disolver violentamente la legítima protesta de quienes sufren las terribles consecuencias de la nefasta política económica del chavismo-madurismo.

Como si las fuerzas del orden no fuesen suficientes, el gobierno usa sus hordas de primitivos militantes violentos para impedir que la prensa pueda cubrir las manifestaciones. Si existiese un mínimo de estado de derecho en Venezuela, los mercenarios agresores de los trabajadores de prensa agredidos, estarían en este momento presentados antes los órganos de justicia para su procesamiento legal.

Pero como en toda dictadura que se respeta, estos procedimientos de los órganos jurisdiccionales están reservados para opositores que son capturados en manifestaciones y que pasan a engrosar el grupo de presos políticos que característicamente posee una dictadura.

A pesar de los altísimos niveles de represión que vive el país, se le ha hecho difícil al gobierno evitar el Caracazo de bajo intensidad que se observa desde hace meses. La respuesta clásica de la dictadura no se hace esperar. Represión a mansalva y sordina en los medios de comunicación. Mientras, las redes sociales se inundan de reseñas de disturbios en casi todos los estados del país. Los canales de televisión al servicio del partido de la dictadura se empeñan en presentar una Venezuela virtual que no se corresponde con la realidad que sufren sus telespectadores.

El venezolano es sometido a las penurias del hambre, el crimen desbordado, la ausencia de atención médica y los pésimos servicios públicos mientras que los miembros de las cúpulas podridas disfrutan de las mieles del poder. Prueba de ello fue el percance que el gobernador del estado Vargas sufrió recientemente a bordo de un yate que se le expropió a un banquero. Recuerda el caso de otro yate que se incendió y que estaba a disposición de otro funcionario muy cercano a Maduro. Las dictaduras se mantienen sobre los privilegios otorgados a una clase política que abusa descaradamente de los recursos del país en desmedro de los venezolanos menos favorecidos. Al final, nadie responderá por estos yates que pudieron, siendo bienes de la nación, haber sido colocados en dólares en el mercado internacional para resolver alguna necesidad del país, por pequeña que sea.

La no rendición de cuentas es otra característica de las dictaduras. ¿Cuántos otros bienes de la nación están a disposición de funcionarios y privados en Venezuela? Uno de los casos más estrambóticos es el de la residencia presidencial La Casona que no ha podido ser ocupada por quienes les corresponde por ley. Este asunto, que no tiene discusión alguna, solo puede ser acatado en un sistema político que por su alto nivel de corrupción política, desprecia el respeto que le debe a los ciudadanos que pusieron estos bienes a su cuidado.

La dictadura es el típico régimen que pueden exhibir sin escrúpulo alguno el desdén con el que la ministra de salud se expresa de los enfermos a los que solo les queda esperar la muerte, a pesar de que la Constitución que el chavismo escribió garantiza el acceso a ese derecho fundamental. Una dictadura hace caso omiso de la extinción de la vida de niños con cáncer que no tuvieron la suerte de contar con un servicio hospitalario de calidad que los curara o les diera una mejor calidad de vida en la enfermedad.

Desdén con el que habla el frustrado golpista, miembro de la promoción Ibáñez, gobernador del estado Táchira al referirse a la situación que sufren sus coterráneos. El fallido intento de esconder tras su deteriorada figura de autoridad la gravedad del problema de alimentación y salud de su entidad solo puede ser admitida en una dictadura que somete la voluntad individual a los intereses de la corrompida elite gobernante.

Desdén dictatorial el que sufren los pensionados y jubilados en el exterior y que solo cuentan con ese ingreso para su manutención. Un tenebroso silencio administrativo que pone a quienes debieran vivir la paz del deber cumplido a sufrir situaciones de pánico ante la imposibilidad de cubrir sus más mínimas necesidades.

El desdén con el que el vocero electoral del partido de la dictadura se refiere a las firmas de ciudadanos que ejercieron su derecho a solicitar revocar el mandato de Maduro. Al dictador solo se le ocurre balbucear que el referendo para derogarle el mandato es opcional. Porque una de los peores aspectos de esta tiranía es la escaza capacidad intelectual de quien la comanda.

Los venezolanos tenemos el derecho natural de oponernos a un régimen como el someramente descrito. Desde el mismo momento que nos podemos dar una constitución, nos asiste el derecho soberano de tomar los correctivos necesarios para reconducir el país hacia una democracia. Incluso, hay artículos en la carta fundamental que le imponen ese deber a los venezolanos.

Nadie hará una declaración formal de que en Venezuela hay una dictadura. Los gobiernos de otros países están más pendientes de los intereses de estado que de los problemas de los pueblos que los llevaron al poder. El reconocimiento de que sufrimos una dictadura tiene que nacer de nuestro propio convencimiento. De que tenemos derecho a una verdadera libertad y que las instituciones tienen el deber de garantizarla.

Ese no es el caso en Venezuela. El derecho a rebelarse ante este desdén dictatorial que nos azota es, paradójicamente, constitucional.

@botellazo