El presidente Maduro prepara las cosas para solicitar una Ley Habilitante. Como todo presidente venezolano que se respete, el también quiere su Habilitante. Desde que CAP solicitó la primera de ellas en 1973, cada primer mandatario, apenas ha entrado en Miraflores, ha pedido la suya. Es ya casi un símbolo de estatus y de poder. Maduro, por supuesto, no iba ser el de menos y ya todo está casi listo para satisfacer su capricho. Pero esta vez, contradictoria pero comprensible, dada la naturaleza de este gobierno, a fin de alcanzar la suma de votos necesaria para obtener esa gracia del Parlamento, se ha recurrido a maniobras non sanctas. El gobierno necesita 99 votos para lograr las 3/5 partes de los legisladores a fin de que la Ley Habilitante sea aprobada. Tiene 98 propios. Lograr ese voto 99 ha provocado un torneo de esgrima intrapesuvista de lo más elocuente en cuanto a el modo tracalero de ejercer la política por parte de los próceres del «socialismo» del tercer milenio.

Con argumentos especiosos, con el puro ejercicio de la fuerza bruta parlamentaria, piden inhabilitar a una diputada del PSUV, que llegó en las planchas del Gato Briceño y que se ha mantenido fiel a las convicciones que la unen al exgobernador hoy perseguido y exiliado.

Lo llamativo es que esta diputada había sido acusada de hechos de corrupción cinco años atrás, lo cual no obstó para que fuera postulada en las planchas del PSUV. En su momento, pues, esa acusación fue desestimada, porque la señora obedecía «la línea» pero, ahora, cinco años después, se desentierran aquellos viejos alegatos, para deshacerse de esta incomoda presencia, confiando en que las «ayudas» que se han dado al parlamentario suplente de la diputada que se pretende execrar, sirvan de grúa para que su brazo se levante a favor del gobierno y puedan aprobar su fementida Habilitante.

Si en general las leyes habilitantes tienen poca justificación, porque anulan la división y separación de poderes, dando al Ejecutivo la facultad de legislar, y potenciando el ya de por sí desbordante presidencialismo característico del régimen venezolano, minusvalidando al Parlamento, esta que solicita Maduro es de las menos justificables. La pide sin necesitarla. El gobierno tiene una cómoda mayoría en la Asamblea y, de hecho, ya han sido aprobadas distintas leyes que apuntan a la lucha contra la corrupción, que es el principal argumento de Maduro para solicitar poderes especiales. Si fuera por esto, ya hay con qué actuar, si hubiere voluntad para ello. Pero no la hay. La solicitud de Habilitante es para disfrazar la inactividad e inoperancia de todos estos años en esa materia. Como decía Cabrujas, nuestros gobiernos de su época fueron los reyes del disimulo, del cual hicieron una de las bellas artes. Este gobierno no es la excepción y ha llevado ese arte a niveles siderales. Ahora se disimula la espantosa, y probablemente récord de corrupción en toda la historia, con estos aguajes de una Habilitante para dizque luchar contra ella. Sin embargo, es poco creíble que Maduro actúe de verdad contra la corrupción. Si hablase en serio, tendría que enfrentar y derrotar al poderoso establishment chavista-empresarial construido con base en prácticas corruptas. ¿Lo hará?

Fuente: Tal Cual Digital