De abril a septiembre de 2013, IPYS Venezuela ha evidenciado un uso abusivo del poder estatal a través de la utilización recurrente y exacerbada de las alocuciones obligatorias de radio y televisión, a través de la señal de medios de señal abierta en el país. Esta política comunicacional oficial, también, ha intentado imponer líneas informativas imperativas que afectan la actividad periodística en Venezuela. Así se dejó notar el 10 de septiembre de 2013, cuando el Presidente de la República, Nicolás Maduro anunció que su gobierno transmitiría en cadena nacional a diario un espacio informativo, con una marcada visión gubernamental.

“Como estamos haciendo ahora una nueva modalidad de comunicación, vamos a sacar también el Noticiero de la Verdad, para pasarlo en Cadena Nacional de Radio y Televisión, al medio día y en la noche, los días que se puedan resumir varias actividades”, manifestó el primer mandatario en una alocución oficial que fue transmitida por obligatoriedad por los medios radioeléctricos con señal en Venezuela.

Estas situación implica una violación a los principios de la pluralidad y las diversidad, garantías fundamentales de la libertad de expresión según los estándares internacionales de la libertad de expresión. Es decir, el derecho de los ciudadanos a acceder a los contenidos audiovisuales de los medios que sean de su elección. Se afecta, además, las garantías de expresión e información estipuladas en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

De acuerdo a las normativas nacionales e internacionales, el gobierno nacional está en su libertad de producir los contenidos informativos que sean de interés público. Sin embargo, preocupa que se generen espacios que se transmitan de manera obligatoria en radio y televisión, por orden del ejecutivo nacional, que se puedan utilizar con fines propagandísticos y proselitistas, y como mecanismo de criminalización o invisibilización de algunos sectores de la sociedad.

En este sentido, el gobierno nacional debería ejercer y garantizar la libertad informativa y la óptima utilización de los recursos públicos en materia comunicacional, privilegiando el derecho de los ciudadanos de buscar, recibir y difundir las informaciones que sean de su interés, sin ningún tipo de limitaciones o condicionamientos político-partidistas.

A pesar que la difusión obligatoria de las cadenas nacionales en los medios audiovisuales está contemplada en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos, la transmisión irrestricta de las alocuciones oficiales es contraria a las disposiciones universales que garantizan la libertad de expresión, y afecta la libre deliberación de ideas y opiniones en el espacio público.

El Dato

Durante los primeros 143 días de gobierno del Presidente de la República, Nicolás Maduro, se  realizaron 106 alocuciones oficiales, con una duración de 70 horas con 28 minutos, del 15 de abril al 5 de septiembre de 2013. Esta cifra supone  en promedio una cadena obligatoria de radio y televisión por día, según el análisis que realiza IPYS Venezuela, con base a los datos que proporciona la organización Monitoreo Ciudadano (http://monitoreociudadano.org/cadenometro/).

La imposición -por parte del gobierno nacional- de espacios informativos de obligatoria transmisión, pudiera suponer una medida de intimidación o presión para medios y periodistas que mantengan otras perspectivas informativas que sean contrarias a la óptica gubernamental.

En los últimos meses, diversos voceros oficiales han justificado la transmisión de alocuciones obligatorias ante el supuesto veto y tergiversación de los hechos noticiosos por parte de medios privados, por considerar que son adversarios a los poderes gubernamentales. Sin embargo, estos argumentos no son válidos para acreditar esta política comunicacional, debido a que afecta la existencia de voces plurales en la sociedad. Además, pueden generar hechos de cesura y autocensura por parte de medios y periodistas, quienes, ante la línea gubernamental pueden verse obligados a guardar silencio y acatar la línea comunicacional oficial, por miedo a recibir represalias o ser intimidados.

Estas decisiones comunicacionales que restringen la libertad de expresión en Venezuela han estado acompañadas de un discurso oficial insistente orientado a la criminalización a la actividad mediática privada e independiente, por considerar que es un factor adverso a los intereses las fuerzas políticas partidistas que se encuentran en el poder.

Amenazas oficiales

En diversas oportunidades tanto el Presidente de la República y representantes de poderes públicos han cuestionado con acciones de intimidación la labor de la prensa.

“Todo el mundo sabe cómo se llaman los periódicos del golpismo en Venezuela. Todo el mundo sabe cuáles son las televisoras golpistas del país que no descansa (…) Todo el mundo sabe quiénes son los jefes de la derecha conspiradora y golpista de Venezuela, cual es el grupete corrupto que la dirige”, exclamó Nicolás Maduro, en una alocución oficial, el 11 de septiembre de 2013, al tiempo que refirió que tienen plenamente identificados a los medios adversos al poder, y  particularmente mencionó al diario El Nacional, periódico privado de circulación nacional.

Estas declaraciones oficiales han sido acompañadas por cuestionamientos a  la jerarquización de  información en los medios de comunicación privados.

Estas exhortaciones de las autoridades pueden convertirse en una forma de presión y amenaza que pueden llevar a los medios a censurar contenidos que no sean complacientes o puedan ser incómodos  para las autoridades nacionales.

Fuente: IPYS