Según el Observatorio de Conflictividad, desde 2005 se registran 2.500 detenidos por manifestar

Para Marino Alvarado, de Provea, el Gobierno creó leyes que restringen el efectivo ejercicio del reclamo 

Para el Ejecutivo, la lucha universitaria es desestabilización

El conflicto universitario desembocó en un paro indefinido en varias casas de estudio, convocado por el gremio de docentes, y manifestaciones de calle de profesores y estudiantes.
Son otro grupo de los muchos que cada día protestan a pesar de la tendencia gubernamental de criminalizarlos y del andamiaje jurídico creado para coartar el disenso.

La semana pasada, Nicolás Maduro calificó al paro universitario como “una desestabilización política” y acusó a los estudiantes de tratar de “incendiar el país y trancar autopistas”. El ministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres, se refirió a la actitud “desafiante” de los alumnos y los acusó de querer “romper la estabilidad y la gobernabilidad del país”. Además, el pasado viernes el Tribunal Cuarto de Caracas ordenó a la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv) reanudar las clases, por considerar el paro como “un delito constitucional”.

A ello súmele que el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (OVCS) registró en mayo al menos 317 protestas. Durante todo 2012, contabilizó 5.483 protestas (15 diarias en promedio), de la cuales 80% estaban relacionadas a derechos sociales. Además, han aumentado las huelgas de hambre como una “demostración de la desesperación de la población venezolana para obtener respuesta de las oficinas de Gobierno”, según el informe.
Yorelis Acosta, psicóloga social e investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la UCV, dice que en el país se observa una tendencia al aumento de la protesta desde 1999 y que éstas pasaron de 500 antes de 1998 a 900 en 1999, y a más de 5.300 en 2012. Para Acosta, quien define a la protesta “como una expresión colectiva de una demanda o necesidad ante las autoridades”, las que se han producido en el país son fundamentalmente pacíficas, ya que las violentas no abarcan ni un 5% de estas.

Gobierno Descalificador

Según Acosta, es una característica del Gobierno discriminar el sentir de los manifestantes, que se refleja en los adjetivos que desde las altas esferas del poder se usan para insultar a personas y colectivos, lo que crea una dinámica verbal perjudicial para la tolerancia. “El no ser capaces de soportar una crítica elimina la posibilidad para el diálogo y el acuerdo”, dice.

Marco Ponce, coordinador general del OVCS, refiere que la política de criminalización y estigmatización de la protesta “no ha tenido impacto en la población”, porque la gente sigue haciendo sentir su inconformidad en la calle”.

Leyes Anti-Protesta

Marino Alvarado, coordinador general de Provea, expresa que aunque el artículo 68 de la Constitución garantiza el derecho a la manifestación pacífica, el Gobierno en 2002 aprobó la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, que crea “zonas de seguridad” que prohíben las manifestaciones en por lo menos 32% del territorio nacional. En 2005, reformó el Código Penal para dictar penas de 4 a 16 años a los que cierren u obstaculicen vías, entre otras leyes que, según Alvarado, restringen el efectivo derecho a la protesta.
Ponce ratifica que existe todo un andamiaje legal creado desde 2004 para juzgar a los manifestantes, pero que sin embargo, “las cárceles se seguirán llenando de campesinos, trabajadores, vecinos y estudiantes universitarios” que disienten de la postura gubernamental. Informó que desde 2005 hasta la actualidad, 2.500 personas han sido encarceladas o tienen procedimientos penales abiertos por protestar.

Fuente: ConflictoVe y TalCualDigital

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