¿Auditoría para qué? por Vicente Díaz @VicenteDz - Runrun

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El 14 de abril pasado, en el mismo acto de anuncio de los resultados, propuse al CNE, a los comandos de los candidatos y al país que se extendiera la auditoría ciudadana al 100% de las cajas con comprobantes de voto.

Esta solicitud la hice con un solo objetivo: despejar dudas a candidatos y electores sobre los resultados. Y lo dejé claro, sobre todo a quienes los resultados anunciados por el CNE no les favorecían.

La solicitud la hice por varias razones: la estrechez de la brecha entre los candidatos, una sociedad políticamente muy polarizada y algunas irregularidades ocurridas en algunos centros de votación. También aclaré que no tenía ningún indicio que me hiciera poner en duda los resultados de los números anunciados.

La reacción de los dos candidatos fue inmediata y satisfactoria: aceptar la realización de esa verificación.

Al día siguiente no concurrí al acto de proclamación porque me parecía altamente inconveniente proclamar sin anunciar simultáneamente una decisión respecto a esa auditoría del resto de las cajas.

El jueves 18 de abril el CNE aprobó por unanimidad extender esa auditoría a las cajas restantes durante un mes de trabajo, bajo los parámetros de la verificación ciudadana fase dos; que por cierto ya se había realizado ese día según lo previsto, a una muestra de 0,5% de las mesas del evento electoral.

Este procedimiento permite conocer si hay inconsistencias entre los votos emitidos, los comprobantes de voto y el número de electores según cuaderno. Esto es: que no haya más votos que votantes y que los votos hayan sido correctamente contabilizados para cada candidato.

Lo que no permite este procedimiento es saber si todos los votos emitidos corresponden estrictamente a los electores legitimados para votar. Es decir, si no hubo suplantación de identidad de votantes ausentes (por fallecimiento, por ejemplo).

En razón de esa carencia, Henrique Capriles rechazó dicha auditoría. El viernes 26 de abril, cuando se discutió el protocolo de esa auditoría yo negué mi voto porque continuarla sin el reclamante era absolutamente ocioso.

La auditoría no tiene que ser para dar seguridad a los rectores sino a los electores. Y una parte muy importante del país tiene dudas del resultado anunciado, es responsabilidad de la autoridad electoral tomar las acciones necesarias para despejarlas.

Las dudas, dado que apuntan a usurpación del voto según lo manifestado públicamente por el propio Capriles, sólo se pueden despejar (o confirmar, según la visión de otros) mediante el cumplimiento de inmediato de dos garantías ya aprobadas pero no realizadas, y un procedimiento adicional.

Las dos garantías ya aprobadas son: la auditoria de duplicidad de huellas, que permite verificar que nadie haya votado dos veces o más usurpando la identidad de ausentes en mesas diferentes. Y el reporte de incidencias del SAI, que permite detectar si hubo la generación artificiosa de votos en algunas mesas sin presencia de electores por parte del presidente de mesa, cuya huella es la única que permite activar la máquina más de una vez (con la finalidad de permitir el acto de votar a personas con discapacidad en los miembros superiores). Insisto, estas dos garantías ya fueron aprobadas como procedimiento ordinario, lo que hay que hacer es efectuarlas.

El procedimiento adicional que propongo es el siguiente: verificación de que los electores fallecidos aún no depurados del Registro Electoral no aparezcan habiendo ejercido el voto según los cuadernos.

El cumplimiento de esas dos garantías y la aceptación de esta propuesta por los involucrados podrían contribuir a superar la crisis política, sin interferir en las acciones jurisdiccionales de impugnación cuya solución jurídica está en manos del Poder Judicial. También puede ser un piso para ir acercándonos al diálogo nacional que reclama un país que sólo puede superar sus inmensos problemas con el concurso de todos.

Por Vicente Díaz

@VicenteDz