Es sencillamente indignante que funcionarios públicos de distintos niveles del Gobierno nacional, de alcaldías y gobernaciones amenacen sin ningún disimulo a trabajadores y a beneficiarios de misiones sociales que votaron por Henrique Capriles, en lugar de asumir una sincera reflexión acerca de por qué se produjo el descontento que los llevó a retirarles el apoyo al PSUV y a sus aliados.

Es alarmante que una cuenta de Twitter se encargue de mostrar fotografías de empleados públicos y de criminalizarlos por el hecho de no haber votado por el hoy presidente Nicolás Maduro. Es una muestra de miseria espiritual que a humildes ciudadanos le enrostren haber recibido una vivienda o una pensión y los amenacen con represalias por sus posiciones políticas. Todas estas manifestaciones revelan que no han entendido por qué alrededor de 700.000 venezolanos dejaron de acompañar al PSUV para engrosar el caudal electoral de la oposición.

El pasado 19 de abril entrevisté en Unión Radio al canciller Elías Jaua y le pregunté si el gobierno de Maduro avala estos atropellos, y su respuesta fue tajante al afirmar, palabras más, palabras menos, que todo lo contrario, que el objetivo es precisamente abrir el diálogo con esos venezolanos. Ojalá y así sea, pero aún esperamos que el propio Presidente desautorice a esos funcionarios, entre ellos el recién ratificado ministro de Vivienda, que ya están anunciando despidos de trabajadores disidentes. Y ojalá que los sindicalistas afectos al Gobierno y agrupados en la llamada Central Bolivariana de Trabajadores al fin dejen de mirar para otros lados y hagan frente a estos casos de claro acoso laboral.

Esta situación no es nueva. Y me permiten que recuerde uno de los dos ejemplos de acoso laboral que me han tocado muy de cerca. En 2009 mi hermano Mario fue despedido del Seniat luego de varios meses de hostigamiento por sus posiciones críticas. Por supuesto, ejerció sus recursos ante las diversas instancias. En días recientes, la jueza Geraldine López Blanco le negó su reclamo de nulidad del despido bajo el insólito alegato de que él no hizo nada para impedir una supuesta campaña que dañó la imagen de ese organismo.

¿Y cuál fue esa “campaña de descrédito”? Varios artículos publicados en la prensa nacional que denunciaron el atropello cometido contra Mario. Uno de esos artículos, por cierto, es de mi autoría. Tal y como ha dicho Mario, lo grave no es ni siquiera que un patrono público o privado abuse de sus trabajadores, sino que esos abusos encuentren apoyo en el Poder Judicial. También es grave, por cierto, que la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, diga no tener conocimiento de estos hechos, sobre los cuales hay abundante material en los medios de comunicación desde hace ya bastante tiempo.

Si el Gobierno no hace nada para detener lo que algunos han bautizado como una “operación limpieza” en la administración pública, y esos actos de humillación a beneficiarios de las misiones, estas acciones denigrantes contra venezolanos que tienen derecho de pensar políticamente como les dé la gana y de expresarlo mediante el voto y otras formas constitucionales de participación política afianzarán el descontento entre quienes dejaron de acompañar al PSUV, y seguramente se traducirán en nuevas pérdidas de apoyo. El trecho entre el miedo y la indignación es más corto de lo que cualquier burócrata envalentonado puede imaginarse.

Si de algo debería cuidarse Nicolás Maduro es de hacer caso a quienes en las filas del oficialismo creen que la rectificación de los errores que los llevaron a ese dramático bajón electoral comienza por aterrorizar y cortar cabezas a quienes no votaron por él. Es una extraña adaptación de la teoría del diván a la política, y la mejor manera de que esos 700.000 votantes descontentos pasen del millón en tiempo récord.