¿Quién arma, en definitiva, a las letales pandillas que el año pasado causaron la muerte a 18.500 compatriotas? ¿No es cinismo ― aparte de una admisión de incompetencia― pretender el desarme de un país prohibiendo juegos de video y organizando comisiones presidenciales que engordan el negocio de la publicidad oficial y el bolsillo de actores de telenovela y asesores “onegueros”, amiguetes todos del régimen chavista?
Comenzaremos citando cifras duras.
En 2011, el autorizado informe Global Burden of Armed Violence ( Carga de la Violencia Armada Global), publicado por la Declaración de Ginebra, calculó en más 526.000 las personas que cada año mueren en el mundo a causa de heridas de arma de fuego.
Hay algo en el informe que contradice nuestra intuición: la mayoría de estos homicidios – 9 de cada 10 – ocurre lejos de conflictos armados convencionales. Son resultado, más bien, de situaciones creadas por el hampa común; esto es, son víctimas de la llamada violencia criminal.
El 42 por ciento de todos los homicidios por arma de fuego que ocurren en el mundo tienen lugar en América Latina. Considérese que en nuestro continente habita solamente el 10 por ciento de la población mundial.
A menudo, leemos las cifras de muertes por cada cien mil habitantes en algunos de nuestros países. Las registradas en nuestro país son, por astronómicas, objeto de controversia entre el gobierno y los observatorios de violencia, acerca de sus causas. Centro América se reserva, junto con México, Colombia, Brasil y Venezuela el preocupante honor de tener las ratas de homicidios más elevadas de la región.
Otras cifras, quizá menos dramáticas y, por ello, poco atendidas, dan cuenta del impacto que esa violencia y esas muertes tienen en las economías latinoamericanas. Según el ya citado Global Burden of Armed Violence, el costo de tan elevada tasa de homicidios representa el 14 por ciento del Producto Interno Bruto ( PIB) de todo el continente.
Desagregado, ese porcentaje arroja, por ejemplo, un 10 por ciento del PIB brasileño, el 10 por ciento del producto interno de El Salvador y el 25 por ciento del mismo índice para Colombia. Según muchos informes, la proliferación de huestes asesinas propiciada por los carteles y el intenso tráfico ilegal de armas que ello trae consigo explican sobradamente los efectos de la violencia criminal en la economía.
De este panorama emergen, llamativamente, algunas sorpresas, como la que el brillante periodista mexicano Salvador Camarena reseñaba hace poco en “Contando América” (http//blogs.elpais.com/contando-america), su muy recomendable blog que sobre América Latina publica la edición online de El País de Madrid.
Examinando una presunta “mexicanización” de la narcoviolencia en países como Perú, Camarena glosa un artículo de Bret Stephens, aparecido en mayo pasado en el Wall Street Journal. Stephens llama la atención sobre una paradoja que ha dejado perplejos a los analistas económicos: durante los sangrientos años de la guerra contra el narco, y que en el quinto año del violento sexenio de Felipe Calderón ya arroja oficialmente más de 34.000 muertes, México, el país que muchos en EE.UU declararon hace tiempo ser un “estado fallido”, ha registrado un crecimiento económico del 5.5 por ciento, solamente en los últimos tres años.
Resulta, pues, que en medio de una demencial y satánica violencia ordenada por los carteles para reducirlo y paralizarlo, el “estado fallido” mexicano vive un boom que se expresa, de nuevo, en sugestivos números: el peso mexicano se ha venido apreciando respectos al dólar, solamente el año pasado, 23 millones de turistas visitaron México y el comercio con los EE.UU. alcanzó un tope histórico de casi 400 millardos de dólares.
En Ciudad Juárez, decana de la violencia en el continente, y donde más de 3000 personas fueron asesinadas el año pasado, la industria maquiladora ha añadido, en el mismo lapso, más de 20.000 puestos de trabajo. El porcentaje de la población que en 2008 vivía bajo la línea de la pobreza, declinó hasta un 47 por cierto desde el 63.7 por ciento de hace una década. Pero dejémosle las paradojas a los expertos que, al cabo, siempre encuentran una explicación a todo. Echemos un vistazo al fenómeno que acompaña todas estas muertes: el tráfico ilegal de armas.
Se estima que en el planeta hay un arma por cada diez personas. En más de 40 países se fabrican cada año ocho millones de armas. E gasto militar global alcanzó hace un año los 1.630 millardos de dólares. De nuevo, nuestro continente encabezó ese año la lista de regiones que más incrementaron sus gastos militares: 63.300 millones de dólares. Los datos son del Instituto de Estudios sobre la Paz Mundial, de Estocolmo.
Cifras del gobierno calculan en 12 millones las armas que circulan ilegalmente en Venezuela. Buena parte de ellas surte a las bandas del llamado “microtráfico”, esto es, las bandas que en las barriadas del país se disputan ferozmente el control de los territorios. No es concebible que tal tráfico sea competencia de aficionados: es un hecho comprobado que el tráfico de armas ha sido, en todo tiempo y lugar, un subproducto del gasto militar.
Se calcula, al mismo tiempo, que más de 12.000 bandas armadas― léase bien: doce mil ― actúan en Venezuela. Son las mismas que el año pasado causaron impunemente la muerte de 18.300 personas, a razón de una por cada 27 minutos, según cifras del gobierno.
Por el lado de la demanda, las narcobandas de los barrios: por el de la oferta, el desbocado militar de un país cuyo ministro de la defensa ha sido señalado por la Secretaría del Tesoro estadounidense como compinche de la feroz narcoguerilla de las FARC.
¿Quién arma, en definitiva, a las letales pandillas que el año pasado causaron la muerte a 18.500 compatriotas? ¿No es cinismo ― aparte de una admisión de suma incompetencia― pretender el desarme de un país prohibiendo juegos de video y organizando comisiones presidenciales que engordan el negocio de la publicidad oficial y el bolsillo de actores de telenovela y asesores “onegueros”, amiguetes todos del régimen?
