Vamos a hablar del “gran asalto” que se repite todos los días, que se reproduce en cada esquina, en todas partes del país. No queremos personalizar ni mucho menos enclaustrar esta figura de la agresión a lo que hemos padecido en la Alcaldía Metropolitana desde el mismísimo momento en que la mayoría de los ciudadanos nos eligieron como su legítima autoridad.
La arremetida asaltante fue contra centenares de miles de electores que terminaron siendo víctimas de esa burla gubernamental. Hace algunos días resumimos lo que nos han hecho en estos últimos 5 años. Hoy doy cuenta de la más reciente agresión: de los Fondos de Compensación Interterritorial correspondientes a 2015, asignaron a la “jefatura” de Gobierno del Distrito Capital la bicoca de 674.276.825,21 millones de bolívares, mientras que a la Alcaldía Metropolitana de Caracas, el raquítico presupuesto de 13.525.633,09 millones de bolívares. No hay que sacar más cuentas para que se den una idea del por qué hemos dicho que nos ha tocado “respirar bajo del agua”.
Recordemos que cuando se dio este “golpe” a la voluntad popular se llegó a creer, ingenuamente, que esto sería un caso aislado. Pues la cosa no era solo conmigo, era con la democracia y sus nítidos principios y valores que vienen a ser un fastidio para los gobernantes de género autoritario.
Era contra la autonomía de los poderes para lograr el control de los tribunales y así sentenciar a cualquiera, por cualquier motivo, aunque no sea verdad; era para manejar el Parlamento, su recinto y sus áreas externas, y que sea “reglamentario” meterle unos “buenos coñazos” a quien sea para que coja mínimo; también es contra la descentralización para “esfaratar” esas gobernaciones y alcaldías –les quitaron la administración de puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas, autopistas, etc., a muchos gobernadores–; también es contra la libertad de expresión y, si no, saquen la cuenta de las emisoras de radio que han cerrado y de cómo ha avanzado el monopolio mediático del régimen.
También es contra el derecho a la protesta, porque un régimen que lleva más de 15 años manejando el poder como le da la gana, y que no tiene cómo explicarle a la gente lo que realmente está pasando, lo que le queda es aplicar represión con “gas del bueno”, y por eso la protesta la han convertido en un derecho invalidado.
En definitiva, no estábamos en presencia de una simple ojeriza contra un alcalde recién reelegido en la Alcaldía Metropolitana. Responde a una línea política que se aplica, sin indulgencia alguna, contra todo lo que se asome como un obstáculo para las ambiciones hegemónicas del régimen. Y punto.
