El 14 de diciembre de 1936, al año de la muerte de Juan Vicente Gómez, estalló la primera gran huelga petrolera de la historia venezolana, la cual se prolongó durante 37 días, hasta el 22 de enero de 1937.

Meses antes, conviene precisarlo, se había llevado a cabo la “huelga de junio”, más por motivos políticos que económicos o sociales. Su origen y razón fue la protesta de los movimientos democráticos contra la Ley de Orden Público, o Ley Lara, que atentaba contra la libertad de expresión y reunión, contra el derecho a huelga y otras reivindicaciones sociales. Figuró entre tantos otros episodios con los cuales los venezolanos demostraron que el país no aceptaría prácticaspolíticas que implicaran una vuelta al pasado. Esta huelga apenas duró tres días, pero fue, no obstante, un signo de los cambios generados en Venezuela en el curso de muy pocos meses.

La gran huelga petrolera, en cambio, que estalló en el estado Zulia, en los campos de Cabimas, Mene Grande, Bachaquero, San Lorenzo, Mene de Mauroa y, en Cumarebo, estado Falcón, tuvo dimensiones históricas, movilizó la conciencia de los venezolanos y demostró que en el país alentaba entonces un alto espíritu de solidaridad, sin precedentes. Se cuenta que los hijos de los trabajadores en huelga eran recibidos por familias que los atendían, a fin de garantizar a los obreros un clima que les permitiera resistir por el tiempo necesario. Fue como una gran campanada dirigida tanto a los truts internacionales del petróleo que habían operado en Venezuela desde comienzos del siglo, como al gobierno del Presidente Eleazar López Contreras. Ya no volverían los tiempos de Juan Vicente Gómez: democracia significaría de ahora en adelante, además de libertades de expresión y de organización, reivindicaciones económicas y sociales.

En Venezuela, política y petróleo, Rómulo Betancourt analizó estas jornadas con la visión de uno de los líderes más combativos de la época, para quien el petróleo constituyó desde muy joven la piedra de toque de la política venezolana. Según Betancourt, el desarrollo de esta huelga desbordó el marco clásico de los diferendos obrero-patronales. “Venezuela había comprendido rápidamente, dijo, que ese movimiento era la primera escaramuza de una batalla nacional para independizar al país de tutorías foráneas”. Los sindicatos recién fundados midieron sus armas contra las compañías. El 30 de noviembre les presentaron con carácter conciliatorio un pliego de reivindicaciones elementales, a través de la Inspectoría del Trabajo del estado Zulia, a cargo del doctor Carlos Ramírez Mac Gregor.

En la huelga se comprometieron alrededor de diez mil trabajadores. Una de las solicitudes de los obreros era simple: que las compañías los reconocieron como interlocutores, puesto que estaban legalizados, y eran la contraparte en las relaciones entre patronos y trabajadores.

El pliego de los obreros constaba de trece puntos, aspiraban, por ejemplo, a un salario mínimo de diez (10) bolívares, equivalencia salarial entre venezolanos y extranjeros, aumento de 25% para aquellos trabajadores que no vivieran en casas de las compañías, exoneración de alquileres para quienes habitaban esas casas. Las compañías asumieron una posición tan negativa, que Betancourt la interpretó de esta manera: “Pareciera como que hubo interés en ellas de que la huelga se desatara y darle así un argumento más al neo-gomecismo gobernante para lanzar una ofensiva desmanteladora, a fondo, contra el recién nacido movimiento político democrático”. La simple negativa a reconocer los sindicatos quizás tenía implicaciones de mayores alcances, puesto que afectaban el orden social que se estaba constituyendo en el país.