@HimiobSantome
Para liberar a los presos políticos y terminar de una vez con la persecución y con la arbitrariedad que han dominado la actuación de los órganos de la Administración de Justicia no hacen falta muchas vueltas. Todos los caminos y alternativas legales están allí, explicados en los estrados hasta el cansancio y listos para rendir sus frutos hoy mismo, si así se quisiera. Lo único que hace falta es voluntad política, nada más.
Por supuesto, esto parte de una premisa que al gobierno le cuesta mucho digerir y que seguramente jamás aceptará, una que para cualquier observador medianamente capaz es absolutamente incuestionable y que se recoge en todos los análisis que tanto a lo interno como a nivel internacional se han hecho desde hace años sobre el estado de la justicia en Venezuela. Esta premisa no es otra que esta: En nuestro país hay persecución por motivos políticos, acá tenemos asesinados y torturados, y presos, exiliados y procesados, por motivos políticos, no jurídicos, y los tribunales, la fiscalía y los cuerpos de seguridad, que poco o nada han hecho en el desempeño de sus verdaderas funciones (a los elevados índices de inseguridad me remito), e incluso los grupos de civiles que actúan impunemente bajo la complaciente mirada y con el apoyo del poder, no han sido en estos últimos lustros más que armas de la intolerancia contra cualquiera que sea identificado, por las razones que sea, como “enemigo” del gobierno.
Sin esta aceptación, sin el reconocimiento pleno y sin dobleces desde el poder de esta realidad, no hay posibilidad alguna de que el cese de la prisión y de la persecución política se concrete en Venezuela ni a corto ni a mediano plazo. Es justo decir que no solo ha sido el gobierno el que tozudamente se ha negado a aceptar a la persecución política como verdad, pues incluso ahora acá algunos medios de comunicación, y algunos comunicadores sociales, cuando se toca el tema de los presos políticos, lo matizan, mejor sería decir, lo tergiversan, refiriéndose a ellos como los “llamados” presos políticos o como los “supuestos” presos políticos. Claro, eso hasta que la barbarie, que no discrimina ni perdona a nadie aunque le haga el juego, patea sus puertas, caso en el cual lo “supuesto” pasa a ser lo “real”, y se acaban mágicamente los juegos de palabras.
En los medios, aunque eso no les justifica, puede haber miedo, pero el gobierno se niega a reconocer la verdad de la persecución política en todas sus variantes porque sabe que de ese reconocimiento nacen para los autores y promotores de dicha persecución, y hasta para Venezuela como Estado, responsabilidades legales de diversa índole, dentro de las cuales seguramente las que más le preocupan son las responsabilidades penales que, a título personal y para cada uno de los involucrados en los abusos que nos han llevado hasta donde estamos ahora, seguramente en su momento serán reclamadas, pues cuando se violan los DD.HH. o se cometen Crímenes de Lesa Humanidad, las acciones para castigar dichas afrentas no solo no prescriben, sino que además no se van a ver afectadas por ningún diálogo previo ni por ningún “acuerdo” político que para garantizar impunidades se alcance.
Ya eso, en el mundo moderno, no va. Puedes poner tu diestra sobre la Biblia, sobre la Constitución o sobre el Libro Sagrado que mejor te parezca jurando a voz en cuello que si se reconoce el daño causado y se hacen cesar sus consecuencias no se ejercerán después las acciones que tocará ejercer, pero eso, ni como “pacto político” ni como “pacto de caballeros”, tiene en materia de DD.HH. valor alguno. Tampoco lo tienen los acuerdos que se lleguen sobre impunidad a que se pueda llegar con base en el concepto, que ni siquiera valida hoy día nuestra Carta Magna, de la “obediencia debida”.
Veamos por ejemplo el caso de Argentina. En 1986 el entonces presidente de esa nación, Raúl Alfonsín, promulgó la “Ley 23.492 de Punto Final”, que paralizó todos los procesos legales que se seguían contra quienes habían violado los DD.HH. durante la dictadura militar que dominó Argentina desde 1973 hasta 1983, y que estableció una prescripción especial y muy breve para las acciones legales contra quienes hubiesen ejecutado o participado en las desapariciones forzadas de personas en ese país, y en todos los crímenes asociados a éstas (asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias).
Con dicha ley le entró un “fresquito”, como le decimos acá, a los perpetradores de tan horribles crímenes, pero menos de dos décadas más tarde la tortilla, como corresponde, se les volteó. La “Ley de Punto Final” de 1986, y también la que la complementaba, que fue promulgada poco después, la “Ley de Obediencia Debida”, fueron anuladas por el Poder Legislativo argentino en 2003, y luego fueron además declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo de Justicia de ese país, en 2005, cuando validó la anulación previa a cargo del Congreso argentino de dichas normas, pues eran a todas luces una aberración. Algo parecido ocurrió con los indultos a los civiles y militares que habían violado los DD.HH. de los argentinos en el mismo periodo dictatorial, dictados por Carlos Menem entre 1989 y 1990, que llegaron a procurar la impunidad a cerca de 1200 personas y que fueron luego, entre 2006 y 2010, declarados y confirmados respectivamente, por la Sala de Casación penal y por el Tribunal Supremo de Justicia argentino, como inconstitucionales. Ya no tenían los criminales dónde esconderse.
Después vino el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (que por cierto, fue promulgado en nuestra Gaceta Oficial en el año 2000) y con éste muchas otras regulaciones internacionales que dejan claro que con la dignidad humana y con nuestros derechos esenciales no se juega, y que nada de lo que se haga o diga en una mesa de acuerdos local puede evitar que el día de mañana, si así se dispone, quienes cometieron graves violaciones contra los DD.HH. o Crímenes de Lesa Humanidad (y la persecución política es uno de ellos) sean declarados, acá o en cualquier otra parte del mundo (porque en materia de DD.HH. la jurisdicción es universal) responsables por ello.
Esa es la principal piedra de tranca en este proceso de diálogo en cuanto a la persecución política. No hay manera de garantizarle a quienes han violado nuestros derechos que el día de mañana no van a terminar como Videla y los que le acompañaron en sus terribles abusos, que tarde, aunque seguro, terminaron dándole la cara a la justicia y, en los casos en que ello fue posible, fueron condenados por sus crímenes.
