El pasado lunes, tal como se esperaba, la MUD señaló cuál será la hoja de ruta política en respuesta al anuncio previo hecho por el CNE sobre el RR. En dos platos, se mantiene la exigencia de que el revocatorio sea este mismo año, sometido estrictamente a lo que pauta la Constitución, sin vericuetos, sin normas chucutas y sobrevenidas ni triquiñuelas, y se insta a la ciudadanía a declararse en rebeldía ante el gobierno, a no abandonar ni la calle ni la beligerancia ante el poder, pero haciendo uso de la herramienta más poderosa con la que cuenta todo demócrata que lo sea de verdad: La participación electoral.
En primer lugar, es positivo que la MUD haya acusado recibo de la exigencia general que le impone, de ahora en adelante, el trabajo transparente y abierto. La mayoría de los líderes políticos que intervinieron en el acto del lunes reconocieron los errores cometidos y se comprometieron a actuar de ahora en adelante sin cartas bajo la manga y, como siempre ha debido ser, de la mano con la ciudadanía. De hecho, explicaron que la falta de respuesta inmediata que tanto incomodó tras el anuncio del CNE tuvo su causa en las consultas que se hicieron en los días posteriores con sectores que normalmente no participan en la MUD ni son parte de ella. Si eso debió haberse hecho antes o no, para estar preparados ante el previsible escenario planteado por el CNE, ya no es el punto, el punto es que la MUD abrió sus puertas y, a juzgar por lo que reseñan algunos de los que fueron invitados a aportar sus ideas, también abrió los ojos y los oídos. Eso, en sí mismo, ya es ganancia.
También es positivo que el pronunciamiento haya sido respaldado no solo por importantes personajes de la sociedad civil, sino por todas las organizaciones políticas que integran la MUD. Sin llegar al extremo acrítico de decir, como lo he leído por ahí, que “con la MUD todo, contra la MUD nada”, esa unidad superior que demostró la postura recientemente asumida por la MUD es precisamente lo que más se espera de ella, y no debe ser fácil alinear una estrategia común en una organización en la que cada integrante tiene pleno derecho a tener y a defender sus propias ideas sobre cómo debe abordarse el terrible problema que, para todos los venezolanos, es este gobierno que padecemos. Es menester decirlo, este es también un logro de la ciudadanía, que no pocas veces le ha reprochado a la MUD sus divisiones internas, comprensibles dada su diversidad, pero inaceptables ante la tragedia que vivimos, y el daño que éstas le hacen al logro del objetivo compartido.
La MUD, que no nos quepa duda, ha puesto la pelota en el campo de la ciudadanía. El paso siguiente no depende de las organizaciones políticas, depende de nosotros, los ciudadanos. El llamado de la dirigencia política es a no dejarse amilanar por los obstáculos arbitrariamente dispuestos por el CNE y a convertir la recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad de finales de octubre en un evento que demuestre que Maduro, lo quiera o no, ya está de salida. Y esto no depende de las organizaciones políticas, depende de ti y de mí. En esto, es importante decirlo, ha privado el pragmatismo sobre el axioma. Es verdad, la jugarreta del CNE nos pone de alguna manera a aceptar términos que no están previstos en nuestra Carta Magna, y también es verdad que en cualquier país en el que existiera un Estado de Derecho sólido y los poderes públicos se controlaran entre sí, acudir a la recolección de las manifestaciones de voluntad tal y como lo ha planteado el CNE sería inaceptable y de inmediato rechazado, pero la realidad es que no vivimos en ese país. Cualquier recurso jurídico que se intente ante este TSJ que tenemos contra las absurdas imposiciones del CNE lo que lograría sería demorar aún más, o hasta evitaría, el desenlace de esta historia que, para todos nosotros, ya es inaplazable. Además, se esgrimió una razón de mucho peso que impide que renunciemos a nuestro derecho a elegir, por escabrosas que sean las condiciones en las que nos toque ejercerlo: Cada vez que hemos renunciado a participar, cada vez que hemos dejado que el gobierno nos gane una elección por nuestra ausencia, el resultado ha sido mucho más negativo que positivo. Eso es incontestable.
Me resulta fácil de digerir y suficiente este último alegato para participar sin dudas ni quejas en la jornada del 26, 27 y 28 de octubre. Es lo que hacemos todos los días los abogados que nos hemos echado al hombro la defensa de los presos y de los perseguidos políticos. Sabemos que no existe posibilidad alguna de justicia en estos tribunales sumisos y obtusos que tenemos, sabemos que en esas causas la razón política y la arbitrariedad siempre van a privar sobre la razón jurídica, pero eso no justifica que renunciemos a ellas y que dejemos a nuestros defendidos a completa merced del gobierno ¿Se imaginan lo que sería de la causa de los presos, de los perseguidos y de los exiliados políticos si, porque sabemos que siempre nos van a jugar sucio, su destino lo hubiésemos dejado en manos de los tribunales, de los fiscales y de los defensores públicos, todos empleados del gobierno? Hay espacios que no se deben perder, no importa lo que cueste. La capitulación en estos temas no cuenta como arma ni como herramienta, así que creo que debemos tragar grueso, participar y hacer valer nuestra voluntad pese a las adversidades. Malo es que te roben tus derechos, pero peor es que tú voluntariamente renuncies a ellos solo porque no estás de acuerdo con la realidad que debes afrontar para ejercerlos.
Dicho lo anterior, sin embargo, cabe dejar sobre la mesa esta reflexión: Aún con las loas que ciertamente merece la posición recientemente asumida por la MUD, no queda claro es cuál será el camino a seguir si la respuesta del gobierno ante sus y nuestras demandas es, como es de esperarse, el arbitrario silencio o un “no” rotundo. Nada se ha dicho en concreto sobre estas posibilidades más allá de una que otra declaración altisonante pero poco precisa y difícil de articular ¿Qué pasa y qué haremos si se persiste en la inconstitucional exigencia de que la recolección de manifestaciones de voluntad sea por estados, que no nacional? ¿Qué pasa y qué haremos si, negada de plano la Constitución, todavía así decidimos participar y llegamos al extremo de que, por ejemplo, en uno solo de nuestros estados no se logra recabar el 20% requerido? ¿Qué pasa y qué haremos si aún superados esos obstáculos se nos impone el RR en 2017, que no en 2016?
Por el bien de Venezuela creo que la hoja de ruta política, hasta ahora bien trazada, debe también tomar en cuenta las eventuales realidades contra las que, a corto plazo y con toda certeza, chocaremos llegado el momento, no vaya a ser que después de tanto bregar terminemos, por falta de previsión o de guáramo, colgados de la brocha.
@HimiobSantome
