Para poner las cosas simples, el Estado existe solo porque los ciudadanos decidimos organizarnos, cediendo algunos de nuestros espacios de libertad para lograr ventajas comunes, entre ellas la garantía de nuestra supervivencia y el respeto irrestricto a nuestros más esenciales derechos. La autoridad, así entendida, no se hereda ni viene de Dios, sino de un pacto general (de un “contrato social, diría Rosseau) en el que los grupos humanos se comprometen a cumplir ciertos deberes comunes a cambio de pública protección. Los términos de esos pactos, las fórmulas de vinculación entre el poder y la ciudadanía, las reglas a la que están todas las partes sometidas en dicha relación, normalmente se recogen en esos cuerpos normativos que se llaman “Constituciones”.
Hay muchas formas de gobierno y muchos tipos de constituciones diferentes. La nuestra, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es, pese a que a veces se la quiera ver de otra manera, fundamentalmente antropocéntrica ¿Qué significa eso? Pues que en nuestro modelo de Estado el poder se ha articulado, al menos formalmente, para la protección del individuo, de los seres humanos, de manera que todos sus órganos e instituciones solo tienen sentido si se estructuran y trabajan para la protección del ser humano, de los ciudadanos. El ser humano es el centro y destinatario final de toda la actividad del Estado, y ésta debe orientarse, sin cortapisas, a la defensa de las personas y al resguardo de nuestra dignidad humana, que no a la auto preservación de las estructuras del poder. Que no nos quepa duda, si en nuestra Carta Magna algo está claro, es que el poder está subordinado a la ciudadanía, y no al revés. A riesgo de ser malinterpretado como “subversivo”, afirmo que el gobierno, por orden constitucional, no es ni debería ser tenido como “autoridad pública” sino “servidor público”, y la diferencia entre los dos conceptos no es netamente semántica.
Como seguramente algunos dudarán de lo que he escrito, y pensarán que para nuestro gobierno somos los ciudadanos los que estamos a su servicio, que no al contrario, les invito a confirmar mis palabras en el primer párrafo del artículo 3º de nuestra Constitución, que expresa textualmente lo que sigue: “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”.
No es un invento mío entonces. El Estado y sus instituciones tienen unos fines “esenciales”, es decir, unos de los que no pueden olvidarse ni prescindir sin dejar de ser lo que son, a los que deben someterse. El primero de esos “fines esenciales”, y no es casual el puesto en la enumeración, es el de la defensa de la persona, del ser humano, y el respeto a su dignidad.
Una de las más importantes conquistas humanas es que desde hace mucho tiempo los individuos acordamos cederle a una entidad colectiva, al Estado, la potestad de administrar justicia. Siglos atrás, el “derecho de castigar” o la “potestad punitiva” se mantenía en manos de los mismos individuos afectados, que tenían pleno derecho de castigar, sin control alguno y con base en reglas difusas y subjetivas, a todo el que en su criterio les hubiera causado, fuera cierto o no, cualquier daño. Eso cambió más o menos por allá en el siglo XII, cuando el poder asumió en occidente dicha potestad, a la que se comenzó a llamar desde ese momento “ius puniendi” o “derecho de castigar”. En nuestro país, dicha facultad solo la tiene el Estado, de manera que cualquier forma de toma de justicia “por propia mano” no solo es ilegal, sino que además es delito. Solo el Estado, a través de los tribunales, de la Fiscalía y de los órganos de seguridad, puede garantizar la seguridad ciudadana a través de la creación y aplicación, sometida a reglas muy estrictas, de normas penales.
Pero veo con mucha preocupación que, de manera absolutamente inconsulta, desde el 2013, como parte de estos peligrosísimos “experimentos” a los que lamentablemente ya nos tienen tan acostumbrados nuestros gobernantes, propios de personas que, se nota, en su vida han leído ni una línea sobre criminología o sobre política criminal, se ha decidido crear unas supuestas “Zonas de Paz”, en las que el poder ha decidido dejar de ser poder, renunciando a su potestad punitiva y violando con ello sus deberes esenciales de “defensa de la persona” y del respeto a nuestra dignidad. En la jugada los únicos que han salido ganando, como era de esperarse, son los delincuentes.
En estas “Zonas de Paz”, distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional, la vigilancia policial no existe. De hecho, los funcionarios del CICPC están obligados a informar a la Sala Situacional de su institución, y deben hasta “pedir permiso” si desean entrar a algunas de estas “Zonas de Paz”. Lo mismo ocurre con otros cuerpos de seguridad. Eso no se ve en ninguna parte del mundo, ni en Cuba.
Al final del día la “gracia” no ha concluido sino como cualquiera con dos dedos de frente podía fácilmente anticiparlo. Las “Zonas de Paz” no son sino reductos en los que la ley no la impone el gobierno, sino los delincuentes. Allí el Estado dejó de serlo y ahora no es más que un “mirón de palo”. Allí se retiene a los secuestrados, al amparo del gobierno, mientras la delincuencia progresa y crece. Allí están a resguardo las “caletas” de armas, drogas y dinero mal habido, sin que nadie pueda hacer nada para evitarlo. Allí, a plena luz del día se “esconden”, si es que cabe el término, los criminales solicitados y viven sus vidas tranquilos sabiéndose protegidos por un gobierno que, en la jugada, ha corroborado lo que ya todo el mundo sabe: No tiene la más mínima idea sobre cómo se maneja el fenómeno criminal, y como no sabe, ni le interesa, controlarlo, se abre de piernas ante la delincuencia para que ésta haga de las suyas, con la vaga esperanza de que algún “beneficio” le reportará haberse rendido de esa manera.
El establecimiento de estas “Zonas de Paz” es un reconocimiento claro, una confesión absoluta, de la franca incapacidad del gobierno en materia de seguridad interna. Es una renuncia indigna y peligrosísima al “ius puniendi”, que nos afecta a todos, sin distinciones, y una franca violación a nuestra Carta Magna. Mucho vociferar “mano dura”, mucho asumir en cadena nacional posturas de bravucón y de fortachón para luego morir en la misma orilla, dejando en el camino a la ciudadanía aterrorizada y a los policías a merced de estos “nuevos mejores amigos”, los “bienandros” de Chávez.
¿Las razones? La falta de conocimiento, la incapacidad manifiesta, y que no se ha entendido que el que baila pegado con el demonio, inevitablemente, se quema.
@HimiobSantomé
