ES AHORA CUANDO EL PAÍS comienza a tener una noción más clara de la magnitud del caos vivido con el apagón que comenzó el 7 de marzo. Por más de tres días, Venezuela vivió prácticamente a la deriva, con una criminalidad que se salía de control.
El corte de servicio eléctrico que comenzó en todo el país desde la tarde del 7 de marzo desató un pequeño caos que tuvo consecuencias en los ámbitos económico, social, político y, desde luego, en el de la seguridad.
Es apenas ahora cuando comienza a tenerse, incluso en despachos del Gobierno, una visión clara sobre lo que sucedió en aquellos días que llenaron de profunda inseguridad a buena parte de la población del país. Se trata sin duda alguna del corte de servicio eléctrico más prolongado y con mayor alcance geográfico que se haya reportado en Venezuela.
La ausencia de información no sólo afectó a la ciudadanía, sino también a los organismos que se supone estaban encomendados a resguardar los bienes y las vidas de las personas. En esos días sin servicio eléctrico, ni de agua ni de comunicaciones, por ejemplo, quedaron en evidencia las profundas vulnerabilidades de la policía judicial. En Distrito Capital, por ejemplo, casi todos los despachos se vieron forzados a cerrar. Sus jefes, más preocupados por la protección de sus familias, abandonaron los puestos o simplemente hacían un “toque técnico” para luego volver a sus residencias. Caracas estuvo prácticamente tres días sin policía judicial, hasta que regresó la luz. Esta situación originó un nuevo reclamo de la superioridad. El 11 de marzo, durante una reunión con los jefes de unidades, el subdirector del cuerpo Johnny Salazar criticó el escaso compromiso de estos comisarios, en aquellas horas críticas.
De otro lado, tampoco se podía exigir mayor presencia, puesto que los despachos policiales generalmente carecen de servicio de agua, y sin flujo eléctrico pierden toda utilidad. Un gobierno que dispuso de miles de millones de dólares para los proyectos más inverosímiles fue incapaz de entregar plantas eléctricas a los despachos de su policía de investigación. Y ahora, se le pide a los comisarios que las provean.
El apagón sumergió al país en la penumbra, no solo por la ausencia misma de electricidad sino también por la carencia de información clara, actual, precisa. Esta circunstancia profundizó los rasgos anómicos de la conducta ciudadana. En las calles, desde entonces, se maneja como si los semáforos no existieran, y los peatones circulan sin saber por dónde saltará la amenaza.
Los saqueos se extendieron a más de la mitad del país. La ausencia de información y la autocensura ralentizaron el conocimiento cabal de esta situación que, según Fedecámaras, afectó a más de 500 locales solamente en el estado Zulia. La Guardia Nacional se vio claramente rebasada, y sus uniformados, sin medios logísticos ni pertrechos, quedaron como meros espectadores de la destrucción, tal y como se evidencia en videos transmitidos por las redes sociales. En Caracas, cinco automercados amanecieron vandalizados el domingo 10 de marzo. Ese día, una turba desesperada hizo lo propio en el centro comercial La Pirámide. Gente sin luz, agua ni comida.
En Caracas, la violencia impactó claramente las cifras de criminalidad, aunque con efecto retardado. A partir del 11 de marzo, cuando comenzaron a procesarse nuevamente las denuncias, se reportó un incremento de 85% en los robos, 163% en los robos de vehículos y 150% en las lesiones personales. En la parroquia Santa Teresa, la criminalidad general se disparó 1100% esa semana, 233% en Antímano y 188% en El Recreo. Estas cifras son apenas un pálido reflejo de una situación que ya salía de todo control, al amparo de la oscuridad.
El escenario de un apagón general como el vivido a partir del 7 de marzo era advertido por expertos en materia de servicio eléctrico. De nada sirve tratar de vivir ahora como si esto no hubiese sucedido. Cada corte de luz traerá nuevamente la inseguridad, aún si desde el Gobierno tratan de maquillarlo con el eufemismo de “administración de cargas”.
Breves
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) abrió un procedimiento administrativo por presuntas faltas cometidas por la línea aérea Copa Airlines, específicamente en el vuelo que trasladó a Juan Guaidó desde Ciudad de Panamá hasta Maiquetía, el 4 de marzo. La primera observación se refiere a un error en el registro del apellido del diputado en los listados de pasajeros. Aparecía “Guido Márquez”. Según la línea esto es debido a una limitación en el número de caracteres del sistema. Para el Inac, fue por una alteración, lo que sugiere una conducta dolosa. Luego, la autoridad aeronáutica analiza presuntas violaciones a la normativa vigente a propósito de la alocución del diputado a través del sistema de megafonía interna del jet. Y finalmente se señalan presuntas alteraciones al orden público como consecuencia del referido discurso. Una vez notificada de la averiguación, se abre un lapso para que la línea entregue sus argumentos en descargo. En vista del fondo político de este caso, las sanciones podrían ser severas.
El instituto autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía activó un nuevo sistema de escaneo corporal no intrusivo para los pasajeros que salen por el terminal internacional. La tecnología supuestamente es capaz de detectar la presencia de “materiales peligrosos”. Fue instalada en la misma área donde revisan los equipajes de mano, justo antes de las taquillas de la policía migratoria. El problema con esto es que ya el referido instituto dispone desde 2013 de tres módulos para llevar a cabo las mismas tareas. Fueron donados por la Unión Europea, como parte de un plan de fortalecimiento de los servicios antidrogas en el principal terminal aéreo del país. Los aparatos costaron 135.000 euros, y nunca los pusieron a funcionar. Ahora, compraron otros para hacer lo mismo.
