CUANDO UNA GESTIÓN DE GOBIERNO se hace acompañar por propuestas ordenadas, se piensa en la planificación como recurso de beneficioso aporte. Así se entiende, por cuanto la planificación anima una inmensa carga de esperanza cuya racionalización induce consideraciones capaces de orientar el rumbo de una sociedad. Indistintamente, de la extracción teórico-conceptual que encarne el modelo de planificación aprovechado.

En Venezuela, la planificación se conoce desde los tiempos de Juan Vicente Gómez. Posteriormente, abarcó mayor espacio, en la administración pública. Sólo que su ejercicio se hacía a través de llamados “programas políticos”. De esa manera, sus lineamientos generales, lejos de reñir con el discurso político imperante para el momento, interpretaban la visión respecto del modelo de sociedad que buscaba construirse. Criterio éste que sigue igual aprovechándose en la actualidad para direccionar posibilidades de desarrollo guiadas por el discurso político en la coyuntura. Aunque sumado a convenientes, pertinentes y acertadas variables.

El denominado “Plan País. El día después”, presentado como razón teórica para darle sentido, dirección, representación y estructura a las propuestas que por estos días habrán de cimentar el discurso político del presidente encargado de la República, a instancia de los artículos constitucionales, 233 y 333, particularmente, pudiera devenir en interesantes resultados.

Dicho plan, al argumentar la crisis que exhibe el Estado venezolano, dada su apesadumbrada condición de “Estado-fallido” propone tres consideraciones para recuperar la institucionalidad democrática extraviada. 1. Recuperar el Estado y ponerlo al servicio de la gente. 2. Empoderar a los venezolanos para liberar a sus fuerzas creativas y productivas, y 3. Reinsertar al país en el concierto de las naciones libres del mundo.

Sin embargo, aunque dichos compromisos son inminentes en cuanto a la urgencia de sus ejecuciones, son igualmente inmodestos en términos de sus plazos. Si acaso, tales tiempos se corresponden con el lapso de la transición aludida. De no ser ésta su intención, luego de superar los embates de una transición bastante exigente, tal como habrá de suceder, entonces las propuestas presentadas como vías para alcanzar la situación-objetivo trazada, pecan de generalistas, imprecisos o difusos. Problema éste en el que incurre toda planificación normativa. Problema éste que acusan casi todos los planes de desarrollo pretendidos en Venezuela durante los 40 años de democracia, y los veinte de autoritarismo hegemónico de mano del militarismo insolente.

No es de negar que las prioridades que demanda el país, de cara a la agobiante crisis que la hundió en el marasmo, reclaman proyectos que reconozcan la gravedad de la situación. Así, no habrá de esperarse oportunidades que signifiquen sacrificios innecesarios. Contrariamente a tal ambigüedad, debe hablarse de capacidades definidas y establecidas para construir oportunidades del tamaño de cada compromiso planteado. Por consiguiente, cada vía se vería acompañada de tantas estrategias y directrices operacionales como objetivos puedan estructurarse en función de condiciones dictadas por disposiciones, recursos, data, tiempos de ejecución y criterios de eficacia, entre otras consideraciones igualmente significativas y pertinentes.

El hecho de referir necesidades de estabilizar la economía, atender la crisis humanitaria, reactivar la industria petrolera, asegurar el acceso a los servicios públicos, garantizar la seguridad ciudadana, tanto como generar confianza y seguridad integral que implique alimentación y salud, si bien indican el amplio universo de dificultades por donde debe trascender cualquier propuesta de alineación con el desarrollo económico y social, en ningún aparte se señala el detalle de cómo, cuándo, con quién, dónde y específicamente qué debe hacerse. La precisión de las mismas, no debe verse desplazada por el ruido propio del momento político toda vez que se estila el empleo de adornos lingüísticos que tienden a crear confusión . O igualmente, su exactitud operacional se ve corrida por exhortaciones muchas de las cuales no pasan de ser manifestaciones emocionales sin asidero conceptual-metodológico. O la sindéresis necesaria, por la incorrecta concepción de los objetivos del plan en curso.

Si el “Plan país. El día después” busca incitar para comenzar de inmediato la recuperación de libertades y derechos conculcados por la gestión intolerante e intransigente del régimen de facto, entonces cuentan los tiempos, el modelo de planificación a seguir, las capacidades de dirección del plan, el manejo de la incertidumbre y la viabilidad en procura. Asimismo, deben considerarse valores que asomen preceptos constitucionales con el fin de radiar el mejor ambiente político, económico y social para asentir la gobernabilidad necesaria para volver a la democracia.

No obstante al lado de tan importantes recaudos, es igualmente insoslayable sumar la intención de un ordenamiento político-jurídico y socioeconómico acorde con las circunstancias. El hecho de comprender que la viabilidad del referido plan, cuyo compromiso es íntegramente envolvente de cuanto abarca el país en términos de sus necesidades y vivas carencias, hace que su trazado conceptual devenga en una planificación participativa y concertada para que en lo sucesivo sea razón de acción y garantía de futuro sólido. De lograrse esto, pudiera entonces superarse la duda o limitación de si es el Plan-País: ¿programa económico o discurso político?