Toda práctica de planificación, debería resultar de la combinación dosificada del cálculo previsor y de políticas debidamente elaboradas. Así, se buscarían emparejar las circunstancias con las necesidades y los escasos recursos con los que se cuentan para evitar mayores incoherencias capaces de avivar el caos que potencia todo manejo equivocado de alguna situación en proceso.
Pero cuando se comprende el tropel de paradojas que cunden las realidades políticas, además acosadas por tendencias autoritarias hegemónicas, totalitarismos afirmados o por determinaciones populistas y demagógicas, las pretensiones de una planificación, por más objetiva que pueda ser, se vuelven propósitos de difícil o imposible alcance.
Un sistema político dominada por el enredo administrativo que induce continuos cambios normativos, acompañados de amenazas asociadas con acciones represivas y opresivas ordenadas desde la cúpula del poder, no resiste la tentación de generar el mayor y más inmediato ambiente de desesperación, angustia y miedo. De esa manera, se le hace bastante fácil imponer cualquier medida que busque el perfecto desarreglo económico, político y social que mejor convenga a proyectos de gobierno dirigidos a enquistarse sin medir consecuencia alguna.
En el fragor de tan revuelta situación, se establece un desorden de tal magnitud que se constituye en causa y motivo de un caos que alcanza todo nivel e involucra cualquier realidad. Por muy “protegida” que pudiera estar. Ocurre pues una especie de barullo que pudiera desatarse en perjuicio de todas las esferas de aquella nación o país donde abunden realidades de tan perversa calaña.
Lo que ha vivido Venezuela estos últimos días, a consecuencia de la decretada reconversión monetaria, el nuevo salario, el subsidio por 90 días a las empresas, los nuevos precios de los productos fundamentales, la tasa de cambio único que compromete una nueva devaluación del bolívar, el aumento de la gasolina y la reforma tributaria planteada, principalmente, calzan exactamente con la descripción de dicho problema. Cualquier declaración lanzada por personeros del alto gobierno, lejos de ordenar la situación de manifiesta y pronunciada incertidumbre, consigue confundir al extremo la población. La emisión de decretos y resoluciones oficialistas, en nombre de lo que el alto gobierno ha dicho ser un “programa estructural, transformador, revolucionario, para consolidar el socialismo en el país”, no tiene el más mínimo parecido con un plan económico que pudiera “defender, reforzar y mejorar el poder adquisitivo del pueblo. Especialmente, de la clase trabajadora”.
Por el contrario, las confusiones minaron el terreno de la economía nacional con criterios, normas y decisiones que se contraponen a principios básicos de la economía. Habida cuenta que interfieren postulados trazados por preceptos ideológicos que sirvieron para avanzar y consolidar el proselitismo político planteado a través del proyecto político avalado por la gestión gubernamental en curso. Y más aún, por preceptos constitucionales suscritos como parte de derechos y libertades anunciadas por la Carta Magna vigente.
Tan patético laberinto de complicaciones sin razón ni conocimiento de causa, refleja la absurda intencionalidad del gobierno central por controlar la economía así como a la población. Esto, con el fin de mantener al país a raya de cualquier protesta o explosión social que pueda ponerlo en peligroso jaque. Con suma aproximación a lo que pudiera ser un definitivo e infalible “jaque mate”. Sobre todo, al advertir serias diferencias entre los discursos del Vicepresidente de Economía, del presidente del Banco Central de Venezuela y del presidente de la República. Todo, contrario a lo que taxativamente ha sido expuesto por la Gaceta Oficial de la República.
La angustia que estas decisiones, elaboradas tras bastidores y rematadas por la que luce traicionando el concepto económico y financiero de “encaje legal”, siempre interpretado a discreción por las instituciones bancarias nacionales, constituye el meollo de tan entrabada crisis. Sus implicaciones, han sido enérgicamente repelidas por agentes y actores de la economía. Pero también, por corporaciones, gremios, academias, sindicatos y comunidades, sin que el gobierno central se digne en generar alguna minúscula respuesta que lo justifique. O quizás, porque su cometido sea una fehaciente expresión de alevosas decisiones adoptadas desde el pasado 20 de agosto. Todo así, cual incongruencias planificadas.
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