El peor año para los derechos sociales, por Carlos Patiño

“De esa manera estamos hechos, mitad indiferencia mitad ruindad”

Ensayo sobre la ceguera; José Saramago

“Yo tengo más de 30 años viendo pacientes con VIH y durante mis primeros 10 años como médico veía cómo morían todos porque no había antirretroviral. Ahora ni cuando hay recaídas hay medicamentos para infecciones oportunistas. Puedo decir que estamos peor que hace 20 años”. Este testimonio de la infectóloga Miriam Sotolongo, del Hospital Chiquinquirá del estado Zulia, resume la magnitud de la crisis de salud en el país: la gente está, literalmente, muriendo por acción u omisión del Estado.

En el año 1989, Provea comenzó a publicar su Informe Anual. Luego de 29 años ininterrumpidos, el informe correspondiente a 2017 registró los peores indicadores en materia de derechos humanos. La emergencia humanitaria compleja, la violencia institucional y la inseguridad han convertido el derecho a la vida en el derecho más violentado en Venezuela.

El informe señala los casos de víctimas cuya salud se deteriora irreversiblemente por hambre y falta de medicamentos o por no recibir atención médica oportuna y adecuada; la violencia institucional bajo la modalidad de ejecuciones policiales o militares, así como por el uso excesivo de la fuerza, y muerte por la acción de la delincuencia. Todo ello ha exacerbado la migración forzada de venezolanos, muchos de ellos en el extranjero en situación de vulnerabilidad.

De los primeros años de la revolución se solía decir que era excluyente en lo político pero incluyente en lo social. Sin embargo, la realidad palpable es que el gobierno de Nicolás Maduro es doblemente excluyente en lo social y en lo político, afianzando las desigualdades, aumentando la discriminación para el acceso de alimentos a través de los Clap y el carnet de la patria, y reduciendo a su mínima expresión el derecho a la participación en los asuntos públicos.

Para 2017 Provea registró 9662 denuncias del derecho a la salud, fallas en los sistemas operativos de los hospitales públicos de entre 50% y 90%, así como muertes por privación prolongada y absoluta de medicinas. Por otro lado, 8.2 millones de venezolanos ingirieron dos o menos comidas al día, y se documentó un aumento del 100% en las cifras de desnutrición aguda en menores de 5 años (de 8% en 2016 a 16% en 2017).

A lo anterior se suma que el índice de inflación cerró en 2.616% y el trabajo formal asalariado perdió espacio como principal fuente de ingresos. En lo colectivo, Maduro socavó las garantías para el ejercicio de la libertad sindical, la huelga, el diálogo social tripartito y la negociación colectiva. Estas cifras se han agravado durante el primer semestre de 2018; por lo que no cabe duda que toda posibilidad de mejora de las condiciones de vida de los venezolanos pase inexorablemente por la salida del poder de Nicolás Maduro y su máquina trituradora de la dignidad humana.

Carlos Patiño @carlosdpatino

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