“Un inmigrante será siempre un inmigrante”
West Side Story
Las elecciones del 20 de mayo no serán libres ni creíbles. Habrá gente que irá a votar, pero no a elegir. El proceso fue diseñado para garantizar la continuidad de la dictadura con un maquillaje seudo democrático. El descomunal fraude a materializarse ese día será un nuevo disparador del éxodo masivo de venezolanos: Sólo en los últimos 2 años, se calcula que más de 1.2 millones de personas han emigrado a raíz de la grave crisis económica, la falta de seguridad y la escasez de alimentos y medicinas. La simulada “reelección” por 6 años de Maduro acelerará la estampida.
Desde 2013 Provea encendió las alarmas sobre los crecientes índices de pobreza, escasez de comida e insumos médicos. Para 2016 la ONG caracterizó al gobierno de Maduro de dictadura moderna y también de fábrica de pobreza. Una combinación terrible. En vista del descontento social, la gente tomó las calles en 2017 para exigir sus derechos y al igual que en 2014, pero con mayor saña, el gobierno recurrió a la represión sistemática con la intención de frenar las manifestaciones.
Entre las principales causas de la migración forzada, la violencia e inseguridad siempre ha destacado. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México, Caracas se ubicó en el 2017 en el puesto número 1 de las ciudades más peligrosas del mundo, con un total de 130,35 homicidios por cada 100.000 habitantes. De las 10 ciudades más peligrosas del planeta, 4 estarían en Venezuela: Caracas, Maturín, Ciudad Guayana y Valencia.
Sin embargo, a partir de 2015, la crisis económica y social se encumbró como la principal motivación de movilidad de los venezolanos. Para el 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una hiperinflación superior al 10.000%, mientras los rezagados salarios se diluyen como sal en el agua. Aunado a ello, cada día se agravan las violaciones masivas y sistemáticas del derecho a la salud. El país se encuentra en una emergencia humanitaria compleja producto de políticas del gobierno dirigidas al quiebre de las instituciones del Estado y el orden democrático del país, que están provocando profundos y masivos daños a la vida y al bienestar social de los ciudadanos.
La escasez de medicamentos e insumos médicos se calcula en un 90%. Estudios de la encuesta Encovi señalan que 8,2 millones de venezolanos ingieren dos o menos comidas al día, y las comidas que consumen son de mala calidad; 9 de cada 10 venezolanos no cuenta con ingresos suficientes para pagar sus alimentos. Además, se estima que un 60% de la población habría perdido cerca de 11 kilogramos de peso en 2017.
La crisis migratoria genera una serie de nuevos retos en términos de DDHH. La gran mayoría huye, con preferencia, hacia los países fronterizos o cercanos. La región no está preparada para la diáspora y se pronostica que después de la elección del 20 de Mayo habrá otro pico fuerte de gente despidiéndose del país para procurarse mejores condiciones de vida e incluso su supervivencia. Los países de América Latina y las organizaciones internacionales requieren de un plan de acción urgente que garantice los más altos estándares de protección en materia de derechos de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo; al igual que la garantía de sus derechos económicos y sociales.
